• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 2855/2016
  • Fecha: 31/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se descarta la causa de inadmisibilidad propuesta puesto que el escrito de interposición del recurso se sustenta en que los autos recurridos no dan debido cumplimiento a lo acordado en el fallo de la sentencia en cuya ejecución se dictan -por defecto-; planteamiento que es relevante y decisivo a los efectos debatidos y que conduce a desestimar la objeción procesal de inadmisibilidad del recurso. Se rechaza, asimismo, la pretendida falta de legitimación del recurrente pues este ostenta un interés legítimo ya que la estimación de la pretensión deducida en el recurso conllevaría una ventaja y un beneficio para sus intereses, toda vez que siendo titulado en farmacia podría participar en el nuevo concurso de adjudicación de las reseñadas farmacias y competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes. Se estima el recurso. Recuerda la Sala que la sentencia cuya ejecución se instancia anuló el precepto de la convocatoria para adjudicación de farmacia que consideraba como mérito la experiencia profesional balear, y entiende que ni la derogación formal del apartado que establecía ese mérito ni la resolución que lo considera inaplicable son suficientes para considerar correctamente ejecutada la sentencia de referencia que tenía un alcance y extensión más amplio y no permite la conservación de la validez del resto de actos de la convocatoria sino que exige su nueva celebración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 3863/2018
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente recurso, que se estima, el recurrente estaba incluido en la lista de no admisibles porque tenía una prohibición de entrada en territorio Schengen por cinco años emitida por Noruega como consecuencia de una orden de expulsión adoptada por las autoridades noruegas por haber sido multado en varias ocasiones por posesión de sustancias estupefacientes y por haber permanecido de forma ilegal en dicho país durante más de un año. Partiendo de este presupuesto la Sala considera que la inclusión de un extranjero que goza en España de un permiso de residencia de larga duración UE en la lista de no admisibles del Sistema de Información de Schengen efectuada a instancias de otro Estado parte no da lugar a la automática extinción de ese permiso de residencia, sino a que se inicie el procedimiento de consulta que en el art. 25.2 del Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990 se prevé que España deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o la retirada del permiso de residencia en cuestión, deberá valorar "si existen motivos suficientes para retirarlo", pero los motivos para retirarlo deberán ser los previstos en la ley (art. 32 LOEX, art. 166 del RD 557/2011, y art. 9 de la Directiva 2003/109/CE), sin que entre ellos se encuentre el de estar incluido en algún supuesto de prohibición de entrada ni el estar incluido en la lista de no admisibles.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 5628/2019
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ratifica la doctrina establecida en la STS 1009/2020, de 16 de julio (RC 2196/2019) y, ya ratificada, en la STS 1077/2020, de 22 de julio (RC 5312/2019), que fijó como criterio jurisprudencial que en la actuación ante órganos judiciales unipersonales la designación de letrado por el turno de oficio no excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. De modo que un Letrado no puede arrogarse la legitimación o representación de un tercero sin que éste manifieste su aquiescencia. Quien ostenta el derecho de acceso a la jurisdicción, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, es el propio interesado que es el legitimado para iniciar el proceso (art. 19 LJCA). En el presente caso, no habiéndose atribuido tal representación al letrado firmante de la demanda, no consta la voluntad de interponer el recurso por parte del verdadero legitimado para su interposición. Y esta ausencia de voluntad no puede ser suplida por el Juzgado e impide, asimismo, que pueda activarse el mecanismo de designación colegial de procurador de oficio previsto en el art. 21 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. Tampoco este caso no se ha puesto de manifiesto por el letrado actuante ninguna circunstancia particular que hubiera debido ser valorada por el Juzgado en orden a la posibilidad de conferir un plazo suplementario para dar cumplimiento al requisito establecido en el art. 45.2.a) LJCA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 5613/2019
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se considera presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si por medio de la adquisición de la propiedad por accesión, puede cumplirse el supuesto legal de adquisición de bienes inmuebles previsto en el  art. 63 b) de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a los efectos de la obtención del visado de residencia para inversores. La respuesta del TS a dicha cuestión es afirmativa al declarar que dicha inversión puede llevarse a cabo mediante la construcción o promoción de un inmueble sobre una parcela o terreno previamente adquirido mediante compraventa, que es lo que ocurre en este caso. Recuerda el TS que el legislador ha pretendido realizar un nuevo enfoque de la política migratoria que hasta la citada norma se había  enfocado únicamente hacia la situación del mercado laboral y que ahora se pretende ampliar al considerar dicha política como una contribución al crecimiento económico del país. Y en el supuesto de autos no nos encontramos ante la ampliación de una obra -nueva o antigua-, sino ante una obra nueva, como se refleja en la certificación registral que describe, con precisión, los dos modos de adquisición de la propiedad por parte del recurrente: compraventa y constitución de obra nueva (formalizadas en dos escrituras distintas, pero sobre una misma finca); siendo evidente que es sobre esta única finca en la que el recurrente ha realizado una "inversión significativa".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 4528/2018
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se resienten las garantías de los particulares en el ejercicio de los derechos de defensa, en supuestos como el de autos. Porque, al ser objetivos y reglados, y no más que tres los supuestos legales que permiten acudir al procedimiento preferente para la expulsión de los extranjeros que pudieran encontrarse incursos en situación irregular, cabe deducir los términos en que se sitúa la controversia en cada caso, en función de las circunstancias concurrentes, para determinar si, primero, ha lugar a la tramitación del indicado procedimiento y para apreciar, después, si resulta o no procedente acordar la medida de la expulsión. Ante la efectiva concurrencia de alguno de tales supuestos, pues, la existencia de una insuficiente motivación en el acuerdo de iniciación del procedimiento carece de trascendencia (virtualidad) invalidante. Por todo lo expuesto y dando respuesta a la cuestión que en el auto de admisión se considera de interés casacional, hemos de concluir, siguiendo la jurisprudencia existente, que ante la efectiva concurrencia de alguno de los supuestos que permiten la incoación del procedimiento preferente al amparo del art. 63.1 LOEX, la falta de indicación del mismo y consiguiente motivación insuficiente del acuerdo de iniciación del procedimiento preferente carece de trascendencia (virtualidad) invalidante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 4893/2019
  • Fecha: 29/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión del recurso de casación, establece que: el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla). Dicha respuesta se basa tanto en determinaciones del Derecho interno como de las normas internacionales invocadas: en la legislación interna, es fundamental la Ley 12/2009, de 30 de octubre, que regula en su Título II el procedimiento de solicitud y tramitación así como la situación en que se encuentra el solicitante de la protección internacional, sin que se establezca particularidad o limitación alguna en relación con las solicitudes formuladas en Ceuta o Melilla, refiriéndose en todo momento y de manera reiterada al territorio nacional, sin excepciones al respecto, de manera que los solicitantes de la protección internacional en Ceuta y Melilla quedan en la misma situación y con los mismos derechos de todos los solicitantes en España; situación no alterada por el art. 36 del Reglamento (CE) 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, y del apartado III número 1, del Acta Final del acuerdo Schengen ni por la STJUE 14-6-12 (C-606/10).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 4687/2019
  • Fecha: 29/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se fija la siguiente doctrina jurisprudencial determinada por el auto de admisión: para decidir acerca de la solicitud formulada por extranjero de una autorización de residencia de larga duración, se debe considerar, primero, si tiene algún antecedente penal, y si ello ocurre, considerar la gravedad o el tipo de delito contra el orden público por el que el solicitante fue condenado y si representa un peligro para la sociedad por su conducta. Y segundo, se debe examinar, además de lo anterior, si el solicitante tiene vínculos con el país de residencia. Si el solicitante tiene un hijo menor de edad de nacionalidad española, procede examinar la relación del progenitor con el menor, si tiene la guarda y custodia, si está a su cargo, relación con el menor, etc.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 1953/2019
  • Fecha: 29/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si el solicitante de asilo, presentada su solicitud, tiene derecho a cambiar su domicilio en España, en este caso desde Melilla a la Península, si bien sometido a la obligación de comunicar el cambio de domicilio que se produzca en él. Señala el TS que la interpretación del art. 18.1 de la Ley 12/2009 no puede ser la denegación del derecho, sin perjuicio de que se trate de un derecho de configuración legal, pues si el solicitante de asilo -mientras dure el procedimiento- asume la obligación de comunicar los cambios de domicilio, solo puede ser porque tiene ese derecho de cambiar el lugar de su residencia y el mismo precepto obliga a interpretar que puede cambiarlo. Por otra parte, no cabe concluir que el Reglamento de Fronteras Schengen no es aplicable en España para las Ciudades Autónomas, sino que su aplicación deberá realizarse de acuerdo a lo pactado en el mencionado Acuerdo de Adhesión, en el que solo se recoge que éstas tendrán un régimen especial. En consecuencia, el TS considera que todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las Ciudades Autónomas tiene derecho a la libertad de movimiento y fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho por su condición de solicitante de la protección internacional y con la obligación de comunicar a la Administración dicho cambio de domicilio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 6594/2019
  • Fecha: 29/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación señalando que en respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión del recurso, ha de ser la siguiente: que es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en un Centro de internamiento de Extranjeros el plazo para dictar la resolución denegatoria establecido para cuando dicha solicitud se presente en frontera en los términos establecidos por la jurisprudencia de esta Sala, de manera que la falta de respuesta en plazo produce los efectos previstos en dicho precepto teniendo en cuenta la situación del solicitante que se encuentra internado en un CIE, efectos que no desaparecen por el hecho de que con posterioridad se dicte la resolución correspondiente. De otro modo y de admitirse la tesis defendida por el recurrente llevaría a desconocer las determinaciones que el legislador ha establecido sobre el momento de inicio del cómputo de los plazos del art. 21 de la Ley 12/2009, trasladándolo del momento de la presentación o la notificación, al que se refiere la Ley, al día siguiente, lo que supone identificar indebidamente momentos con fechas o días, siendo que constituyen conceptos jurídicos de distinto alcance que el legislador utiliza valorando la naturaleza y circunstancias del trámite o procedimiento, cuyas determinaciones han de mantenerse en la interpretación y aplicación de la norma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2657/2018
  • Fecha: 29/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. En relación con la interpretación del artículo 124.2º.c) del Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y con el fin de adaptar la integración del precepto con la situación de reagrupación familiar, se concluye que quien solicite la autorización de residencia temporal por razones de arraigo social basada en vínculos familiares a que se refiere el precepto y párrafos mencionados, debe contar con un contrato de trabajo en las condiciones que el precepto exige, no obstante lo cual, dicha exigencia puede ser sustituida, en base al informe de arraigo a que se refiere el precepto, a lo que resulte del mismo" siempre y cuando acredite que cuenta con medios económicos suficientes"; pero que dichos medios económicos han de concurrir, en todo caso, en el solicitante de la residencia y no en la unidad familiar cuyos vínculos sirve para solicitar el arraigo. No obstante, la Administración al resolver sobre la petición y los Tribunales de lo Contencioso al revisar las resoluciones que se dicten, deben examinar las pruebas sobre dicha exigencia y ponderar las circunstancias personales del solicitante a los efectos de conceder dicha autorización de residencia. La interpretación que se sostiene del artículo 124.2º.c) del Reglamento de la Ley de Extranjería comporta la estimación del recurso de casación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.