Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 25 de noviembre de 2019 (RCA/6270/2017), según la cual, declarada la caducidad de un expediente iniciado por declaración, los actos del mismo, incluyendo la declaración extemporánea del obligado tributario, no interrumpen el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar, por lo que sólo puede reiniciarse el procedimiento si no ha transcurrido el plazo legalmente establecido, doctrina corroborada por el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al referirse a la declaración como acto iniciador del procedimiento, obligando, así, a fijar el dies a quo del plazo de caducidad en la fecha en que dicha declaración entra en la dependencia administrativa y no cuando se efectúa una actuación administrativa consistente en incoar un procedimiento. Finalmente, la Sala alude al principio de igualdad, pero en sentido contrario al de la parte recurrente, pues, en todo caso, cabría identificar un agravio comparativo entre quienes declaran, aunque sea extemporáneamente, y quienes no lo hacen; en el primer caso, se interrumpiría por la presentación extemporánea la prescripción, reiniciando su cómputo desde la fecha de esa presentación, mientras que en el segundo nunca se interrumpe el plazo prescriptorio, por lo que el inicio del cómputo de dicho plazo queda referido al día en que se cumplen los 6 meses desde el fallecimiento del causante. En consecuencia, se desestima el recurso de casación interpuesto.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impugnación de la liquidación. Informe favorable a la admisión del recurso, del juzgado de instancia. ¿Con ocasión de la impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral cuando no lo hizo (o dejó que quedara firme) cuando le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto? ¿La anulación de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la Ponencia de Valores, efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos del municipio en cuestión, en impugnación de las liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la Ponencia de Valores o su correspondiente de asignación de valores catastrales individualizados? ¿Qué efectos tienen sobre el asunto la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró ajustada a derecho la ponencia de valores del Ayuntamiento del Campello, al estimar que existía el Estudio de Mercado, y que estaba motivado; y, contradictoriamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (que respecto a la misma ponencia de valores -en la impugnación de la asignación de valores catastrales individuales- declaró lo contrario?
Resumen: Devolución de ingresos indebidos consecuencia de la rectificación de los datos catastrales mediante procedimiento de subsanación de discrepancias -artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario- (TRLCI), que se deniega dada la explícita mención en él de que las subsanaciones de las características de la finca que determinan su valor catastral sólo tienen efectos hacia el futuro. En cuanto a las liquidaciones, sólo pueden tener como base un catastro acorde con la realidad y, si es corregido, no pueden basarse en una determinación conscientemente errónea del propio valor que ha sido subsanado por la propia Administración. En otras palabras, el valor catastral, como concepto jurídico y económico revelador de la capacidad económica gravada, sólo es válido cuando se ajusta a las características físicas, económicas y jurídicas del inmueble, esto es, a la realidad. Vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley cuando una finca de iguales características a la gravada, por tener correctamente determinado el valor catastral, es objeto de una tributación más benigna, pues tal diferencia de trato carece por completo de justificación.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.- Determinar si procede devolver el importe de liquidaciones firmes y consentidas, como consecuencia de una resolución del Catastro Inmobiliario dictada en el seno de un procedimiento de subsanación de discrepancias y que no consta impugnada, dándole efectos retroactivos, cuando en la citada resolución y en la normativa que regula dicho procedimiento se le confiere exclusivamente efectos a futuro. Es improcedente la aplicación de valores ya incorrectos y obsoletos a impuestos cuya base imponible se funda en un valor económico acorde con la realidad, lo que determina que el valor ya formalmente desacreditado y reconocido como erróneo por la Administración no pueda servir como base imponible de los impuestos en debate.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que anuló resolución del Tribunal Administrativo de Recurso Contractuales por la que se tiene por retirada la oferta de lotes del contrato de servicios para el desarrollo de actividades propias de los servicios de prevención de riesgos laborales. Siguiendo precedente ya admitido por el TS en caso similar, la cuestión que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la posibilidad de que por parte de la empresa propuesta como adjudicataria, se impugnen indirectamente los pliegos en fase de adjudicación del contrato, en concreto, si se puede cuestionar en ese momento la solvencia técnica, por considerar que los criterios estipulados contravienen los principios inspiradores de la contratación pública, al ser considerados desproporcionados y sin relación con el objeto del contrato, generando discriminación, de suerte que el pliego incurriría en causa de nulidad de pleno derecho por tratarse de un vicio de orden público.
Resumen: El TS reitera que la aplicación del plazo 30 años para la cancelación de la inscripción previsto en el art. 10 del RD 1110/2015 que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS) para los delitos que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, no vulnera los principios y derechos constitucionales que se alegan denunciados, a saber: i) el principio de legalidad, porque dicho RD encuentra cobertura legal en la Ley 26/1015; ii) derecho al honor de los condenados por delitos sexuales, porque el RCDS es un instrumento de protección en beneficio del menor; iii) principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, porque las medidas que incorpora dicho RCDS no son disposiciones sancionadoras, sino medidas de protección de los menores; iv) principio de responsabilidad penal (art. 136 CP), porque el RCDS un objeto y finalidad distinto al Registro Central de Penados; y v) los arts. 14 y 18 CE, porque la imposibilidad de ejercer cualquier profesión o cargo relacionado con menores, no comporta una nueva pena, sino una condición para el ejercicio profesional establecida en la ley, amparada en el art. 36 de la CE. Registro análogo en Francia ha sido avalado por STEDH de 17/12/2009. Se estima el recurso porque en el supuesto enjuiciado los antecedentes debieron cancelarse antes de la entrada en vigor del RD 1110/15.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatoria, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. La selección de obligados es correcta, por lo que aludir a la libre competencia no puede prosperar. De otro lado, el Derecho español ha traspuesto correctamente la Directiva por lo que en principio es difícil que pueda infringir las normas de la propia UE, en este caso sobre ayudas de Estado. No se vulnera el ppio de seguridad jurídica.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatoria, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. No se vulnera el principio de libre competencia, ni infringe la normas de la UE sobre ayudas de Estado. De otro lado, la contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. Tampoco existe infracción del principio de reserva de ley exigido por el artículo 31.3 CE, ya que se define y delimita en la ley.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatoria, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. De otro lado, la aportación es una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, lo que excluye que deba analizarse a la luz de los principios del art 31.1 CE. La opción elegida tiene una justificación objetiva y es adecuada para el cumplimiento del fin que se persigue, sin que se vulnere el ppio de proporcionalidad. No hay falta de motivación
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, habiendo declarado el TJUE su compatibilidad con el Derecho europeo, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad es una opción del legislador que se basa en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria, por lo que no se infringe el principio de capacidad económica ex art. 31 CE. No se produce una quiebra del principio de proporcionalidad puesto que la sistema de promoción de eficiencia energética establecido tiene una justificación objetiva y razonable. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la prestación patrimonial obligación cuestionada. Se descarta la alegada falta de extraordinaria y urgente necesidad que, en su caso, afectaría sólo al Decreto-Ley. La Orden no es una disposición general y por tanto no le son exigibles los trámites e informes propios de aquéllas; contando, además, con una motivación suficiente que excluye la arbitrariedad denunciada.