Resumen: El TS recuerda que en el procedimiento de extradición, conforme a la Ley 4/1985, se distinguen tres fases sucesivas: gubernamental; judicial (acordando o denegando la extradición) y de soberanía (decidiendo la entrega o denegando la extradición). El acuerdo aquí recurrido pone fin a la primera fase y decide la continuación del procedimiento, iniciando la segunda fase, judicial. En cuanto al mismo, se rechazan los motivos impugnatorios aducidos en cuanto: al incumplimiento del plazo del Ministerio de Justicia para elevar al Gobierno la propuesta sobre la continuación o no del procedimiento de extradición en vía judicial; a la alegada falta de motivación del acuerdo impugnado; así como respecto a la pretendida falta de Gobierno en funciones para acordar la continuación del procedimiento. En relación con este último motivo, se declara que el acuerdo ha de considerarse inserto en el despacho ordinario de los asuntos públicos. Además de su urgencia dada la finalidad cautelar que persigue. Se recuerda también que el acuerdo de continuar el procedimiento de extradición no es la concesión de la extradición: no es lo mismo un acuerdo del Consejo de Ministros sobre continuación del procedimiento, que una resolución judicial de la Audiencia Nacional sobre la extradición, evidentemente no impugnable en vía contencioso-administrativa, como tampoco es equiparable con una decisión de soberanía del Consejo de Ministros acordando o no la entrega del extraditable.
Resumen: Destitución de funcionarios públicos de puestos de libre designación. Necesidad de motivación de la resolución concerniente a la falta de concurrencia de las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada en su días para el puesto. Se reiteran las consideraciones que ya se declaró en las sentencias de 19 de septiembre y 15 de noviembre 2019.
Resumen: Acuerdo por el que se resolvió parcialmente el concurso convocado para cubrir plazas en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia. Desestimación. Todo todo el problema estriba en determinar si la valoración de méritos efectuada por el CGPJ es correcta. Docencia: no puede excluirse por el hecho de haber sido desarrollada en Universidades alemanas; ahora bien, no ha quedado desvirtuado que el recurrente desplegara una actividad docente en materias distintas de la Filosofía del Derecho, materia que no es susceptible de ser tomada en consideración. Mérito preferente de haber ejercido como Magistrado suplente: aun cuando la información de hecho en que se apoya un acto administrativo se demuestra errónea en vía de recurso, el acto administrativo impugnado debe ser anulado o revisado en consonancia, en el presente caso, no se han negado los hechos reflejados en la certificación de 4 de septiembre de 2018, y a ese dato debe estarse, resultando 0,70 puntos correspondientes a haber ejercido como Magistrado suplente; pero esos 0,70 puntos siguen estando detrás de la aspirante peor puntuada.
Resumen: El objeto del presente recurso es el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de julio de 2019, por el que se decide la continuación del procedimiento de extradición en la vía judicial ( artículo 11 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva), solicitada por las Autoridades de la República de Colombia. Citando una sentencia. anterior (de 22 de septiembre de 2014 (recurso 419/2013 ), la Sala afirma que la parte viene a equiparar la valoración de las circunstancias establecidas en los arts. 2 a 5 de la LEP que corresponde efectuar en fase jurisdiccional y sujeta al control judicial, con la sola valoración administrativa a efectos de dar curso a la extradición solicitada. Y, en cuanto a la alegación de la nacionalidad española que se dice respecto del recurrente, se recuerda la específica previsión del art. 3.1 de la Ley 4/1985, según el cual "La cualidad de nacional será apreciada por el Tribunal competente para conocer de la extradición en el momento de la decisión de la misma [...]. No le corresponde, por tanto, a la Administración, en su acuerdo sobre la continuación del procedimiento extradicional decidir sobre la cualidad de nacional de la persona cuya extradición se solicita.
Resumen: Se estima el recurso de casación y se reconsidera la conclusión a la que había llegado el TS a partir de la STS 1295/2017, de 18 de julio (RC 298/2016) ---y las que la siguieron--- mediante la introducción en la misma de las matizaciones necesarias una vez asumida la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional. Para la Sala lo esencial es -para el caso de que no se cumplan las condiciones para la reagrupación previstas en los artículos 7 de la Directiva y el RD 240/07- acreditar la relación de dependencia efectiva entre el nacional español y el nacional de tercer país que pretende reagruparse con el primero; y ello, con la finalidad de poder comprobar si, como consecuencia de tal relación de dependencia -de la intensidad de la relación de dependencia-, el nacional español estaría obligado a abandonar el territorio europeo en su conjunto. Se estima el recurso concreto en tanto que contrastando el contenido de las resoluciones administrativas y jurisdiccionales que ha sintetizado, obvio es que las mismas no superan la exigencia de motivación, ponderación y pormenorización de las circunstancias personales requeridas por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que ha asumido la doctrina contenida en las STJUE y STC, anulando las resoluciones administrativas que procedieron a la revocación de la Tarjeta de Residencia de Familiar de la Unión Europea, de la que el recurrente era titular.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia del TSJ de Extremadura, residiendo la cuestión litigiosa en quién debe satisfacer los medicamentos prescritos mediante orden hospitalaria en la sanidad pública a los mutualistas del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) que optaron por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. La interpretación del concierto suscrito por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 30 diciembre de 1986 ha de comprender, a juicio de la Sala, la categoría de medicamentos de diagnóstico hospitalario en razón de la evolución legislativa de la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Por ello, la respuesta a la cuestión de interés casacional es que todas aquellas prestaciones de asistencia farmacéutica a favor de los titulares o beneficiarios del ISFAS que hayan optado por recibir asistencia sanitaria pública de los servicios de salud autonómicos, por haber elegido la asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social, incluyen todos los medicamentos dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales de la red sanitaria pública.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cómo incide lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE, en especial, su considerando 16 y su artículo 12, sobre todo sus apartados 1 y 3, en la adopción de una decisión de expulsión contra un extranjero, residente de larga duración, en aplicación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar las referidas disposiciones de la Directiva 2003/109/CE; y, en caso de que tales normas resulten aplicables, determinar si su inaplicación por parte de la Administración, incurriendo en una insuficiente o defectuosa motivación, puede ser suplida o completada en el momento de su control jurisdiccional.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta, o en su caso, Melilla, admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en tal caso, si es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta o, en su caso, Melilla.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso al acoger la última impugnación. La recurrente denuncia que el art. 5.1.f), párrafo segundo del RD recurrido, sobre transmisión de posibilidades, introduce una excepción en favor de las grandes empresas discriminando a los más pequeños, con infracción del art. 14 CE. Pues bien, la Sala considera que la introducción de dicha excepción en el art. 5.1.f), párrafo segundo, del Real Decreto, estableciendo que "solo en el caso de buques pertenecientes a una misma empresa armadora se podrá proceder a la transmisión de posibilidades de forma definitiva de uno a otro grupo del artículo 3.1, conforme a lo estipulado en el artículo 28.2 de la ley, aunque los buques o almadrabas implicados no estén el mismo grupo del censo", supone incorporar reglamentariamente una disposición contraria al mandato establecido en la Ley que le sirve de cobertura y al propio fundamento de la limitación impuesta por el referido art. 28.1.c), incorporación que no puede sustentarse en la previsión del mismo art. 28 en su apartado 2, que si bien se refiere a la transmisión entre buques de la misma empresa armadora, previene que para ello ha de partirse del "previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1" y, por tanto, de la limitación establecida en la letra c), plenamente reconocida por la Administración que ejercita la potestad reglamentaria. Y dicha excepción vulnera el principio de jerarquía normativa, incurriendo en nulidad absoluta.
Resumen: En aplicación de la consolidada doctrina jurisprudencial, contenida, por todas, en la sentencia de la Sala recaída en el recurso núm. 195/2015, y teniendo presente el principio de plena indemnidad que rige en materia de responsabilidad patrimonial y la forma en que ha quedado concretado por su jurisprudencia, el TS ha valorado y sopesado cuál debía ser el concreto alcance al que, con carácter general, debía extenderse la indemnización a la que los recurrentes, en su caso, tendrían derecho caso de estimación del recurso, habiéndose acordado, como en el caso de autos, que la indemnización se integra por todas las cantidades abonadas durante la vigencia del IVMDH y que hubieran sido reclamadas en los recursos con deducción, en su caso, de las cantidades que los recurrentes hubieran podido percibir por las devoluciones de ingresos indebidos o las relativas al tramo autonómico respecto del gasóleo profesional en relación con ese mismo impuesto y ejercicios, así como por los intereses legales que correspondan al principal así calculado desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia y los que se devengasen.