• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 18/2018
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El demandante no está impugnando directamente un determinado acto de gestión recaudatoria, ni está está suscitando cuestiones que pudieren estar más o menos vinculadas o ser consecuencia del mismo, y ni tan siquiera se ha producido una actuación de tal naturaleza por parte de las entidades gestoras competentes.La demanda se formula exclusivamente contra la propia empresa, sin que la acción se dirija frente a los organismos encargados de la gestión recaudatoria que no son parte en el procedimiento, y lo que se solicita es la condena de la empresa a cumplir con la obligación derivada del contrato de trabajo en materia de seguridad social que supone la de cotizar por la prestación de desempleo. Se trata de determinar si la empresa cotizó adecuadamente por el trabajador en atención a las circunstancias concurrentes en la prestación de sus servicios. En ese tipo de asuntos la competencia corresponde al orden social, por cuanto la determinación de la concurrencia de los requisitos de acceso a las prestaciones de Seguridad Social es una cuestión de la competencia directa y exclusiva del orden jurisdiccional social, y deben comprenderse en ese ámbito competencial cuantas cuestiones se puedan plantear y tengan incidencia directa sobre el derecho al percibo de prestaciones de Seguridad Social. El trabajador sostiene que la naturaleza de la relación laboral especial de médico residente no impide que tenga derecho a las prestaciones de desempleo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 4474/2017
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La SJS estimó la demanda interpuesta por la Mutua colaboradora declarando responsable al INSS, en lugar de a la Mutua, del pago de la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes reconocida al trabajador por importe de 1800 euros. La STSJ declara la irrecurribilidad de la SJS por razón de la cuantía, sin que pueda apreciarse afectación general. El TS recuerda que la formalización del recurso de casación unificadora ha de realizarse cumpliendo los presupuestos formales del art. 219 LRJS, si bien la cuestión de la competencia puede ser analizada de oficio. Y reitera su doctrina sobre el acceso al recurso de suplicación en procesos de Seguridad Social, de manera que cuando se reclama frente al importe asignado a la base reguladora de una prestación, o un incremento en el porcentaje aplicable a la base reguladora, o respecto de cualquier otro aspecto atinente a una diferencia cuantitativa, que no al reconocimiento de la prestación, el acceso al recurso pende de que lo reclamado sea por diferencia superior a 3.000 euros anuales; y esto es lo que sucede en el presente caso, dado que la pretensión no iba encaminada a la obtención de reconocimiento de la prestación, sino a la determinación de la entidad responsable de su abono, en cuantía que no excede de 3.000 €, por lo que la SJS no era recurrible. Y sin que a la Sala IV le conste ni aprecie que sea un hecho notorio que en el asunto examinado concurra la nota de afectación general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4378/2017
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si procede el acceso al recurso de suplicación contra una sentencia de instancia dictada en un proceso en el que la Mutua demandante cuestiona haber sido declarada responsable del pago prestación por lesiones permanentes no invalidantes derivadas de enfermedad profesional por importe de 1.800 €, pretendiendo que el abono de dicha prestación corra a cargo del INSS. La SJS estimó la demanda, condenando al INSS al pago; el TSJ declaró la improcedencia del recurso de suplicación interpuesto. El TS, tras indicar que en no es aplicable la doctrina establecida en la STS de 11-11-2014 (R. 384/2014), en la que se posibilita el acceso a suplicación cuando el objeto inicial de la pretensión no iba encaminada a la obtención de diferencias económicas, sino al reconocimiento de la prestación de incapacidad permanente, concluye que en el caso no cabe recurso de suplicación contra la sentencia de instancia dado que el objeto inicial de la pretensión no iba encaminada a la obtención de reconocimiento de la prestación de lesiones permanentes no invalidantes, la que no se cuestiona, ni en su procedencia ni en su cualificación, sino que la pretensión actora iba dirigida a la determinación de la entidad responsable del abono; y como esta imputación de responsabilidad no excede de 3.000 €, no alcanza el límite cuantitativo de acceso a al recurso de suplicación (art. 191.2.g LRJS). Tampoco concurre la afectación general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
  • Nº Recurso: 16/2018
  • Fecha: 19/02/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El presente conflicto se plantea entre el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, en el incidente concursal 43/2016, y el Juzgado de lo Social número 2 de Lugo, en el procedimiento de despido número 1237/2014. Se trata de dilucidar cuál es el competente para conocer de una controversia en la que la parte actora impugna su despido, acordado por razones objetivas, de la mercantil Grupo MGO, S.A., que se encontraba en concurso de acreedores. Pues bien, el conflicto de competencia negativo se resuelve en el sentido de que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción social, pues, como regla general, el conocimiento de los conflictos relativos a la extinción de contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y sólo como excepción al juez del concurso, al que únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas -o de las impugnaciones individuales que frente a las mismas promuevan los trabajadores afectados-, además de las relativas a contratos de alta dirección. Además, el demandante no pretende la resolución de su contrato de trabajo como consecuencia de la situación económica o de insolvencia de la entidad concursada, sino que se declare improcedente el despido acordado por la empresa por razones objetivas y se imponga a ésta su readmisión con abono de los salarios de tramitación o, a elección de la entidad demandada, la correspondiente indemnización.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 715/2017
  • Fecha: 13/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: Se formula recurso por el Ministerio Fiscal, planteando la cuestión relativa a la competencia o incompetencia de este orden jurisdiccional social para conocer de las reclamaciones de pago de intereses moratorios dirigidas contra el FOGASA, evitando posibles nulidades procesales e inseguridad jurídica. El TSJ, confirmando la SJS, estimó que el orden jurisdiccional social era incompetente, derivando la cuestión al de lo contencioso- administrativo, por entender, fundamentalmente, que estamos ante una responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de su funcionamiento normal o anormal, al dictar el acto administrativo de reconocimiento del pago de salarios e indemnización a favor del trabajador mediante una resolución administrativa tardía. Pero no se comparte por la Sala IV, que estima el recurso, al igual que hizo en resoluciones anteriores, entendiendo que deben considerarse unidas las reclamaciones de cantidad y de intereses derivados de falta de pago puntual, habida cuenta la accesoriedad de la obligación de pago de intereses, ya que no puede existir en ausencia de una obligación principal, lo que determina que el régimen legal de la primera deba ser el de la segunda; y el artículo 2.ñ) LRJS atribuye a los órganos de la jurisdicción social el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan contra el FOGASA cuando le imponga responsabilidad la legislación laboral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 6/2018
  • Fecha: 06/02/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen y confirma el fallo combatido estimatorio de la demanda. El TS tras descartar que nos hallemos ante un conflicto de intereses y sí ante un conflicto de interpretación del Convenio colectivo de la demandada, y rechazada asimismo la alegada incongruencia omisiva, cifra la cuestión de fondo en la necesidad de determinar si el personal afectado por el conflicto colectivo tiene derecho a recibir la formación de carácter obligatorio dentro de la jornada anual de 1760 horas [computándose como de trabajo efectivo], o si la misma es reconducible a las horas de formación contempladas en el art. 40 del convenio, optando por la primera proposición. Señala, en interpretación de los preceptos convencionales en liza, que hay argumentos sólidos para considerar que la formación obligatoria legalmente debe incluirse dentro de la jornada de 1760 horas y que las 40 horas adicionales son para la formación que resulta obligada por mandato del convenio. En ese tiempo adicional a las 1760 horas el trabajador está obligado a seguir las acciones "promovidas o impartidas por la empresa a fin de obtener una determinada especialización o una más amplia formación profesional, siempre y cuando se realice dentro de jornada" (art. 36.2 Convenio). La mera lectura del precepto muestra que no hay referencia alguna al carácter de la formación; lo que conduce a la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 1141/2017
  • Fecha: 31/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El JS deniega el despacho de ejecución por encontrarse la empresa en situación de concurso y con el convenio de acreedores aprobado desde fecha anterior a dictarse la sentencia que constituye el título ejecutivo. Recurrido el Auto en suplicación, el TSJ de Madrid revoca el mismo y declara la competencia del orden social de la jurisdicción. Tras apreciar la existencia de contradicción la Sala IV declara aplicable la doctrina de la Sala de Conflictos de competencia del Tribunal Supremo que, del juego de los arts. 8.3 LC, que atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva para toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado y el art. 55 LC, que delimita temporalmente dicha competencia desde el momento de la declaración del concurso hasta la aprobación del plan de liquidación, ha entendido que, "desde la aprobación del convenio, el concursado recobra el pleno control societario, estando sujeto únicamente al control del juez del concurso en lo que ataña al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio aprobado, por lo que los créditos no incluidos en el mismo (...) son ajenos a dicho control y, por lo tanto, a la competencia del juez del concurso". La Sala IV, desestima el recurso conforme a la doctrina expuesta, ya que en este caso los titulares de los créditos privilegiados no han quedado afectados por el convenio al ser posteriores a la aprobación de aquel.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
  • Nº Recurso: 3450/2015
  • Fecha: 24/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la excepción de falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles y de la procedencia del despido. Se cuestiona la competencia de la jurisdicción irlandesa, al ser este país el de domicilio, el del pago del salario y el de la prestación de servicios, que se llevaban a cabo en aeronaves de tal nacionalidad. Se trata de un trabajador extranjero con permiso de residencia y domicilio en España que prestó servicios primero en una empresa domiciliada en la República de Irlanda, que lo cedió a otra en calidad de tripulante de cabina de pasajeros y que posteriormente fue contratado directamente por esta última determinándose que el trabajador tendría su base principalmente en un aeropuerto español, habiendo prestado servicios durante toda la vigencia del contrato con esa base territorial. El contrato, celebrado en Dublín, determinaba que los aviones estaban registrados en Irlanda y que en la medida que el trabajo se desarrollaría en los mismos, su puesto de trabajo debía considerarse situado en ese país. Hay cláusula de sumisión a la jurisdicción irlandesa. La competencia es de los tribunales españoles vistos los factores de relevancia que se concitan y que permiten entender como conexión territorial la del aeropuerto español constituido como base operativa habilitatorio del fuero alternativo elegido por el actor de conformidad con la norma comunitaria y con la trascendencia que a ese concepto, base, le otorga la propia jurisprudencia europea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 1690/2017
  • Fecha: 23/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la competencia de la jurisdicción social para resolver sobre la ejecución de la condena al pago de determinada cantidad, derivada de obligaciones laborales, a una empresa en situación de concurso de acreedores, cuando la misma ha sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad productiva en funcionamiento, a una tercera empresa que se hizo cargo de ciertos empleados, como sucesora de la concursada con efectos del art. 44 ET y si ha existido sucesión de empresa y subrogación en las obligaciones laborales. Es competencia de la jurisdicción social porque se encuentra implicada la empresa adquirente, que no ha sido parte en el proceso concursal y se ha limitado a comprar una unidad productiva, solución seguida por la Sala de Conflictos de Competencia. Se estima el recurso porque como la empresa contra la que se amplia la ejecución adquirió bienes de la concursada que pudieran constituir una unidad productiva autónoma, y podría venir obligada a subrogarse en ciertas obligaciones laborales de la concursada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 186/2017
  • Fecha: 23/01/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora, presentada por la trabajadora, educadora de disminuidos, reclama el abono de la gratificación por participar en el comedor, por el periodo correspondiente al curso escolar 2013/2014 por importe que no alcanza a los 3.000 euros. La Sala IV analiza, de oficio, si tiene competencia funcional para conocer del recurso, consecuencia de ser o no recurrible en suplicación la dictada en la instancia al tratarse de una materia que afecta al orden público procesal, concluyendo con la irrecurribilidad de la sentencia de instancia por falta de cuantía para el acceso al recurso de suplicación y por falta de afectación general. El Juzgado de lo Social tan solo refiere que existe una multiplicidad de procesos planteados sobre la misma cuestión y que existen criterios opuestos sobre su resolución sin que de ello se pueda obtener, a falta de una mayor determinación fáctica, si el asunto deja de ser plural. Tampoco concurre la afectación general por notoriedad pues no se conoce que se hayan seguido un gran número de litigios, cuando ante esta Sala tan solo pende la existencia de este único asunto, y se desconocen las demandas presentadas, o reclamaciones formuladas ante la propia demandada.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.