• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 143/2018
  • Fecha: 26/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la incompetencia objetiva de la Sala porque no se había producido propiamente un despido colectivo al no superarse los umbrales legalmente previstos para ello, al acreditarse que la empresa tenía 216 trabajadores siendo despedidos 12. La sentencia resuelve conforme a lo dispuesto en la STS (Pleno) de 29 de enero de 2019 (Rec. 164/2018), referida a otra empresa del grupo aunque independiente, puesto que ambas mercantiles llevaron a cabo dos procesos de extinción de contratos de trabajo que afectaron en las mismas fechas y con elementos comunes, habiéndose declarado la nulidad del despido en dicha sentencia por cuanto lo que realmente se pretendía era crear una estructura conjunta en ambas sociedades en determinados aspectos que iban a suponer movilidades geográficas y funcionales, si bien lo que se hace es extinguir 79 contratos de trabajo por motivos productivos y organizativos, reconociéndose en la Memoria e Informe Técnico que la nueva estructura obligaría a ampliar la plantilla en determinados proyectos, por lo que el despido está sobredimensionado. Respecto del fondo, considera que como no cabe atribuir a las empresas la consideración de grupo de empresas a efectos laborales, no se superan los umbrales del art. 51 ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1658/2017
  • Fecha: 25/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impugnación individual de despido colectivo estando la empresa declarada en concurso y dictado el auto de extinción de los contratos de trabajo. Se alegó la existencia de grupo de empresas. y de operaciones para descapitalizar a la concursada. La cuestión se limita a determinar si la competencia para el conocimiento de un despido corresponde al orden jurisdiccional social, estando declarada en concurso la empleadora, cuando se ejercita la acción además frente a empresas del grupo no concursadas. La cuestión ha sido resuelta por la Sala IV/TS en diversas sentencias. El juez del concurso es excepcionalmente competente para conocer de las acciones individuales de extinción del contrato de trabajo, pero cuando se acumulan determinados requisitos, procede atribuir la competencia para conocer de la demanda acumulada de extinción del contrato de trabajo y de reclamación de cantidad a los órganos de la jurisdicción social, que la mantienen de modo genérico fuera de los excepcionales supuestos de competencia del juez del concurso. La declaración judicial de existencia de grupo laboral y la calificación como improcedente del despido son competencia de la jurisdicción laboral. La acción que se dirige frente a la concursada y frente a otras personas físicas y jurídicas, rebasa el ámbito competencial del juez del concurso. La competencia exclusiva del Juez Mercantil desaparece cuando se trata de una reclamación laboral dirigida frente a quienes no son sujetos concursados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 84/2018
  • Fecha: 19/09/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de la jurisdicción social para conocer de la impugnación por una mutua de una resolución del Secretario de Estado que desestima el recurso de alzada (poniendo fin a la vía administrativa), sobre el alcance temporal de la autorización obtenida por la misma para la realización de intervenciones quirúrgicas con sus propios medios personales en las instalaciones y con el equipamiento del Hospital del Sagrat Cor, en virtud de un concierto celebrado entre dicha Mutua y la Clínica de Sabadell SLU. La razón es que el acto administrativo combatido se refiere a la realización de prestaciones de asistencia sanitaria derivada de contingencias profesionales, y más en concreto, a la prestación de los tratamientos quirúrgicos con medios personales propios en centro hospitalario concertado, por parte de una mutua colaboradora de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.1 y 2 LGSS. Por lo que recayendo el acto administrativo sobre la autorización de prestaciones sanitarias bajo una específica modalidad (desplazamiento de personal propio de la mutua al centro concertado), es claro que tal acto resulta incardinable en el ámbito de la materia propia de la Seguridad Social recogida en el art. 2.s) LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 66/2019
  • Fecha: 17/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el seno de la mesa de negociación, se anunció por la empresa la necesidad de llevar a cabo despidos colectivos. Como consecuencia de ello se adoptó un acuerdo colectivo entre la empresa y los sindicatos, en que la empresa se comprometía a no realizar despidos traumáticos ofreciendo un plan de recolocación. Se presentó demanda acumulada de despido colectivo y tutela de derechos fundamentales por uno de los sindicatos por considerar que se estaba en presencia de un despido colectivo encubierto o irregular, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó auto estimando la excepción de inadecuación de procedimiento e incompetencia funcional, auto confirmado al desestimarse el recurso de reposición. La sentencia del Pleno de la Sala 4ª, tras sistematizar su doctrina en relación con los despidos colectivos, señala que la cifra de trabajadores afectados fue una manifestación de la empresa sin reflejo real, y el acuerdo no es un pacto sobre despido colectivo, por lo que el procedimiento de despido colectivo es inadecuado debiendo haberse ejercitado la acción de conflicto colectivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 5/2019
  • Fecha: 16/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia suscitado entre un juzgado de lo social y la sala de lo contencioso-administrativo de un TSJ. La acción ejercitada por el trabajador no perseguía la impugnación de una resolución administrativa de la autoridad laboral en materia laboral sino que se limitaba a ejercitar una acción individual de despido en la que se solicitaba la declaración de nulidad del mismo o, subsidiariamente, su improcedencia por entender que el ERE no había cumplido las exigencias formales marcadas por el convenio colectivo aplicable. La sala especial declara la naturaleza laboral del asunto que se infiere del hecho de que, previamente, intentara la conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, intento de conciliación preceptivo en la acción individual de despido pero no en la de impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en materia laboral, que exige el agotamiento en vía administrativa y que en este caso no se produjo. Además, declara la sala que, aun en el caso de que la acción ejercitada hubiese sido la de impugnación de resolución administrativa, el competente hubiese sido el Orden Social, pues la fecha a tener en cuenta para fijar el régimen legal aplicable no sería la del ERE de 2005, sino la de la Resolución complementaria en que se incluye al trabajador, de 2015. Se declara competente al Orden Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 58/2018
  • Fecha: 11/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Según la sentencia comentada, resulta competente la Sala de lo Social correspondiente (en el caso de Granada) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conocer de los actos empresariales que pudieran violar los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga, cuando esta última ha sido convocada para los centros de trabajo que la demandada tiene en cinco provincias andaluzas, aunque las actuaciones ilícitas en contra del derecho de huelga se produjeran sólo en Sevilla.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 335/2018
  • Fecha: 11/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La STSJ desestima el recurso de suplicación de la Administración del País Vasco y confirma la SJS, que estimó la demanda de reclamación de cantidad de la trabajadora (no cuestionándose la válida extinción de su contrato de interinidad por vacante), y condenó a aquella a abonarle 229,63 € (20 días de salario por año). El TS aborda como cuestión preliminar la competencia funcional del TSJ para conocer del recurso, entendiendo que concurre interés general dada la conflictividad planteada ante la propia Sala IV, por lo que tanto el TSJ como el TS son competentes. Seguidamente indica que la cuestión ha sido resuelta por SSTS de 11-6-2019 (R. 366/2018) y 8-5-2019 (R. 3921/2017), a las que se remite. En ellas se parte de que nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, y que la doctrina contenida en la STJUE de 14-9-2016 (C-596/14), fue rectificada por las SSTJUE de 5-6-2018 (C-574/16 y C-677/16), y, más recientemente, por la STJUE de 21-11-2018 (C-619-17) en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el ATS de 25-10-2017; concluyendo que la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que en cada caso esté prevista normativamente, sin que pueda aplicarse la indemnización prevista por la ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el art. 52 ET para la extinción de los contratos fijos. Se estima el RCUD.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3971/2016
  • Fecha: 10/07/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se declara la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto que resolvió el recurso de reposición frente al auto dictado en ejecución de sentencia por apreciar de oficio la Sala la falta de competencia funcional. La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a cómo se determina el complemento de gran invalidez, y en particular, si se actualizan las bases de cotización que se toman en cuenta para el cálculo del complemento o si dichas bases no se actualizan. Teniendo en cuenta que el importe concreto de dichas bases se fijó en ejecución provisional, por apreciar de oficio la falta de competencia funcional. Entiende que el auto desestimando el recurso de reposición contra el auto de ejecución provisional no es susceptible de recurso en aplicación de lo dispuesto en el art. 304.3 LRJS, que establece la regla de contra las resoluciones que se dicten por el Juez o Tribunal en ejecución provisional, sólo cabrá recurso de reposición, pudiendo presentarse recurso de suplicación o casación cuando se adopte materialmente una decisión comprendida fuera de los límites de la ejecución provisional o se declare la falta de jurisdicción o competencia del orden jurisdiccional social
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2/2019
  • Fecha: 08/07/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se plantea conflicto negativo de competencia entre un juzgado de lo contencioso administrativo y un Juzgado de lo Social. Se trata de dilucidar cuál de ellos es el competente para conocer de la impugnación de una sanción impuesta por la Delegación del Gobierno, al amparo del art. 54. 1. d) de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el que se tipifica como infracción muy grave la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo. La Sala Especial de Conflictos de Competencia del TS, declara la competencia del Juzgado de lo Social. Tras analizar el ámbito competencia de los dos órdenes jurisdiccionales sostiene que el art. 2 LRJS, pretende una atribución competencial plena a la jurisdicción social de todas las actuaciones administrativas en materia laboral y de seguridad social, a salvo de las que puedan estar excepcionadas de manera específica y que no solo afecta a actuaciones de la autoridad laboral, sino también a las de cualquier otra Administración pública en el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas en materia laboral, sindical y de seguridad social. En el caso se trata de una actuación administrativa en materia laboral, y la competencia del orden social no está excluida , ex art. 2 letra n) LRJS, que se remite a la posibilidad de que estuviere atribuido su conocimiento a otro orden jurisdiccional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
  • Nº Recurso: 123/2018
  • Fecha: 24/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, se ciñe a resolver el problema procesal referido a si la jurisdicción social resulta competente para conocer de las pretensiones formuladas por diversas Asociaciones Judiciales, frente al CGPJ, Ministerio de Justicia y las CCAA que tienen transferidas y atribuidas competencias en materia de Administración de Justicia en relación al cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales en los amplios términos que allí se detallan. La Sala de lo Social de la AN, acogió la excepción de incompetencia de jurisdicción, al corresponder el conocimiento de la pretensión a la Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo del TS. Sin embargo tal parecer no es compartido por la Sala IV. Razona al respecto en una elaborada decisión, que tras la LRJS de 2011 estamos ante una jurisdicción especializada en riesgos laborales con atribución plena en este tipo de litigios y sin que a ello se oponga el art. 638.2 LOPJ cuando interviene la Comisión Permanente del CGPJ. Por lo tanto, la actuación del CGPJ en materia de prevención de riesgos laborales cuestionada en la demanda la realiza a modo de empresario en alegado cumplimiento de la LPRL: lo que determina la competencia del orden social. No se combaten actuaciones del CGPJ efectuadas en el ejercicio de sus potestades y funciones que tengan la naturaleza de disposiciones de carácter general. Votos Particulares.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.