Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar cómo incide lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE, en especial, su considerando 16 y su artículo 12, sobre todo sus apartados 1 y 3, en la adopción de una decisión de expulsión contra un extranjero, residente de larga duración, en aplicación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar las referidas disposiciones de la Directiva 2003/109/CE, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 8 de diciembre de 2011, asunto C-371/08, a cuyos apartados 82 y 83 se refiere la más reciente sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava), de 7 de diciembre de 2017, asunto C-636/16.
Resumen: El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE y la normativa española ha explicitado los criterios objetivos y no discriminatorios que le han llevado a sujetar a la obligación de eficiencia energética, por un lado, a los comercializadores de gas y electricidad y no a los distribuidores de estos productos y, por otro, a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados y no a los minoristas de este sector. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador español no se encuentra falto de justificación y no se aprecia la vulneración del principio de proporcionalidad, pues la normativa de la Unión Europea concedía un amplio margen de flexibilidad a los Estados miembros para la elección del sistema que permitiese la consecución del objetivo de ahorro energético propuesto. El control de legalidad queda cumplido con la verificación de la aptitud del sistema nacional para cumplir con los objetivos establecidos por la Directiva y con los requisitos contemplados por la misma a los que se refiere la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. Se descarta la naturaleza tributaria de la contribución financiera al FNEE -por lo que no cabe analizarla desde la perspectiva del art. 31 CE, si bien debe respetarse la reserva de ley del art. 133 CE-, así como la vulneración de la libertad de empresa y de la libre competencia.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la extensión de la remisión efectuada en el artículo 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento para Extranjeros) al artículo 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el artículo 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir algunos de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud de protección internacional presentada en un CIE. La Sección Primera considera concurrentes las circunstancias de interés casacional objetivo previstas en el art. 88.2.c) y 3.a) LJCA. Existen precedentes de admisión: autos de 2 de noviembre de 2018 (RCA 1059/2018) y de 14 de enero de 2019 (RCA 6538/2018), entre otros.
Resumen: Exoneraciones del IGEC para determinados establecimientos comerciales individuales por razón de su actividad específica o superficie útil. Inexistencia de infracción de los principios eurocomunitarios de libre establecimiento y de libre circulación de capitales. No constituyen ayuda de Estado prohibida los supuestos de no sujeción previstos en la ley, tanto respecto a los establecimientos con una superficie inferior a 4.000 metros cuadrados como en relación con aquellos, de una superficie inferior a 10.000 metros cuadrados, pero destinados a las concretas actividades que la ley prevé.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la extensión de la remisión efectuada en el artículo 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento para Extranjeros) al artículo 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el artículo 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir algunos de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud de protección internacional presentada en un CIE. La Sección Primera considera concurrentes las circunstancias de interés casacional objetivo previstas en el art. 88.2.c) y 3.a) LJCA. Existen precedentes de admisión: autos de 2 de noviembre de 2018 (RCA 1059/2018) y de 14 de enero de 2019 (RCA 6538/2018), entre otros.
Resumen: Impuesto Sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) de Cataluña. Exoneraciones del IGEC para determinados establecimientos comerciales individuales por razón de su actividad específica o superficie útil. Inexistencia de infracción de los principios eurocomunitarios de libre establecimiento y de libre circulación de capitales.No constituyen ayuda de Estado prohibida los supuestos de no sujeción previstos en la ley, tanto respecto a los establecimientos con una superficie inferior a 4.000 metros cuadrados como en relación con aquellos, de una superficie inferior a 10.000 metros cuadrados, pero destinados a las concretas actividades que la ley prevé. Desestimación del recurso de casación.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña. Tanto el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 96/2013, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias del TJUE de 26 de abril, cuestiones prejudiciales acumuladas C-236/16 y C-237/16, han respaldado la conformidad a la constitución y a las libertades comunitarias.
Resumen: Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Cataluña, ejercicio 2012. La ley catalana no contradice los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y libertad de empresa. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava;por razones medioambientales y urbanísticas- los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 2.500 metros cuadrados) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional.