• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 5348/2018
  • Fecha: 27/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación presentado en el que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si es discriminatorio el límite de 75 años que se establece para la adscripción al Turno de Oficio y si los Colegios Profesionales, en este caso, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ostentan potestad normativa al efecto. La Sala concluye que la falta de justificación objetiva del límite de edad y la finalidad que perseguía el Colegio, impiden determinar su proporcionalidad en relación con esa finalidad, que se desconoce, lo que les lleva a considerar discriminatorio por razón de edad el art. 1.4.d) de las Normas reguladoras del Turno de Oficio, aprobadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, y ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE y de la STC 29/12- que el establecimiento de una edad máxima -75 años- en el Turno de Oficio (no obstante las excepciones que se establecen) es discriminatoria por razón de edad al desconocerse el objetivo, impidiendo hacer un juicio de valor sobre la adecuación de esa restricción y su proporcionalidad. Asimismo, afirma que los Colegios de Abogados -ex art. 22 de la Ley 1/96 - son competentes para la regulación y organización del Turno de oficio, y, por tanto, para el establecimiento de la fijación de límites máximos de edad, siempre que el objetivo perseguido sea legítimo y el límite proporcionado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2047/2018
  • Fecha: 26/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la salud Pública. El TS estima el recurso al considerar insuficiente la eficacia probatoria de un testigo (principal prueba de cargo) que, sin haber sido declarado judicialmente como protegido, recibió tal tratamiento procesal. En este sentido, recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para poder erigirse en prueba de cargo, la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos. El primero de ellos que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto; el segundo, que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en su caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio; y el tercero, que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por sí sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. En el caso concreto, destaca que "ninguna resolución a tal efecto fue dictada por el Juez de instrucción en la fase de investigación ni por el órgano de enjuiciamiento al recibir las actuaciones. por lo que se vio vulnerado el derecho de defensa de la recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1966/2018
  • Fecha: 26/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aplica la agravante de especial vulnerabilidad de la víctima porque el autor se aprovechó de las intensas relaciones entre las familias de víctima y ofensor para realizar el delito. Se analiza el concepto de acto sexual para calificar la conducta como abuso sexual. Atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En la individualización de la pena se establece una doble subida penológica por la concurrencia del subtipo agravado y la continuidad delictiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1879/2018
  • Fecha: 25/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la tutela judicial efectiva, que tiene su asiento en el artículo 24.1 de nuestra Constitución, con carácter de derecho fundamental ostenta un contenido que es el del derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales una resolución fundada en Derecho, es decir, a que la petición de justicia, tras ser oídas las partes en el correspondiente cauce procesal, obtenga como respuesta una resolución o pronunciamiento debidamente fundado. La Constitución entre los derechos que consagra el art. 24 sitúa el derecho a usar los medios de prueba que estimen pertinentes para su defensa, pero también ha señalado que el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado o incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes o a que se practiquen todas las admitidas con independencia de su pertinencia, necesidad y posibilidad. No se produce vulneración del derecho fundamental a la prueba, cuando esta es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el resultado de la resolución final, y en este sentido se articula la diferencia entre prueba pertinente y prueba necesaria. Los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la estimación del artículo 850.1 LECrim son: a) que la prueba se haya solicitado en tiempo y forma; b) que la prueba haya sido denegada a pesar de ser pertinente; c) que la prueba sea necesaria; d) que su práctica sea posible; e) que ante la denegación, se haya protestado
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10379/2019
  • Fecha: 25/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La denegación de pruebas testificales se trata de un motivo entablado per saltum. No se reclamó en el previo recurso de apelación por la denegación de la segunda de las solicitudes aludidas. Ello, por sí, constituiría causa de inadmisión. No pueden introducirse en casación razones de impugnación no hechas valer en apelación. Solo es viable una queja contra la sentencia de instancia si antes se ha defendido en la apelación. El silencio sobre ese extremo en la segunda instancia (aunque no es propiamente tal en rigor en el proceso de jurado) lo expulsa del debate de forma definitiva. La convicción de la Sala debe entenderse lógica, racional y conforme a las máximas de experiencia, por cuanto el hecho de que la Sala dé valor prevalente a aquellas pruebas frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Antes, al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el tribunal de las manifestaciones y pruebas de descargo del acusado. Y en este caso, no existe prueba de la versión exculpatoria del acusado; resulta inverosímil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10467/2019
  • Fecha: 22/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La infracción de ley es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. Para apreciar un trastorno metal transitorio es preciso que la alteración en el estado de ánimo hubieran resultado anuladas. El error de hecho no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba. La expresión "no sé lo que hecho", desprovista de cualquier otro tipo de colaboración por el acusado, no determina sin más la aplicación de la atenuante de confesión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 10292/2019
  • Fecha: 22/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados y los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria. Frente a la parca fundamentación de la sentencia recurrida obra de la mayoría, contrasta el minucioso examen que realiza el voto particular del miembro del tribunal discrepante, de toda la prueba practicada, llegando a la conclusión de que no pudo quedar desvirtuado el derecho de los acusados a la presunción de inocencia.Una vez realizado un reconocimiento fotográfico dudoso -que se produce casi nueve años después de los hechos-, con las repercusiones que ello ha de tener en la memoria del testigo y en la propia fisonomía del reconocido, debió procederse con la mayor celeridad posible a la práctica de un reconocimiento en rueda. La exhibición de una sola fotografía al testigo no cumple con los requisitos exigidos para la realización de una diligencia de reconocimiento fotográfico, y es susceptible de viciar reconocimientos ulteriores en rueda, pues ya no sabemos si el testigo reconoció en rueda al sujeto de los hechos o a la persona que posteriormente vió en fotografía (en grabación videográfica en este caso).Cuestión que no ha sido preguntada al testigo en el plenario, siendo la carga de la prueba de la acusación y no de las defensas, ya que el acusado goza del derecho a la presunción de inocencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 1989/2018
  • Fecha: 21/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS examina el artículo 434 del Código Penal (atenuación derivada de la reparación o colaboración del acusado). Afirma que se trata de una atenuación cualificada, cuyos efectos sobre la pena se equiparan a los previstos para las que con carácter general se recogen el artículo 21CP, cuando operan como muy cualificadas. Integran esta atenuación cualificada dos conductas previstas de manera alternativa. De un lado, la reparación efectiva a íntegra del perjuicio causado; de otro la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Bastará para su apreciación con que concurra una de ellas, no siendo necesario el concurso de ambas. Respecto a la reparación del daño, las expresiones «efectivo e íntegro» descartan los supuestos de reparación parcial, quedando relegados al ámbito de la atenuante genérica los supuestos en que ésta implique contribución parcial pero relevante a la disminución del daño. Ha de ser «efectivo», lo que descarta la virtualidad a estos efectos de un compromiso de futura devolución.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3172/2019
  • Fecha: 21/11/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Determinar si cabe derivar la responsabilidad solidaria al menor de edad en aquellos supuestos en que su actuación como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes, que constituya el hecho causante de la responsabilidad solidaria, se ha llevado a cabo por medio de su representante, ya sea legal o voluntario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ
  • Nº Recurso: 320/2018
  • Fecha: 20/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo seguido por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto contra el cese del recurrente que prestaba servicios como trabajador eventual adscrito al Departamento de enseñanza, por RD 943/201, dictado en aplicación del art. 155 CE.. A pesar de las deficiencias de la demanda, el TS no acuerda la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. El recurrente fue cesado en virtud del Real Decreto 943/2017, que no es un acto de la Administración de la Generalitat de Cataluña sustituida por el Gobierno, sino de éste en aplicación del artículo 155 CE. El TS no está vinculado por lo que digan los informes elaborados por la Administración, ya sea en el curso del expediente administrativo, ya sea al dar cumplimiento al artículo 116.2 LJ;no hay vía de hecho, es evidente el título habilitante para el cese automático, sin ser funcionario de carrera, ni interino, ni obtuvo su puesto en concurrencia competitiva. No es necesario procedimiento ni otra actuación que su aplicación inmediata, no susceptible de gradación ni de proporción ninguna. El TS no se advierte infracción de la legalidad, de la seguridad jurídica ni arbitrariedad; en el cese no hay ningún elemento ideológico si por tal se quiere aludir a algún tipo de persecución por las ideas, sino hechos concretos y previsiones constitucionales y legales, conocidos por el recurrente desde el primer momento.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.