• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4011/2017
  • Fecha: 10/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor presta servicios para el Cabildo de Gran Canaria cuyo Convenio Colectivo prevé un incremento de los salarios conforme al IPC. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2009 establecieron que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar un incremento global superior al 2 por 100 con respecto a las del año anterior; para el año 2010 limitó el incremento a un 0,3 por ciento y para los años 2011 a 2015 establecieron que no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del año anterior. El actor reclama la diferencia salarial correspondiente a las subidas salariales desde 2001 y subsidiariamente de 2001 a 2010. Se cuestiona si la limitación y posterior prohibición de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2015 impide la aplicación de los incrementos salariales previstos en el Convenio Colectivo del personal del Cabildo de Gran Canaria. Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que los convenios colectivos han de someterse al derecho necesario establecido por la ley, de rango superior en la jerarquía normativa. Las LPGE pueden imponer límites máximos al incremento de las retribuciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas en virtud del principio de primacía de la ley en aquellos extremos que tienen carácter inderogable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2722/2018
  • Fecha: 02/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en decidir si al beneficiario de la Renta Activa de Reinserción (RAI), que no acude a renovar la demanda de empleo en la fecha indicada, se le ha de sancionar con exclusión del Programa de Renta Activa, en aplicación del RD 1369/2006, o con pérdida de la prestación durante un mes, en aplicación del artículo 24.3 de la LISOS, normativa aplicable en virtud de la remisión efectuada por el artículo 232 de la LGSS. La Sala IV, con remisión a sentencias previas, sostiene que dado que el recurrente no acudió a renovar la demanda de empleo el día que figuraba en su documento de renovación, ni acreditó la concurrencia de una causa que justificara su incomparecencia, resulta de aplicación la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 232 de la LGSS -actual artículo 302 de la LGSS 2015. Por ello, el actor ha incurrido en una infracción leve, a tenor de lo establecido en el artículo 24.3 de la LISOS, siendo la sanción que le corresponde, a tenor del artículo 47.1ª) de dicha norma la pérdida de la pensión o la prestación durante un mes. Todo ello, por aplicación del principio de jerarquía normativa, conforme al cual en caso de discordancia entre lo establecido en la ley y en un reglamento, prima la aplicación de la primera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 18/2019
  • Fecha: 01/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de la AN estimó la pretensión subsidiaria de la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato UGT, declarando que el cómputo de la diferencia 8 horas anuales entre la jornada recogida en el calendario y la jornada máxima anual, en supuestos de baja por IT, maternidad o riesgo ha de establecerse en proporción al periodo en que el trabajador permaneció en activo. Recurre en casación la empresa y el sindicato actor. Tras rechaza la sala IV la causa de inadmisibilidad invocada por CGT, se desestima el recurso empresarial por entender que la interpretación de la norma paccionada -arts. 31 y 32 del convenio de la empresa Veralia Spain SA- debe realizarse teniendo en cuenta la interpretación previa del art. 32 citado realizada por la comisión mixta del convenio en acta de 20/11/2008, en relación al personal de nueva incorporación durante el año; situación que es posible equiparar a la de los trabajadores en situación de baja por IT, maternidad o riesgo. En el acta mencionada se aplica el criterio de proporcionalidad; criterio que es extensible al supuesto enjuiciado, como correctamente decide la sentencia impugnada. Se desestima también el recurso del sindicato actor, en el que se insiste en la pretensión principal relativa a la consideración de los periodos de inactividad por IT, maternidad y riesgo como tiempo de trabajo efectivo, pues la misma no tiene apoyo en decisión alguna de la comisión mixta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 38/2019
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, es la de determinar si los trabajadores de la empresa demandada han ganado como condición más beneficiosa (CMB), el derecho a percibir íntegramente las pagas extraordinarias de julio, septiembre y navidad, en los supuestos en los que hayan tenido suspendido el contrato de trabajo por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses, percibiendo las oportunas prestaciones de seguridad social. La SAN estimó en su integridad la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa a pagar las cantidades correspondientes a las pagas extraordinarias de julio y septiembre de 2018. Dicho parecer es compartido por el TS que, tras recordar su consolidada doctrina sobre la CMB, declara que la actuación empresarial, ahora cuestionada, trae su origen en el momento de iniciarse la actividad empresarial en España en la década de 1970. Y se extiende progresivamente a las nuevas prestaciones de SS en esta materia, a medida que se incorporan a nuestro OJ. Abunda en esta solución, el hecho de que la empresa no hubiere rectificado definitivamente esa actuación tras la publicación del denominado "Modelo de homogeneización de nómina", que justamente versaba sobre el complemento de la prestación de maternidad hasta el 100 % del salario real, como hasta esa fecha venía haciendo con las prestaciones de IT. Tampoco supone una discriminación por trato desigual.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3640/2018
  • Fecha: 24/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre en casación unificadora la sentencia del TSJ que, con revocación de la de instancia, desestima la demanda en reclamación de IPA para toda profesión. Ante la Sala IV son dos las cuestiones debatidas: en primer lugar, suscita la vinculación del TSJ a los hechos declarados probados de la sentencia de instancia, que no fueron combatidos ni revisados en sede de suplicación; motivo respecto del cual se aprecia la inexistencia de contradicción. En segundo término, plantea la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión al incurrir la sentencia recurrida en error patente e incongruencia omisiva o ex silentio, al no haberse pronunciado sobre la pretensión subsidiaria. Y el TS acoge en este concreto extremo el recurso pues pese a pedirse por el demandante subsidiariamente la declaración de IPT, la resolución dictada en suplicación no entró a analizarla ni la enjuició, con la quiebra aparejada del deber de decidir sobre «todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate». En consecuencia, se anula la sentencia recurrida, a fin de que dicte nueva sentencia en la que resuelva sobre el grado de IPT subsidiariamente pretendido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 51/2019
  • Fecha: 24/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada confirma la de instancia desestimatoria de la demanda de tutela de derechos fundamentales formulada por el sindicato actor frente a la empresa demandada y al sindicato también demandado. Funda la parte actora la vulneración de derechos fundamentales en el hecho de que su delegada sindical no fue convocada a las reuniones de la comisión negociadora del 2º convenio de empresa. La sala IV rechaza en primer lugar la modificación de los hechos probados instada por el sindicato actor y recurrente. Tras recordar la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos y límites para la modificación del relato fáctico en el recurso de casación común, considera que no se puede admitir la revisión fáctica pretendida por la recurrente, al no identificarse los documentos de los que se desprende el error en la valoración de la prueba y por fundarse la misma en prueba testifical que resulta inhábil a tales efectos. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la sala IV se remite a lo recogido en el art. 182.1 de la LRJS, que otorga la carga de la prueba de los indicios de vulneración de derechos fundamentales a la parte actora. En el caso de autos los indicios son inconsistentes y la demandada acredita que su actuación fue proporcionada, justificada, ajustada a derecho y desconectada de cualquier móvil discriminatorio o vulnerador del derecho fundamental. En efecto, consta que la delegada sindical fue citada a las reuniones por la misma vía que el resto de los sindicatos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 23/2020
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demanda impugnaba un despido colectivo. Se desestima la denuncia de incongruencia omisiva porque la sentencia ha dado respuesta a la cuestión planteada con sustento en la prueba que desglosa y en cuanto a la exclusión del sindicato demandante de la comisión de seguimiento, la cuestión no resultó configurada en esos concretos términos en la demanda inicial. En cuanto a la denuncia de error en la apreciación de la prueba, tras desestimar las revisiones fácticas propuestas, se aborda la denuncia de infracción del art. 12 del Convenio Colectivo de Banca, y del 51 ET. La sala se remite a lo ya manifestado en la sentencia del Pleno en la que se analizó el precepto convencional y su alcance, enseñando que constituye propiamente una consulta en los términos establecidos en el art. 4 de la Directiva 2002/14/CE, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el art. 64.6 ET, y una manifestación concerniente a la negociación colectiva. Se concluye que tras las reuniones se redujo muy significativamente el número de trabajadores y se colige la negociación de buena fe, con análoga referencia al informe de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de las previsiones legales y la correlativa inexistencia de una conducta fraudulenta o de engaño en dicha negociación. En cuanto a los criterios de selección, las afirmaciones de la recurrente no gozan de soporte probatorio, y es extemporánea la denuncia final, por infracción de los arts. 14, 28.1 y 37.1 de la Const.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA CONCEPCION MORALES VALLEZ
  • Nº Recurso: 487/2020
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora trabaja para el AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS con la categoría de auxiliar de servicios múltiples -conserje-. La Sala afirma que el Convenio del personal laboral del AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS recoge que solo se realizarán funciones de superior categoría si existiesen razones técnicas u organizativas y que en cualquier caso no podrán desempeñarse por un tiempo superiora 6 meses, cubriéndose la plaza mediante promoción interna, sin perjuicio del derecho a la percepción de la retribución correspondiente a la categoría superior y que aunque la actora ha desempeñado de auxiliar administrativa desde el 08-07-15 hasta el día 20-11-18 no tiene derecho a la categoría superior por no consolidarse la categoría, pues ello vulnera los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública -arts 23.2 y 103.3 de la CE- de modo que la sentencia de instancia no vulnera el principio de jerarquía normativa -arts 3, 39 y 85 ET-, limitándose a reconocer diferencias salariales al período comprendido entre el 08-07-15 y 20-11-18, pues después de dicha fecha no consta el efectivo desempeño de las funciones de superior categoría que reclama, lo que no queda desvirtuado por el contenido del Oficio del Inspector de Trabajo y Seguridad Social de 25-07-19, al estar el TSJ vinculado por el relato fáctico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3339/2018
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada declara que la jurisdicción social no es competente para conocer de la acción del trabajador en reclamación de subvención pública ("vale del carbón") de la que es beneficiaria la empresa. Se trata subvenciones directas en favor de las empresas del sector del carbón y a cargo de los presupuestos generales del Estado, que están sujetas, por lo tanto, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que ni son prestaciones de seguridad social - por más que se hable de ayudas a la prejubilación -, ni son los trabajadores los beneficiarios de las mismas, porque el título jurídico en el que se sustenta la demanda no nace del contrato de trabajo o de un acuerdo colectivo, ni de ningún otro instrumento regulador de la relación laboral entre el trabajador y la empresa, de modo que la mera y simple formalidad de incluir en la demanda a la empleadora no puede alterar la competencia jurisdiccional, que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA
  • Nº Recurso: 476/2020
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Acuerdo de 31-05-17 de la Mesa de Negociación del personal laboral del Ayto. de Madrid y sus organismos autónomos fijó para el personal que presta servicio en las instalaciones deportivas municipales como compensación por el no adelanto horario durante la temporada estival -15.06 a 15.09- el abono de un complemento salarial en cantidad del 4,3% del SB -15.06 a 15.12- por el tiempo trabajado a cada categoría profesional y modalidad contractual, y 3,5 días de libranza. El 23-05-16 la Mesa de negociación alcanzó un Acuerdo para ese año que fijaba a esos mismos empleados como compensación 7 días de libranza, sometidos al régimen establecido para los días de asuntos particulares acumulables a las vacaciones. La Sala afirma que: el Acuerdo de 2017 no desarrolla el anterior, que no contempla compensación económica; el Acuerdo de 2016 no es un acto administrativo sino una norma y como tal no goza de la firmeza propia de aquellos o las resoluciones judiciales y si es contraria al ordenamiento jurídico, es nula (no anulable) y pueden impugnarse en todo momento; la anulación del acuerdo de 2017 no vulnera el anterior y aunque así fuera se podría cuestionar su legalidad; la cantidad pactada es salarial -complemento de jornada- no indemnizatoria y; no hay discriminación -vulneración del principio de igualdad ante la Ley y de trato igual-, pues se pueden hacer diferencias de trato si hay una causa justa y la diferencia es proporcionada en relación con la causa que lo justifica.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.