• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3782/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Admitida la necesidad de que en la determinación del precio de venta al público de las mercancías intervenidas o decomisadas se tenga en cuenta el estado de conservación del tabaco, se hace difícil entender el enlace entre esa exigencia normativa y el contenido material del derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia ha concluido que en el interior de los dos contenedores que arribaron al puerto de Barcelona había 700.000 cajetillas de tabaco. Y ha proclamado esa inferencia a partir del examen de la prueba documental y testifical que fue sometida a contradicción durante el plenario.Basta la lectura del relato de hechos probados para descartar su encaje en la infracción de la norma de cuidado, del deber de diligencia que da vida al tipo imprudente. El acusado aprovechando su condición de apoderado de Agente de Aduanas, con la finalidad de importar una gran cantidad de tabaco, sin abonar la deuda aduanera y obtener un beneficio económico, simuló una importación más del material que habitualmente éste importaba, concretamente artículos de uso doméstico en plástico.La introducción irregular de mercancías se consuma desde que pasan la primera oficina aduanera situada en el interior del territorio aduanero de la Comunidad sin que hayan sido presentadas en ella. Pasaron cuatro días en los que la mercancía clandestina -ya en territorio español- estuvo a disposición del acusado, sin control de los agentes de Vigilancia Aduanera. Mal se puede hablar de tentativa de delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 89/2019
  • Fecha: 09/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Siendo que la previsión típica de la infracción apreciada está totalmente desvinculada del devenir de los hechos que dieron lugar a la condena penal firme impuesta, ninguna incidencia tenían el pliego de preguntas que el instructor rechazó realizar a la víctima durante su declaración ni las testificales propuestas en el recurso contencioso-disciplinario militar, por lo que, al tratarse de medios de prueba impertinentes, no resultó afectado el derecho a la prueba. Los hechos por los que el recurrente fue sancionado colman el tipo disciplinario apreciado, al constar la condena firme de quien ostenta condición de guardia civil por la comisión de un delito doloso -delito contra la intimidad, del art. 197.1 CP- que causó grave daño a los ciudadanos -ya que, colocando una cámara de vídeo en el cuarto de baño de la víctima para grabarla desnuda, el recurrente se entrometió en su intimidad, generando dolor y decepción en una persona con la que mantenía relación de amistad desde hacía tiempo-, produciendo también grave quebranto para la Administración -habida cuenta del conocimiento de la condición de militar del autor por parte de la víctima y de su pareja y por la trascendencia que los hechos tuvieron en el entorno en el que el recurrente prestaba sus servicios-. Las resoluciones sancionadoras justifican adecuadamente, mediante la aplicación de los criterios del art. 19 LORDGC, la elección de la sanción impuesta, que no es la más aflictiva de las posibles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3288/2018
  • Fecha: 04/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.Si no constan los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por el abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. El relato de hechos es parco en la descripción del previo antecedente en el que se basó la apreciación de la reincidencia.Todas las posibilidades son viables en abstracto, lo que implica que, computado el plazo de cancelación desde la fecha de la firmeza que se apunta, en todas las hipótesis salvo en la más grave que reconduce al plazo de diez años, el antecedente sería cancelable. La acumulación aglutina condenas que derivan de infracciones heterogéneas. De cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. En los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2751/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Más allá de las lógicas limitaciones de la edad, con disminución de la memoria y de algún padecimiento psíquico, no podemos deducir una merma relevante de la capacidad de defensa. La decisión de archivo que prevé el art. 383 LECrim exige más. Respecto a la prueba pericial, no puede otorgarse prevalencia en perjuicio del reo a una prueba pericial solo documentada frente a otras periciales sobre el mismo objeto de signo contrario sí reproducidas de forma personal y presencial. La pericial desfavorable para la defensa no ha sido sometida a la plena y debida contradicción. El hecho probado refleja la elaboración por parte del acusado de dos certificaciones de sendas juntas universales de una sociedad, que no se habían celebrado. En ellas se hacía constar la adopción de acuerdos unánimes para formalizar y suscribir la póliza de crédito y la de contragarantía. Ahora bien, estamos ante una falsedad efectuada por un particular y de naturaleza ideológica. No se falsea el acta, sino una certificación y, además, en un momento en que la legislación societaria era menos estricta en el punto afectado. La certificación no es un documento totalmente simulado. Es un documento que expide realmente quien lo firma (no se simula su intervención), aunque lo certificado no se ajuste a la realidad (es una mentira de un particular por escrito). Es falsedad ideológica del art. 390.1.4º CP y como tal atípica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3665/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el Jurado y concretada por quien lo presidió en la sentencia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. Desde esta perspectiva, el control que corresponde al TS cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Compatibilidad entre el subtipo agravado de lesiones por el empleo de instrumento peligroso (artículo 148.1 CP) y la alevosía. Si bien, pueden producirse zonas de confluencia entre la alevosía y el uso de instrumento peligroso que comprometan el bis in ídem. Así será en el caso de que ese aseguramiento de la ejecución que caracteriza aquella y que determina el incremento de desvalor de la acción por el mayor peligro que supone para el bien jurídico, se alcance precisamente por el empleo de un instrumento cuya potencialidad lesiva elimine las posibilidades de reacción de la víctima, por ejemplo, el empleo de un arma. Pero no cuando la situación de indefensión que se aprovecha en la ejecución tenga orígenes diferentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10224/2019
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación y es frente a la misma, contra la que el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, en cuanto las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. La función revisora de la casación cuando se alega presunción de inocencia no se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.Que el juicio de inferencia pueda considerarse razonable y que la sentencia lo exprese, no supone la imposibilidad de otras versiones distintas de los hechos, de manera que el Tribunal haya debido inclinarse por la única certeza posible pero sí exige que no se opte por una ocurrencia fáctica basada en una inferencia débil, inconsistente o excesivamente abierta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3508/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. La agravante genérica de prevalimiento de carácter público del culpable requiere que el autor ponga ese carácter público al servicio de sus propósitos criminales. En cada caso, por razones de proporcionalidad, el Tribunal deberá imponer la pena accesoria que mejor se adecúe a las características del hecho sancionado y a la finalidad de la sanción penal. Para la imposición de las costas, ha de entenderse que rige la «procedencia intrínseca» de la inclusión en las costas de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con las acogidas por el Tribunal, de las que se separa cualitativamente, evidenciándose además como inviables, extrañas o perturbadoras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3424/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.1 LECrim impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado. Quedan excluidos de la aplicación del artículo 404 CP todos aquellos actos administrativos que no ostenten carácter decisorio, como son los de trámite -informes, consultas, circulares, dictámenes etc..-. Conforme pone de manifiesto el recurrente, la resolución exigida por el tipo delictivo reseñado debe ser un acto de contenido decisorio que resuelva definitivamente sobre el fondo de un asunto y con eficacia ejecutiva. Se entiende por resolución el acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados El contenido de la injusticia o arbitrariedad puede provenir tanto en la absoluta falta de competencia del funcionario o autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial del procedimiento o en el propio contenido sustancial de lo resuelto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3146/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de difusión de pornografía infantil. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La prueba pericial informática. La prueba sobre la "difusión" del contenido pedófilo infantil. Análisis de la conducta descrita del artículo 189.1.b) del Código Penal. Jurisprudencia de la Sala: análisis de conceptos básicos sobre la pornografía infantil y doctrina sobre la aplicación de las modalidades agravadas. Aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 189.3.b) cuando los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio. El artículo 190 del Código Penal: condena de un Juez o Tribunal extranjero a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3323/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa a los indicios probatorios demostrativos de tal delito al afirmar que ha marcado una serie de indicadores particularmente reveladores de la actividad criminal que analizamos. Indicadores tales como: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. Concluye que en el caso, conforme al resultado de las pruebas practicadas, no resulta razonable establecer como probado que el dinero invertido por el acusado en la adquisición de los bienes que relaciona el Tribunal proviniera del tráfico ilegal de drogas.

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