Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la limitación a la compensación de bases imponibles negativas prevista en el segundo inciso del artículo 90.3 del TRLIS se aplica también a las generadas por la entidad adquirente antes de integrarse en el mismo grupo de sociedades que la entidad transmitente.
Resumen: Deben calificarse, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los rendimientos obtenidos por los árbitros de baloncesto que se perciben de las federaciones o de las ligas profesionales, en cuanto trabajador autónomo que organiza su actividad de arbitraje, como rendimientos íntegros por actividades económicas del art. 27.1 de la LIRPF.
Resumen: IRPF e IVA. Simultaneidad de actuaciones penales y administrativas (art. 180.1 LGT). Base de cálculo de la sanción tributaria prevista en el artículo 191 de la LGT en aquellos supuestos de regularización de negocios simulados (STS de 8 de junio de 2023, casación 5002/2021). Saquetti, omisión en su declaración del IRPF por los servicios profesionales prestados a una sociedad, simulando que dichos servicios fueron prestados por otra. Vulneración del principio de presunción de inocencia.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la regla establecida en el artículo 27.1, tercer párrafo, LIRPF, en la redacción dada por la Ley 26/2014, exige para calificar los rendimientos como de actividad económica que la persona física que presta servicios profesionales a una sociedad en la que participa, esté dada formalmente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), o es suficiente que esté comprendida, encuadrada o incluida en uno de los supuestos de cotización obligatoria en el referido RETA. Plantea idénticas cuestiones que los RRCA/5528/2023 y 5541/2023.
Resumen: Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Y arrendamiento para uso distinto del de vivienda es por norma aquel que, recayendo sobre una edificación, tiene como destino primordial un uso distinto del de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. En especial, tienen esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra. Pues bien , la sentecia destaca que se evidencia así que para la norma no era preciso que el contrato se supeditase a un determinado período de tiempo para que fuera aplicable el beneficio fiscal, siendo el único requisito el de que se arriende el inmueble con un destino de vivienda respecto de los arrendatarios.Mientras que la Administración consideró que el arrendamiento previsto para el curso escolar era un arrendamiento de temporada y, por ende, para un uso distinto de vivienda, la sentencia rechaza ese criterio porque realmente la Ley del impuesto remite a la Ley de arrendamientos urbanos para la interpretación. Puestas así las cosas, la sentencia concluye que, siendo incontrovertible que el inmueble del caso se había destinado a vivienda habitual de los inquilinos durante el curso escolar, procedía por tanto la aplicación del del beneficio y estimar el recurso.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si la ganancia derivada de la tasación trae causa de una alteración patrimonial diferente, autónoma y posterior a la causada por la transmisión del bien operada por la ocupación de la finca. Aclarar cómo debe imputarse temporalmente la ganancia de la retasación y si es aplicable la jurisprudencia de las SSTS de 26 de mayo de 2017 y 12 de julio de 2017. Discernir si son aplicables los coeficientes de abatimiento (DT 9ª LIRPF) a las ganancias derivadas de una retasación que se produce tras el 31.12.1994, aun cuando el bien no esté afecto a actividades económicas y se hubiera adquirido antes de esa fecha; y de los intereses expropiatorios del artículo 56 LEF. Plantea cuestiones análogas a los RRCA/3782/2023 y 4313/2023.
Resumen: Las cuestiones con interés casacional consisten en: (1) Determinar si el artículo 33, apartados 1 y 5, de la LIRPF exige, o no, justificar la existencia de un negocio jurídico para acreditar la alteración en la composición del patrimonio, base de una pérdida patrimonial. (2) Aclarar si el contribuyente está obligado a aportar justificación adicional sobre la operación subyacente a la declaración de baja de los títulos certificada por la entidad financiera. (3) Precisar si debe ser la Administración tributaria la que desvirtúe la imputación efectuada en la autoliquidación, consignando una pérdida patrimonial -por la baja de valores en una cartera de inversión-, considerando que tiene en su poder información sobre la composición y valoración de las cuentas de valores, proporcionada por las entidades depositarias. Plantea cuestiones análogas al RCA 2479/2023.
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo consiste en determinar si la falta de ingreso de parte de la deuda tributaria, procedente de un rendimiento del trabajo, conduce necesariamente a calificar la actuación del contribuyente como culpable, a los efectos sancionadores, sin que pueda justificarse que concurra una interpretación razonable de la norma fiscal, en atención a la naturaleza, características y contexto en el que se produce dicha exención y, en particular, al hecho de que el pagador de las rentas las hubiera satisfecho sin practicar retención, al considerar que no estaban sujetas por razón de lo establecido en el artículo 93 LIRPF, sobre régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español.
Resumen: La norma define las ganancias y pérdidas patrimoniales como las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos. En las transmisiones onerosas vienen determinadas por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales, distinguiéndose si se hubiese efectuado mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos entre la parte del valor de enajenación que corresponda a cada componente del mismo. Pues bien, teniendo en cuenta el importe de las ganancias patrimoniales correspondientes a transmisiones de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, y ello dado que el contribuyente del caso probó la fecha de adquisición de los bienes transmitidos, según le incumbía, la sentencia concluye que en el caso procedía la estimación del recurso y la anulación de los actos impugnados por ser contrarios a Derecho, debiendo la Administración aplicar la reducción prevista en la norma a la ganancia patrimonial obtenida respecto de los bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
Resumen: La norma dispone que pueden excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual.Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida. A estos efectos, se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años.En el caso, la contribuyente acreditó documentalmente que a mediados del año 2016, con motivo de su divorcio, se traslada, fijando su domicilio y el de su hijo en casa de sus padres a los solos efectos de obtener una plaza en un colegio próximo dado que, por razón de incompatibilidad de horarios laborales, necesitaba el auxilio de ellos para el cuidado del menor. No obstante, como resultaba de los consumos de suministros de la vivienda habitual en cuestión y de las actas de la comunidad de propietarios, ambos residían en esa vivienda. Por ello,dado que la Administración no sostuvo que los consumos fueran inferiores a los normales, ni tampoco existía prueba que permitiera imputarlos a una ocupación ajena a la unidad familiar integrada por la contribuyente y su hijo, la sentencia estima el recurso.