• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3726/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente, mediante precio, acordó con dos mujeres, que trabajaban en un club, trasladarse a su domicilio con la finalidad de llevar a cabo prácticas sexuales. Una vez allí, y sin su conocimiento ni consentimiento, les suministró, dentro de una bebida que él preparó, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo les causó lesiones. En cuanto al derecho al Juez ordinario, y la competencia territorial, la defensa del recurrente no cuestionó la competencia del Juzgado de instrucción, o la de la Sección de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos, en los momentos procesales oportunos. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, aunque su recepción tenga lugar con posterioridad a la expiración de los mismos. El hecho de suministrar la droga a las mujeres vino precedido de su posesión con finalidad de proporcionarla a terceros. La tenencia en esas condiciones supone ya el riesgo para la salud pública que se trata de evitar mediante la pena correspondiente a este tipo delictivo. Para la consumación habría bastado la tenencia con ofrecimiento a las mujeres, aunque éste fuera rechazado. Se aplica el subtipo atenuado, pues aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta de droga que el recurrente tenía en su poder, de los hechos resulta que no podía ser muy alta, dadas las circunstancias concurrentes. Es cierto que la utilización de la misma merece un especial reproche, pero éste queda comprendido en el delito de lesiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3356/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Posibilidad de que sean recurribles en casación las decisiones de las Audiencias Provinciales negando su competencia para el enjuiciamiento y remitiendo la causa al Juzgado de lo Penal sin previa cuestión de competencia. La jurisprudencia, consolidada y uniforme, ha interpretado que la exclusión de recurso que prevé el art. 52 LOPJ se refiere a los recursos ordinarios. Una interpretación sistemática del art. 25 in fine LECrim , que autoriza el recurso de casación contra los autos de las Audiencias resolutorios de cuestiones de competencia, ha admitido recurso de casación de los autos de las Audiencias en que declina la competencia para enjuiciamiento en favor de los Juzgados de lo Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3323/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa a los indicios probatorios demostrativos de tal delito al afirmar que ha marcado una serie de indicadores particularmente reveladores de la actividad criminal que analizamos. Indicadores tales como: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. Concluye que en el caso, conforme al resultado de las pruebas practicadas, no resulta razonable establecer como probado que el dinero invertido por el acusado en la adquisición de los bienes que relaciona el Tribunal proviniera del tráfico ilegal de drogas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3146/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de difusión de pornografía infantil. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La prueba pericial informática. La prueba sobre la "difusión" del contenido pedófilo infantil. Análisis de la conducta descrita del artículo 189.1.b) del Código Penal. Jurisprudencia de la Sala: análisis de conceptos básicos sobre la pornografía infantil y doctrina sobre la aplicación de las modalidades agravadas. Aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 189.3.b) cuando los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio. El artículo 190 del Código Penal: condena de un Juez o Tribunal extranjero a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10668/2019
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contra el auto de acumulación de penas. El Ministerio Fiscal apoya uno de los motivos. Se alega, en primer motivo, la falta de incorporación de los testimonios de las ejecutorias pendientes. Su ausencia no determina automáticamente la nulidad del procedimiento, si se puede llevar a cabo la acumulación con los datos del certificado de antecedentes penales. Se alega, en segundo lugar, carencia de una defensa eficaz al no habérsele dado traslado a su defensor el escrito inicial. Derecho de defensa en la legislación procesal. No se agota en las actuaciones previas a la sentencia judicial o a la resolución judicial, sino que se extiende a recursos e incluso a los trámites de ejecución. Se precisa la intervención letrada en el trámite de audiencia para que se haga un correcto ejercicio del derecho de defensa. En el caso, el recurrente presentó escrito firmado por su letrado defensor y la ausencia de traslado a su defensa antes de la resolución del expediente de acumulación no entraña indefensión. No se acuerda la nulidad por ese motivo, pero sí por la incompetencia del Juzgado para resolver sobre el expediente, por existir cuatro sentencias posteriores a la dictada por el Juzgado que dicta el auto. En consecuencia, se declara la nulidad del auto y se acuerda su devolución para que se proceda con arreglo a Derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3085/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conforme a la legislación vigente se está ante delito básico de estafa, por lo que el plazo de prescripción aplicable sería el de 5 años (vigente art. 131.1 párrafo 4° del C. Penal). No se debe obviar que conforme a la legislación aplicable a la fecha de los hechos, se estaría ante una estafa agravada castigada con hasta seis años de prisión, por lo que el plazo de prescripción, con una u otra norma, sería el de 10 años. Además, es de añadir que no es viable acudir a normas intertemporales, es decir, a aquellas que estuvieron vigentes entre aquella en la que se cometieron los hechos y la vigente en el momento concreto del enjuiciamiento. Resulta por tanto evidente que el cómputo a efectos de prescripción se hará con el plazo prescriptivo primero (5 años) y no con el segundo (10 años).En relación a tal cómputo temporal se ha de partir de que las diligencias penales que nos ocupan se incoaron por auto de 3 de agosto de 2009 y que no se le pudo recibir declaración en calidad de investigado al acusado e informarle de sus derechos y del contenido de esta causa hasta el pasado 22 de Septiembre de 2014. Pero no se debe olvidar que en el auto de incoación de las diligencias penales se acordó, como diligencia penal relevante, tomar declaración al querellante, la cual tuvo lugar el 12 de enero de 2010. Todo lo cual pone de relieve que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la admisión a trámite de la querella y adopción de diligencias de investigación a practicar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2838/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. En su más nuclear reducto no es fiscalizable en casación. Se pueden revisar las decisiones arbitrarias. También las inmotivadas. O aquellas que no respetan las reglas o los criterios legales. Pero no es factible neutralizar o privar de eficacia las decisiones razonadas y razonables en esta materia del Tribunal de instancia, aunque puedan existir muchas otras igualmente razonables y legales. Desborda las atribuciones de un Tribunal de casación la capacidad de redimensionar la pena para ajustarla a sus propias eventuales estimaciones. Nos entrometeríamos en facultades discrecionales que el legislador deposita en la Audiencia Provincial. Solo podemos verificar si la opción penológica está motivada con arreglo a criterios legales y razonables, y no vulnera las reglas de individualización. En el ámbito último de discrecionalidad inherente a la elección de una pena concreta dentro de la horquilla legal, la decisión corresponde, a la Audiencia. No puede ser usurpada o expropiada por el Tribunal de casación. La traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. Se podrán discutir las bases pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2696/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de apropiación indebida. Aplicación del subtipo agravado del artículo 250.1.5 del Código Penal. La continuidad delictiva en los delitos contra el patrimonio. Recurso de casación por denegación de diligencia de prueba: requisitos de prosperabilidad. Recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de necesidad de motivación de las resoluciones judiciales. Recurso de casación por quebrantamiento de forma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 851.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por falta de claridad en la declaración de hechos probados. La legitimación de la acusación particular. La teoría del levantamiento del velo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3046/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Dos delitos de estafa continuada. En el primero se condena a dos propietarios de "pubs", que dieron expresas indicaciones de que a la víctima, cliente habitual, no le faltase nunca bebida para de este modo disminuir su capacidad de control y con ello efectuar cargos en la cuenta que no se correspondía con las efectivas consumiciones realizadas. En el segundo, se condena a quien prestaba servicios de alterne en esos pub, pero por hacer un uso inconsentido de la tarjeta de crédito (o sólo del pin) de esa misma víctima, para extraer dinero del cajero, abonar importe de billetes de avión o realizar alguna compra. Las normas procesales que regulan la tramitación de un procedimiento, las que regulan las pruebas y su disciplina de garantía, sirven para configurar el derecho al proceso debido y la regularidad en la obtención de la prueba; pero en cuanto normas procesales sólo pueden fundamentar el acceso al recurso de casación, en cuanto su inobservancia haya generado infracción de principio constitucional, cuyo cauce específico, en principio, es el previsto en el art. 852 LECr. La jurisprudencia aprecia análoga significación con la atenuación de confesión del artículo 21.4 CP, en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaborativa del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2567/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso concreto, debe eliminarse la referida agravación ya que el fallecido (quien sería la persona sobre quien se ejerció el abuso de superioridad) ni siquiera fue propiamente la víctima, salvo en relación a los 50.000 euros traspasados en vida. Estamos más bien ante una estafa a los herederos. Por tanto no es correcto fundar la agravante en las condiciones físicas o psíquicas del finado que ni fue quien sufrió el engaño; ni fue el perjudicado directo (fuera de la transferencia efectuada en vida).

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.