Resumen: Delito contra la seguridad social. Artículo 307 del Código Penal. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El control de la existencia de prueba de cargo y el control sobre su suficiencia. La continuidad delictiva en el delito de fraude contra la Seguridad Social. La temporalidad en la comisión delictiva y el importe de las cuantías defraudadas. La aplicación de la ley penal más favorable. Las agravaciones específicas en el delito contra la Seguridad Social: el artículo 307.1. a) y b) del Código Penal. Estas agravaciones aparecen tanto en la redacción original de 1995 como de 2003 y determinaban una pena de de prisión de dos años y seis meses a cuatro años y multa del triplo y medio al séxtuplo de la cuantía defraudada.Tras la reforma de la LO 7/2012, son parcialmente coincidentes y se sancionan en su umbral mínimo, de forma algo más liviana.
Resumen: Devolución del recurrente a su país de origen. Recurso de casación contra sentencia que acuerda el archivo de las actuaciones al no acreditarse la representación del letrado del recurrente. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Señala la Sección Primera la existencia de pronunciamientos de otros órganos judiciales contrarios a la doctrina fijada en interés de ley en la STS de 30 de junio de 2011 -doctrina en consonancia con la emanada por el Tribunal Constitucional sobre la interpretación pro actione de los presupuestos procesales de acceso a la jurisdicción- aconsejan un nuevo examen de la problemática planteada.
Resumen: La Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. En el caso de autos no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso penal, sino que se obtuvieron casualmente al revisar la contabilidad de la sociedad, en la sede de la propia empresa.La cualidad de autoridad o funcionario público del agente es un concepto suministrado por el artículo 24 del Código Penal, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública.
Resumen: Condena por delito de agresión sexual con penetración mediante violencia y sometido sobre persona especialmente vulnerable. Vulnerabilidad de la víctima. Declaración de la víctima como prueba de incriminación. Delito leve de hurto. No concurre la utilización de llaves falsas pues no consta el acceso ilícito a las llaves utilizadas. Extorsión. Descarta la continuidad delictiva al atribuir todas las extracciones y entregas al acusado a un único momento. Reincidencia. No se aprecia por rehabilitación del acusado de las condenas anteriores. Penalidad.
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que rechazó una demanda en la que se solicitaba que se declarara que el expediente sancionador abierto a la demandante infringió los estatutos del partido y que las resoluciones que acordaron su expulsión eran nulas e infringieron el derecho a un proceso sancionador con todas las garantías y los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión y al derecho de asociación. Recurso por infracción procesal. La interpretación de una resolución dictada en un procedimiento sancionador no constituye una valoración de le prueba, sino una valoración jurídico-sustantiva. Recurso de casación. Un expediente disciplinario de un partido político debe respetar ciertas garantías ínsitas al carácter democrático de su estructura interna y de su funcionamiento, pero no se equipara a un proceso penal o a un proceso administrativo sancionador. En el caso las garantías se cumplieron, se describieron los hechos, se concedió audiencia y la posibilidad de proponer prueba y se motivó la sanción. La conducta de la demandante de presionar sobre el órgano de su partido con no votar los presupuestos autonómicos si no se solucionaba un problema de un afiliado, justifica la sanción de expulsión. Que después votara a favor no impide la sanción, al estar basada en la exteriorización de la decisión de deobedecer para favorecer los intereses de una tercera persona. La sanción no vulnera la libertad de expresión.
Resumen: Delito de apropiación indebida. Artículos 250.1.6º y 252 del Código Penal. Delito de falsedad en documento mercantil. Artículos 390 y 393 del Código Penal. Concurso medial de delitos. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. La continuidad delictiva en los delitos patrimoniales. La aplicación de los artículos 250.1.6º y 74 del Código Penal. El principio non bis in ídem. Prescripción del delito. Las partes en el proceso penal: la acusación particular. El perjudicado.
Resumen: Se trata de un recurso de casación contra una sentencia por conformidad de las partes. Declaración de nulidad de la sentencia al no haber sido traídos al juicio los terceros afectados por la declaración de nulidad de los contratos de préstamo fraudulentamente celebrados por el acusado, así como de las hipotecas con que se garantizó el pago de las mismas, por lo que deberán ser citados los afectados a los que se refiere la declaración de nulidad para que puedan comparecer ejercitando su derecho de defensa en la vista que al efecto se celebre a fin de tratar sobre las declaraciones de nulidad.
Resumen: No se estima que exista indefensión en la actuación del abogado de oficio que asistió al acusado ahora recurrente. No basta con la realidad y presencia de un defecto procesal si no implica una limitación o menoscabo del derecho de defensa en relación con algún interés de quien lo invoca, sin que le sean equiparables las meras situaciones de expectativa del peligro o riesgo. Respecto de los abusos sexuales, se tiene en cuenta la fecha de entrada en vigor de la reforma del C.P. por la L.O. 1/2015, que extendió la edad de la víctima hasta los 16 años, así como la edad de las menores en el momento de los hechos. Precisiones sobre la continuidad y no continuidad del delito.
Resumen: El TS, en primer lugar, recuerda los límites revisorios del Tribunal de casación cuando la sentencia recurrida es absolutoria. En este sentido, afirma que los márgenes de la facultad de revisión por esta Sala de sentencias absolutorias a través del cauce casacional de infracción de ley no cabe cuando la condena exige una reconsideración de la prueba practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada. Resulta evidente que, en este caso, el Tribunal ha llevado a cabo un análisis del material probatorio y ha llegado a una conclusión absolutoria, que no es modificable por este Tribunal a través del recurso de casación, sin práctica de prueba y sin escuchar a los acusados. Y, en segundo lugar, recuerda su doctrina relativa a la imposición de costas por mala e o temiridad: 1) La prueba de la temeridad o mala fe, corresponde a quien solicita la imposición de las costas; 2) No es determinante al efecto que la acusación no oficial haya mantenido posiciones en el proceso diversas, incluso contrapuestas, a la de la acusación oficial; y 3) El Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecia la la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo.