Resumen: la contribuyente del caso redujo su base imponible del IRPF de 2018 a 2020 en la cuantía correspondiente a la compensación a su ex cónyuge por el uso exclusivo del domicilio familiar, de titularidad conjunta, siendo ello rechazado por la Administración tributaria actuante por entender que no se trataba de una pensión compensatoria sino una mera retribución por la cesión del uso exclusivo del domicilio familiar, lo que debía ser tratado no como un rendimiento del trabajo sujeto al impuesto sino como un rendimiento del capital inmobiliario, llegandose así a liquidar la deuda tributarioa e imponiendose sendas sanciones. Pues bien, la sentencia confirma la liqwuidación y la sanción , para lo que señala, en cuanto a la pensión compensatoria que se configura como un mecanismo para reponer el desequilibrio económico que a uno de los cónyuges le ocasiona la ruptura del vínculo matrimonial, no tratandose de un mecanismo indemnizatorio puesto que se puede exigir al margen de los elementos culpabilísticos achacables a cada uno de los cónyuges.Es pues, una prestación económica a favor de un conyuge y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, de modo que resulta de aplicación si existe obligación judicial y ha sido cumplida.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si las retribuciones que perciban los administradores de una entidad mercantil, cuando tengan la consideración de dietas, entendidas como la cantidad que percibe el administrador en concepto de manutención o gastos de desplazamiento, constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que las mismas no estuvieran previstas en los estatutos sociales, según su tenor literal, o si, por el contrario, el incumplimiento de la previsión estatutaria no implica necesariamente la consideración de liberalidad del gasto y la improcedencia de su deducibilidad.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la falta de ingreso de parte de la deuda tributaria procedente de un rendimiento del trabajo, al haber considerado el pagador y retenedor que era de aplicación una exención sobre ese rendimiento, conduce necesariamente a calificar la actuación del contribuyente como culpable, a efectos sancionadores, sin que pueda justificarse, en tales casos, que pudiera concurrir una interpretación razonable de la norma en atención a la naturaleza, características y contexto en el que se produce dicha exención.
Resumen: Se trataba de dilucidar si procede, o no, acceder a la rectificación solicitada y con ello determinar si, de la prueba practicada había quedado debidamente acreditado que, con motivo de la adjudicación del inmueble de su titularidad, en ejecución hipotecaria, había sufrido el contribuyente del caso una pérdida patrimonial. Y todo ello a partir del valor de adquisición concretado por el contribuyente, coincidente con el valor catastral del inmueble. Pues bien, la sentencia, aun reconociendo la suficiencia de la motivación de la resolución recurrida, sin embargo rechaza la denegación de la rectificación acordada por la Administración actuante, basada en determinar el valor de adquisición sin tomar en consideración valor alguno por la construcción a pesar de que constaba que dichas construcciones había tenido lugar. Así, la sentencia, entendiendo que el valor de adquisición necesariamente debía comprender tanto el valor de las parcelas como el valor de las construcciones realizadas, concluye que era incorrecto e incompleto el valor de adquisición que se fijó por la Administración, sin que pudiera por tanto tomarse en consideración a los efectos de la determinación de la pérdida o ganancia patrimonial. De ahí que pese a que el valor catastral no era en ningún caso el valor idóneo para concretar ese valor de adquisición, en este supuesto concreto, la sentencia señala que el valor catastral resultaba más acorde a la hora de concretar el valor de adquisición.
Resumen: Versa la cuestión sobre la aplicabilidad del régimen especial de escisión de sociedades y la consecuente tributación en Renta de la ganancia patrimonial derivada.Señala la Sala que para que la escisión parcial se pueda beneficiar del régimen especial es necesario que se transmita una 'rama de actividad', concepto que conlleva la transmisión de una organización de elementos patrimoniales en sede de la entidad transmitente susceptible de ser explotados autónomamente, siendo también necesario que la rama de actividad exista como tal en el patrimonio de la sociedad transmitente. Añade la normativa que no se aplicará el régimen cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude y en particular,no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.Analizado el caso, no existen razones para considerar que estos elementos transmitidos constituyan una rama de actividad propia y separada.Tampoco se aprecia la concurrencia de un motivo económico válido pues si la finalidad pretendida era un plan de reestructuración del grupo, separando las actividades y sus elementos patrimoniales, aquélla no se ha acreditado, y se contradice con la realidad, pues la gestión se sigue llevando a cabo de la misma forma que antes, sin ninguna mejora desde el punto de vista de la eficiencia.
Resumen: No está expresamente previsto que cuando una comunidad de bienes desarrolle una actividad económica, los rendimientos correspondientes a dicha actividad únicamente tendrán esta misma naturaleza para los comuneros que intervengan de forma habitual, personal y directa en la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos afectos a la actividad. El ejercicio de una actividad económica, a través de una comunidad de bienes, consistente en el arrendamiento de inmuebles a estudiantes no cumple con los requisitos para la materialización de la dotación de reserva de inversiones en Canarias.
Resumen: La Sala parte de que AEAT ofrece la posibilidad de que los contribuyentes reciban notificaciones y comunicaciones administrativas por medios telemáticos mediante su puesta a disposición en una dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia en Sede Electrónica-Mis Notificaciones. En todo caso, cuando las notificaciones estén dirigidas a las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones además de enviar la notificación en papel, la AEAT está obligada a practicar la notificación por la vía electrónica.En caso de ser notificado por distintos cauces, la fecha a tener en cuenta como notificación es la primera de ellas conforme al art 41.7 la LPCAP. Y concluye la Sala que resulta del expediente que la AEAT notificó la resolución desestimatoria del recurso de reposición dos veces: la primera, mediante comparecencia electrónica del interesado en la sede electrónica de la AEAT; la segunda, mediante correo certificado. Conforme a lo dicho, la notificación que debe ser tenida en cuenta como dies a quo para la interposición de la reclamación económico-administrativa sería la primera y por ende fue correcta la inadmisibilidad de la reclamación económico-administrativa.
Resumen: La Sala anuló previamente por Sentencia la sanción. Se cuestiona ahora el nuevo acuerdo sancionador. La Sala considera correctamente ejecutada aquella sentencia con el dictado de nueva sanción con archivo del incidente de ejecución toda vez que en la sentencia no se estableció ningún requisito para el nuevo acuerdo sancionador, limitándose la sentencia a anular el acuerdo sancionador en ella impugnado, concluyendo la Sala que la valoración de las alegaciones relativas al nuevo acuerdo sancionador exceden del alcance de la ejecución de la sentencia. De todo ello deriva que debe considerarse que corresponde al TEAR la competencia para tramitar y resolver la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el nuevo acuerdo sancionador y particularmente estando comprendido el acto impugnado en el art. 226 de dicha Ley , resolver las cuestiones suscitadas por las partes y las que resulten del expediente administrativo.
Resumen: Señala la Sala que en los plazos señalados por meses o por años el cómputo se hace de fecha a fecha, es decir, el plazo empieza a contarse el mismo día de la notificación y termina el día en que se cumple el mes, de modo que el plazo concluye el día correlativo al de notificación del mes posterior que corresponda. Así en el supuesto de autos, si la notificación, como se ha dicho, se produjo el día 5 de marzo de 2004, el plazo de dos meses para presentar el recurso contencioso-administrativo había de computarse a partir del día siguiente 6 de marzo, pero concluía el 5 de mayo del mismo año. Únicamente si este último día hubiera sido inhábil - circunstancia que no concurre en el supuesto que se enjuicia-, se hubiera podido entender prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente. Esta forma de computar los plazos concluye la Sala resulta la más apropiada para garantizar el principio de seguridad jurídica. Dicha doctrina es igualmente aplicable, concluye la Sala también para los recursos administrativos, por aplicación de los arts. 48.2 y 117.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (y sus equivalentes en la actualmente vigente Ley 39/2015).
Resumen: Conoce la sentencia del recurso contra una sanción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria, consecuencia de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de una licencia de autotaxí. El obligado tributario firmó de conformidad el acta de liquidación y la propuesta de sanción, si bien impugna la sanción impuesta con sustenta en una demanda que la sentencia califica como insuficiente y con criterios ininteligibles.
