• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10294/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derecho a un Tribunal imparcial: denuncias considerando que la Magistrada Presidente intervino en varias ocasiones, demostrando parcialidad. La imparcialidad del Juzgador es la primera de todas las garantías procesales. La imparcialidad del Magistrado Presidente de los Tribunales de Jurado, pese a no estar integrado en el colegio decisorio, está asegurada por la Ley Reguladora del Tribunal del Jurado. La exigencia de motivación no desaparece ni se debilita cuando se trata de una sentencia del Tribunal del jurado. Las alegaciones sobre vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, referentes a la inclusión de la palabra asesinato en el veredicto, la distinción entre testigos directos e indirectos, la referencia al cambio de color del cuchillo por la utilización de reactivos, al visionado del dispositivo de almacenamiento digital de la prueba preconstituida de la menor hija de acusado y víctima, siendo, en algunos casos innecesarias e improcedentes, no merman las posibilidades de defensa del acusado. Necesidad de motivación en las resoluciones judiciales. Peculiaridades en los casos de los Tribunales de Jurado: imposibilidad ed exigir el mismo grado que en los Tribunales profesionales. La dispensa a los jurados suplentes antes de la conclusión de la deliberación no supuso merma alguna de los derechos de defensa del acusado. Existencia de prueba bastante de la existencia de un hijo de la víctima, residente en Argentina, para el que se reconoce indemnización.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1529/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación, como manifestación del principio de contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso. La Jurisprudencia contempla que una vez zanjada definitivamente la responsabilidad de unos acusados, y puesto que ya no podría aportarle perjuicio penal un testimonio veraz y distinto del prestado con ocasión de su enjuiciamiento, su declaración ha de ser prestada en condición de testigo, si bien su testimonio debe ser valorado judicialmente en términos racionales y buscar las oportunas corroboraciones que presten una especial consistencia a su versión. El derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. La sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que exige el artículo 120 CE, 66 y 72 CP cuando el Tribunal sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Las dilaciones indebidas son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, mientras que el plazo razonable es un derecho más amplio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10205/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la "intimidación", vis compulsiva o vis psíquica, se compele a ceder a los lascivos propósitos del agente mediante la coacción psicológica ejercida sobre la víctima, y que suponga el anuncio de un mal inminente y grave, personal y posible, racional y fundado. El delito de agresión sexual requiere violencia (o intimidación), pero en modo alguno que se ocasionen lesiones. En la doctrina jurisprudencial la relevancia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad no responde a una regla general. No cabe hablar de exención completa, pues no anulan el conocimiento ni la voluntad. Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión no tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante. La prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10313/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Afirma que no se trata de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2949/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si, a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta; debiéndose interpretar, en principio, el artículo 2.e) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en relación con los artículos 24 CE y 45 LJCA. Sobre cuestión análoga se ha admitido el recurso de casación nº 2452/2019 por Auto de 23 de septiembre de 2019. La Sala Tercera aprecia la conveniencia de reafirmar, reforzar o completar o, en su caso, cambiarlo o corregirlo, el criterio que sobre la cuestión fijó esta Sala en la sentencia de 30 de junio de 2011 recurso de casación en interés de la ley nº 76/2009) en la que se afirmaba que cabía sostener un criterio interpretativo del artículo 23 LJCA basado en el principio pro actione, que evite un excesivo rigorismo en la aplicación del requisito de acreditar la representación, impuesto por el artículo 45 LJCA, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el órgano judicial, aunque no puede excepcionar el cumplimiento del presupuesto procesal de la postulación, sí que, atendiendo a a las circunstancias concretas, derivadas de la dificultad acreditada de comunicación del Letrado de oficio con su representado, pueda habilitar un plazo suplementario para la subsanación de este defecto.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA
  • Nº Recurso: 84/2011
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los hechos por los que fue condenado en Francia y la falsificación de placas de matrícula por la que es imputado constituirían un delito continuado único y no un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro autónomo por las placas de matrícula, por la homogeneidad de la conducta y la identidad de precepto penal. El acusado fue condenado en Francia por depósito de explosivos, lo que no impide su condena de nuevo por ese delito porque no existe coincidencia de los periodos temporales en que se cometieron los hechos y hay indicios de que los explosivos no tenían una procedencia común, por lo que no se da la identidad objetiva exigible para la cosa juzgada. Se produjo la ruptura jurídica del delito permanente cuando fue imputado por el delito. El voto sostiene que el acusado estaba integrado en una organización encargado del depósito de armas. El depósito, como la integración en la organización, es un delito permanente que se consuma cuando aparecen todos los elementos del tipo. Es la situación antijurídica la que se mantiene por la conducta sostenida del agente; el injusto típico persiste y se verifica durante un lapso temporal, mientras que permanezca el depósito. La terminación del delito se produce cuando se levanta la situación antijurídica. El depósito es un concepto global que encuadra acciones plurales, no permite su fragmentación en los distintos objetos que lo componen, cuya variación no distorsiona la unidad de acto ni afecta de nuevo al bien jurídico
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10022/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Principio acusatorio: nadie puede ser condenado por delito y hechos distintos de aquéllos por los que ha sido acusado y no haya podido defenderse. Es preciso que haya identidad entre el hecho objeto de acusación y el que es base para la condena de forma que el hecho debatido en juicio constituya supuesto fáctico de la calficación de la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y practicar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa. Eso no impide la alteración del relato de hechos imputados por las acusaciones, siempre que se refieran aspectos accesorios. El escrito de conclusiones definitivas es el que delimita los hechos objeto de acusación. Derecho a la libertad religiosa: yihadismo e islamismo. Delito de adoctrinamiento activo con fines terroristas: introducción en la legislación española. Finalidad del precepto. No es punible la mera expresión ideológica de doctrinas integristas radicales. Sólo se sanciona un adoctrinamiento activo de colaboración cuando tenga por finalidad la incorporación de nuevos miembros. El artículo 577 del Código Penal recoge un amplio catálogo de formas de colaboración. Individualización de las penas: consideración de las circunstancias personales y de las circunstancias objetivas. Presunción de inocencia: estudio en casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Improcedencia de descontextualizar los elementos de prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10006/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS desestima el recurso del recurrente y recuerda que cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, o la tutela judicial efectiva, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Asimismo, recuerda que la dispensa de declarar prevenida en el artículo 416 de la LECRIM alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan: a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto; b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso. Añdiendo que no queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa quien habiendo estado constituido como acusación particular ha cesado en esa condición.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10197/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada; d) una prueba racionalmente valorada. La testifical de la víctima puede ser prueba suficiente si va revestida de una motivación fáctica reforzada que muestre la ausencia de fisuras de fuste en la credibilidad del testimonio. El deseo de justicia derivado del sufrimiento generado por el propio hecho delictivo no puede calificarse en ningún caso de motivación espuria que pueda viciar la credibilidad de la declaración de la víctima. Por lo que se refiere a la pericial psicológica sobre la "veracidad" de las declaraciones prestadas no corresponde a los psicólogos establecer tal cosa, que es competencia del Tribunal en su exclusiva función de juzgar y valorar las pruebas practicadas. El hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER
  • Nº Recurso: 1567/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia de esta Sala ha señalado en general que el número 2 del apartado 1 del art. 390 CP, la simulación de un documento puede incluir supuestos de falsedad ideológica cuando la mendacidad afecta al documento en su conjunto porque se haya confeccionado deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico una relación jurídica inexistente. Por el contrario, la alteración del contenido del documento de forma parcial, sería atípica por la despenalización expresa del art. 392 ya que sería un supuesto de falta a la verdad en la narración de los hechos. La falta de verdad en la narración de los hechos entraña mendacidad en lo que el contenido del documento relata, mientras que la inautenticidad atañe al origen creador ya sea en su dimensión subjetiva es decir la de la identidad de la persona que aparece como autora del mismo, o sea en su dimensión objetiva que afecta a aquella supuesta realidad antecedente que condujo o determinó la elaboración misma del documento y que éste, por el solo hecho de existir -con independencia de la fidelidad mayor o menor de su contenido- presupone como realidad objetiva verdadera. La sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el Tribunal correspondiente, y por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.