• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2494/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La trabajadora solicitaba el reconocimiento a efectos de antigüedad del tiempo de servicios prestados para su actual empresa como empleada cedido ilegalmente por una tercera empleadora. La sentencia confirma la posibilidad de recurrir en suplicación en razón de la materia (cesión ilegal) aunque la cuantía litigiosa no alcance los 3.000 €, y aprecia la existencia de acción aunque la cesión hubiera concluido en aplicación del criterio de la Sala fijado en sentencia anterior, en el sentido de que si bien nuestra jurisprudencia ha sido constante al afirmar que la cesión ha de estar viva en el momento en que se ejercita la acción, hemos precisado que esta exigencia temporal tan reiteradamente proclamada por la Sala se limita a la acción de fijeza electiva, ya que así lo imponen los términos del 43.4 ET y la más elemental lógica jurídica, pues mal puede adquirirse la cualidad de trabajador fijo -de la empresa cedente o de la cesionaria- cuando ya no se prestan los servicios ni en una ni en otra. Sin embargo, esa comprensible limitación temporal ha de excluirse cuando lo que se pretende no es propiamente ejercitar la referida acción de fijeza, sino derivar de ese prestamismo laboral producido con anterioridad determinadas consecuencias que afectan a la empresa para la que se continúan prestando servicios; que es lo que sucede en este caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 4461/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si la relación que unía al abogado con el despacho de abogados era una relación laboral especial de abogados conforme al RD 1331/2006, que traía causa de la demanda de reclamación de cantidad presentada contra el despacho por el periodo de tiempo en que prestó servicios en éste hasta su cese voluntario, y que fue parcialmente estimada en suplicación por considerar que la relación era laboral especial de abogados, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste. En la sentencia de contraste se trataba de una demanda de protección de derechos fundamentales y resolución de contrato ex art. 50 ET, por una abogada colegiada que llevaba a cabo su función en exclusiva para un despacho, siendo muy diferentes los hechos probados de ambas sentencias que sirven para entender que existió relación laboral en el supuesto de la sentencia recurrida, y que no existió en el supuesto de la sentencia de contraste.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3593/2017
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida declaró la inadmisibilidad del recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, y ordenó la nulidad de todo lo actuado desde la notificación de la sentencia. La sentencia de instancia desestimó la pretensión del trabajador que reclamaba el derecho a percibir el Complemento Puesto de Trabajo Globalcaja, por el que percibía 697 € mensuales y el abono de la cantidad de 1.395,84 € por los meses de noviembre y diciembre de 2014, así como las cuantías que se devengaran en las sucesivas mensualidades hasta la sentencia y declaró el carácter recurrible de la propia resolución. La Sala de suplicación considera que se está enjuiciando una reclamación de cantidad por conceptos salariales, de forma que su acceso a la suplicación no se cualifica por el reconocimiento del derecho, sino que rige el principio de cuantificación de lo reclamado, previsto en el artículo 191.2. g) LRJS, sin que sea de aplicación al caso el criterio de anualización del art. 192.3 que rige exclusivamente para los casos de prestaciones de seguridad social. La Sala 4ª estima el recurso y anula la sentencia, ya que no se trataba de una acción declarativa insuficiente por sí sola para tutelar el interés del demandante, ni tampoco se trata de una simple petición de condena de futuro, o de la declaración de derechos cuantificables económicamente que en cómputo anual no alcancen la cuantía de 3.000 euros que exige el art. 191, 2º letra g) para habilitar la suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1674/2019
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora, profesora de religión, reclama las diferencias salariales en atención a la mayor jornada realizada respecto de lo estipulado, que ascienden a 2.011,03 €. Siendo la cuantía inferior al límite legal la Sala analiza el art. 191.3.b) LRJS, concurrencia de circunstancia de afectación general, a la luz de la doctrina establecida desde 2003: (a) La exigencia de que "la cuestión debatida afecte a todos o un gran número de beneficiarios", contiene un concepto jurídico indeterminado, que requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso concreto; (b) la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores;(c) la alegación y prueba de la afectación múltiple, no es necesaria cuando se trate de "hechos notorios", ni cuando el asunto "posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes";(d) fuera de estos supuestos, la afectación general requiera que haya sido alegada y probada en juicio. La Sala entiende que falta de acreditación del requisito analizado y declara la irrecurribilidad de la sentencia de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 4410/2017
  • Fecha: 06/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada es la relativa a la determinación de la cuantía en el proceso de reclamación de cantidad para el acceso al recurso de suplicación art. 191.2 g)- cuando en la demanda se reclama una cantidad inferior a los 3000 euros, pero en ampliación posterior de la pretensión principal y antes del juicio oral se reclama también la cantidad de 4256,86 euros en concepto de daños materiales y perjuicios. La Sala IV pone de manifiesto la innecesariedad de examinar la contradicción cuando se suscita el tema relativo al acceso al recurso de Suplicación por razón de la cuantía. Seguidamente reitera doctrina al afirmar que: a) La normativa procesal, regida por el principio de legalidad, la cuantía de un proceso viene determinada por la solicitud de la demanda y a su vez condiciona -si supera el tope de 3000 euros- el acceso al recurso de Suplicación [art. 191.2 LRJS], sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso. b) Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", referida a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda. c) la solicitud se refiere a la cifra que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3999/2017
  • Fecha: 27/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si una empresa que adquiere la unidad productiva de otra empresa concursada, en virtud de adjudicación en el seno del procedimiento concursal, responde de las obligaciones laborales de la transmitente que se encuentran pendientes de cumplimiento. El Juzgado Mercantil acordó la adjudicación de la unidad productiva pero exclusivamente respecto a los trabajadores subrogados con la relación laboral vigente, a la vez que disponía la exención de las deudas pendientes con los trabajadores cuyos contratos se habían extinguido previamente. Con posterioridad a esa fecha la sociedad recurrente adquirió la titularidad de esa unidad productiva. La cuestión ya ha sido resuelta por la Sala en recientes sentencias en las que concluye que el orden social de la jurisdicción es competente para resolver si se produce subrogación cuando una empresa adquiere una unidad productiva en virtud de la liquidación efectuada en el seno de un procedimiento concursal y que la adquirente de la unidad productiva debía hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido, en un supuesto en el que auto de adjudicación el Juez Mercantil hizo constar que no existía sucesión de empresa, respecto a los trabajadores cuyos contratos de trabajo se habían extinguido previamente. Se añade que esta interpretación es más conforme con la Directiva 2001/23/CE y la L. Concursal, art. 148 bis. De esa exención de créditos no satisfechos por el concursado se deja a salvo lo dispuesto en el art. 149. 4 LC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 3820/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si cabe interponer recurso de suplicación frente a la sentencia del Juzgado de lo Social, en la que se estimó en parte la demanda de la beneficiaria de una pensión de incapacidad permanente absoluta, estableciéndose una base reguladora de 827,79 euros mensuales, con efectos de 15/04/2016, con lo que se revocaba la resolución administrativa del INSS que había reconocido esa prestación sobre la base reguladora de 787,16 euros mensuales, lo que suponía una diferencia entre lo reclamado en su demanda -846,33 euros mensuales- y lo reconocido en la referida resolución administrativa de 59,17 euros mensuales. La Sala IV reitera doctrina, y estima que procede el recurso de suplicación porque en el caso concurre afectación general por notoriedad dada la transcendencia de la cuestión planteada y a los trabajadores que pueden considerarse afectados por la misma. La situación viene referida a una diferencia de la base reguladora de la prestación, a su vez determinada por la existencia de contratación a tiempo parcial y la afectación que ello produce sobre la integración de lagunas con bases mínimas parciales, aunque sea muy breve el periodo de tiempo de dicha contratación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 82/2017
  • Fecha: 14/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la competencia de la jurisdicción española. Demanda interpuesta por una española que presta servicios para una organización internacional con sede en Madrid. El recurso se articula en tres motivos. El primero afecta a la propia jurisdicción de los tribunales españoles para conocer del litigio. Los tres motivos del recurso deben ser resueltos conjuntamente, puesto que en todos se aborda la competencia de la jurisdicción española, desde distintas perspectivas jurídicas. No consta que se trate de un Organismo Especializado de la ONU, ni afiliado al sistema de Naciones Unidas ni haya suscrito con Naciones Unidas un acuerdo al respecto. La solicita la extinción indemnizada de la relación de servicios conforme al art. 50 ET. La Sala IV ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los límites de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros. Conforme a los parámetros interpretativos de la LO 16/2015, la sentencia analiza el alcance de lo dispuesto art. 11 del Convenio de Sede entre el Estado español y la ICCAT y concluye que la inmunidad de jurisdicción no alcanza las controversias que pueda mantener con sus empleados de nacionalidad española en puestos de trabajo de carácter puramente asistencial y técnico y la organización no dispone de un sistema alternativo para la resolución de las controversias en procesos laborales para hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos judiciales españoles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 16/2019
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra. El auto que acordó la extinción colectiva no incluyó al trabajador aquí demandante, por lo que, respecto del mismo, aquel auto no puede tener efectos de cosa juzgada. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social. Como consecuencia de lo expuesto, tal como informa el Ministerio Fiscal, debe resolverse el conflicto negativo de competencia afirmando la competencia de la jurisdicción social; y, por tanto, del Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2758/2017
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada gira en torno al efecto de cosa juzgada de la sentencia de conflicto colectivo en los pleitos individuales con relación de directa conexidad con aquella. El actor prestaba servicios para la empresa Cobega integrada en el grupo Coca-Cola. Varias empresas del grupo empresarial tramitaron un procedimiento de despido colectivo, movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo que finalizó con decisión unilateral del grupo de empresas. El actor optó por la recolocación en periodo voluntario. Adquirida firmeza la SAN que declaró la nulidad del despido colectivo, el actor interesó la readscripción a su anterior puesto de trabajo. Consta asimismo que por SAN 12-6-14, se apreció la excepción de litispendencia en relación a la demanda de conflicto colectivo de anulación de las recolocaciones en otros centros de trabajo con o sin movilidad geográfica, confirmada por TS 3-3-2016. Interpuesta demanda, la sala de suplicación estima la misma al entender que las recolocaciones voluntarias son medidas vinculadas al despido colectivo y en consecuencia han de correr la misma suerte que éste, y la nulidad de aquel alcanza a las medidas alternativas. Sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS y en aplicación el art. 160.5 LRJS declara que el efecto de cosa juzgada de la sentencia firme de conflicto colectivo obliga a estimar el recurso, porque la TS 3-3-2016 había desestimado la demanda en cuanto al fondo.

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