• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1631/2018
  • Fecha: 13/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. El único límite a esa función viene determinado por la inmediación. No es posible revocar una sentencia condenatoria en la que el tribunal de apelación reconoce que existe válida prueba de cargo, alegando una supuesta, inexistente y en cualquier caso injustificada motivación ilógica e irracional, dudando de la credibilidad de la víctima por unas pretendidas contradicciones que ni siquiera se especifican, y sustentando la absolución del acusado en lo declarado por un amigo suyo directamente implicado en los hechos, y desconociendo la existencia de otras muchas pruebas objetivas de cargo de naturaleza testifical, documental e incluso pericial; y todo ello cuando el órgano ad quem no ha presenciado la prueba desarrollada ante el órgano de enjuiciamiento. La rehabilitación en casación en contra del reo de una previa condena luego suprimida o atenuada en apelación, no tropieza con obstáculo alguno derivado de la jurisprudencia constitucional y del TEDH a tenor de la cual la revocación de una sentencia absolutoria por razones probatorias exigiría la audiencia del acusado en la fase de recurso, y en su caso, la reproducción de prueba. En este supuesto no nos enfrentamos a una decisión de condena que adoptaría ex novo esta Sala Segunda por vía de recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 318/2018
  • Fecha: 13/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso contra el Real Decreto que dispuso el cese del Vicepresidente y Consejeros de la Generalitat de Cataluña y de todo el personal eventual adscrito a dichos cargos, en aplicación de las medidas autorizadas por el Senado respecto de dicha Comunidad autónoma en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Sala rechaza la inadmisión del recurso propugnada de contrario y sostiene que es el juez ordinario predeterminado por la Ley, ya que el RD recurrido no es un acto de la Administración de la Generalidad sustituida por el Gobierno, sino de éste en aplicación del artículo 155 de la CE. Además, considera que existe un claro título habilitante del cese de la recurrente (personal eventual), que se encuentra en la autorización conferida al Gobierno por el Senado, precisando que no se trata de una actividad llevada a cabo en sustitución del Presidente, Vicepresidente y Consejeros, sino ante la consecuencia inmediata y automática del cese de estos últimos, de conformidad con la Ley catalana en consonancia con lo establecido en el EBEP. Se trata de un cese ope legis, que responde a una causa legal expresa e inequívoca, por lo que no hay infracción de la legalidad, de la seguridad jurídica ni arbitrariedad. Descarta también que se esté ante una sanción, así como la infracción del 23.2 de la CE y que el cese obedeciera a motivos ideológicos, pues la destitución la desencadenó el cese del Gobierno de la Generalitat del que la recurrente era personal eventual
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10357/2019
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de terrorismo. Depósito de explosivos. El TS desestima el recurso interpuesto y recuerda su doctrina relativa a la prueba indiciaria en virtud de la cual el Tribunal sentenciador llegó a la convicción de que el recurrente realizó los hechos por los que fue condenado. En este sentido afirma que la convicción de culpabilidad se edifica sobre la base de una prueba indiciaria que se ha dejado expuesta a través de la reproducción de un largo pasaje de la sentencia de instancia. La Audiencia efectúa su deducción a partir de indicios. La categorización de esta modalidad probatoria -prueba indiciaria- tiene utilidad práctica por cuanto permite articular protocolos de control y de suficiencia. Finalmente, recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional y afirma que a falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan unos requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso tanto que el órgano judicial exponga los indicios como que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, d) que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1972/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de falsedad tienen la naturaleza de un delito de peligro y no de lesión, y se consuma desde el momento en que se realiza la alteración o mutación de la verdad en el documento, añadiendo que en estos delitos no se exige una incidencia del documento falso en el tráfico jurídico, "bastando que exista un daño potencial cuando el documento tenga aptitud para poder incidir negativamente en dicho ámbito...quedando consumados estos delitos desde el momento en que se produce la alteración prevista como típica en las modalidades previstas en el Código, es decir, una vez que alcanzan esa posibilidad de incidencia en el tráfico jurídico". También se ha precisado que no es menester que concurra el ánimo de lucro ni otro especial, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de documentos privados. Si el acusado hubiera estampado de forma falsaria la firma de la presidenta de la Comunidad para hacer posible su cobro, aunque no esté acreditado quién haya sido el beneficiario, se hubieran cumplido los requisitos requeridos por el delito de falsedad. La pericial caligráfica, corroborada en el acto de la vista, en ningún momento determina -como establece la sentencia de instancia-que la firma correspondiente a la Presidenta de la Comunidad, obrante en los cheques , sea obra del acusado. Sólo se reconoce en los informes, como efectuada por el acusado, la que obra en la parte izquierda de los documentos donde debía figurar como mancomunada su firma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2125/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva). El recurso planteado al amparo del artículo 849.1 LECrim debe respetar el relato de hechos probados. El hecho de que por tres condenas anteriores por delitos leves de hurto se pueda aplicar un tipo hiperagravado que permita convertir una multa máxima de tres meses en una pena de prisión que puede alcanzar hasta los tres años, con un suelo de un año, resulta sustancialmente desproporcionado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1909/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Análisis de la responsabilidad penal en el caso de ser el acusado el yerno de la víctima, que vivían juntos en la época de los hechos, que son anteriores a la entrada en vigor de la reforma del CP. Parentesco por afinidad en primer grado. Se estima que el fallecimiento de la esposa del primero e hija de la segunda no extingue la referida relación parental. Cambio de criterio jurisprudencial. Se aprecia el motivo del recurrente, se le exonera de pena, pero se mantiene su condena al pago de las responsabilidades civiles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1673/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la seguridad social. Artículo 307 del Código Penal. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El control de la existencia de prueba de cargo y el control sobre su suficiencia. La continuidad delictiva en el delito de fraude contra la Seguridad Social. La temporalidad en la comisión delictiva y el importe de las cuantías defraudadas. La aplicación de la ley penal más favorable. Las agravaciones específicas en el delito contra la Seguridad Social: el artículo 307.1. a) y b) del Código Penal. Estas agravaciones aparecen tanto en la redacción original de 1995 como de 2003 y determinaban una pena de de prisión de dos años y seis meses a cuatro años y multa del triplo y medio al séxtuplo de la cuantía defraudada.Tras la reforma de la LO 7/2012, son parcialmente coincidentes y se sancionan en su umbral mínimo, de forma algo más liviana.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 4264/2019
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Devolución del recurrente a su país de origen. Recurso de casación contra sentencia que acuerda el archivo de las actuaciones al no acreditarse la representación del letrado del recurrente. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 4657/2019
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Señala la Sección Primera la existencia de pronunciamientos de otros órganos judiciales contrarios a la doctrina fijada en interés de ley en la STS de 30 de junio de 2011 -doctrina en consonancia con la emanada por el Tribunal Constitucional sobre la interpretación pro actione de los presupuestos procesales de acceso a la jurisdicción- aconsejan un nuevo examen de la problemática planteada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1845/2018
  • Fecha: 11/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. En el caso de autos no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso penal, sino que se obtuvieron casualmente al revisar la contabilidad de la sociedad, en la sede de la propia empresa.La cualidad de autoridad o funcionario público del agente es un concepto suministrado por el artículo 24 del Código Penal, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública.

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