• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10481/2019
  • Fecha: 23/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal Supremo resuelve que es correcta la decisión del Tribunal de instancia, ratificada por el de apelación, cuando se incluyen, los dos mensajes enviados por el acusado a la víctima, en un solo delito continuado de amenazas graves condicionales. Pero existe un error en la determinación de la pena, pues no pudiendo afirmarse como probado que el recurrente hubiera conseguido el propósito perseguido con la amenaza condicional, la pena imponible se encuentra comprendida entre seis meses y tres años de prisión, concretada en su mitad superior al haberse realizado mediante teléfono. Y nuevamente en la mitad superior al tratarse de un delito continuado. En consecuencia, la pena imponible se encontraría comprendida entre dos años, cuatro meses y quince días y tres años de prisión. Concurriendo dos agravantes, la pena debe imponerse, además, en la mitad superior. Es cierto que conforme al artículo 74 podría superarse la pena de tres años hasta cuatro años y seis meses, pero ni en la sentencia de instancia ni en la impugnada se hace mención alguna a esa posibilidad, por lo que no puede ser aplicada ahora. Se analiza la existencia de dolo de matar y la concurrencia del elemento de la alevosía como circunstancia agravante del homicidio. Se confirma la compatibilidad de la agravante de género y la de parentesco sin que ello vulnere el principio "non bis in idem".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2235/2018
  • Fecha: 23/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nuestro sistema no conoce,un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim, hace posible el inicio de la fase de investigación.Una denuncia anónima no impide una investigación penal sino que exige únicamente un análisis reforzado para su toma en consideración que pondere la coherencia y la verosimilitud de los datos.En los hechos probados de la sentencia no se hace referencia alguna a falsedades documentales y es en el fundamento jurídico tercero donde se argumenta y precisa por qué razones se entiende cometido un delito de falsedad de certificado tipificado en el artículo 397 del Código Penal.Los fundamentos de derecho no son el lugar adecuado para completar o integrar el hecho probado y mucho menos para ampliarlo en perjuicio del acusado. El delito de fraude de subvenciones es subsidiario respecto del delito de estafa.Aun tratándose de un fraude a la Seguridad Social, debe aplicarse el tipo de la estafa conforme al principio de subsidiariedad (artículo 8.2º CP) ya que se cumplen todos los presupuestos típicos que exige el artículo 248 del Código Penal. La duración del proceso puede dar lugar a la apreciación de la atenuante de dilaciones, pero no como muy cualificada porque no han existido paralizaciones y la causa ha tenido una cierta complejidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10502/2019
  • Fecha: 23/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de blanqueo de capitales. Análisis del artículo 301 del Código Penal. Jurisprudencia de la Sala. Elementos configuradores del delito. La participación a efectos lucrativos de los efectos del delito. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito del control casacional. La prueba indiciaria. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 LECrim. La acción sancionada como delito de blanqueo no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias". La esencia del tipo es, por tanto, la expresión "con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito". La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 5934/2018
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestiman los recursos, de infracción procesal y casación, contra la sentencia desestimatoria de la pretensión sobre tutela del derecho al honor. Se analiza el égimen de la prueba en los recursos extraordinarios y se inadmite la prueba documental propuesta. En contra de lo que se afirma en el recurso, no ha quedado acreditado que la demandada manifestara expresamente algunas frases que se le atribuyen. En cualquier caso, el sentido y el tono de las manifestaciones de la demandada, que literalmente fueron redactadas por periodistas y no por ella, se dirigen a manifestar, de manera subjetiva, su descontento con el tratamiento recibido y su falta de mejoría. En cuanto declaraciones relacionadas con una intervención médica, son de interés público. Sus expresiones peyorativas responden a su sentimiento real y, pese a su dureza, no resultan desproporcionadas con el mensaje que se transmitía ni el contexto de crítica. Además, estaban avaladas por dictámenes médicos y no se refieren a los demandantes de manera injuriosa ni vejatoria; se limita a denunciar, en tono duro y crítico, ciertamente, una práctica médica llevada a cabo en relación con ella misma de la que no se encuentra personalmente satisfecha. Sobre el contenido del informe pericial elaborado por otro médico, la Sala considera que se limitó a evaluar un tratamiento médico, con crítica basada en opiniones de otros miembros de la comunidad científica, a discutir el trabajo científico del recurrente y a discrepar de él.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 955/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: la disconformidad de la parte con las normas sustantivas aplicadas es un tema ajeno al art. 218.1.II LEC, sustantivo y no procesal; alcance del deber de motivación de la sentencia; no cabe confundir la falta de motivación con la disconformidad con la sentencia, ni siquiera con el error de la misma; la valoración del trabajo realizado por el procurador, cuya ejecución no se discute, no es un tema de valoración de prueba, sino relativo al fondo del litigio, propio del ámbito del recurso de casación. Derechos del procurador: no es posible eludir la aplicación del arancel (RD 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por RD 1/2006) para ajustar la cantidad correspondiente a su intervención en el proceso a la que se estime adecuada al trabajo efectivamente realizado. Doctrina constitucional: no es aplicable la doctrina del principio de proporcionalidad para limitar los derechos del procurador; no cabe deducir un principio de proporcionalidad de la disposición adicional única del RDL 5/2010, sino un principio de limitación. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: no se opone a la normativa europea la aplicación estricta del arancel. Aplicación del RDL 5/2010: distribución de la limitación global -300.000 euros- entre las actuaciones de la primera instancia, segunda instancia y recursos extraordinarios. La aplicación estricta del arancel, con la limitación máxima referida, también opera frente al propio cliente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 2068/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado la pretensión de condena a la retribución variable pactada en un contrato de prestación de servicios jurídicos. El encargo profesional consistió en interponer los recursos procedentes en relación con la reclamación de unas deudas por la AEAT. Se fijó un precio para tales servicios con una parte fija y una parte variable que se obtendría de la aplicación del 5% a la cantidad «reducida /obtenida» por la gestión encargada. El demandado opuso que el resultado beneficioso no se alcanzó porque, aunque el expediente administrativo objeto de los recursos se declaró caducado, se inició otro que finalizó con el cobro de la deuda reclamada y estimó que la única ventaja obtenida consistía en el pago de menos intereses de los que en principio se le reclamaban. La sala establece una doctrina general sobre el alcance de la denominada «cláusula de éxito» que permite adicionar el pago de una retribución variable por el resultado favorable obtenido en el encargo. Se establece que la literalidad de la cláusula, en la forma en la que lógicamente debió ser entendida por el cliente, conduce a que el resultado favorable ha de entenderse como definitivo e inatacable, circunstancia que no se dio en el supuesto litigioso al iniciarse un nuevo expediente por la Administración, por lo que la aplicación del porcentaje de retribución variable solo alcanza a los intereses que se reclamaban en el primer expediente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 3073/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de responsabilidad contractual contra un abogado por los daños y perjuicios derivados de la no interposición de recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, cuyas probabilidades de éxito se fundaban en que la Administración reconociera la procedencia de la rectificación al alza de la pensión. El demandado se opuso a la demanda argumentando que el encargo recibido se concretaba a la asistencia al actor solo en primera instancia, y que, en cualquier caso, un eventual recurso era insostenible y tenía nulas posibilidades de éxito, por lo que no procedía reconocer indemnización alguna en favor del demandante. También negó la responsabilidad por no haber interpuesto reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda ya que consideró acreditado que el encargo al demandado abarcaba todas las instancias y que la falta de interposición del recurso supuso una pérdida de oportunidad aunque el recurso no tenía muchas posibilidades de éxito. En apelación se estimó el recurso del demandado al no haberse demostrado la producción de daño derivado de la no interposición del recurso ni la posibilidad de éxito del recurso. Recurrida en casación, la sala tras exponer su doctrina sobre la responsabilidad civil de letrado y sobre la frustración de acciones judiciales de carácter patrimonial lo desestimó al no existir elemento alguno del que pudiera desprenderse el éxito del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL CALDERON CEREZO
  • Nº Recurso: 79/2019
  • Fecha: 21/01/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por infracción de los arts. 39.4, 52.3 y 56.1 LORDGC; y b) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exija el debate finalmente trabado en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1495/2018
  • Fecha: 21/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la Hacienda Pública (art. 305.1 CP) Delito continuado de falsedad en documento mercantil. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La función casacional al respecto de la posible vulneración de la presunción de inocencia. La prueba indiciaria. El control de racionalidad de la inferencia. La prescripción. Prescripción de delitos conexos. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 LECrim., por error en la valoración de la prueba: requisitos de prosperabilidad. Concepto de documento a efectos casacionales. La cooperación necesaria en los delitos contra la Hacienda Pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10345/2019
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia objeto del recurso de casación es la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad correspondiente, y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación o, dicho de otro modo, el marco de la disidencia en el recurso de casación queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación. El control que corresponde al Tribunal Supremo cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.