Resumen: La Sala, interpretando el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores en relación con el articulo 268.6 de la Ley General de la Seguridad Social, y dando respuesta a la cuestión planteada en este recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declara que: El importe de los salarios de tramitación que el empresario debe abonar al trabajador, así como las cuotas que debe abonar al Régimen General de la Seguridad Social son cuantías líquidas siempre que su determinación se pueda realizar con una simple operación aritmética teniendo en cuenta los parámetros recogidos en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores a los que se acudirá en aquellos supuestos en los que, precisamente, su cuantificación implique la ejecución de una sentencia firme dictada por los órganos judiciales del orden jurisdiccional social que haya declarado que el despido es improcedente, ha ordenado al empresario que abone al trabajador los salarios de tramitación si opta por su readmisión y, además, ha fijado el periodo que debe abonarse, como es el comprendido desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional estimatoria en parte de las reclamaciones acumuladas contra la liquidación por el IRPF que se confirma y contra el acuerdo sancionador que se anula por falta de motivación. Siendo la cuestión controvertida la referida al valor de transmisión de las participaciones sociales, ya que la Sala en atención a la normativa aplicable, frente a sobre lo que la recurrente fundamenta su pretensión de que se mantenga el valor declarado de dichas participaciones en el informe pericial aportado, que dada la naturaleza señaladamente valorativa y técnica de la cuestión litigiosa se comparte el criterio de la Administración sobre que tal informe no acredita que el valor de transmisión de las participaciones sociales se corresponda con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, ya que en el cálculo del Valor Actual de los Beneficios Futuros Esperados, se han aplicado unas simplificaciones, unas magnitudes y unos ajustes genéricos que carecen de rigor y fundamentación, ya que se ha calculado el valor de la empresa, remitiéndose a uno de los dos valores, el de capitalización, que establece dicha normativa, efectuando previamente los ajustes indicados en el resultado contable, pero lo que la norma establece, es cuando no se acredite que el importe satisfecho se corresponda con el valor de mercado, una cláusula antielusión fiscal para tributar al menos por el mayor de los dos valores que se indican, pero en ningún caso se dispone que el valor de mercado de la transmisión deba calcularse conforme a la capitalización del promedio de los resultados de los tres ejercicios anteriores, además de que por el análisis de dicha prueba se rechaza la consideración de que el valor de mercado declarado fuera cero.
Resumen: Considera esta sentencia que el recurrente no tenía derecho a la deducción por vivienda habitual en el impuesto sobre rentas personas físicas ya que no acredita documentalmente que la vivienda litigiosa fuera su residencia habitual, requisito éste para tener derecho a la deducción.
Resumen: Se trata en el caso de regularización en materia de actividad pesquera, defendiendo la contribuyentre del caso, en primer lugar, que había padecido experiencia de indefensión por falta de motivación de que la regularización tributaria se realizase por la Administación actuante través del método de estimación indirecta, lo que había sido debido, tal como acepta la sentencia, en concreto, a que se habían detectado discrepancias entre, por un lado, el diario electrónico de abordo, en el que se recogían todas las capturas de pescado indicando la especie, día y kilos facturados y, por otra parte, los importes de facturas emitidas. Así las cosas, la sentencia descarta que la contribuyente hubiera padecido la experiencia de indefensión que alegaba y proyecta al caso la doctrina de una sentencia anterior que examinó caso analogo, señalando así que, al igual que en el caso anterior, también en éste la Administracion tributatia actuante hjabía recogido un conjunto de indicios que le permitían razonablemente alcanzar las conclusiones a las que llegó, sin que tampoco las mismas hubieran sido desvirtuadas por la contribuyente. Confirmada, pues, la liquidación practicada, en cuanto a la sanción impuesta la sentencia también la confirma, y ello por cuanto que aprecia que en el acuerdo correspondiente la Administración actuante había motivado adecuadamrente la culpabilidad.
Resumen: La Sala resuelve destacando que la fecha de baja en el régimen especial de trabajadores autónomo (RETA) de quienes han sido declarados en situación de incapacidad permanente absoluta por sentencia de la jurisdicción social que anula una anterior resolución administrativa denegatoria puede ser distinta en función de las circunstancias del caso.
En el caso que se examina la cuestión de interés casacional planteada en el auto de admisión del recurso se refiere específicamente al caso en que la declaración de incapacidad permanente absoluta por sentencia estuvo precedida por una incapacidad temporal que no se había extinguido. Y, concurriendo tales circunstancias, los efectos de la baja en el régimen especial de trabajadores autónomos deben producirse a partir de la fecha del dictamen propuesta del equipo de valoración de incapacidades, por lo que procede que declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resumen: La sentencia conoce del recurso de apelación contra una sentencia de un juzgado, de cuantía inferior a la que da derecho a la segunda instancia, pero potencialmente susceptible de extensión de efectos. Declara que parece criterio más razonable el de que se haya reconocido una situación jurídica individualizada y que fallo estimatorio pudiera proyectarse sobre una pluralidad más o menos indeterminada de interesados en situación idéntica debiéndose ir caso por caso, como es precisamente el supuesto. Sobre la cuestión de fondo, estima el recurso de apelación confirma la Resolución del TEAFNA, en el sentido que lo que reclama el actor es que la Hacienda Foral margine la existencia de un remanente en el incremento patrimonial, constituido por el derecho de crédito que ostenta el actor respecto de la restante condómina.
Resumen: La Sala entiende que el Allanamiento de la Administración Estatal, sobre la base de doctrina jurisprudencial en interés casacional, no se considera que infrinja el ordenamiento jurídico, debiendo entenderse como conformidad con los hechos alegados por el demandante. De acuerdo don ello, el recurso origen del presente procedimiento es estimado, lo que supone la anulación de la resolución del TEARA impugnada, así como la retroacción de actuaciones a fin de que la AEAT cuantifique la cantidad a devolver a la parte actora en aplicación de la exención del artículo 7.p) de la Ley 35/2006. Y en cuanto a las costas, no se aprecian razones para hacer expresa imposición de las mismas, ya que el allanamiento se produce en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo que unifica criterios discrepantes y que revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Málaga) que había resuelto en sentido contrario, lo que pone de manifiesto la existencia de criterios discrepantes sobre la cuestión, es decir, la existencia de serias dudas de derecho que justifican, en este caso concreto, la no imposición de las costas procesales.
Resumen: La sentencia analiza la cuestión relativa a la aplicabilidad de la exención del artículo 7.p LIRPF a los empleados del Banco de España por el trabajo efectuado durante los días que se desplazan a (i) Frankfurt para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco de cooperación del Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y (ii) fuera del territorio nacional (en este caso, Londres) para realizar trabajos en otros organismos internacionales en los que participa o colabora el Banco de España. La sentencia resume las pautas interpretativas fijadas en previas sentencias del Tribunal Supremo respecto del artículo 7.p LIRPF en general y en torno a trabajadores del Banco de España en particular, ratifica la doctrina en ella contenidas y establece la aplicabilidad de la exención a los supuestos controvertidos en este recurso. Con base en ello, desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado.
Resumen: la norma dispone que las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial, pueden ser objeto de reducción en la base imponible. La carga de la prueba de que la pensión se ha abonado a la ex cónyuge o que las cantidades percibidas por esta responden a tal concepto pesa sobre el contribuyente.
Ahora bien, como la regularización del caso se basaba exclusivamente en que los recibos suscritos por la exconyuge y los extractos bancarios no acreditaban el pago de las cantidades fijadas en la sentencia de separación como pensión compensatoria, la controversia quedaba reducida a la valoración de dichos documentos y de la prueba practicada, la cual la sentencia estima suficiente para acreditar el extremo discutido.
En efecto, consta en el expediente administrativo la sentencia de separación que acredita la obligación del actor de abonar la pensión compensatoria a su ex esposa en las cuantías referidas. También el extracto bancario de la cuenta de la que es cotitular la Sra. Eufrasia, con diversos ingresos en efectivo cuyo importe no coincide con las cantidades a que ascendería la pensión compensatoria en 2018, así como los recibos mensuales suscritos por la perceptora de la pensión por importe de 800 euros (enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre), 600 euros, mayo, 1.000 euros (julio y diciembre).
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimaba las reclamaciones económico-administrativas referidas a liquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la desestimación del recurso de anulación formulado contra la anterior. Se cuestionaba la aplicación del método de estimación indirecta y la corrección de los cálculos aplicados al haberse considerado la simulación de la actividad. La Sala concluye sobre la simulación que analizando los datos referidos al lugar de la actividad, los medios personales y materiales que esta acreditado que se trata de una actividad única en un dos únicos espacios, cuya prestación de servicios comprende indiferenciadamente la venta de productos, estando ante un único centro de imputación de intereses jurídico-económicos y de proyección en el tráfico externo en la persona de la recurrente y se confirma la sanción ya que la conducta en que concurre la simulación concurre la existencia de culpabilidad, si bien se estima el recurso respecto de la base del cálculo de la sanción que debe ser la diferencia entre la cantidad dejada de ingresar por la entidad inspeccionada y la ingresada por las sociedades instrumentales interpuestas.
