Resumen: La gestión recaudatoria comprende no solo las controversias sobre recaudación en sentido estricto, sino también aquellas que tienen por objeto declarar la obligación de cotizar o determinar el importe y alcance de las cotizaciones. Pero el concepto viene limitado a los asuntos que persigan el cobro de los recursos o que se refieran al ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, se está ante un pleito relativo a prestaciones de Seguridad Social cuando se pretende dilucidar, en una controversia surgida entre las partes del contrato de trabajo, si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios, ya que se trata de determinar si concurren o no los requisitos de acceso por este a las prestaciones de la Seguridad Social, lo que exige fijar previamente las condiciones de la relación laboral existente entre las partes para, luego, analizar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización. En el caso, el objeto del litigio está motivado por la falta de cotización por parte del empleador, aunque fuera parcial, por lo que lo que se persigue en él, en esencia, es que se reconozcan las condiciones de la relación laboral mantenida entre las partes, en concreto, las horas trabajadas, cuestión propia del conocimiento de los órganos del orden social, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.a) LRJS.
Resumen: La extinción de los contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y, solo como excepción, al juez del concurso, al que únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas. Los actores no pretenden la resolución de sus contratos de trabajo como consecuencia de la situación de insolvencia de la entidad concursada al amparo de lo dispuesto en el art. 50 ET -lo que permitiría considerar como colectiva la extinción solicitada tras la iniciación del expediente del art. 64 LC-, sino que ejercitan acciones individuales para que se declare improcedente el despido acordado por razones objetivas. Se está, en consecuencia, ante un despido que, aunque se notificara por el administrador concursal y alcanzara a la totalidad de la plantilla con cese total de la actividad de la empresa, no tiene consideración de colectivo, al no constar que hubiera otros despidos en los 90 días previos ni superar el número de 5 trabajadores establecido en el art. 51 ET para entender como colectivo el despido que afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa. Además, no consta que en el concurso de la entidad se tramitara el expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo contemplado en el art. 64 LC ni que se dictara el auto contemplado en su apartado 7 frente al que, en su caso, pudieran alzarse los trabajadores a través del incidente concursal en materia laboral. Corresponde conocer del asunto, en consecuencia, a los órganos del orden social.
Resumen: La cuestión se centra en determinar el derecho del trabajador a ser repuesto en el anterior puesto y categoría ostentado antes de la recolocación como medidas adoptadas en expediente de despido colectivo que fue declarado nulo cuando existe una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, con alcance de cosa juzgada. Se denuncia la infracción de los arts. 160.5 de la LRJS y 222 de la LEC y la doctrina de esta Sala, relativa a la eficacia de la cosa juzgada. La cuestión objeto de debate ha sido ya resuelta por esta Sala. Los procesos individuales que vengan referidos a la misma cuestión están afectados por lo que en el proceso de conflicto colectivo se haya resuelto y desestimándose la cuestión de fondo, lo mismo debe decidirse en aquéllos. La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa nos lleva a casar la sentencia recurrida al encontrarnos ante un trabajador afectado por las medidas alternativas de referencia, objeto del proceso de despido colectivo y del posterior conflicto colectivo en la que se impugnaron.La AN no declaró la nulidad de las medidas alternativas en el proceso de conflicto colectivo sino que entendió que la valoración jurídica de las mismas fueron examinadas en el proceso de despido colectivo con el resultado que indica y aquí hemos recogido y por ello consideró que el debate que traía el conflicto colectivo ya estaba resuelto en el proceso de despido. Y ese alcance es el que, por la vía de cosa juzgada excluyente, confirmó la Sala.
Resumen: Reclamándose en demanda el derecho al disfrute de 14 días festivos, cuya traducción económica no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.3 b) LRJS para acceder al recurso de suplicación, por sentencia de suplicación, revocatoria de la de instancia, se estima la demanda . La Sala 4ª del TS, al hilo de lo interesado por el Ministerio Fiscal, examina su competencia funcional, y aplicando la doctrina relativa a la afectación general, descarta que la misma exista. Y ello porque se trata de reclamación individual en la que no consta acreditada la afectación de un grupo importante de trabajadores. En efecto, no se conoce el número de trabajadores de la empresa afectados, ni el volumen de conflictividad que pudiera haberse generado. Tampoco tal afectación es notoria, pues en sede casacional sólo penden tres recursos. Por ello, se declara la irrecurribilidad de la sentencia de instancia.
Resumen: La sentencia aprecia la competencia funcional, sin necesidad del examen previo de la contradicción del art. 219 LRJS, como viene estableciendo la Sala de forma reiterada, porque la cuestión de fondo planteada es la compatibilidad de las prestaciones reconocidas en el regímenes general (IPT) y RETA (jubilación), y no únicamente su dimensión económica derivada de las diferencias resultantes entre la cuantía concedida para la pensión de jubilación (85,37%) en el RETA y la del 100% reclamado sobre la base del cómputo de las cotizaciones efectuadas en el régimen general, y que no alcanzan los 3.000 €.
Resumen: En relación con un litigio plural sobre reclamación de cantidad, se discute si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación, dada la cuantía de lo reclamado finalmente por los actores. La Sala IV, reitera doctrina, y declara que, en conflicto plural, el momento procesal adecuado para establecer el importe de la suma litigiosa es el de las conclusiones formuladas en el acto del juicio, no el de la demanda ni en el ulterior recurso. Dado que lo solicitado en el trámite de conclusiones superaba el importe de 3.000 € para algunos demandantes, el recurso de suplicación era procedente. Respecto al tema de fondo, se cuestiona si el acuerdo entre la anterior empresa y los representantes de los trabajadores (que cuando la jornada de trabajo fuese partida, tenían derecho a percibir media dieta) debe respetarse por la nueva, la Sala IV no entra a conocer del mismo por falta de contradicción. Son diferentes las circunstancias fácticas, las infracciones denunciadas en suplicación y por tanto, los términos del debate y la razón de decidir de las sentencias comparadas.
Resumen: Se reclaman diferencias salariales y se cuestiona el convenio colectivo aplicable a la relación de servicios que ha prestado el demandante al Ayuntamiento, en virtud de un contrato temporal determinado suscrito al amparo del Decreto Ley 6/2014, que regula el Programa de Empleo@Joven y la iniciativa emprende+ de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Se formulan dos puntos de contradicción referidos a la aplicación del convenio colectivo sectorial, al carecer la Corporación Local de convenio propio, y la justificación de distinto tratamiento en materia retributiva por el carácter subvencionado del contrato. La controversia goza del carácter de afectación generalizada. Concurre contradicción respecto de la sentencia de contraste invocada para el primer motivo de recuso. La cuestión traída en este motivo ha sido ya resuelta por la Sala, y ha señalado que ninguna de las doctrinas recogidas en las sentencias comparadas se ajustan a derecho. La norma autonómica no es fuente de la relación laboral ni podría serlo, dada la reserva que a la legislación estatal confiere el artículo 149.7 CE. En el caso que se plantea, cuando la Corporación Local carece de Convenio Colectivo propio u otra norma que reglamente las relaciones de trabajo, dicha Administración local no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las Asociaciones empresariales firmantes del mismo.
Resumen: La sentencia no aprecia afectación general para el reconocimiento del derecho de una trabajadora auxiliar de ayuda a domicilio de CLECE, del disfrute del descanso semanal de día y medio real y efectivo, sin que se solapen, así como a percibir una indemnización por daños y perjuicios derivada del solapamiento sufrido entre el descanso diario y el semanal por importe de 1.064,34 €, o subsidiariamente, la de 532,17 €. Porque la reclamación presenta signos particulares que la individualizan y apartan del concepto de generalidad, propio de la afectación que permite el acceso al recurso de suplicación, en tanto que tan solo alcanza a su concreta situación horaria y los daños y perjuicios que le ha irrogado la decisión empresarial que impugna, lo que determina la desestimación del recurso por falta de contenido casacional al ser la sentencia recurrida acorde con la doctrina de la Sala. La sentencia tampoco se pronuncia sobre la condena en costas igualmente cuestionada, al no apreciar en ese punto la necesaria contradicción.
Resumen: La mercantil para la que trabajaba la actora le comunicó el cambio del edificio donde prestaba sus servicios en la jornada de tarde pasando desde el día 1-10-2014 a otra sede de la Consejería, argumentando que con ese cambio esperaba que mejorara sustancialmente la situación actual de la empresa respecto al servicio de limpieza en los centros de su cliente Consejería de Economía y Hacienda de Madrid». En el juzgado se siguió el cauce del proceso ordinario y en suplicación se concluyó que contra la sentencia del Juzgado sobre movilidad geográfica no procedería ulterior recurso. No estamos ante una modificación sustancial de las condiciones del contrato del art 41 del ET. La sala acoge la tesis de la parte recurrente. El procedimiento ordinario seguido por la sentencia del juzgado de lo social era el adecuado para encauzar la demanda formulada, que, aunque articulada por traslado, no resultaba incardinable en un supuesto de movilidad geográfica que hubiera de tramitarse por la modalidad especial. Así, el fallo dictado en aquel procedimiento era susceptible del pertinente recurso de suplicación sin que de la dicción de la norma pactada resulte una interpretación diferente en orden a que la situación goce de una consideración material cualificada. Procede anular todas las actuaciones y retrotraerlas para que la Sala de segundo grado dicte nueva sentencia que, partiendo de la recurribilidad de la pronunciada por el Juzgado de lo Social.
Resumen: Se planeta si resulta procedente el recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, a pesar de que la cuantía es inferior a los 3000 euros que previene el art. 191.2 g) LRJS, por apreciarse afectación general en la materia que sobre la determinación de la base reguladora de la prestación por desempleo se plantea por el demandante y recurrente. La Sala del TSJ apreció la falta de cuantía para acceder a la suplicación de conformidad con lo previsto en el art. 191.2 g) LRJS y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. La sentencia de contraste resulta totalmente inidónea puesto que fue casada y anulada por la Sala Cuarta. Sin embargo el problema jurídico que se ha de resolver se refiere finalmente a la competencia funcional de la Sala del Tribunal Supremo y no se encuentra condicionado por el presupuesto de la contradicción por afectar al orden público procesal. La sentencia recurrida no se ajustó a la doctrina de la sala, lo que no impide que deba aplicarse ahora la nueva orientación de acceso al recurso en estos supuestos de contenido similar, como el presente, en el que la reclamación del actor es semejante, relativa a las diferencias de la base reguladora de la prestación por desempleo contributivo, aplicando el art. 211.1 LGSS, en relación con el cómputo de los 180 días anteriores al hecho causante para el cálculo de dicha base, siendo la diferencia muy inferior a los 3000 euros, pero de evidente interés y afectación general.