• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2758/2017
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada gira en torno al efecto de cosa juzgada de la sentencia de conflicto colectivo en los pleitos individuales con relación de directa conexidad con aquella. El actor prestaba servicios para la empresa Cobega integrada en el grupo Coca-Cola. Varias empresas del grupo empresarial tramitaron un procedimiento de despido colectivo, movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo que finalizó con decisión unilateral del grupo de empresas. El actor optó por la recolocación en periodo voluntario. Adquirida firmeza la SAN que declaró la nulidad del despido colectivo, el actor interesó la readscripción a su anterior puesto de trabajo. Consta asimismo que por SAN 12-6-14, se apreció la excepción de litispendencia en relación a la demanda de conflicto colectivo de anulación de las recolocaciones en otros centros de trabajo con o sin movilidad geográfica, confirmada por TS 3-3-2016. Interpuesta demanda, la sala de suplicación estima la misma al entender que las recolocaciones voluntarias son medidas vinculadas al despido colectivo y en consecuencia han de correr la misma suerte que éste, y la nulidad de aquel alcanza a las medidas alternativas. Sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS y en aplicación el art. 160.5 LRJS declara que el efecto de cosa juzgada de la sentencia firme de conflicto colectivo obliga a estimar el recurso, porque la TS 3-3-2016 había desestimado la demanda en cuanto al fondo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 13/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de lo Social núm. 2 de Móstoles y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid. Se discute sobre el orden jurisdiccional competente para conocer sobre una pretensión que está directamente relacionada con el proceso de selección de personal al servicio del sector público. Con arreglo a la doctrina de los actos separables, tradicionalmente se ha diferenciado entre las reclamaciones surgidas al hilo del proceso de selección (competencia del orden contencioso) y las cuestiones derivadas de la dinámica del contrato de trabajo celebrado (competencia del orden social). Al amparo de la normativa anterior a la LRJS podía pensarse en cierta discordancia doctrinal entre la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la Sala o la Tercera. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la LRJS debiera desaparecer cualquier discordancia porque sus claros mandatos, en concordancia con los de la LRJCA, abocan a que los litigios como el presente deban ventilarse ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 19/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Con carácter general, una demanda de rescisión de contrato formulada después de la declaración concursal, quedará suspendida y a resultas de lo que decida el Juez del Concurso respecto de las medidas colectivas que se hayan solicitado en su seno. No obstante, este caso es una excepción. La interrelación entre la extinción por voluntad del trabajador basada en el apartado 1.b) del art. 50 ET y el denominado "despido tácito" singular o plural por falta de ocupación efectiva -fundado, por lo general, en las mismas causas derivadas de la situación económica del empleador- ha permitido una asimilación de estas últimas acciones con aquellas a los efectos de ser consideradas como extinciones de carácter colectivo desde que se acuerda la iniciación del procedimiento previsto en el art. 64 LC. Ahora bien, la atribución de la competencia al juez del concurso tiene unas características específicas: los procesos individuales seguidos frente a la concursada relativos a las acciones individuales interpuestas al amparo del art. 50 ET, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursada y posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3150/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en determinar si existe relación laboral cuando el demandante, arquitecto técnico de profesión, ha sido contratado sin solución de continuidad por un Ayuntamiento mediante tres contratos de consultoría y asistencia técnica y otros ocho contratos de arrendamiento de servicios, que le obligaban a acudir un día a la semana al Ayuntamiento, salvo en el mes de vacaciones, para ocuparse de la atención al público y del asesoramiento correspondiente a su titulación profesional en cuestiones urbanísticas municipales, encomendadas mediante órdenes de trabajo, expedidas por el Alcalde o Secretario, quienes eran sus superiores directos, percibiendo, a cambio, una retribución fija, previa presentación de factura con IVA. La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión planteada por no concurrir el requisito de la contradicción, exigido por el art 219.1 LRJS. No concurre identidad ni en las modalidades contractuales utilizadas, ni en el modo de ejecutar la prestación, ni en la fundamentación jurídica de las pretensiones, puesto que la recurrida pone especialmente en valor la intervención de la Diputación de Valencia y del Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia para la desestimación de la demanda, lo que no sucede en la sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 17/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión objeto del conflicto negativo de competencia planteado radica en decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda/incidente concursal en materia laboral planteado por el actor por despido y reclamación de cantidad acumulada, al haber rechazado tanto el Juzgado de lo Social, como el Juzgado de lo Mercantil, la competencia para conocer del asunto. Consta asimismo que la sociedad demandada fue declarada en situación de concurso voluntario, y el Juzgado de lo Mercantil acordó la extinción de los contratos de trabajo por despido colectivo, entre los cuales, no estaba el del actor. Y la Sala Especial del TS declara la competencia del Juzgado Social para el conocimiento de las cuestiones planteadas, pues de conformidad con el art. 64.1 y 10 de la LC, si bien, con carácter general, la demanda de rescisión de contrato formulada después de la declaración del concurso quedará suspendida y a resultas de lo que decide el Juez del Concurso, en el caso, el Juez del Concurso no acordó ni comunicó la suspensión del procedimiento individual, a lo que se anuda que el auto que autorizó la extinción colectiva no incluyó al demandante, por lo que no puede desplegar frente a él los efectos de cosa juzgada. Por lo tanto, lo que ahora se ventila es si la relación laboral sigue o no viva, y si hubo despido tácito; cuestiones todas ellas cuyo conocimiento no compete al Juez del Concurso, y sí corresponden al Juzgado de lo Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 149/2018
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión debatida en procedimiento de conflicto colectivo se centra en decidir si la designación de representantes de los trabajadores en la Junta General y en la Junta Directiva de Mutua Universal efectuada por CCOO, resulta o no ajustada derecho. El sindicato UGT que formula el recurso entiende que no lo es y que debe mantenerse el representante de su sindicato en tanto no se proceda a efectuar una designación ajustada a derecho. La sentencia estima el recurso porque la elección resultaba obligatoria y no se ha efectuado ninguna elección ya que lo único que hay es una designación por parte de CCOO de las personas que deben ser representante titular y suplente, con el apoyo del SATSE, pero eso no se adecua a la literalidad de la norma e impide al resto de representantes ejercer su derecho a presentar su propia candidatura y a que la misma sea sometida al escrutinio de los votos. Previamente, la sentencia había desestimado las excepciones de incompetencia de la jurisdicción, inadecuación de procedimiento y falta de litisconsorcio pasivo necesario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2516/2017
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada es la determinar si el orden Social de la Jurisdicción es competente para conocer de la extinción de una relación contractual entre una trabajadora autónoma con vehículo propio, que realiza funciones de paquetería y la empresa para la que prestan servicios, atendiendo a si la relación existente entre las partes es o no de naturaleza laboral. La sentencia de suplicación declaró la incompetencia de jurisdicción al entender que a pesar de que en principio concurrían todos los elementos definitorios de la relación laboral, la repartidora tenía no obstante facultad para designar a otra persona para realizar sus tareas cuando ella no podía. Interpuesto recurso de casación unificadora, la Sala IV no entra en el fondo del asunto al no concurrir la contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso, al existir importantes diferencias entre uno y otro supuesto: a) las actividades que realizan cada uno de los demandantes son diferentes, b) el lugar en el que prestan servicios tampoco es coincidente, c) los medios materiales aportados y la organización empresarial de los demandantes es distinta. Por lo tanto, no son contradictorias al partir de hechos diversos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3061/2017
  • Fecha: 05/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La STSJ aplica el efecto positivo de la cosa juzgada material respecto de una sentencia anterior dictada por un JS en un procedimiento de vacaciones promovido también por el ahora demandante, en la que quedó enjuiciada y decidida la existencia de una relación laboral entre el actor y la codemandada MOFESA SA; en consecuencia, anula la SJS que se había declarado incompetente para conocer de la demanda sobre resolución indemnizada del contrato, y precisa la insuficiencia del capítulo fáctico para que el TSJ pudiera resolver el debate en los términos planteados. Ante el TS alegan las empresas codemandadas dos motivos que giran sobre la identidad subjetiva y objetiva, respectivamente, de la cosa juzgada. Pero la Sala IV aprecia en ambos casos la inexistencia de contradicción. En el primer motivo, porque la sentencia recurrida acoge el efecto positivo de la cosa juzgada material al constar el dictado de una sentencia (firme) sobre vacaciones estableciendo previamente la existencia de relación laboral con una empresa para estimar la pretensión del demandante, señalando de esta forma que ese extremo ya estaba enjuiciado, y nada de ello acaece en la sentencia de contraste. En el segundo motivo, que cuestiona la identidad de objeto no hay divergencia doctrinal que unificar, pues ambas resoluciones aplican el mismo criterio: la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3008/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La STSJ estimó el recurso de suplicación del actor y, tras declarar la competencia del orden social para conocer del asunto, anuló la SJS ordenando que dictase nueva sentencia incorporando el relato fáctico suficiente, entrando en el fondo del asunto. Ante la Sala IV se plantea la naturaleza de la relación que vincula al demandante con Zardoya Otis, SA, para delimitar si es o no laboral. El TS remite a sentencias anteriores, confirmando la existencia de laboralidad. No cabe duda de la voluntariedad ni de la prestación de servicios personales por parte del actor. Es clara la ajenidad, ya que los frutos del trabajo pasan a Zardoya, que asume la obligación de retribuir los servicios que están garantizados, y nada hay que acredite que el demandante asuma riesgo empresarial, ni que realice una inversión en bienes de capital relevante. Los trabajos del actor (montaje de ascensores y elevadores y su eventual reparación) se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de la demandada, que es la que proporciona no solo los bienes de equipo, sino las instrucciones de montaje. No consta que el actor fuera un verdadero empresario que ofreciese su actividad empresarial en el mercado y que asumiera el riesgo y ventura de tal hipotética actividad. Lo que se desprende, por el contrario, es que la actividad se prestaba exclusivamente para la demandada en la forma y condiciones que esta determinaba. A lo que no obstan algunos indicios marginales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3363/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión relativa a la competencia del orden social para conocer de la pretensión de derecho y despido, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. La sentencia recurrida no aprecia la existencia de una relación laboral que vincule a las partes litigantes, al entender que la legislación autonómica -RD 296/1997, de la Generalidad valenciana- permite la contratación administrativa para la provisión de plazas vacantes de profesores especialistas y, por ello, da por válido que la relación entre las partes se rija por el Derecho Administrativo. Sin embargo, en la sentencia de contraste se aplica el art.95.2 de la LO 2/2006 de la Educación, que prevé que la contratación de profesores especialistas dentro del régimen laboral. No hay para la sala IV identidad en la naturaleza de la prestación de servicios ni en la normativa de aplicación, lo que justifica la disparidad de pronunciamientos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.