Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2018. Desestimación del recurso. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. En cuanto a la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad, el legislador se ha basado en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios, ni se infringe el principio de proporcionalidad. La prestación patrimonial de carácter público en que consiste la aportación al FNEE no tiene naturaleza tributaria, y no se infringe el principio de reserva de Ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. La Orden impugnada no es una disposición de carácter general, por lo que se rechazan como motivos la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración y aprobación de una disposición general se trate.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que anuló las resoluciones relativas a la adjudicación del contrato de servicios "Control de accesos y funciones auxiliares en dependencias municipales", declarando la procedencia de la nueva adjudicación de la licitación aplicando el umbral previsto en la cláusula IV.B) del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Rechaza los tres motivos formulados al amparo del art. 88.1.d) LJCA -en redacción previa a la reforma operada por la LO 7/15-: la pretendida incompatibilidad entre el PCAP y el PPT, que la sala a quo rechazó al considerar que éste completaba aquél, señalando el Alto Tribunal que, según reitera Jurisprudencia, la interpretación de los contratos que se hacen por los Tribunales de instancia han de prevalecer " salvo que se justifique error o arbitrariedad..." sin que la recurrente haga esfuerzo argumental en tal sentido, y que, en cualquier caso, esa inclusión atípica en el PPT, completando los criterios de adjudicación, no contradiciendo, el contenido del PCAP, no genera ni la nulidad radical del mismo ni su anulabilidad; la denunciada errónea valoración de la prueba, pues considera que los razonamientos de la sentencia son plenamente lógicos y congruentes con lo actuado; y la supuesta vulneración de la igualdad en la adjudicación porque, además de lo razonado en la instancia, no se aclara en qué sentido se garantiza esa exigencia por el hecho de adjudicar el contrato desconociendo condiciones que eran su ley.
Resumen: La orden impugnada no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no resultan exigibles los trámites e informes de las disposiciones generales. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, y en este sentido se pronunció el TJUE declarando la compatibilidad de la contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética con el Derecho europeo, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Sobre la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad: la opción del legislador se basa en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios. Siendo la elección de sujetos obligados conforme a la Directiva, no puede prosperar la alegada infracción de los principios de libre competencia y la prohibición de ayudas de Estado, fundada en la infracción del Derecho europeo. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la prestación patrimonial obligación cuestionada. La Orden impugnada cuenta con motivación suficiente sin que se haya vulnerado el art. 9.3 CE.
Resumen: Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (IDMAE) de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por la Ley autonómica 15/2008, de 19 de diciembre. El acto recurrido en el proceso de instancia es de mera rectificación censal. No cabe utilizar abusivamente el proceso contencioso-administrativo para canalizar pretensiones de inconstitucionalidad o de disconformidad con el derecho de la Unión Europea, prescindiendo para ello de la impugnación concreta del acto de aplicación en que debería aparecer el juicio de relevancia. Sobre la noción legal de salto bruto de agua no hay infracción del principio de reserva de ley ni deslegalización en favor del reglamento.
Resumen: Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia en sentencia firme.
Resumen: Se reproduce la STS de 10/02/2018 (rec. 3781/17) recaída en asunto análogo, que estimó el recurso que trataba de esclarecer en qué medida la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación. A tal efecto la Sala relaciona sentencias anteriores en las que había anulado el Plan Territorial de Andalucía y el Reglamento General de costas, precisamente, por falta de informe de género, y, teniendo en cuenta tales antecedentes, rechaza la tesis central de la sentencia recurrida que defendía que debía haberse observado lo dispuesto en el entonces vigente art. 24 de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, pues, en ausencia de normativa autonómica, el art. 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid prevé el carácter, en todo caso, supletorio del Derecho estatal. El TS sostiene ahora que la cláusula de supletoriedad que se invoca para aplicar el artículo 24 de la Ley de Gobierno y, por lo tanto, exigir el informe de impacto no tiene soporte en la actual jurisprudencia que analiza la cláusula de supletoriedad. Concluye que no resulta exigible formalmente un informe específico de impacto de género, que no está incorporado como tal en la legislación, lo que no es óbice para que la igualdad de trato haya haya de ser tomado en consideración en el planeamiento.
Resumen: Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (IDMAE) de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por la Ley autonómica 15/2008, de 19 de diciembre. El acto recurrido en el proceso de instancia es de mera rectificación censal. No cabe utilizar abusivamente el proceso contencioso-administrativo para canalizar pretensiones de inconstitucionalidad o de disconformidad con el derecho de la Unión Europea, prescindiendo para ello de la impugnación concreta del acto de aplicación en que debería aparecer el juicio de relevancia. Sobre la noción legal de salto bruto de agua no hay infracción del principio de reserva de ley ni deslegalización en favor del reglamento.
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, para el año 2018. Desestimación del recurso. La alegada inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad afectaría en exclusiva al Real Decreto-Ley 8/2014, y no a la Ley 18/2014, momento a partir del cual es exclusivamente ésta el fundamento normativo del sistema de eficiencia energética que se implanta en transposición de la Directiva 2012/27. La Orden no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no se aplican los trámites e informes de las disposiciones generales. El sistema de aportaciones al FNEE elegido por el legislador no carece de justificación ni vulnera el principio de proporcionalidad. La Orden impugnada no vulnera la Directiva 2012/27/UE, al ser susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la esta, y la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad está expresamente justificada, al basarse en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios, sin que pueda prosperar la alegación de infracción de la libre competencia. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Debe descartarse la posibilidad de la obtención de la nacionalidad española, por parte de la recurrente, con base en el artículo 20.1.b) del Código Civil, que cita en apoyo de su pretensión. No resulta posible acceder al reconocimiento de la concreta pretensión formulada por la recurrente. Estamos en presencia de una potestad estrictamente discrecional, cuyo ejercicio corresponde al Consejo de Ministros, formalizada mediante Real Decreto, y con base en la concurrencia de unos hechos excepcionales, siendo reiterada la jurisprudencia de esta Sala sobre dicha cuestión. Lo anterior conecta con otra vía de control de la discrecionalidad, con la finalidad de que la misma no incida en arbitrariedad, cual es la que puede efectuarse a través de la aplicación de los principios generales. Pudiera deducirse que el citado Departamento ha tomado en consideración la solicitud de la recurrente, y, la ha tramitado y completado, pero ha procedido a su rechazo por la falta de excepcionalidad de las razones alegadas, esto es, por ausencia del máximo apoyo institucional. Finalmente, y en cuanto al principio de igualdad a que apela la recurrente, es evidente que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo, tal pretensión no ha contado con algún soporte fáctico que hubiere habilitado su viabilidad. Además no corresponde a este orden jurisdiccional pronunciamiento alguno sobre la vulneración del principio.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. No es una disp. general. La determinación de los sujetos obligados no es discriminatoria, se basa en criterios objetivos de política económica, que, son más o menos acertados, pero, legales. No se vulnera el principio de libre competencia. Tampoco resulta de favorable acogida la ayuda de Estado, porque existen razones que justifican la elección de los sujetos obligados, sin que existe una situación fáctica y jurídica comparable entre las empresas obligadas y las que no. Se excluye que exista ayuda de Estado.