• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1517/2018
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones el actor impugna la sanción por falta muy grave impuesta por la empresa. La sentencia de instancia estimó caducada la acción, decisión revocada por la sala de suplicación, que desestima tal excepción. Recurre la demandada en casación unificadora planteando dos motivos de recurso. En primer lugar, alega la irecurribilidad de la sentencia de instancia. La sala IV, teniendo en cuenta que la sentencia impugnada desestimó la excepción de caducidad y que, por tanto la sanción impuesta no fue confirmada judicialmente, se plantea si la empresa está legitimada para recurrir en casación unificadora, cuestión vinculada al examen de la cuestión competencial, por lo que la sala es competente para su examen de oficio y con independencia del cumplimiento de la exigencia de contradicción entre sentencias. Y se razona que la apreciación de la caducidad equivale a la firmeza de la sanción, lo que abre la vía de recurso con arreglo a lo recogido en el art. 193.3.f de la LRJS. Concluye la sentencia analizada indicando que el recurso basado en infracciones procesales no podrá extenderse al examen de infracciones de normas sustantivas, a tenor de lo recogido en el art. 193.e de la LRJS, por lo que se desestima el recurso formulado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4746/2019
  • Fecha: 25/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV, en Pleno, ha declarado que la relación existente entre un repartidor, rider, y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral. El Tribunal rechaza elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por no existir dudas razonables en relación con la aplicación del Derecho de la Unión. En cuanto a la calificación de la relación, tras una profusa e interesante labor argumental, sostiene que no concurren las condiciones exigidas por el art. 11.2 de la LETA para tener la condición de TRADE y si, por el contrario, las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. La empresa presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, estando sujetos a las directrices organizativas fijadas por la empresa. La forma de prestación del servicio, como su precio y forma de pago se establecen por Glovo, que ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo. El 2º motivo- incongruencia de la sentencia- se desestima por falta de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1152/2018
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada trae causa de demanda formulada por la trabajadora en materia de "reclamación de derechos y nulidad", a fin de obtener el reconocimiento de la condición fija discontinua, que el juzgado tramitó como modificación sustancial de las condiciones de trabajo con vulneración de derechos fundamentales, atendido que el escrito de demanda indicaba que la firma había sido bajo amenaza de despido. La Sala de suplicación declaraba la incompetencia funcional al tener en cuenta que es una demanda individual de condiciones laborales formulada contra la decisión empresarial de modificar jornada y salario de la actora, al margen de que el empresario entendiera que se trataba de una regularización del contrato. Y el TS da a tal cuestión una respuesta positiva. Recuerda al efecto que puede examinar de oficio la competencia funcional aunque no concurra la contradicción entre sentencias. Y falla manteniendo el criterio sentado en anteriores resoluciones, entre otras, de Pleno de 10-3-2016 (R. 1887/2014) y 22-6-2016 (R. 399/2015), declarando que aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, una vez que el legislador ha previsto la suplicación, no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar acceso al recurso pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 815/2018
  • Fecha: 16/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras reclamar la empresa Gas Natural cantidades relacionadas con los suministros eléctricos en aplicación del convenio de empresa (importe del IVA e impuesto especial eléctrico que la empresa entiende debió abonar el trabajador y consumos una vez decaída la tarifa especial de la que venía disfrutando), por sentencia de instancia se estimó parcialmente la demanda, sentencia revocada en suplicación para desestimar ésta, declarándose la incompetencia del orden jurisdiccional social al ser competencia del orden civil, además de prescripción del derecho de la empresa a reclamar los tributos devengados al superarse el plazo de 1 años del art. 59 ET. Ante la cuestión de que la acción no está prescrita porque se trata de una mejora voluntaria de Seguridad Social con plazo de prescripción de 4 años, la Sala 4ª, reiterando abundante jurisprudencia anterior, confirma la sentencia de suplicación, por entender que el suministro de energía eléctrica no es una mejora de pensión de jubilación, siendo de aplicación el plazo de prescripción del art. 59 ET, ya que se disfruta por el trabajador como consecuencia del trabajo prestado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 3905/2017
  • Fecha: 09/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si la adquirente de la unidad productiva de una concursada resulta responsable de las obligaciones que la cedente tenía frente a personas despedidas con anterioridad. El recurso de casación unificadora solicita que se declare la inexistencia de sucesión de empresa y la ausencia de responsabilidad respecto de las deudas salariales e indemnizatorias anteriores a la adjudicación de la unidad productiva. La cuestión ha sido afrontada ya por la Sala Cuarta que explica que el art. 44 ET es plenamente aplicable y que la adquirente de la unidad productiva debe hacerse cargo de la responsabilidad derivada del despido respecto a los trabajadores cuyos contratos de trabajo ya se habían extinguido previamente, porque con la adjudicación en realidad se había producido el cambio de titularidad de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, y porque el artículo 44 ET es una norma de carácter imperativo y el apartado 4 del art. 148 LC conduce a la conclusión de que la norma no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa, al remitir al artículo 64 LC los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o extinciones colectivas de contratos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1338/2018
  • Fecha: 24/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión objeto de debate en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la acción de despido está caducada y, en concreto, si el plazo de caducidad se encuentra suspendido por la presentación de una reclamación previa frente a la Administración Pública empleadora sin que la misma fuera exigible. La Sala de lo Social, en lo que ahora interesa, dejó sin efecto la excepción de caducidad apreciada en la instancia porque, atendiendo a lo que dispone el art. 69 de la LRJS y la doctrina constitucional sobre la incidencia de la reclamación previa en las acciones sujetas a plazos de caducidad, considera que al incurrir el acto de notificación del despido de defectos formales, ya que no señalaba si aquella decisión era definitiva o que recursos podían interponerse y en que plazos, ello permite que la reclamación previa, aunque no era exigible, despliegue el efecto de suspensión del plazo de caducidad. La Sala IV concluye que el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce no solo el contenido de la decisión sino cómo actuar frente a ella que es lo que ha entendido la sentencia de contraste. En el supuesto analizado, al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir se mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona afectada "interponga cualquier recurso que proceda" y la desaparecida vía de reclamación previa ya no cumple ese requisito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4299/2017
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si procede el acceso al recurso de suplicación contra una sentencia de instancia dictada en un proceso en el que la Mutua demandante cuestiona haber sido declarada responsable del pago prestación por lesiones permanentes no invalidantes por importe de 1.800 €, pretendiendo que el abono de dicha prestación corra a cargo del INSS. La SJS estimó la demanda, condenando al INSS al pago; el TSJ declaró la improcedencia del recurso de suplicación interpuesto. El TS, con remisión a lo recogido en la STS de 19/2/2019 (rec. 4378/2017), concluye que en el caso no cabía recurso de suplicación contra la sentencia de instancia dado que el objeto inicial de la pretensión no iba encaminada a la obtención de reconocimiento de la prestación de lesiones permanentes no invalidantes, la que no se cuestiona, ni en su procedencia ni en su cualificación, sino que la pretensión actora iba dirigida a la determinación de la entidad responsable del abono; y como esta imputación de responsabilidad no excede de 3.000 €, no alcanza el límite cuantitativo de acceso a al recurso de suplicación (art. 191.2.g LRJS). Tampoco concurre la afectación general pues, aparte de que no en la sentencia de instancia se hace referencia a la misma, a la Sala IV no le consta que sea un hecho notorio ni que existan un alto número de letigios de contenido similar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 1757/2018
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor reclamó el reintegro de gastos médicos en cuantía de 2042,40€. El INSS dictó resolución reconociendo el derecho al reintegro de gastos médicos, pero no en la cuantía solicitada, sino en 177,08€. La sentencia de instancia desestimó la demanda formulada en materia de reintegro de gastos. La sentencia de suplicación, tras dar acceso al recurso por entender que estamos en ante un litigio en materia de reconocimiento o denegación de prestaciones, estima el formulado por el actor, condenando a la entidad gestora a abonarle la suma de 2041,4 €. Recurre en casación unificadora el INSS para combatir la decisión relativa a la recurribilidad de la sentencia de instancia. Y la sala IV estima el recurso y concluye que la sentencia del juzgado no era recurrible en suplicación porque en el caso enjuiciado, al contrario de lo que se aprecia en otras sentencias de esta sala, no se debate el reconocimiento o denegación de una prestación de seguridad social, sino la cuantía concreta que corresponde percibir al actor en concepto de reintegro de gastos médicos. Y en este caso ha de estarse al límite legal cuantitativo de acceso al recurso establecido en el art. 191 de la LRJS
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 4/2018
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia declara la competencia de la jurisdicción social para conocer de la impugnación de una sanción impuesta por el Consejo de Ministros, por la falta de ingreso de cotizaciones debidas al régimen general Seguridad Social, no vinculada a acta de liquidación, de acuerdo con la interpretación conjunta de los arts. 2.s) y 3.f) LRJS, pues no cabe duda de que estamos ante un acto con claro componente sancionador, tratándose de un acta de infracción que no va acompañada de acta de liquidación de cuotas, aunque la recurrente combata los módulos de cálculo utilizados, recayendo la competencia objetiva sobre la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de acuerdo con el art. 9 LRJS. Por otra parte, la sentencia considera que la metodología utilizada para la fijación de la sanción es la correcta y que la sanción es adecuada a derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3865/2018
  • Fecha: 16/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de instancia desestimó la reclamación de cantidad, en la que los actores reclamaban al Ayuntamiento las diferencias salariales habidas entre lo cobrado y lo debido de percibir conforme al Convenio Colectivo Estatal de Jardinería. Los actores habían suscrito con el ayuntamiento un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial. En cláusula adicional se indicaba que el contrato se suscribía dentro del programa de empleo joven aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía y se regulaba por dicha norma. La Sala de suplicación, se considera competente a pesar de que la cuantía no alcanza los 3000 euros por haber resuelto ya el por auto auto el acceso al recurso por afectación general y concluye que no puede estimarse la demanda porque no puede pretenderse la aplicación del convenio provincial sectorial de la construcción a unas relaciones laborales que se regulan por un sistema privilegiado de acceso al empleo en una administración pública, en la que tal acceso debe basarse en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La Sala Cuarta desestima el primer motivo de recurso remitiéndose a una sentencia previa de la misma sala en la que se consideró que los demandantes pretendían soportar su reclamación en el convenio colectivo de jardinería. Respecto del segundo motivo de recurso no se aprecia entre las sentencias comparadas la contradicción exigida por el art. 219 LRJS.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.