• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1249/2017
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamándose diferencias retributivas derivadas de la consideración como tiempo de trabajo del trayecto que media entre la zona de fichaje (acceso a la empresa) y la de trabajo efectivo, cuya cuantía no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.3 b) LRJS para acceder al recurso de suplicación, por sentencia de instancia, confirmada en suplicación, se estima la demanda y se condena a AENA a abonar como horas extra dicho tiempo. La Sala 4ª del TS examina de oficio su competencia funcional, y aprecia la existencia de afectación general por existir afectación masiva. En cuanto al fondo, casa y anula la sentencia de suplicación, por considerar que no debe considerarse tiempo de trabajo el que discurre entre que se accede a la empresa hasta que se produce el relevo, y ello por cuanto durante el tiempo que transcurre yendo desde el Bloque Técnico hasta el Parque SSEI, no se está a disposición del empleador sino llevando a cabo tareas preparatorias, sin que el hecho de utilizar una tarjeta magnética de acceso implique que haya comenzado a discurrir el tiempo de trabajo que se trate de un registro de jornada, puesto que el trabajador no puede ser destinado a cometido alguno, tratándose de un desplazamiento rutinario y necesario para acceder al lugar en que comienza a estarse realmente a disposición del empleador
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 529/2017
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: El problema debatido es el de precisar la recurribilidad de sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social resolviendo impugnaciones de actos administrativos en materia de Seguridad Social. La Sala VI indica que al respecto resulta especialmente trascendente la doctrina acuñada en la STS de 2 noviembre 2017 (R. 66/2016), seguida por otras muchas. Dicha doctrina separa claramente los litigios sobre imposición de sanciones en materia de Seguridad Social de aquellos otros que versan sobre impugnación de sanciones laborales; y conforme a la misma, en la impugnación de sanciones en materia de Seguridad Social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 €, calculada en la manera prevista en el art. 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular. A lo que se añade que no hay una regla diferenciada atendiendo al tipo de sujeto sancionado (persona física o jurídica, beneficiaria o solicitante, empleadora o asalariada, etc.). Por lo tanto, el empresario (en este caso, persona física que es titular de un pequeño negocio) sancionado (multa por infracotización y abono de prestaciones indebidamente percibidas), está sujeto a las mismas reglas de recurribilidad que la persona perceptora de prestaciones. Lo que supone la estimación del recurso del INSS, con devolución de las actuaciones para que el TSJ se pronuncie sobre el recurso interpuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2416/2017
  • Fecha: 06/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si un trabajador, socio de una cooperativa de trabajo asociado afiliado al Régimen General de la SS, tiene derecho a la jubilación anticipada cuando, reuniendo el resto de requisitos exigidos por la ley, su contrato se ha visto extinguido por Auto del Juzgado de lo Mercantil en virtud de despido colectivo tramitado en el seno del concurso en que se hallaba inmersa dicha cooperativa. La Sala IV reitera doctrina y da una respuesta positiva. Considera que una vez integrados en el RGSS, sus normas se aplican totalmente a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley, lo que no es el caso. Y tal criterio debe primar sobre la literalidad del precepto - que se refiere a trabajadores y a extinción de la relación laboral-, porque aunque en un cooperativista pueda primar la relación societaria y la extinción de su relación haya sido conformada - mediatamente a través de su participación como socio-, a través de la concurrencia de su voluntad, lo cierto es que se ha quedado sin trabajo, viendo su contrato extinguido por una de las causas que lista el art. 207.D) LGSS. Lo que se corrobora con la reforma operada mediante el RDL 5/2013, que ha introducido expresamente la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada parcial de los socios trabajadores de las cooperativas integrados en el RGSS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 964/2017
  • Fecha: 05/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La cuestión debatida consiste en determinar si una reclamación que no alcanza los 3000 € (se solicitaba un total de cinco días de permiso), es susceptible de recurso de suplicación (por afectación general) si previamente se ha planteado un conflicto colectivo sobre dicha cuestión. La Sala IV recuerda su doctrina sobre el particular (en esencia, que la "...afectación general por notoriedad es la que la Sala ha apreciado cuando la reclamación tiene «como fundamento y precedente inmediato una sentencia dictada en conflicto colectivo...", así como también que la misma ha admitido precisiones. Analiza seguidamente si en la presente litis concurre el elemento de afectación general, para concluir que en el caso resulta insuficiente el sustento en el vínculo entre la existencia del conflicto colectivo y la afectación por notoriedad cuando no hay constancia de otras reclamaciones similares en número bastante para apreciar una gran conflictividad; cuando el elemento subjetivo igualmente ha variado -están afectadas empresas distintas en uno y otro pleito por mor de la subrogación-; y, en fin, cuando el objeto de la actual demanda excede de los límites fijados por los litigantes en la de conflicto. Dichas consideraciones determinan en este caso la quiebra de aquella presunción de afectación general, al evidenciar que la reclamación carece de esa proyección general notoria que daría acceso al recurso, tal y como lo ha interpretado correctamente la sentencia recurrida. Se desestima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 2331/2017
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reclaman diferencias salariales por vigilantes de seguridad del aeropuerto de Gran Canaria, en cuantía inferior a 3.000 €, en concepto de plus de radioscopia aeroportuaria, siendo la cuestión si procede su abono en razón de todas las horas trabajadas en el filtro de acceso o únicamente por del tiempo de permanencia frente al escáner. La sentencia reitera la doctrina de la Sala establecida en supuestos anteriores y declara la falta de competencia funcional porque ni la cuantía litigiosa alcanza la exigida en el art. 191.2.g) LRJS, ni cabe tampoco apreciar afectación general, al no concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ello conforme al art. 191.3.b) LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 8/2019
  • Fecha: 16/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto de competencia. Falta de interposición del recurso por defecto de jurisdicción: casos en que procede el rechazo del conflicto (cuando existen dos resoluciones firmes que declaran la falta de jurisdicción), y casos en los que cabe el planteamiento de oficio (aquellos en los que no haya concluido el asunto por resolución firme). Atribución de competencia a favor de la jurisdicción social. Reglamento (UE) 1215/2012 (ámbito de aplicación, materias excluidas; competencia en materia de contratos individuales de trabajo): de él no deriva que la materia en litigio tenga que ser planteada en todo caso ante órganos judiciales civiles y al margen de la configuración que cada Estado miembro tenga de la organización judicial (la información que suministra la Red Judicial Europea no vincula al órgano judicial para examinar su competencia). Normativa nacional (LOPJ, LEC, LRJS, Ley 29/2015) sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero: no hay una atribución de competencia al orden civil con exclusión de los otros órdenes jurisdiccionales. La tramitación de la ejecución se rige, por remisión de la LRJS, por la LEC que atiende al Reglamento 1215/2012 y, ante la falta de una segunda instancia en el proceso laboral, se estará al régimen previsto en la LRJS en materia de ejecución (reposición y/o suplicación y, en su caso, casación para la unificación de doctrina).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 140/2018
  • Fecha: 16/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, ha confirmado el fallo combatido en el que se desestima la demandada deducida por UNT interesando la nulidad de la decisión empresarial de fijar el calendario vacacional anual de 2018, con declaración del derecho de cada uno de los trabajadores a fijar, de común acuerdo con la empresa, los turnos que se mencionan en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad y fechas de disfrute de las vacaciones anuales. Para resolver la cuestión, parte el TS de recordar la necesidad de distinguir entre el periodo de disfrute de vacaciones que a cada trabajador le puede corresponder y respecto del cual la empresa debe alcanzar un acuerdo con el trabajador individual, y la elaboración del calendario de vacaciones que cada empresa debe fijar, en donde no se exige acuerdo. Así las cosas, considera correcto el proceder empresarial que no ha impuesto el calendario de vacaciones, sino que ha sido aceptado por el 80% de los trabajadores, y sin que ello contravenga lo dispuesto en el convenio que en orden a establecer la configuración de los turnos remite al acuerdo con los representación de los trabajadores, pues la mismo no existe en la empresa. En todo caso, señala la posibilidad que tienen los trabajadores que discrepan de la mayoría, para plantear la acción destinada a impugnar los turnos que les hubieran podido corresponder. Se desestima en consecuencia el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 146/2018
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo rectora de las actuaciones se reclama por el comité de empresa de la región de Murcia frente a la demandada Cajamar la declaración de que es contraria a derecho la práctica empresarial de no establecer un sistema de registro de control de la jornada laboral de los trabajadores y de no facilitar el resumen mensual de la jornada diaria a trabajadores y el comité. La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia estima la excepción de incompetencia objetiva para conocer de la pretensión. Recurrida por la parte demandante en casación ordinaria, la Sala IV desestima la denuncia de infracción del art. 7.a de la LRJS. Se razona en la sentencia comentada que el ámbito del conflicto excede del territorio de la comunidad de Murcia puesto que afectaría, por lo menos y también, a la comunidad de Andalucía, según consta acreditado. En consecuencia, la competencia para conocer del conflicto colectivo correspondería a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Por tanto, se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2/2017
  • Fecha: 08/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada confirma la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de la impugnación de un Acuerdo del Consejo de Ministros que califica como infracción grave los incumplimientos de una empresa en materia de Seguridad Social, e impone la sanción correspondiente. La sentencia aplica la doctrina de la Sala rectificada a partir de la STS/4ª 22(07/2015 (autos 4/2012), que declara la competencia del orden social cuando el acto administrativo sancionador no incluye la liquidación de cuotas, ni la controversia suscitada por la empresa sancionada guarda relación alguna con la regularidad de dichas cuotas. En el caso de autos nos encontramos ante un procedimiento sancionador iniciado por un acta de infracción, y lo que se impugna es la sanción, por lo que el supuesto queda incluido en la LRJS art. 2 s) - y, no en LRJS art. art. 3 f) – y, por tanto, dentro de la competencia del orden social, concretándose la competencia funcional en aplicación LRJS art. 9 a). Declarada la competencia, la sentencia rechaza la vulneración del principio non bis in idem derivado de la tramitación paralela de diligencias penales por las razones que señala, y desestima la demanda al considerar que la conducta enjuiciada es plenamente subsumible en el tipo recogido en el art. 22.3 LISOS, sin que tampoco pueda apreciarse la falta de proporcionalidad de la sanción aludida por la demandante, ya que la sanción ha sido impuesta en la cuantía mínima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1600/2017
  • Fecha: 01/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se suscita en la sentencia anotada una cuestión de índole procesal relativa a determinar si el orden social de la jurisdicción es competente para conocer de una reclamación interpuesta por la empresa, de indemnización de daños y perjuicios derivados de un posible ejercicio de competencia desleal por parte de unos trabajadores que constituyeron una mercantil dedicada a la misma actividad de la empresa, vigente sus contratos de trabajo y que inicia las posibles actividades concurrentes una vez los dos trabajadores ya habían causado baja en la empresa. Ambos trabajadores habían firmado años antes un documento en el que manifestaban que no podrían dedicarse a trabajos de la misma actividad que impliquen competencia a la empresa. En las instancias judiciales precedentes se declaró la competencia de la jurisdicción civil para conocer de la demanda, sin embargo tal parecer no es compartido por la Sala Cuarta. Se funda esta decisión en una lectura coordinada de los arts. 2.a) LRJS, y art. 5.d), y 21.1 del ET, de lo que deduce que las cuestiones litigiosas que se planteen como consecuencia del contrato de trabajo y, entre ellas, los litigios relativos a las reclamaciones de daños entre empresarios y trabajadores derivados de eventuales incumplimientos contractuales con independencia de que el sujeto demandante sea el trabajador o el empresario, son competencia del orden social de la jurisdicción.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.