Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: (1) el principio de proporcionalidad, conforme al art. 22 LORDFA; (2) el art. 14 CE, al vulnerarse el principio de igualdad; y (3) el art. 24 CE, por vulneración del derecho de defensa, por inadmisión de pruebas. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales, de manera que, como las alegaciones del recurrente así lo afirman, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de tal interés casacional objetivo, por lo que el recurso debe ser admitido.
Resumen: Las declaraciones prestadas ante la policía, su grabación audiovisual o su documentación por escrito carecen de valor probatorio alguno, porque no han sido realizadas a presencia judicial. Sólo en el caso de que hayan sido ratificadas a presencia judicial y con intervención de las partes, pueden acceder al juicio oral, bien por el cauce del artículo 730 de la LECrim, en el caso de que el declarante no pueda comparecer en juicio, bien por el cauce del artículo 714 del mismo texto legal, cuando se aprecien contradicciones entre lo declarado en fase sumarial y lo declarado en el juicio. Las declaraciones prestadas en sede policial sin intervención judicial, cuando no han sido ratificadas durante la fase de instrucción, ni siquiera pueden acceder al juicio a través de los testimonios de referencia de los agentes policiales que las tomaron o presenciaron. Ello no significa negar toda eficacia probatoria a las diligencias policiales que constan en el atestado, pues, por razón de su contenido, pueden incorporar datos objetivos y verificables, como croquis, planos, fotografías, que pueden ser utilizados como elementos de juicio siempre que, concurriendo el doble requisito de la mera constatación de datos objetivos y de imposible reproducción en el acto del juicio oral, se introduzcan en éste como prueba documental y garantizando de forma efectiva su contradicción. El valor del testimonio de referencia es el de prueba complementaria.
Resumen: Derecho a la presunción de inocencia: contenido de su examen en casación. Existencia en el caso objeto de recurso de prueba de cargo bastante de la existencia de engaño. Correcta inferencia de que los hechos configuraban un delito de estafa bajo la modalidad de contrato jurídico criminalizado. No se trató de un simple incumplimiento, sino que, desde el inicio, el acusado tuvo la intención de lucrarse con la contraprestación de la parte contraria, sin cumplir la suya. Engaño: delimitación del dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio. Esta modalidad de estafa aparece cuando el autor simula un propósito serio de contratar, cuando en realidad sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones de las otras partes. En el caso, el recurrente entregó trece pagarés inválidos desde el origen, firmados aparentando una legitimidad de la que carecía y recibió en contraprestación la posesión del local con todas sus existencias. Subtipo agravado de especial perjuicio: no se concreta en el relato de hechos probados, el perjuicio patrimonial ocasionado, que se acuerda que se determine en ejecución de sentencia. El Tribunal no menciona el importe de los pagarés, lo que es lógico, porque se recuperó el local antes de su vencimiento. Por otra parte, de las cantidades a las que se refiere el Tribunal de instancia no pueden tenerse en cuenta ni el lucro cesante ni el importe de las obras de reparación. Por ello, se estima el motivo respecto del subtipo agravado.
Resumen: El quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva consiste en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que se produce cuando el tribunal no da respuesta una pretensión jurídica deducida en los escritos de acusación o de defensa, de manera que esa falta de dispensar la tutela judicial efectiva se concreta en la falta de respuesta una pretensión jurídica deducida ante el tribunal de instancia, lo que comporta indefensión en su pretensión de defensa, instando, por la vía del quebrantamiento de forma la declaración de nulidad de la sentencia para que dé respuesta a la presión que pueda ser objeto de impugnación ante esta Sala. La atenuante de drogadicción como muy cualificada requiere la acreditación suficiente de una merma considerable de las facultades psicofísicas de una persona por la adicción y la afectación de las capacidades de decidir y actuar conforme a la comprensión de la norma.
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba de carácter indiciario, pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer, al menos, dos exigencias básicas: 1.º) los hechos base o indicios deben estar plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras sospechas; 2.º) el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado. En estos casos el control casacional incluye tanto la constatación de que ha mediado una actividad probatoria válida como el examen del razonamiento que sirve de fundamento a la convicción judicial para constatar que responde a las reglas de la lógica y del criterio humano. La relación entre los indicios probados y el hecho determinante de la responsabilidad criminal del acusado permite, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, llegar a la conclusión de que, si son ciertos los indicios, ha de serlo también el hecho determinante de la culpabilidad de cuya fijación se trate. Nacen las presunciones e indicios del conocimiento de la naturaleza humana, del modo de comportarse habitual del hombre en sus relaciones con otros miembros de la sociedad, de la índole misma de las cosas. En muchos casos, es el único medio para llegar al esclarecimiento del hecho delictivo.
Resumen: Condena por delito de estafa. La acusada, aprovechando su condición de empleada del hogar, se hizo con diversas cantidades de su empleadora, persona de edad avanzada. Se alega que la perjudicada tenía capacidad para conducir sus propios asuntos, como lo demostraba que hubiese otorgado testamento a favor de la recurrente y constituido poder general a favor de su sobrina, haciendo constar el notario que tenía plena capacidad. Además, la perjudicada firmó los trasvases de capital desde su fondo de inversiones y el informe meitido por el médico forense hace constar sólo una capacidad cognitiva mermada. Contenido del derecho a la presunción de inocencia. No cabe suplantar la valoración de la prueba del Tribunal de instancia, salvo que sea marcadamente arbitraria. Validez de la prueba indiciaria. Validez como prueba de las declaraciones sumariales: requisitos materiales, requisitos formales, requisitos subjetivos y requisitos objetivos. Aportación al acto de la vista oral. Existencia de prueba de cargo bastante: declaraciones de los testigos, sobrinos de la perjudicada, y de la propia acusada que reconoció los hechos y cuya declaración entraba en contradicción con las suyas previas. Se impugna la determinación de la indemnización, alegando que la perjudicada no ha reclamado por los supuestos perjuicios. No consta que la perjudicada se hubiese reservado la acción civil ni renunció expresamente a su derecho de restitución, por lo que le correspondía al Ministerio Fiscal solicitarla.
Resumen: Se recurre en casación unificadora la sentencia resolutoria del recurso de suplicación interpuesto contra auto de 18-2-16, dictado en ejecución de sentencia y en la que, con revocación del mismo, se declara el derecho de los demandantes a la integración en la plantilla de Cofivacasa SA, con los derechos económicos y sociales, y antigüedad que ostentaban en Babcok Power España SA al momento de la integración. Consta que por auto de 12-04-11 del Juzgado de lo Mercantil se habían extinguido los contratos, entre otros, de los demandantes. Recurre el Ministerio Fiscal en casación unificadora alegando que la sentencia recurrida se ha excedido en la ejecución de la sentencia al declarar el derecho de los ejecutantes a integrarse en la empresa Cofivacasa e interesando que la fecha de integración sea del 10-12-10 hasta el 12-4-11, fecha de extinción de la relación laboral. Razona la sala que no se cumplen los requisitos recogidos en el art. 219.3 de la LRJS pues las normas cuestionadas han de estar en vigor menos de cinco años antes a contar desde el proceso de primera instancia, lo que no ha sido el caso [art. 241 LRJS]. Destacable la interpretación que efectúa la sentencia de los cinco años de vigencia de las normas aplicadas. Y en el caso no puede invocarse que la norma cuestionada haya introducido modificación legislativa alguna pues la redacción del art. 241 de la LRJS es sustancialmente igual a la de su precedente, el art. 239 de la LPL. Se desestima el recurso.
Resumen: La invocación en casación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada; d) una prueba racionalmente valorada. La declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador. La finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECrim consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones, el error que se denuncia y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario
Resumen: El delito provocado se integra por una actuación engañosa del agente policial que supone una apariencia de delito, ya que desde el inicio existe un control absoluto por parte de la policía. Supuesto distinto es la actividad del agente tendente a verificar la comprobación del delito. No puede confundirse el delito provocado instigado por el agente con el delito comprobado a cuya acreditación tiende la actividad policial. El delito provocado se integra por tres elementos: a) Un elemento subjetivo constituido por una incitación engañosa a delinquir por parte del agente a quien no está decidido a delinquir. b) Un elemento objetivo teleológico consistente en la detención del sujeto provocado que comete el delito inducido. c) Un elemento material que consiste en la inexistencia de riesgo alguno para el bien jurídico protegido, y como consecuencia la atipicidad de tal acción. En el caso enjuiciado no puede entenderse que exista delito provocado. Del hecho probado resulta una situación antijurídica preexistente a la intervención del denominado testigo alfa, que colabora con la investigación policial para descubrir un actuar delictivo previo a la intervención policial. Por lo tanto, no se describe una provocación al delito.
Resumen: Recurso formulado por una persona encargada en una empresa de las labores de secretaria. Por su función, la recurrente recibía cantidades económicas que le entregaban los clientes y que no ingresaba en las cuentas de la empresa. Presunción de inocencia: triple comprobación en casación. No abarca la sustitución de la valoración de la prueba del órgano de instancia por la propia. Existencia de prueba de cargo bastante, con la expresión de una motivación racional y suficiente. Se alega que no se hace diferenciación entre la responsabilidad civil señalada a la recurrente, y a quien fue su marido, pero la cuestión carece de contenido, pues la recurrente es condenada como responsable civil directa y su marido como partícipe a título lucrativo. No se impugna la indemnización declarada, sino la prueba tomada en consideración para su determinación. Dilaciones indebidas: no procede. La concurrencia de la atenuante exige, no sólo la acreditación del transcurso de tiempo, sino también de que es indebida, esto es, que no obedece a un curso normal de las actuaciones. Debe ser además, una dilación extraordinaria. En el caso, se practicaron numerosas periciales. No se designa documento que acredite el error del órgano de enjuiciamiento. Requisitos del vicio formal de falta de claridad en los hechos probados. No hay indefensión por la suspensión de la vista durante quince días por incomparecencia de un testigo. Partícipe a título lucrativo: correcta aplicación según el relato fáctico.