• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2366/2017
  • Fecha: 30/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida declara que la relación que une a las partes es de carácter laboral, así como la existencia de grupo de empresas patológico y finalmente califica de improcedente el despido, con condena solidaria a ambas mercantiles. Acuden las dos entidades condenadas en casación para la unificación de doctrina, articulando cada una de ellas los mismos motivos de recurso, pero con diversas sentencias de contraste. El primero de ellos se centra en la existencia de relación laboral; el segundo en el de grupo patológico de empresas y el tercero por vulneración de la norma y requisitos para proceder a la modificación de hechos probados. La Sala IV no entra a conocer del fondo de ninguno de los motivos planteados por falta de contradicción entre la sentencia impugnada y las invocadas de contraste, al no concurrir la triple identidad exigida por el art 219 LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 2537/2016
  • Fecha: 16/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los demandantes reclamaron las correspondientes cantidades por el concepto de indemnización y salarios del Fondo de Garantía Salarial, reconociéndoles a cada uno de ellos determinadas cantidades. Interpuesta demanda para que FOGASA abonara los intereses legales de las cantidades reconocidas el Juzgado, después de rechazar la excepción de falta de jurisdicción, estimó la demanda. En suplicación se acogió la excepción y se declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la reclamación de los intereses por mora, advirtiendo de la posibilidad de acudir al orden contencioso-administrativo. Los recurrentes sostienen la competencia del orden jurisdiccional social. La cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en diversas sentencias, en las que se argumentó que los intereses dientes a una deuda reconocida constituyen los frutos civiles del importe principal adeudado (art. 354, 3º del Código Civil), que participan de la misma naturaleza y, como accesorios, siguen al principal. Derivar la reclamación de los intereses al conocimiento de otro orden jurisdiccional resultaría una interpretación formalista contraria a la finalidad de la norma, y excesiva, con solo tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene su propio procedimiento administrativo previo al judicial. Se declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer las reclamaciones por intereses de demora contra el FGS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 145/2018
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCO: Presentan demanda de tutela del derecho a la libertad sindical CIG y el delegado sindical de la sección sindical de dicho sindicato, para que se condenara a la empresa a facilitar a esta la misma información que proporciona el comité de empresa, con condena a una indemnización de 90.000 € para cada uno. El trabajador había causado baja voluntaria en la empresa por excedencia voluntaria y cesado como delegado sindical el 1-3-2017, habiendo comunicado CIG el 27-2-2017 a la empresa el nombramiento de dos nuevos delegados sindicales, y efectuando esta desde entonces las notificaciones debidas a uno de ellos. La Sala IV, visto el contenido de la reclamación, considera que en el caso el sindicato interviene como coadyuvante, lo que comporta, que su pretensión quede subordinada al éxito de la que formula la otra parte y que al no ser un derecho propio el lesionado carezca en cualquier caso del derecho a ser indemnizado. Tampoco estima el recurso del exdelegado sindical porque presentó la demanda ya había cesado en la empresa como trabajador y como delegado sindical, incluso se había nombrado a otras personas para sustituirle, correspondiendo a estos la legitimación para accionar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 138/2018
  • Fecha: 13/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La trabajadora demandante, que era redactora de CRTVG y que habitualmente presentaba el programa Galicia, Noticias Mediodía, había secundado la huelga convocada el día 8 de marzo de 2018 para reivindicar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, siendo sustituida ese día por su superior, que solía suplirle con ocasión de sus permisos, vacaciones, bajas médicas u otras situaciones similares, sin que el referido programa se encontrara afectado por los servicios mínimos. La sentencia confirma la dictada en la instancia que estimó la demanda al considerar que la trabajadora huelguista fue sustituida por le empresa haciendo uso del esquirolaje interno;, acudiendo a la sustitución de trabajadores huelguistas mediante otros pertenecientes a la misma empresa, provocando así un vaciamiento del derecho de huelga que resulta contrario al art. 28.1 CE, de acuerdo con la doctrina que cita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 125/2018
  • Fecha: 19/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV, rectifica doctrina previa, y en consecuencia declara la competencia del orden Social para conocer de la pretensión formulada, consistente en que se declare la obligación de CRTVE de incluir en los pliegos de condiciones, para la prestación de servicios en la Corporación, una cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en el supuesto de cambio de la titularidad de las contratas. También es competente para conocer del conflicto planteado, cuyo objeto es que se declare que no es ajustada a derecho la decisión de la demandada de no incluir en un determinado pliego de condiciones la cláusula de subrogación de los trabajadores afectados por la licitación de la nueva adjudicataria del servicio. No se aprecian elementos relevantes que conduzcan a otorgar distinto tratamiento a uno y otro conflicto en orden a la competencia para conocer del mismo. Los mismos argumentos utilizados para declarar la competencia del orden social para conocer del conflicto en un supuesto han de ser aplicados para resolver la competencia de este orden social para conocer del otro conflicto. La imposición de dicha cláusula lo es en cumplimiento del apartado quinto del Acuerdo de 12 de julio de 2006, suscrito por las centrales sindicales y la empresa, Acuerdo asimilable a un convenio colectivo y que deriva de una relación jurídica nacida entre empresarios y trabajadores, competencia, por lo tanto, del orden social, a tenor del artículo 2 a) LRJS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1815/2017
  • Fecha: 17/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la competencia de la jurisdicción social para resolver sobre la solicitud de ampliación de la ejecución de sentencia firme de despido, cuando la empresa ejecutada está en situación de concurso de acreedores, ha sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad productiva en funcionamiento, a una tercera empresa que se hizo cargo de ciertos empleados, como sucesora de la concursada con efectos del art. 44 ET y si ha existido sucesión de empresa y subrogación en las obligaciones laborales. Es competencia de la jurisdicción social porque se encuentra implicada la empresa adquirente, que no ha sido parte en el proceso concursal y se ha limitado a comprar una unidad productiva, solución seguida por la Sala de Conflictos de Competencia. Se estima el recurso porque como la empresa contra la que se amplia la ejecución adquirió bienes de la concursada que pudieran constituir una unidad productiva autónoma, y podría venir obligada a subrogarse en ciertas obligaciones laborales de la concursada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1542/2017
  • Fecha: 12/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el orden social de la jurisdicción es competente para conocer de una reclamación de cantidad presentada por Repsol frente al trabajador, por el importe del préstamo bancario que, como avalista, tuvo que abonar a la entidad bancaria. La Sala de lo Social del TSJ consideró competente el orden civil porque lo que se está reclamando tiene esa naturaleza y la relación jurídica de la empresa, respecto del prestamista y prestatario, es de simple avalista y se trata de una acción de repetición que no es laboral. Es la condición de trabajador de la empresa la que provoca que el préstamo concedido por un tercero sea garantizado por aquella. Si la condición de prestatario se obtuvo por ser empleado de la demandante y la de avalado y avalista por ser trabajador y empresario vinculados por el contrato de trabajo, la acción de repetición del avalista frente a quien fue trabajador y es avalado, trae causa del vínculo laboral. El aval garantiza a la entidad prestamista el pago total del préstamo ante determinadas contingencias, como la que podría tener el prestatario ante la pérdida del puesto de trabajo y, en consecuencia, de su fuente ordinaria de ingresos cual es el salario abonado por el empleador avalista. A ello no se opone el que la reclamación de cantidad se presente cuando la relación laboral ya se encuentra extinguida porque se pretende el cumplimiento de una obligación que se generó durante la vigencia del contrato de trabajo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3895/2017
  • Fecha: 12/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si una empresa que adquiere la unidad productiva de otra empresa concursada, en virtud de adjudicación en el seno del procedimiento concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se encuentran pendientes de cumplimiento. El Juzgado Mercantil acordó la adjudicación de la unidad productiva pero exclusivamente respecto a los trabajadores subrogados con la relación laboral vigente, a la vez que disponía la exención de las deudas pendientes con los trabajadores cuyos contratos se habían extinguido previamente. Con posterioridad a esa fecha la sociedad recurrente adquirió la titularidad de esa unidad productiva. La cuestión ya ha sido resuelta por la Sala en recientes sentencias en las que concluye que el orden social de la jurisdicción es competente para resolver si se produce subrogación cuando una empresa adquiere una unidad productiva en virtud de la liquidación efectuada en el seno de un procedimiento concursal y que la adquirente de la unidad productiva debía hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido, en un supuesto en el que auto de adjudicación el Juez Mercantil hizo constar que no existía sucesión de empresa, respecto a los trabajadores cuyos contratos de trabajo se habían extinguido previamente. Se añade que esta interpretación es más conforme con la Directiva 2001/23/CE y la L. Concursal, art. 148 bis. De esa exención de créditos no satisfechos por el concursado se deja a salvo lo dispuesto en el art. 149. 4 LC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 3892/2017
  • Fecha: 12/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia reitera la doctrina de la Sala y declara la competencia del orden social para conocer de la demanda, partiendo de la base de que la recurrente no ha sido parte en el proceso concursal, ni como deudor ni como acreedor, al deberse su relación con el concurso de acreedores a la compra de un activo de la masa, siendo esta la solución que ha seguido, igualmente, la Sala Especial de Conflictos de Competencia del art. 42 de la LOPJ en sus Autos de 9 de diciembre de 2015 (Conflicto 25/2015) y de 9 de marzo de 2016 (Conflicto 1/2016). Y dado que el art. 148.4 LC no excluye que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa (sino que, antes al contrario, la admite de forma indirecta) declara su existencia al darse los requisitos del art. 44.1 y 2 ET, porque el adquirente se ha hecho cargo de una unidad productiva autónoma, declarando asimismo la responsabilidad solidaria de la cesionaria por las consecuencias del despido improcedente de la actora, aunque este se hubiera producido con anterioridad a la sucesión, de acuerdo con la cláusula antifraude establecida en el ET art. 44.3 que, mejorando la normativa comunitaria, ha mantenido dicha responsabilidad en el caso de sucesión empresarial respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3006/2017
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer del derecho de un trabajador a ser contratado con preferencia a otro que tiene puesto inferior en la bolsa de empleo del Ayuntamiento (de Benalmádena) demandado. Con lo que reitera la doctrina establecida en la STS Pleno 11-6-19, Rec 132/2018, en el sentido de que la doctrina anterior de la Sala sobre las bolsas de trabajo en la Administración Pública ha de entenderse modificada tras la entrada en vigor de la regulación contenida en la LRJS art. 2.n), que atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las "demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional».

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