Resumen: Se reitera, de un lado, la doctrina que declaró la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario celebrado entre Bankpime y Caixabank y, de otro, la doctrina que reconoce legitimación pasiva a la empresa que comercializa el producto de inversión para soportar la acción de nulidad del contrato por el que el cliente obtuvo el producto y , en caso de condena, restituir al cliente la prestación consistente en el precio que este pagó por la adquisición del producto. La transmisión por Bankpime a Caixabank de su negocio bancario como unidad económica y, como elemento integrante de dicha transmisión, la sustitución de Bankpime por Caixabank en la posición contractual que aquel ostentaba frente a cada uno de sus clientes del negocio bancario, justifica que estos clientes pudieran ejercitar contra Caixabank las acciones de nulidad contractual, por error vicio, respecto de los contratos celebrados por Bankpime antes de la transmisión del negocio bancario, sin perjuicio de las acciones que Caixabank pueda ejercitar contra Bankpime para quedar indemne frente a esas reclamaciones, conforme a lo previsto en el contrato celebrado entre ambos bancos. La Sala casa la sentencia, asume la instancia, rechaza la caducidad de la acción y la necesidad de que fuera demandada Bankpime y confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: La sala estima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había declarado caducada la acción de anulación por error vicio del consentimiento de unos contratos de intercambio «cuota segura» asociados a las cuotas de préstamo concertados entre las partes. La Audiencia razonó que el plazo debía computarse desde que los clientes empezaron a recibir liquidaciones negativas, por lo que cuando se interpuso la demanda la acción estaba caducada. La sala reitera su jurisprudencia sobre el dies a quo del plazo para el ejercicio de la acción de anulación por error en el consentimiento. En los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Los contratos impugnados vencen en los años 2028 y 2022, por lo que cuando se interpuso la demanda el plazo para el ejercicio de la acción no había transcurrido. Asunción de la instancia y revisión del juicio fáctico y jurídico. La prueba practicada permite concluir que la entidad financiera incumplió sus obligaciones legales de información y ello indujo a error al cliente sobre un extremo esencial: la verdadera naturaleza del producto, sus riesgos en caso de bajada de los tipos de interés y el alto coste de cancelación. Se estima la demanda.
Resumen: Cláusula penal. Moderación de la pena. No procede cuando la cláusula se refiere precisamente al incumplimiento producido. Es doctrina constante de la Sala que cuando la cláusula penal está establecida para un determinado incumplimiento, aunque fuera parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora si se produce exactamente la infracción prevista; o por decirlo con otras palabras, que la moderación procede cuando se hubiera cumplido en parte o irregularmente la obligación para cuyo incumplimiento total la pena se estableció, de modo que, como afirma la doctrina, la finalidad del artículo 1154 del Código Civil no reside en resolver la cuestión de si se debe rebajar equitativamente la pena por resultar excesivamente elevada, sino en interpretar que las partes, al pactar la pena, pensaron en un incumplimiento distinto del producido. En el caso, la cláusula penal estaba prevista para el caso de que la subcontratista no estuviera inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas o no cumpliera la normativa laboral sobre seguridad y salud de los trabajadores, y han sido esos precisamente los incumplimientos acreditados, por lo que no procede la moderación aplicada por la Audiencia. Se estima el recurso de casación.
Resumen: El contrato de fianza, aunque es distinto del contrato garantizado, goza de la protección de la Directiva 93/13 y está sometido a los controles de transparencia y abusividad si el fiador es un consumidor (aunque no lo sea el obligado principal, si no hay vínculos funcionales) respecto de sus cláusulas y de las del préstamo, en caso de no haber sido negociadas. También puede ser objeto de control de abusividad en cuanto a la totalidad de la fianza, aunque esta sea un contrato accesorio pero distinto del préstamo garantizado, desde la perspectiva de una posible imposición de garantías desproporcionadas al riesgo garantizado. Criterios para valorar la desproporción: a) importe de las cantidades garantizadas por todos los conceptos mediante la hipoteca; b) tasación del inmueble; c) cantidades no cubiertas por la responsabilidad hipotecaria; d) proporción máxima entre la tasación y el capital prestado; e) solvencia personal de los deudores, f) correlación entre las mayores garantías y el menor tipo de interés remuneratorio pactado como compensación a la disminución del riesgo para el acreedor; g) su ajuste o no a su normativa específica; y h) riesgo de depreciación del inmueble hipotecado. Cabe el control de transparencia y abusividad respecto de la cláusula de renuncia a los beneficios de excusión, orden y división en cuanto afectantes a las obligaciones de pago del fiador en conexión con las normas sobre las obligaciones de información. En este caso, se superan ambos controles.
Resumen: Demanda de nulidad por error en el consentimiento del contrato suscrito entre las partes, en relación con las aportaciones subordinadas Eroski. Subsidiariamente solicita la resolución del contrato por incumplimiento de la demandada. Se basa la demanda en que no se le informó correctamente sobre la naturaleza del producto adquirido y sus riesgos.La demandada se opuso y alegó la excepción de caducidad de la acción, considerando plenamente válido el consentimiento prestado en la contratación por los demandantes, así como la inexistencia de incumplimiento de sus obligaciones de información. La sentencia de instancia estima la demanda, declarando la nulidad de los contratos objeto de autos. Como en la sentencia no se hizo referencia a la caducidad de la acción, se solicitó complemento, dictándose auto rechazando la caducidad de la acción, pues consideró la fecha de la solicitud de documentación por los demandantes sobre la contratación de productos con la demandada como la de inicio del cómputo para interponer la acción de nulidad, pues solo teniendo esos datos en su poder podrían tener conocimiento cabal de la situación y del error. En apelación se estima el recurso de la demandada y desestima la demanda al considerar caducada la acción desde la fecha de las órdenes de venta. Interpuesto recurso de casación, la sala lo estima al considerar acertado el dies a quo fijado en primera instancia, el incumplimiento de las obligaciones de información y su incidencia en el error vicio.
Resumen: Inexistencia de oposición del banco recurrido al recurso de casación. Estimación del recurso de casación formulado contra la sentencia que limitó el efecto restitutorio de la nulidad de la cláusula suelo (aplicando el criterio fijado en la STS 241/2013, de 9 de mayo); aplicación por el tribunal de casación de un criterio acorde con lo declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Gutiérrez Naranjo) y doctrina jurisprudencial posterior del Tribunal Supremo; efecto retroactivo de la nulidad de la cláusula suelo y devolución de todas las cantidades indebidamente cobradas desde la fecha de su aplicación más los intereses legales desde la fecha de cada cobro. Imposición de las costas de primera instancia al banco demandado en aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de pleno 419/2017, de 4 de julio (interpretación de las normas sobre imposición de costas conforme al principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación y efectividad).
Resumen: Comprador que demanda la nulidad de los contratos de promesa y compra y de un préstamo hipotecario, así como indemnización de daños y perjuicios, todo ello, porque las naves adquiridas eran inútiles para su destino (falta de suministro eléctrico, por ausencia de estaciones transformadoras) y la tasadora del banco no hizo referencia a ello. La demanda se dirigió contra banco, tasadora y vendedora. La demanda fue estimada en ambas instancias y declaró la nulidad porque el comprador-consumidor (notario) no tenía por qué conocer lo que faltaba, y porque la tasación no fue adecuada. Incumplimiento de sus obligaciones por parte de la sociedad de tasación al no percatarse ni indicar la inexistencia de suministro eléctrico definitivo, por ausencia de las estaciones transformadoras, máxime cuando su necesidad constaba en el proyecto básico y constituía un condicionante de la licencia de obra. Influencia de la deficiente tasación en el contrato de compraventa: cuando se otorgó la escritura de compraventa en unidad de acto con la de préstamo hipotecario, la parte compradora confiaba en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la vendedora, lo cual se acreditó como incierto. La profesión de notario del demandante no conlleva la inexcusabilidad del error. Influencia de la tasación en la pretendida nulidad del contrato de préstamo hipotecario. De las consecuencias de dicho error no puede desligarse el banco demandado. Indemnización de daños y perjuicios.
Resumen: Acción de responsabilidad por incumplimiento de los deberes legales de disolución, estando la sociedad incursa en causa de disolución. Alcance de la responsabilidad a las deudas posteriores a la concurrencia de la causa de disolución, entendiendo por tales las que hubieran nacido después del acaecimiento de la causa de disolución. En el caso de autos se da el supuesto en que una deuda social anterior a la aparición de la causa de disolución, es pagada después por un fiador, quien ejercita la acción frente al administrador y aduce que su crédito, nacido con el pago de la deuda afianzada, es posterior a la causa de disolución. Aunque el fiador asuma la condición de acreedor frente a la sociedad deudora principal, respecto de lo pagado al acreedor principal, como consecuencia de la fianza, a los efectos previstos en el art. 367 LSC no cabe hablar del nacimiento de una nueva deuda social, sino más bien de que la existente persiste, sin perjuicio de que ahora sea el fiador el legitimado para reclamarla.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre las partes y del procedimiento de ejecución hipotecaria. En primera instancia se estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y del procedimiento de ejecución hipotecaria seguido. Asimismo declaró el derecho de la demandante a recuperar la propiedad y posesión del inmueble hipotecado y adjudicado a la ejecutante. Recurrida en apelación por el banco, fue revocada en parte por la Audiencia Provincial, en el sentido de dejar sin efecto la declaración de nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. La demandante interpone recurso de casación referido a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado respecto del proceso de ejecución hipotecaria que se siguió contra la vivienda hipotecada.La sala analiza el ejercicio de la facultad legal de vencimiento anticipado por el banco y concluye que la sentencia recurrida ponderó la gravedad del incumplimiento del deudor en relación con las demás circunstancias concurrentes y llegó a la conclusión de que el ejercicio por el prestamista de la facultad de vencimiento anticipado fue correcto, así como que la nulidad de la cláusula no vedaba el acceso al procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando se hizo, no por la previsión contractual anulada, sino en uso de una facultad legalmente prevista. Por tanto, desestimó el recurso
Resumen: La entidad demandante podía haber acumulado en el primer pleito, a la acción del art. 367 LSC, la individual de responsabilidad del 241 LSC. Al no hacerlo, se produjo el efecto preclusivo y la apreciación de cosa juzgada material en sentido negativo de lo resuelto en el primer pleito respecto de este segundo. La acción de responsabilidad ejercitada en este segundo pleito invoca como daño objeto de indemnización el crédito que la demandante ostenta frente a la sociedad deudora, no cobrado por el comportamiento de los administradores que justifica su responsabilidad. La suma objeto de indemnización formaba parte de la que, previamente, había sido solicitada en el primer pleito (la parte del crédito respecto de la que los administradores no fueron condenados a pagar ex art. 367 LSC en el primer pleito, es la que se reclama en el segundo, sin perjuicio de que varíe la causa de pedir). La reclamación ya no se funda en el incumplimiento del deber de promover la disolución, sino en un comportamiento más amplio, que califica de ilícito orgánico y que habría impedido el cobro del crédito, siendo el daño la frustración del cobro del crédito, y la condena solicitada su pago. Pero, a la vista del efecto preclusivo del art. 400 LEC, no es tan relevante que los hechos y la causa de pedir no coincidan en uno y otro pleito, como que lo pedido en el segundo pleito ya hubiera sido objeto de petición en el primero.