• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4516/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor percibía dos complementos salariales. La empresa dejó de abonarle estos pluses y el trabajador interpuso demanda de modificación sustancial solicitando que se declare injustificada dicha modificación y se reponga al demandante en las condiciones laborales que disfrutaba y se le abone una indemnización. La cuestión suscitada consiste en determinar si cabe interponer recurso de suplicación contra la sentencia cuando se solicita que se deje sin efecto la decisión impugnada y se condene a la empresa al pago de una indemnización por daños y perjuicios superior a 3.000 euros. La Sala Cuarta tiene competencia funcional para conocer del recurso resolviendo si es recurrible en suplicación la dictada en la instancia, por afectar al orden público procesal. se ha acumulado una reclamación de daños y perjuicios en cuantía superior a los 3.000 euros. El TS realizó una interpretación integradora de los arts. 191.2.e) y g) y 192 de la LRJS y la doctrina ha sido reiterada, admitiendo el recurso de suplicación argumentando que la acumulación de las acciones de impugnación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo y reclamación de cantidad superior a 3.000 euros determina que la sentencia de instancia es recurrible en suplicación. Además, en dichos supuestos, la invocación de la violación de derechos fundamentales permitía igualmente el acceso a suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 4093/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda en la que se impugnaba una decisión empresarial al entender que contenía una modificación sustancial de condiciones -afectante a la jornada de la trabajadora- y, al mismo tiempo, denunciaba la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de género. La Sala de suplicación desestimó el recurso de suplicación de la trabajadora en relación a la existencia de la lesión del derecho fundamental invocado, y declaró inadmisible el de la empresa que combatía la declaración de improcedencia de aquella decisión suya de alteración de las condiciones de trabajo, y ello por entender que no cabía recurso sobre dicha materia. Y el TS no comparte tal parecer y da a tal cuestión una respuesta positiva. Recuerda al efecto que puede examinar de oficio la competencia funcional aunque no concurra la contradicción entre sentencias. Y falla manteniendo el criterio sentado en anteriores resoluciones, entre otras, de Pleno de 10-3-2016 (R. 1887/2014) y 22-6-2016 (R. 399/2015), criterio confirmado por el TC en su sentencia 149/2016, de 19 de septiembre, en el sentido de que sí procede el recurso cuando a la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo se acumula una de tutela de derechos fundamentales en aplicación del art. 191.3.f) LRJS, puesto que son recurribles las sentencias en las que se resuelve sobre una pretensión de tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal utilizada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 30/2019
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación ordinaria declaró la falta de jurisdicción de la Sala de lo social del TSJ de Las Palmas para conocer de la demanda de conflicto colectivo planteada por la empresa, en la que se solicita que se aplique la clausula "rebus sic stantibus" respecto de los incrementos de antigüedad del convenio. Entiende la sala de instancia que lo planteado en demanda constituye un conflicto de intereses que no puede dilucidarse ante la jurisdicción. En los recursos de casación planteados por la empresa demandante y por la sección sindical demandada se discrepa de la falta de jurisdicción apreciada en la sentencia impugnada. La sala IV, tras recordar la doctrina jurisprudencial relativa al objeto del proceso de conflicto colectivo y a la diferenciación entre conflictos jurídicos y de intereses, concluye que no puede negarse la competencia de los órganos judiciales del orden social. Si la parte actora carece de acción porque lo pretendido no es un conflicto jurídico, sino de intereses, procederá desestimar la demanda, pero en ningún caso cabe negar el acceso a los tribunales del orden social. Por todo ello, se estiman los recursos y se anula la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones a la sala de origen para que resuelva todas las cuestiones suscitadas en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1062/2018
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada se centra en determinar si la situación de jubilación por discapacidad igual o superior al 65% impide el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pretensión desestimada por la Sala de suplicación al declarar la falta de acción, al no poder ser objeto de revisión la IPA al estar en situación de jubilación ordinaria por discapacidad. El TS comparte tal parecer, y tras repasar el marco normativo, recueda que no hay un expreso pronunciamiento sobre el tema. Así las cosas, y efectuado un minucioso examen de los diversos supuestos de jubilación, concluye que la jubilación ordinaria no sólo es la que establece el art. 205 LGSS sino que, junto a ella, hay otras que merecen igual calificativo, como la que aquí se debate, conocida como jubilación por discapacidad del art. 206.2 LGSS y sin coste en la protección. De la interpreteación del art. 200.2 LGSS se colige que la prestación de IP, en tanto que en ella entre en juego como requisito para su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se alcance la que como tal tengan establecida colectivos específicos, en donde el número de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el allí establecido. La remisión del art. 205.1 a) a la edad de una persona, se vincula también a una contingencia. La sentencia tiene Voto Particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2979/2018
  • Fecha: 26/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada consiste en decidir si el trabajador, que se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) y no acude a recoger los avisos de Correos remitidos por la Mutua colaboradora, debe ser tenido por incomparecido el día que fue llamado a reconocimiento médico, al no justificar la causa de la incomparecencia. La sentencia señala que a la vista de las actuaciones, el proceso que se ha seguido es el ordinario y no el de impugnación de alta médica; pero dado que lo que realmente se combate es la falta de percibo de la IT correspondiente a un total 36 días - que, atendiendo a que la base reguladora es de 41,25 euros/día, no superaría los 3.000 euros -, es claro que no habría cuantía para recurrir en suplicación, no apreciándose tampoco afectación general, dadas las circunstancias particulares del caso, declarando por ello de oficio la nulidad de actuaciones por falta de competencia funcional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV resuelve la demanda que tiene por objeto impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11-5-2018, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1-09-2017, que confirmó el Acta de Infracción e impuso a la mercantil CHAIN SA una sanción por impago de cuotas de SS. Se resuelve, en primer lugar, acerca de la falta de competencia del orden social para resolver la cuestión planteada. La Sala, rectificando su doctrina anterior (STS 21-1-2014 (R. 2-2012) y 28-10-2013, (R. 3-2012) declara la competencia de la jurisdicción social. Tras examinar la alegación de que se ha producido la caducidad del expediente administrativo, por mor de lo dispuesto en el artículo 20.3 del RD 928/1988, modificado por el artículo único del RD 772/2011, declara aplicable el artículo 20.3 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la SS, aprobado por el RD 928/1998, por lo que no se ha producido caducidad del expediente. No hay omisión en el acta de infracción de la Inspección Provincial respecto a los expedientes de derivación de responsabilidad por las deudas de la empresa CHAIN SA a la SS. El pago de la deuda con anterioridad a que el Consejo de Ministros dictara resolución acordando imponer una sanción a la empresa CHAIN SA, pero con posterioridad al acta de la Inspección de Trabajo, no le exime de responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 195/2019
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia del TSJ que desestimó la demanda presentada por los integrantes de la Comisión Negociadora y declara el despido colectivo ajustado a derecho. La Sala rechaza las modificaciones fácticas propuestas. La parte recurrente denuncia una infracción de carácter procesal, referida a la nulidad de la sentencia por inadmisión de prueba testifical de los componentes de la Comisión representativa de los trabajadores creada ad hoc, para la tramitación del despido colectivo; la Sala IV declara que la prueba de interrogatorio de las partes solo puede ser propuesta por las otras partes del proceso de forma que los demandantes no pueden proponer como prueba su propio interrogatorio. Respecto a la existencia de grupo de empresas, inalterado el relato fáctico, declara que no concurre. Con relación al motivo de infracción de norma para declarar la nulidad del despido colectivo por no haber obtenido autorización del Juez del Concurso, la Sala declara que no procede al estar archivado el proceso concursal por insuficiencia de masa. También se desestima el motivo destinado a la declaración de nulidad del despido colectivo por no aportar la documentación necesaria al entender que la representación de los trabajadores tuvo a su disposición la documentación necesaria para negociar. Respecto del último motivo declara que la falta de puesta a disposición de la indemnización a los trabajadores afectados por el despido no afecta a la calificación del despido colectivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 3360/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia anotada se cuestiona la naturaleza jurídica de la relación, laboral o de arrendamiento de servicios, que han tenido las partes. Pero la Sala IV no entra en el fondo del asunto, en cuanto a las cuestiones suscitadas de índole procesal, por la falta de aportación de sentencias de contraste y en lo que atañe al fondo del asunto, al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencias enfretadas dentro del recurso. Así, y como se había declarado en un pronunciamiento anterior [TS 29/11/2018, rec. 134/17], distinta es la actividad desarrollada por cada uno de los trabajadores, concurriendo asimismo notables diferencias en la prestación de servicios por la plena libertad y autonomía que tenía el actor en el caso de la sentencia de contraste, al no ser obligatoria su asistencia, ni estar sujeto a horario, ni venir obligado a dar cuentas de lo hecho, sin recibir órdenes o instrucciones, sino simples indicaciones de los problemas existentes, circunstancias diferentes a las del desempeño de su actividad por la trabajadora en el caso de la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 15/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conforme a la doctrina mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia, así como por las Salas Tercera y Cuarta TS, cuando se está ante la impugnación de la resolución de una convocatoria de plazas laborales de la Administración pública, el criterio para la atribución de competencia a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración: cuando se puede acceder desde el exterior, el enjuiciamiento corresponde al orden contencioso-administrativo; en aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración, la competencia corresponde al orden social. Pero, es más, como ha señalado recientemente la Sala Cuarta TS, es voluntad del legislador de 2011 a través de la LRJS atraer al orden social, por su mayor especialidad, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por especial conexión, puedan calificarse como sociales, incluso cuando esté implicada la Administración pública. En el caso, la parte actora es personal laboral fijo de la Administración General del Estado desde 2010, destinada como trabajadora social en un centro penitenciario, e impugna la resolución de un concurso de traslado en el que únicamente podía participar personal laboral ya vinculado con la Administración. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde a los órganos del orden social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 23/2019
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El personal que presta servicio en los Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes depende del ayuntamiento respectivo, sin que esté contemplado sobre quién ha de recaer el nombramiento de la persona que el ayuntamiento considere «idónea» para desempeñar su Secretaría, persona que no es un funcionario público, sino un particular al que se encomienda el ejercicio de funciones públicas. No existe normativa reguladora de las condiciones de provisión de estas Secretarías ni en lo que atañe a las exigencias o requisitos para proveer las plazas ni en cuanto a la clase de régimen o vínculo jurídico que la persona elegida ha de mantener con el ayuntamiento respectivo, que tiene plena libertad para designar a personas que con las que ya mantiene un vínculo funcionarial -así, el secretario del ayuntamiento o un funcionario de la plantilla municipal-, para concertar un contrato laboral con retribución salarial y alta en la Seguridad Social de la persona elegida o para designar a una persona sin vínculo funcionarial ni laboral, sin alta en la Seguridad Social, limitándose a retribuirla mediante una indemnización. Por ello, es a la clase de vínculo jurídico existente entre las partes a la que ha de atenderse para resolver el conflicto. El análisis de las concretas circunstancias a través de las que la demandante desempeñó sus funciones pone de manifiesto que su relación con el ayuntamiento demandado es laboral, por lo que la competencia corresponde a los órganos del orden social.

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