• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3713/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de estafa. Elementos del delito. El engaño bastante. El recurso de casación tras la reforma operada por la LO 41/2015, de 5 de octubre. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: límites a la valoración de la prueba practicada en la instancia. La credibilidad de los testigos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3782/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Admitida la necesidad de que en la determinación del precio de venta al público de las mercancías intervenidas o decomisadas se tenga en cuenta el estado de conservación del tabaco, se hace difícil entender el enlace entre esa exigencia normativa y el contenido material del derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia ha concluido que en el interior de los dos contenedores que arribaron al puerto de Barcelona había 700.000 cajetillas de tabaco. Y ha proclamado esa inferencia a partir del examen de la prueba documental y testifical que fue sometida a contradicción durante el plenario.Basta la lectura del relato de hechos probados para descartar su encaje en la infracción de la norma de cuidado, del deber de diligencia que da vida al tipo imprudente. El acusado aprovechando su condición de apoderado de Agente de Aduanas, con la finalidad de importar una gran cantidad de tabaco, sin abonar la deuda aduanera y obtener un beneficio económico, simuló una importación más del material que habitualmente éste importaba, concretamente artículos de uso doméstico en plástico.La introducción irregular de mercancías se consuma desde que pasan la primera oficina aduanera situada en el interior del territorio aduanero de la Comunidad sin que hayan sido presentadas en ella. Pasaron cuatro días en los que la mercancía clandestina -ya en territorio español- estuvo a disposición del acusado, sin control de los agentes de Vigilancia Aduanera. Mal se puede hablar de tentativa de delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3487/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 145/2019
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS, ante la alegación previa de la Administración demandada del incumplimiento por la entidad recurrente del requisito que establece el art. 45.2.d) LJCA para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, recuerda STS de Pleno de 5 de noviembre de 2008 (rec. 4755/2005), que aclaró definitivamente la necesidad de las entidades mercantiles de aportar el acuerdo corporativo al que hace referencia el citado precepto. En el presente caso, siendo necesario acreditar, no sólo el nombramiento como administrador único, sino también que, como tal administrador único, disponía de la capacidad interna necesaria para ejercitar acciones en su nombre de conformidad con los estatutos, resulta tal requisito no se ha cumplido por la recurrente ya que no consta acreditado en forma alguna que la firmante del acuerdo aportado sea, efectivamente, la administradora única de la sociedad. Y siendo un requisito subsanable, sin embargo la recurrente no ha procedido en consecuencia ante la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración en la contestación a la demanda, lo que obliga a declarar la inadmisibilidad del recurso sin necesidad de que por la Sala se tenga que abrir de oficio ningún trámite de subsanación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 147/2019
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala inadmite el recurso. La causa de inadmisibilidad aducida por la Abogacía del Estado por incumplimiento del requisito establecido en el art. 45.2.d) LJCA se expresó en términos claros e inequívocos en su escrito de contestación a la demanda y la inadmisibilidad del recurso fue, asimismo, la petición principal, formulada de forma expresa, contenida en dicho escrito y reiterada en el de conclusiones, por lo que correspondía a la parte actora rebatirla. Sin embargo, recibidos por ella ambos escritos, de contestación a la demanda y de conclusiones, a pesar de que pudo hacer uso de la posibilidad de subsanación que le brindaba el art. 138.1 LJ nada hizo, sino que mantuvo a lo largo del proceso hasta su culminación por sentencia una total pasividad, incluso en la segunda demanda (que presentó tras ampliarse el recurso a la resolución expresa, cuando ya conocía la objeción opuesta por la demandada), y en el trámite de conclusiones en los que también guardó silencio al respecto. Por ello esta Sala no tenía por qué abrir de oficio ningún trámite de subsanación, encontrándose plenamente habilitada, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, para declarar la inadmisibilidad del recurso por esta causa directamente en la sentencia, de forma congruente con lo planteado por la Administración demandada en su contestación y conclusiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 24/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedieron a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER DE MENDOZA FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 48/2019
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto recurrido dio motivada respuesta a las diversas pretensiones planteadas por el denunciante y acordó el sobreseimiento de la causa por considerar que los hechos no eran constitutivos del delito del art. 45 CPM de 2015 por el que se ejercitó la acusación, por lo que no se vio afectada la tutela judicial efectiva. Cuando los dos acusados, como responsables de seguridad de una instalación militar, iniciaron una somera investigación sobre el dispositivo de seguridad del lugar afectado entrevistándose con los efectivos de la guardia y procediendo a visionar el sistema de videovigilancia -como consecuencia de la detección de un posible fallo de seguridad-, no abusaron de sus facultades de mando ni incurrieron en arbitrariedad alguna, sin que, tampoco, impidieran el ejercicio de ningún derecho al recurrente. Aun partiendo de la hipótesis sostenida por el este de que en la entrevista mantenida con él, sus superiores no le advirtieron de su derecho a no declarar contra sí mismo, los hechos no integran el delito de abuso de autoridad, en su modalidad de abuso de atribuciones, ya que el cabo ejerció su derecho, al no contestar a dos de las preguntas que le fueron formuladas. Es más, el parte disciplinario posteriormente emitido -basado en no haber cumplido el denunciante con las rondas nocturnas que le estaban encomendadas- no se apoyó en ninguna coactiva confesión arrancada al mismo, sino que fue consecuencia del resultado del visionado de las cámaras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3288/2018
  • Fecha: 04/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.Si no constan los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por el abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. El relato de hechos es parco en la descripción del previo antecedente en el que se basó la apreciación de la reincidencia.Todas las posibilidades son viables en abstracto, lo que implica que, computado el plazo de cancelación desde la fecha de la firmeza que se apunta, en todas las hipótesis salvo en la más grave que reconduce al plazo de diez años, el antecedente sería cancelable. La acumulación aglutina condenas que derivan de infracciones heterogéneas. De cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. En los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 58/2019
  • Fecha: 04/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Atribución a determinados juzgados de medios personales y materiales, así como el conocimiento de los asuntos pendientes en materia relativa a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. Desestimación. Las quejas formuladas en relación con el Plan de riesgos laborales carecen de todo fundamento, y gran parte de las mismas no pasan de ser formulas genéricas carentes de toda apoyatura concreta de legalidad. Por otra parte, en ningún del Plan se recoge la exigencia de previo pronunciamiento del Servicio de prevención de riesgos laborales. Sobre el derecho al juez natural predeterminado por la Ley, el mismo no queda afectado, pues se trata de la adscripción a otro órgano judicial de una unidad organizativa y los asuntos a ella correspondientes por razones de una mejor reestructuración de la carga de trabajo en la localidad. La creación de las unidades bis para el reforzamiento de juzgados y su atribución posterior a determinados jugados de nueva creación, en vez de a los matrices iniciales, tiene por su propia naturaleza y finalidad un alcance temporal determinado por la tramitación y finalización de la carga excepcional y transitoria de asuntos relativos a las cláusulas suelo. El acuerdo no atribuye competencias gubenativas. La actora pudo formular alegaciones antes de la adopción del acuerdo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3352/2018
  • Fecha: 03/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El concepto de engaño bastante, no puede servir para desplazar al sujeto pasivo del delito todas las circunstancias concurrentes desplegadas por el ardid del autor del delito, de manera que termine siendo responsable de la maquinación precisamente quien es su víctima, que es la persona protegida por la norma penal ante la puesta en escena desplegada por el estafador. Únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese caso, el engaño no es bastante.La entidad financiera hizo las comprobaciones que pudo realizar. Exigió que se justificara documentalmente la existencia de la entidad prestataria y el cargo en virtud del cual el acusado contrató. No podemos entender que la diligencia del perjudicado fuese inexistente, aunque pudo haber sido más exigente, pero no en términos que este aspecto neutralice el engaño bastante desplegado por la acusada ahora recurrente.El responsable civil subsidiario tiene limitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penales.No es posible estimar vulnerada la presunción de inocencia o el principio in dubio pro reo a la responsabilidad civil derivada del delito que se rige por las reglas del derecho civil, y que en este caso resultaron debidamente aplicadas al haber actuado el acusado como legal responsable de la entidad condenada como responsable civil.

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