Resumen: La actora prestó servicios para el Hospital Universitario de Fuenlabrada desde 2006, primero como personal indefinido no fijo. Cuando su plaza fue cubierta tras un proceso selectivo, el hospital extinguió su relación laboral el 31/5/2022 pero la contrató de nuevo, al día siguiente, como interina por vacante. La sentencia de instancia reconoció a la trabajadora una indemnización de 20 días de salario por año trabajado al entender que la cobertura reglamentaria de la plaza extinguía su contrato de indefinida no fija. Sin embargo, el TSJ revocó esta resolución alegando que, al formalizarse un nuevo contrato, no se producía la ruptura del vínculo y, por tanto, no procedía indemnización. El Tribunal Supremo, tras constatar la existencia de contradicción entre esta decisión y otra sentencia del mismo TSJ, declara que la suscripción de un nuevo contrato temporal no elimina el derecho a la indemnización por la extinción previa de la relación indefinida no fija. Por ello, estima el recurso de la trabajadora, anula la sentencia del TSJ y confirma la del Juzgado de lo Social, reconociendo su derecho a 20 días por año de servicio (con el límite de 12 mensualidades). No se imponen costas.
Resumen: Recurso de suplicación: consignación de cantidad neta, en lugar de bruta. Subsanación posterior. Cuando la parte condenada es requerida para que subsane dicho defecto y, se da cumplimiento al mismo, de forma que el trabajador tiene garantizada la ejecución de la sentencia, para el supuesto de que se confirme la decisión judicial de instancia. Debe admitirse el recurso. La Sala de unificación, anuló la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones a la Sala de procedencia para que, con libertad de criterio, entre a conocer del recurso de suplicación planteado por la parte recurrente.
Resumen: Resuelve la Sala de unificación que el hecho de que la empresa no haya acudido a los trámites del despido colectivo (art. 124 LRJS), no permite calificar como nulo el despido impugnado cuando la superación de los umbrales numéricos del art. 51.1 ET se debe a que la extinción de los 90 contratos temporales en la misma fecha que el impugnado en autos tiene por causa la aplicación de la normativa que ampara los contratos y no es achacable a la iniciativa de la Administración empleadora. Se confirma la calificación del despido como improcedente. Reitera doctrina: SSTS 1008/2017, de 14 de diciembre (rcud 3610/2015), 1058/2017, de 21 de diciembre (rcud 3425/2015) y 1183/2024, de 26 de septiembre (rcud 3421/2023), entre otras.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar si el despido de la actora, prospectora de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León merece la calificación de improcedencia o de nulidad por no haberse seguido el procedimiento del art. 51 ET. Tras apreciar la contradicción, la sentencia confirma la resolución recurrida y rechaza la nulidad porque el cese comunicado a los prospectores de empleo contratados con carácter temporal no obedece a la voluntad de la Administración autonómica contratante (el Servicio de Empleo de Castilla y León), sino a la exclusiva decisión legal que dispuso expresamente la finalización del plan extraordinario y que por ello vino a poner término con la misma fecha a la prestación de los servicios pactados. La sentencia descarta que la Directiva 98/59/CE sea de aplicación a las administraciones públicas, por establecerlo así expresamente la propia norma comunitaria en su art. 1.2.b), debiendo por ello resolverse el despido colectivo en el sector público con exclusiva aplicación del art. 51.1 ET.
Resumen: El actor prestaba servicios para una empresa en actividad de limpieza. Mediante carta, se notifica al actor la extinción de su contrato por la empresa codemandada informándola que a partir de 22 de julio de 2021 deberá pasar a depender del Ayuntamiento que asumirá directamente el servicio de limpieza viaria. Extinguido el contrato, el Ayuntamiento no subroga al trabajador, pero sí subroga a uno de los siete trabajadores que prestaban ese servicio. El Ayuntamiento presta directamente el servicio de limpieza, haciendo uso de las mismas instalaciones (vestuarios, taquillas, nave donde se guarda el material y enseres...) y materiales de limpieza que antes utilizaba la empresa para la prestación del servicio. La sentencia de suplicación condena a la empresa por despido improcedente, y absuelve al Ayuntamiento. La Sala IV concluye que la decisión de una Administración pública de hacerse cargo directamente de un servicio que previamente había sido externalizado no excluye que haya una sucesión de empresa, pero en el presente caso no concurre el requisito de contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada de contraste, por lo que se desestima el recurso interpuesto por la empresa recurrente.
Resumen: En la sentencia apuntada, el núcleo de la controversia se centra en la fecha de antigüedad que se ha de reconocer a la actora a efectos indemnizatorios y tras haber sido su despido declarado improcedente en la instancia. Consta que la demandante prestó inicialmente servicios como subagente de seguros mediante un contrato de colaboración mercantil suscrito en 2000 con una Comunidad de Bienes que luego fue asumido por la sociedad Centro Técnico de Agentes de Seguros, S.A. En 2018, firmó ya un contrato laboral indefinido con esta entidad. El JS y el TSJ determinaron que, hasta 2018, la actividad no reunía las notas de laboralidad (dependencia y ajenidad) y por ello la antigüedad se fijó en la fecha de formalización del contrato laboral. La trabajadora interpuso RCUD argumentando que la suya era una relación laboral encubierta desde 2000. Sin embargo, el Alto Tribunal concluye que no concurre contradicción porque en la sentencia comparada se evidenció un control y asunción de gastos por parte de la empresa, sin que el trabajador asumiera riesgos, mientras que en el supuesto de autos existía independencia, asunción de riesgos, libertad de horarios y contratación de colaboradores. Así, ante la falta de verdadera contradicción, el TS desestima el recurso, confirma la sentencia del TSJ y mantiene la improcedencia del despido con la antigüedad reconocida a partir de 2018, fecha en la que se inició la relación estrictamente laboral.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve un litigio derivado de la finalización de la contrata de reprografía de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La empresa saliente, Canon España, S.A.U., prestaba el servicio con varios trabajadores, entre ellos la demandante. Al adjudicarse el contrato a Ricoh España, S.L.U., se comunicó a la trabajadora que su relación laboral continuaría en la nueva empresa desde el 1/3/2021, al amparo del art. 44 ET y art. 13.3 del Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas, que obliga a subrogar al personal cuando "de hecho o jurisdiccionalmente"; se continúa el mismo negocio. Sin embargo, Ricoh dio de alta a los empleados con contratos nuevos, negándoles la antigüedad y la subrogación real. La trabajadora presentó demanda de despido, que en la instancia se declaró improcedente, condenando a Canon. El TSJ, tras sendos recursos de suplicación, exoneró a Canon y concluyó que Ricoh debía subrogar a los trabajadores por existir sucesión empresarial en los mismos locales y con idéntico objeto. Ricoh recurrió en casación unificadora y el TS atendiendo a la subrogación convencional del convenio, confirma que la nueva adjudicataria está obligada a hacerse cargo de la plantilla. Aunque Ricoh emplee sus propios medios, la actividad se mantiene sin interrupción y es precisamente el convenio sectorial el que impone la continuidad de los contratos.
Resumen: Inadmisión del recurso de revisión. Falta de agotamiento de los recursos previos al no haberse interpuesto rcud. Falta de acreditación de la fecha en que se notificó el auto que puso fin a la acción penal. Por otra parte, basándose la demanda de revisión en un testimonio, este acto no puede ser considerado como documento y, en todo caso, debería computarse el plazo de interposición de la demanda de revisión desde que tal declaración fue conocida por la parte en el momento en que se produjo, previo al plazo de 3 meses establecido. Finalmente, se invoca un motivo de revisión que la propia demanda reconoce que no resulta aplicable al caso.
Resumen: Cesión ilegal: el ejercicio previo de la acción de cesión ilegal con anterioridad a la extinción de su contrato por despido por causas objetivas, permite al trabajador conservar el derecho a reclamar la condición de trabajador por tiempo indefinido no fijo a la empleadora de su elección.
Resumen: Se suscita si procede o no la aplicación del artículo 44 ET, y, por tanto, la sucesión de empresa; y, la subrogación de un trabajador, cuando se produce la reversión de un servicio externalizado, cuya actividad se basa fundamentalmente en mano de obra, si la empresa principal, en el caso un medio propio, no asume la parte esencial de los empleados de la saliente. Se trata del servicio de labores auxiliares de trenes en estación Puerta de Atocha. Consta que no existe transmisión de elementos patrimoniales, porque no los había ni eran necesarios, y sin que la empresa receptora subrogue ningún trabajador, realizando el servicio con medios propios. La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida, y con estimación parcial de la demanda, sostiene, que no existe sucesión de empresa a los efectos de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo y del artículo 44 ET condenando a las consecuencias del despido improcedente a la empresa saliente. La entidad económica no mantuvo su identidad, porque el cesionario decidió no asumir a los trabajadores del anterior empresario que realizaban el servicio, por lo que, no se produjo la transmisión de empresa ni la subrogación de la entrante en la relación. Se aplica doctrina con relación a la incongruencia omisiva que se produce cuando la estimación del recurso interpuesto por uno de los codemandados -absolviéndole- no va seguida de la consecuencia lógica que se deriva de tal estimación -la condena del otro u otros codemandados-.
