Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
Resumen: Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) de Cataluña.La ley autonómica no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava, por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. Desestimación del recurso de casación.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Libertad de establecimiento. Ayuda de Estado. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE). Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 6.3 y 9.c). Prejudicialidad (art. 43 LEC). Principios de generalidad e igualdad (artículos 14 y 31 CE). interdicción de la arbitrariedad y capacidad económica. Principios de legalidad y jerarquía normativa (artículos 1.2 CC, 9.3 CE y 62.2 de la ley 30/1992) Costas 139 LJCA.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Libertad de establecimiento. Ayuda de Estado. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE). Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 6.3 y 9.c). Prejudicialidad (art. 43 LEC). Principios de generalidad e igualdad (artículos 14 y 31 CE). Interdicción de la arbitrariedad y capacidad económica. Principios de legalidad y jerarquía normativa (artículos 1.2 CC, 9.3 CE y 62.2 de la ley 30/1992).
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Libertad de establecimiento. Ayuda de Estado. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE). Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 6.3 y 9.c). Prejudicialidad (art. 43 LEC). Principios de generalidad e igualdad (artículos 14 y 31 CE). interdicción de la arbitrariedad y capacidad económica. Principios de legalidad y jerarquía normativa (artículos 1.2 CC, 9.3 CE y 62.2 de la ley 30/1992) Costas 139 LJCA.
Resumen: La ley autonómica no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava, por razones medioambientales y urbanísticas, los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. Desestimación del recurso de casación.
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la UE concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa y de la libre competencia.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Libertad de establecimiento. Ayuda de Estado. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE). Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 6.3 y 9.c). Prejudicialidad (art. 43 LEC). Principios de generalidad e igualdad (artículos 14 y 31 CE). interdicción de la arbitrariedad y capacidad económica. Principios de legalidad y jerarquía normativa (artículos 1.2 CC, 9.3 CE y 62.2 de la ley 30/1992)
Resumen: Previamente, la Sala resalta la defectuosa técnica casacional empleada por la recurrente, que se limita a aludir a la sentencia impugnada. Y desestima el recurso de casación porque: a) el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) es un tributo extrafiscal; b) el recurso aspira a que sea el Tribunal Supremo quien plantee cuestión de inconstitucionalidad en relación con ciertos preceptos legales, en lugar de explícar las razones por las que la Sala de instancia habría incurrido en infracción jurídica, por no promover dicha cuestión, razones sobre las que ahora guarda silencio; c) el legislador autonómico no ha desconocido el derecho a la libertad de empresa, ni obstaculizado la libre circulación de personas y bienes; d) el IGEC no vulnera el artículo 49 TFUE ni constituye una ayuda de Estado por gravar a ciertas entidades en función de su superficie de venta, aunque prevea ciertas exoneraciones en función de la superficie de venta o a la actividad desempeñada; e) se impugna un reglamento autonómico por exceder lo dispuesto en una ley autonómica, siendo la mención de los principios constitucionales meramente instrumental; f) el control jurisdiccional de la interpretación y aplicación de normas autonómicas finaliza en el Tribunal Superior de Justicia del correspondiente territorio; y g) la invocación en el actual recurso de los preceptos constitucionales y los reguladores del principio de reserva de ley tributaria es meramente instrumental.