• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2454/2018
  • Fecha: 17/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que sea constitucionalmente legítima una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones el Juez ha de verificar la presencia de indicios constatables por un tercero que rebasen el dintel de las meras sospechas y gocen de cierta potencialidad acreditativa. Sin llegar a constituir prueba han de representar algo más que una conjetura. No bastan meras afirmaciones apodícticas de sospecha. El órgano judicial ha de valorar no sólo la gravedad y naturaleza de los delitos que se pretende indagar; y la necesidad de la invasión de un derecho fundamental para esa investigación. Es imprescindible que efectúe un juicio ponderativo sobre el nivel cualificativo de los indicios que avalan las sospechas. Si el oficio policial expresa que se conocen las relaciones de C. con una determinada persona a la que se ocuparon en unas diligencias x kgr. de cocaína y que lo suponen implicado en la misma actividad por su alto nivel de vida y por no tener actividad laboral conocida, dar por buena la afirmación de esa ocupación de droga no supondrá hacer dejación de las propias responsabilidades. Pero el oficio sí debería añadir por qué se ha sabido de esas relaciones (es una valoración que se basa en otros datos: si los han seguido, los han visto juntos con frecuencia, se lo ha comunicado un confidente, son parientes, frecuentan los mismos lugares....); por qué deducen que tiene un alto nivel de vida (gastos que le han visto hacer, o pluralidad y calidad de vehículos, o lugares de ocio).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10169/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Afirma que responde al ejercicio de una acción civil que se ejerce acumulada a la penal, pero que no por ello pierde los rasgos que le son propios. Una responsabilidad que ha sufrido un proceso de progresiva objetivación, basada especialmente en la teoría de la creación del riesgo, conforme a la que, quien se beneficia de actividades que de alguna forma puedan generar un riesgo para terceros, debe soportar las eventuales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resultan perjudicados, salvo actuación fraudulenta o gravemente imprudente por parte de éstos. En concreto, afirma que los deberes de seguridad que los bancos deben observar para llegar a consolidar un espacio seguro de actuación, han tenido su reflejo legal armonizando nuestro ordenamiento interno con la normativa europea sobre la materia. Y así, a fecha de los hechos estaba vigente la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que establece un régimen de responsabilidad de las indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, a cargo del proveedor de servicios de pago, que le obliga a devolver de inmediato el importe de la operación no autorizada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 7021/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Habiéndose denegado la expedición de título profesional de abogado por la Administración habida cuenta que el solicitante cursó de forma simultánea la formación exigida para la convalidación del título obtenido en el extranjero y los estudios de Máster para el ejercicio de la profesión de abogado, resolución luego anulada jurisdiccionalmente, el Abogado del Estado prepara recurso de casación planteando una cuestión que se considera presenta interés casacional objetivo, como es determinar si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 6513/2019
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple las exigencias del art. 89.2 LJCA y que -habiendo versado la cuestión litigiosa sobre los requisitos de acceso a la profesión de abogado y, en concreto, si es factible la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero, con los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster) o, por el contrario, es preciso haber obtenido con carácter previo dicha convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster- concurre el supuesto del art. 88.3.a) LJCA invocado. Por ello, admite a trámite el recurso de casación, precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: Si a los efectos de acceso a la profesión de abogado resulta exigible haber obtenido la convalidación del título habilitante obtenido en el extranjero para ser admitido en los cursos de formación específicos (Máster) o, por el contrario, resulta factible la realización simultánea de ambas formaciones; y las normas jurídicas a interpretar: los arts. 2 de la Ley 34/06, de 30 de octubre y 2 del Real Decreto 775/11, de 3 de junio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2528/2018
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La presencia de un menor en el proceso penal no tiene que comportar un debilitamiento de los principios de inmediación y contradicción que deben presidir el desarrollo de cualquier instrumento de prueba, al ser presupuesto y garantía de la valoración probatoria y del derecho a un proceso con todas las garantías. En ocasiones es importante anticipar la prueba testifical del menor, lo que deriva del argumento de los especialistas de que una declaración tardía, o a veces su reiteración, potencia el riesgo de victimización que siempre acompaña a la rememoración de la experiencia delictiva descrita en el testimonio, así como que la preconstitución probatoria evita el riesgo de que los testimonios infantiles se empobrezcan por el transcurso del tiempo o, en ocasiones, se contaminen por la interacción de terceros relacionados con él. Y hemos destacado además que la concurrencia de un profesional experto en la realización de esas entrevistas tiene un valor especial, aunque desde luego resulta irrenunciable la supervisión judicial y la contradicción asegurada por la presencia de todas las partes. El TC condiciona la legitimidad de la exclusión de la presencia del menor en la vista del juicio oral estableciendo como presupuesto que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral. Cuando existan razones fundadas y explícitas para apreciar un posible riesgo para la integridad psíquica de los menores en caso de comparecer (acreditadas a por informe psicológico).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2595/2018
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Exclusión del efecto agravatorio del artículo 74.1 CP, para impedir que su aplicación conduzca a la doble incriminación de un mismo hecho: subtipo agravado atendiendo al valor de la defraudación, cuando ningún acto individual supera los 50.000 euros.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2462/2018
  • Fecha: 10/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia por estimar que las declaraciones del menor, víctima de los hechos, eran contradictorias y repletas de contradicciones. Contenido del análisis en casación de la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Validez de las declaraciones de la víctima como prueba de cargo bastante. El Tribunal de instancia estimó que las declaraciones de la víctima respondían a un relato continuado, uniforme, claro y preciso, corroborado por una grabación entre el acusado y el menor, sobre un tema y con unas expresiones totalmente impropias entre un profesor y su alumno. La grabación no aparece como provocada. No se atisban en su registro elementos que permitan cuestionar su validez como corroboración. Se cuestiona documentalmente que el menor tuviese en el momento de los hechos menos de trece años. El documento que se designa no evidencia el error del Tribunal, pues lo que se afirma en hecho probado es que en fecha no concretada de los años 2001 y 2002 se desarrollaron una serie de hechos que son calificados como continuado de abusos sexuales y esa continuidad revela una pluralidad de actos que tuvieron lugar en las varias ocasiones que se reflejan en el hecho probado y que el documento no desvanece.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 1/2019
  • Fecha: 07/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Inadmisión de recurso de alzada contra la inadmisión de incidente de nulidad de actuaciones formulado contra acuerdo de corrección disciplinaria a abogado por expresiones escritas inapropiadas. Desestimación. La demanda guarda silencio sobre la ratio decidendi del acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, que no es sino la falta de competencia del órgano de gobierno del Poder Judicial para revisar la actuación jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales. La decisión de la Comisión Permanente del CGPJ de inadmitir el recurso de alzada contra los actos de una Sala de Gobierno que confirman la sanción de policía de estrados impuesta por un órgano judicial es perfectamente correcta y ajustada a derecho, pues las sanciones impuestas por los órganos judiciales en ejercicio de su potestad de policía de estrados es de naturaleza jurisdiccional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2062/2018
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito continuado de estafa. Artículos 248.1 y 250.1.5 CP. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control casacional de las eventuales vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia. La valoración de la actividad probatoria desarrollada en la instancia. La valoración de las declaraciones sumariales y su introducción en el Plenario. Las declaraciones de coimputados: la credibilidad de su testimonio. La valoración de la declaración inculpatoria del coimputado. La figura del Whistleblowing: el denominado "informante" y la admisibilidad de las denuncias internas en el ámbito empresarial. El delito de estafa: elementos del delito. El engaño bastante. Idoneidad del engaño. El deber de autotutela o autoprotección de la parte perjudicada en el delito de estafa: jurisprudencia de la Sala. La continuidad delictiva. La cuantía defraudada como fundamento de la agravación prevista en el artículo 250.1.5 CP. Las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño. El recurso de casación por infracción de Ley (art. 849.2 LECrim.) por error en la valoración de la prueba: ámbito y requisitos de admisibilidad. El recurso de casación por quebrantamiento de forma. por denegación de diligencia de prueba. El deber de motivación de las resoluciones judiciales. El juez predeterminado por la Ley y las reglas de atribución de competencia. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 116 CP.). Complicidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 2314/2018
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abuso sexual con prevalimiento (artículo 181.1, 3 y 4 del Código Penal). Recurso de casación por vulneración de precepto constitucional: el derecho a la tutela judicial efectiva. La motivación de las resoluciones judiciales. El valor probatorio de los informes periciales sobre la credibilidad de un testimonio. La valoración de las declaraciones sumariales y su introducción en el Plenario. Análisis del elemento típico del prevalimiento por abuso de una situación de superioridad. La línea divisoria entre la intimidación y el prevalimiento. El elemento típico del prevalimiento supone la situación de superioridad, de ventaja o de privilegio generada por una ascendencia del sujeto activo sobre el pasivo que instrumentaliza y pone a su servicio la ascendencia sobre sujeto pasivo para alcanzar las finalidades que persigue en detrimento de la víctima.El sujeto activo se aprovecha de una situación de superioridad para limitar la capacidad de decisión que un sujeto pasivo que, por su corta edad, por sus condicionamientos psíquicos, por la ascendencia del sujeto activo o por las especiales concurrencias que se detallan, consiente viciadamente y acepta una relación sexual motivada por esa relación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.