• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 378/2020
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar la normativa de protección de datos de carácter personal vigente a fin de determinar, a los efectos del derecho de acceso a la información, si los "logs" (registros y señales originados y almacenados por la alarma instalada por una empresa de seguridad en un domicilio particular) tienen o no la consideración de datos de carácter personal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 227/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para el año 2018. Desestimación del recurso. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. En cuanto a la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad, el legislador se ha basado en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios, ni se infringe el principio de proporcionalidad. La prestación patrimonial de carácter público en que consiste la aportación al FNEE no tiene naturaleza tributaria, y no se infringe el principio de reserva de Ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. No se infringen los principios de igualdad y de capacidad económica. Sobre la inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad, tal hipotético vicio afectaría en exclusiva al Real Decreto-Ley 8/2014, pero una vez aprobada la Ley 18/2014, es exclusivamente ésta el fundamento normativo del sistema de eficiencia energética que se implanta en transposición de la Directiva 2012/27. La Orden impugnada no es una disposición de carácter general, no siendo exigibles los trámites e informes preceptivos exigidos a las disposiciones de carácter general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 6387/2019
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: lAdmisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, prevé un régimen jurídico específico que excluye tanto la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en lo que se refiere al acceso la información contenida en la documentación extradicional obrante en el procedimiento, en virtud de su Disposición Adicional 1ª.2, como la aplicación de los artículos 4, 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , reguladora del procedimiento administrativo común, en relación con el artículo 105.2 de la Constitución, en lo que respecta a la condición de interesado a efectos administrativos de la persona sujeta al procedimiento de extradición, y al correspondiente derecho de éste al acceso a la citada documentación, en virtud de la Disposición Adicional 1ª.1 de la misma Ley de Transparencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 26/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El concepto retributivo de pago por capacidad es un concepto retributivo de carácter complementario o adicional, que puede aplicar el Ministerio de Industria en función de las necesidades de cobertura del suministro de electricidad y la propia evolución del sistema eléctrico. A diferencia del concepto retributivo de la estricta energía ex art. 16.1.a) de la Ley 54/1997 (de carácter necesario), el concepto de pago por capacidad tiene un carácter complementario (se "podrá establecer") y finalista sobre el que la Administración dispone de amplias facultades para modular sus requisitos y modalidades. Se descarta la vulneración del principio de igualdad por la exclusión temporal de las centrales hidráulicas porque la Orden se encuentra debidamente justificada en función de los datos disponibles en el momento en que se dicta y de las circunstancias concurrentes (que apuntaban a una sequía prolongada y la posibilidad de tener que introducir restricciones en el consumo de agua). Esa justificación excluye la vulneración del art. 14 CE pues no se ha aportado un término de comparación idóneo entre centrales hidráulicas y térmicas, teniendo cada tecnología de producción de energía especificidad propia. No es posible reconocer pro futuro a los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica un "derecho inmodificable" a que se mantenga inalterado un determinado marco retributivo, sin que se hayan infringido el art. 9.3 CE o los principios de buena regulación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 165/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala Tercera anula parte de la disposición adicional 5ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, declarando nulo concretamente el inciso que dice "en el caso de Entidades Locales de ámbito territorial inferior a municipio con población inferior a 5.000 habitantes podrán asignarse estas funciones a un funcionario de carrera de la propia Corporación, que preferentemente pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria". Rechaza las demás impugnaciones. En lo referido al inciso anulado, el TS sostiene que el art. 92 bis de la Ley 7/1985 no se refiere a estas entidades, pero les da carta de naturaleza su artículo 24 bis, que encomienda a las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local su regulación. Por su parte, el apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 prescribió que las entidades de ámbito territorial inferior al municipio existentes a su entrada en vigor conservarían su personalidad jurídica y su condición de entidad local siempre que presentasen sus cuentas antes del 31 de diciembre de 2014, ya que, de lo contrario, incurrirían en causa de disolución. En ese sentido, con personalidad jurídica y condición de entidad local o sin ella, estos entes forman parte de la Administración Local y en su seno se deben ejercer las funciones a que se refiere el artículo 92 bis.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 4720/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid y, en aplicación del criterio establecido en la sentencia n.º 1419/2019, de 22 de octubre (casación n.º 2005/2017), se reconoce el derecho del recurrente a percibir en sus retribuciones el componente singular del complemento específico. Y ello, considerando dos escenarios temporales distintos: 1) antes de la entrada en vigor de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, del Régimen del Personal de la Guardia Civil, el número 2, párrafo primero, inciso final de la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, debía interpretarse en el sentido de que lo previsto en tal inciso no tenía más límite temporal que el de la subsistencia misma de la situación de incapacidad temporal; y 2) después de esa entrada en vigor, ha de interpretarse en el sentido de que lo previsto en él ha de tenerse por finalizado si, a la fecha de tal entrada en vigor, ya hubieran transcurrido cuatro meses, contados desde el inicio de la insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
  • Nº Recurso: 6304/2017
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Cataluña que había reconocido el derecho a una pensión de viudedad en virtud de distintos elementos probatorios, ya que entiende el Alto Tribunal que la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad mediante los medios señalados en el párrafo cuarto del artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, es decir, mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos años al fallecimiento del causante. El retraso en la entrada en funcionamiento del registro autonómico no excluía la posibilidad, a falta de registro municipal, de hacer uso del documento público para formalizar la existencia de la pareja de hecho. Además es de reseñar, según precisa el TS, la existencia de jurisprudencia constitucional que excluye la vía interpretativa y declara la constitucionalidad de la exigencia de que se demuestre por medio de la inscripción o de documento público.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 240/2020
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, en relación con el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, se impone o no a la Administración la obligación de adoptar una posición activa en la documentación de los solicitantes de protección internacional, que implique, necesariamente y en todo caso, que se les deba requerir a los interesados, si no acudieren para renovar la documentación, para que presenten la correspondiente documentación, cuando la fecha de caducidad de la documentación consta en la misma, y es responsabilidad del solicitante que la documentación que se les entrega, y que permite el ejercicio de ciertos derechos, se encuentre en vigor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 4881/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre la renta de no residentes. Dividendos percibidos en España por organismos de inversión colectiva no residentes, sin establecimiento permanente, como consecuencia de su inversión en acciones cotizadas españolas. El tratamiento fiscal dispensado a tales entidades, en relación con el otorgado a las residentes, es discriminatorio y contrario al Derecho de la Unión Europea (artículos 63, 64 y 65 del TFUE), lo que obliga a reconocer el derecho a la devolución de las cantidades retenidas en exceso a aquellos organismos. Remisión a la jurisprudencia reiterada de la Sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 453/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Información reservada acordada por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas en relación a la denuncia, por parte de dos representantes sindicales, de trato humillante y faltas de respeto por parte de otro representante sindical y anterior presidente de la Junta de Personal, la que resultó finalmente archivada. Los denunciantes instan acceso al contenido de dicha información reservada en su calidad de interesados, el que es otorgado a través de sendos acuerdos ahora objeto de recurso, previa desestimación de alzada, por parte del denunciado. Se esgrime falta de imparcialidad en los miembros del Pleno del Tribunal de Cuentas que desestima la alzada y que, a su vez, eran miembros de la Comisión de Gobierno que adoptó los acuerdos impugnados, los que previamente se habían abstenido y sido recusados sin que se admitieran ninguna de ambas causas de apartamiento. Se alega igualmente vulneración del derecho de libertad sindical porque sólo se atribuya a los denunciantes la condición de interesados en el expediente y, además, se afirma la incompetencia de la Comisión de Gobierno para acordar la información reservada. Se desestima el recurso. No se aprecia vulneración de la imparcialidad exigible al funcionario público. La participación sucesiva en el órgano colegiado que adopta una decisión y en el órgano que entiende del recurso frente a la misma no es causa, per se, de abstención, sin que por otro lado se alegue que el voto de los cuestionados fuere determinante.

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