• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 144/2020
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: i) la aplicabilidad -o no- del artículo 7 del RD 240/07 a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles y, en concreto, si es exigible la acreditación de medios económicos y de vivir el solicitante a cargo del ciudadano de la UE del que es familiar; y ii) si en cuanto al requisito de la residencia continuada por cinco años es exigible la convivencia permanente durante ese período de los cónyuges, y la incidencia que al efecto tiene una orden judicial de alejamiento con respecto al reagrupante por violencia de género y, en todo caso, no existir una separación legal de los mismos. La Sala -partiendo de lo declarado en las SSTS de 01/07/2020 (RC 1052/19) y 13/10/2020 (RC 3614/19) y, especialmente, 04/03/2020 (RC 5364/18)- concluye que en este caso no se han cumplido las exigencias requeridas por el artículo 10.1 del RD 240/07 (y 16.1 Directiva 2004/38/CE) en cuanto constituye condición imprescindible para poder obtener la Tarjeta Permanente, que ese período de residencia previo de cinco años "sea legal, es decir, que durante el mismo se reúnan las condiciones enunciadas en el citado art. 7 del RD 240/07, lo que no ocurre en el supuesto examinado considerando las circunstancias del solicitante: existencia de condenas penales y falta de acreditación de convivencia conyugal, de medios económicos y de actividad laboral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 6771/2019
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional versa sobre la interpretación del artículo 7.1.b) del RD 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a cuyo efecto, la Sala señala la interpretación sistemática del precepto pone de manifiesto la descripción de una serie de situaciones en la que ha de encontrarse quien pretende reagrupar a un miembro de su familia, como son: ser un trabajador por cuenta propia o ajena, disponer de recursos suficientes, estar matriculado en un centro público o privado, contar con un seguro de enfermedad. Se trata, por lo tanto, de situaciones existentes al momento en el que se ejercita la pretensión, en cuanto son determinantes de su reconocimiento, que no podría producirse invocando situaciones ya inexistentes, por haber desaparecido, o situaciones de futuro que todavía no pueden acreditarse. Por tanto, a la cuestión planteada en el auto de admisión se responde que para determinar la concurrencia del requisito de contar el reagrupante con medios económicos suficientes para sí y su familia del artículo 7.1.b) del Real Decreto 240/2007, ha de atenderse a la situación económica existente y constatada en el momento de la solicitud. Por el contrario, la modificación de las mismas en un momento posterior no determina de manera automática la desaparición de la condición establecida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 75/2020
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. La cuestión que se suscita como de interés casacional objetivo ha sido objeto de examen por esta misma Sala y Sección en reiteradas ocasiones, como ya se pone de manifiesto en el mismo auto de admisión e incluso en el mismo escrito de interposición del recurso, por lo que hemos de atenernos a dicha jurisprudencia. El examen de la cuestión no está referido a una pretendida vulneración de las normas que regulan la cancelación de los antecedentes en el Registro de Delincuentes Sexuales (artículo 10 del Real Decreto de creación), sino en la incorrecta inclusión de los antecedentes del recurrente que obraban en el Registro Central de Penados, que es lo que argumenta en contra de la legalidad de la resolución impugnada.dado que el Real Decreto 1110/2015 entró en vigor el 28 de febrero de 2016, fecha en la que los antecedentes penales del recurrente debieron estar cancelados, ha de entenderse que los mismos no se encontraban en vigor y no podían tomarse en consideración para el acceso directo al RCDS y en consecuencia no deben figurar en el mismo." Se rechaza con ello el argumento de la Sala de instancia de que bastaba la constancia de los antecedentes en el Registro Central de Penados, con independencia de su derecho a la cancelación, incluso de oficio, para que se incluyeran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, porque los antecedentes con derecho a la cancelación no podrán ser tenidos en cuenta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 7346/2019
  • Fecha: 30/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala reitera lo declarado en asunto análogo por la STS de 23/11/2020 (RC 7220/19) en cuanto a la delimitación de la cuestión de interés casacional apreciada -determinar si es posible que un plan urbanístico, por su propio contenido, pueda invadir la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal-, para hacer referencia a la doctrina contenida en la STS 280/19, de 5 de marzo (RC 2325/16, que sigue lo declarado en la STS 21/2/18, RC 1765/14), que considera aplicable al caso. Y así, la actividad que se desarrolla en los llamados clubs sociales de cannabis puede o no ser lícita y esa mera declaración, esa preliminar determinación, comporta ya la invasión de las competencias estatales. Concluye que la respuesta a la cuestión casacional objeto del recurso ha de ser la ya establecida en la sentencia 280/19 ya citada y, por tanto, que "la indeterminación, con la consiguiente necesidad de estar al caso concreto, de si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente, impide considerar competente a un Ayuntamiento, para regular, aunque solo sea desde la óptica urbanística y ambiental, los clubs de cannabis, en cuanto esa regulación, aun cuando fuera estrictamente urbanística y ambiental, tiene una incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal, en cuanto puede llevar al error de la atipicidad absoluta de la actividad desarrollada por los clubs sociales de cannabis".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 8328/2019
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto de admisión consideró de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia el determinar: Si el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o, en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en tal caso, si es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o, en otro caso, Melilla). Cuestión ésta que ya fue resuelta en sendas SSTS de 29-7-20, recursos 4893/19 y 1953/19, por lo que se transcribe lo ya razonado en la sentencia recaída en el recurso 4893/19 (FD 3º). Así, se resuelve, en respuesta a la cuestión planteada en este recurso de casación que ha de entenderse que: el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 51/2020
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Impugnación de acuerdos de la Junta Electoral Central. Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. La consencia de no prestarlo en la forma exigida es el impedimento de la adquisición de la condición de parlamentario y la improcedencia de expedir la credencial correspondiente, que podrá levantarse en cualquier momento, con la personación ante la Junta Electoral Central y la prestación del acatamiento. Interpretación del artículo 224.4 LOREG.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 6552/2019
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el recurso se plantea como cuestión que presenta interés casacional objetivo determinar si tienen legitimación las personas jurídicas comprendidas en el art. 23 de la ley 27/2006, de 18 de julio, sobre acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, para el ejercicio de la acción popular en asuntos medioambientales, del artículo 22 de la misma Ley, en el caso de especies cinegéticas, como es el lobo, al Norte del río Duero, y si, de acuerdo con la legislación que resulta aplicable a la especie, puede condicionarse el reconocimiento de la legitimación, a que se constate un problema de mantenimiento de la población, cuestión a la que la Sala responde en sentido afirmativo, y ello con base en que la citada regulación responde al tercer y último pilar del Convenio de Aarhus, que está constituido por el derecho de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. Además, la Sala tiene en cuenta la relación caza-medio ambiente que ha sido tratada ampliamente en la STS de 18 de mayo de 2020 (RCA 4878/17) y en tal sentido reseña que es la actividad cinegética la que se subordina a la conservación de la especie y no a la inversa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 5267/2019
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y el contencioso-administrativo. Ha de examinarse el alcance de la valoración efectuada en la resolución administrativa impugnada y en la sentencia que la confirma, a cuyo efecto y como se señaló en la sentencia de 4 de marzo de 2020, conviene precisar que ello supone un pronunciamiento sobre la decisión jurisdiccional adoptada en este caso en las sentencia recurrida, comprobando el nivel de motivación realizado por dicha sentencia en relación con la resolución administrativa, desde la exigencia que se impone en estos casos de expulsión de residentes de larga duración. Pues bien, se observa que tanto la resolución administrativa como las sentencias que la confirman, comienzan por negar la aplicación, por la naturaleza de la expulsión acordada al amparo del art. 57.2 de la LOEX, de las circunstancias a que se refiere el art. 57.5 y en consecuencia del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE, no se examina la naturaleza y gravedad de la infracción cometida por el demandante más allá del enunciado el tipo delictivo aplicado y la pena impuesta, y nada se dice sobre la duración de la estancia en España, la conducta del interesado en el resto del periodo de permanencia en territorio nacional, la situación y vínculos sociales y culturales. Lo anterior supone que no puede considerarse satisfecha la exigencia de una adecuada ponderación de los elementos determinantes de la decisión de expulsión adoptada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 7825/2019
  • Fecha: 20/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para el examen de la cuestión casacional suscitada la Sala debe tomar en consideración el presupuesto que determina la aplicación del artículo 57.2º de la Ley Orgánica de Extranjería, conforme al cual, procederá la expulsión cuando el extranjero "haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados". Es decir, la expulsión requiere una condena por delito que tenga asignada la referida pena. Ahora bien, cuando la condena haya sido impuesta por un Tribunal y conforme a la normativa criminal de otro país, se impone la condición de que la conducta dolosa castigada --no el delito en sentido formal-- sea constitutiva en España de un delito que nuestras leyes penales castiguen con pena superior a un año. Siendo esa equiparación de conductas el presupuesto de la orden de expulsión; que es lo que se acuerda en la resolución administrativa, es necesario dejar constancia de todo ese proceso de equivalencia entre conductas castigadas y tipos penales de nuestro Derecho. Y, para el caso de que no se haya dejado constancia, se producirá indefensión al interesado por no haber podido efectuar alegaciones y aportar, en su caso, las pruebas pertinentes, en defensa de su derecho. Y sin que pueda hacerse una mayor concreción en cuanto a la cuestión casacional en los términos generales en que se suscita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 7580/2019
  • Fecha: 20/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar sí el requisito de carecer de antecedentes penales en España, durante los últimos cinco años, que establece el artículo 38.1.b) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, para acceder a la prórroga de la autorización de estancia por estudios de los extranjeros en España, puede ser causa bastante para su denegación o exige en todo caso una valoración de las circunstancias particulares del solicitante. Por ello, el ATS identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 38.1.b) y 40.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Considera que concurren las circunstancias de interés casacional de los arts. 88.2.c) y 3.a) LJCA invocados en el recurso.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.