• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1368/2017
  • Fecha: 22/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Honorarios de arquitecto. Prescripción. Inicio del cómputo. El día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de tres años a que están sometidas las acciones derivadas del contrato de prestación de servicios origen del proceso es el día en que dejaron de prestarse los respectivos servicios. Es un hecho probado que entre demandante y demandada concurrieron unas relaciones fluidas, que motivaron sucesivos encargos, venta de parcelas y arrendamiento de una de ellas. En el presente caso, la acción se planteó desde que le constó al demandante que prescindían de sus servicios, lo cual tácitamente interpretó como la finalización de sus relaciones profesionales y arrendaticias con la demandada, no habiendo transcurrido el plazo de tres años fijado por la Ley. A tales efectos, esta Sala ha señalado en otros casos (abogados) que el ejercicio de la profesión no implica que cada asunto del que presta sus servicios profesionales deba ser reclamado su precio antes de la prescripción de tres años. No se trata de prescripción de cada asunto, sino prescripción de todos ellos, que forman el servicio profesional conjunto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1472/2017
  • Fecha: 21/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: inexistencia de incongruencia ni defectos de motivación; planteamiento de cuestiones propias del recurso de casación. Recurso de casación admisible: existe interés casacional. Constitución de la comunidad de propietarios: el promotor puede instar el título constitutivo o su modificación mientras es el propietario único; situaciones de prehorizontalidad en que aún falta el elemento objetivo (edificio dividido por pisos) o el elemento subjetivo (una pluralidad de propietarios). Complejos inmobiliarios privados: doctrina jurisprudencial previa a su regulación en la Ley de Propiedad Horizontal (aplicación analógica y régimen de facto; el título constitutivo no es elemento sustancial para la existencia y funcionamiento de la comunidad, y tampoco la inscripción en el Registro, que carece de efectos constitutivos y solo produce el efecto de publicidad frente a terceros). Comunidades de propietarios de hecho. En el caso, la comunidad ya estaba constituida (configuración física y jurídica, elementos privativos y comunes, coeficientes de participación) desde la constitución de la entidad urbanística colaboradora, y el acuerdo impugnado solo pretendía la formalización de esa comunidad ya existente, por lo que no era precisa la unanimidad. Los integrantes, tras la disolución de la entidad urbanística, forman una comunidad de bienes, derechos y obligaciones, y no pueden negarse al pago de los gastos comunes según la cuota ya fijada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3717/2016
  • Fecha: 21/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968. Recurso extraordinario por infracción procesal: inadmisión por plantear cuestiones jurídicas sustantivas. Recurso de casación: se estima. La cuestión se centra en si la Ley 57/1968 es o no aplicable en protección de la compradora demandante, una sociedad limitada. Dicha ley no resulta aplicable al presente caso al tratarse de una sociedad mercantil que compra una vivienda sin probar una finalidad residencial. De la jurisprudencia de esta sala se desprende que la aplicación de la Ley 57/1968 depende no de la condición de consumidor del comprador, sino de que la vivienda de que se trata esté destinada a domicilio o residencia familiar, finalidad que debe alegarse en la demanda y, tratándose de una sociedad mercantil como en este caso, probarse debidamente, supuesto no concurrente en el presente caso. Del documento de aval concertado entre la promotora vendedora y el banco recurrente no resulta ningún pacto expreso que amparase a todos los compradores de viviendas y en el contrato de compraventa no consta referencia alguna a la Ley 57/1968, de modo que tampoco hubo ningún pacto entre la promotora y la sociedad compradora para aplicar a la compraventa las garantías de dicha ley. En todo caso, un pacto de ese tipo no vincularía al banco que hubiera concertado con la promotora-vendedora una póliza colectiva únicamente para compraventas con la finalidad residencial establecida en dicha ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1662/2017
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario concertado para la adquisición de una licencia de auto-taxi. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al entender que se había vulnerado el deber de buena contractual y la prohibición de abuso del derecho. La sentencia de apelación consideró que la cláusula debatida podía ser examinada desde la perspectiva del control de incorporación y llegó a la conclusión de que no superaba dicho control. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima el recurso. Considera la sala que la cláusula litigiosa sí supera el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerla, al estar incluida en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensible, dada la sencillez de su redacción; además, se encuentra dentro de un epígrafe específico de la escritura pública, titulado "Tipo de interés variable", en un apartado propio. La sala considera que lo que realmente efectúa la Audiencia no es un control de incorporación, sino un control de transparencia (necesidad de que el adherente, consumidor informado, pueda tener un conocimiento real de las consecuencias económicas y jurídicas de las cláusulas); así, aplica su doctrina según la cual, los controles de abusividad y de transparencia solo proceden en los contratos con consumidores, lo que no se produce en este caso, al haberse acreditado que el préstamo se concertó para adquirir una licencia de taxi.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2156/2017
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario con el que se financiaba una actividad empresarial. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda al entender que la cláusula no superaba el control de incorporación, declaró su nulidad y ordenó la devolución de las cantidades indebidamente cobradas desde el 9/5/2013. La sentencia de apelación desestimó el recurso del banco, consideró que la cláusula sí superaba el control de incorporación, pero hubo un abuso de la posición contractual del prestamista, que frustró la legítima expectativa del prestatario al contratar un interés variable. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación el banco y la sala estima el primero de los recursos. Declara la sala que en la demanda inicial se ejercitó en exclusiva una acción individual de nulidad de una cláusula contractual por falta de transparencia y consiguiente abusividad, sobre la base de que el prestatario era consumidor, pero no se postuló una nulidad basada en un supuesto abuso de posición dominante contractual, ni en la infracción de la buena fe o en preceptos del Código Civil relativos al justo equilibrio de las prestaciones. De este modo, la sentencia recurrida altera la causa de pedir y, como consecuencia de ello, resulta incongruente. Al asumir la instancia la sala, declara que debe estimarse la apelación de la demandada pues se supera el control de incorporación. Desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2154/2017
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusula suelo en prestamos hipotecarios, constituyendo el objeto de litigio los tres primeros, suscritos para financiar actividades empresariales (no el último, en la que los prestatarios sí intervinieron como consumidores para financiar la compra de una vivienda). Interpuesta demanda interesando la nulidad de las cláusulas y la restitución de las cantidades cobradas por su aplicación, la sentencia de primera instancia estimó la demanda al considerar que las cláusulas no superaban el control de incorporación, y la Audiencia confirmó el fallo entendiendo que sí superaban el control de incorporación, pero que hubo un abuso de la posición contractual del prestamista, que frustró la legítima expectativa de los prestatarios al contratar un interés variable. Congruencia y principio de justicia rogada en apelación. Ámbito de conocimiento del tribunal de apelación: lo que se postuló en la demanda fue la nulidad de las cláusulas por abusivas, partiendo de la condición de consumidores de los demandantes (que no tenían). No se postuló la nulidad basada en abuso de posición dominante contractual, infracción de la buena fe o en preceptos del CC relativos al justo equilibrio de las prestaciones. La Audiencia apreció indebidamente una causa de nulidad no invocada. Era posible pedir la nulidad por la causa que finalimente apreció la Audiencia, pero debería haberse solicitado así. La sentencia recurrida alteró la causa de pedir. Nueva sentencia asumiendo la instancia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1602/2017
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Inexistencia de oposición del banco recurrido al recurso de casación. Estimación del recurso de casación formulado contra la sentencia que limitó el efecto restitutorio de la nulidad de la cláusula suelo (aplicando el criterio fijado en la STS 241/2013, de 9 de mayo); aplicación por el tribunal de casación de un criterio acorde con lo declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Gutiérrez Naranjo) y doctrina jurisprudencial posterior del Tribunal Supremo; efecto retroactivo de la nulidad de la cláusula suelo y devolución de todas las cantidades indebidamente cobradas desde la fecha de su aplicación más los intereses legales desde la fecha de cada cobro. Imposición de las costas de primera instancia al banco demandado en aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de pleno 419/2017, de 4 de julio (interpretación de las normas sobre imposición de costas conforme al principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación y efectividad).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 6/2018
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de error judicial. Aplicación manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico de la DT 5ª de la Ley 42/2015, en relación con el art. 1939 CC, referida a la reforma del plazo de prescripción de las acciones personales. El error judicial ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada. Exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. La prescripción se se rige por la ley vigente en la fecha en que se inicia el plazo prescriptivo, aunque queda consumada si la nueva ley acorta el plazo y el nuevo plazo transcurre por entero tras la entrada en vigor de la ley nueva. En este caso, la acción ejercitada por la demandante, nacida en 2009, no habría podido quedar extinguida por prescripción hasta el 7/10/2020, por haber transcurrido ya entonces los 5 años del plazo residual de la ley nueva. Al no apreciarlo así la sentencia, que hizo una aplicación lineal del nuevo plazo de prescripción, como si la acción hubiera nacido cuando ya estaba en vigor la nueva redacción del art. 1964.2 CC incurre en error judicial en el sentido de realizar una aplicación del plazo de prescripción manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2742/2017
  • Fecha: 16/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación contra la sentencia que había apreciado infracción de derechos de propiedad intelectual en la reproducción, casi literal, en dos publicaciones, de varios epígrafes de un trabajo de investigación elaborado bajo la dirección del demandado en un programa de doctorado. La exigencia de originalidad y actividad creativa a este tipo de obras para que puedan incardinarse en el art. 10.1a) LPI, no justifica que, en un ámbito como este (estudios de Historia del Derecho), se asocie con el juicio que sobre la originalidad de las ideas expuestas pudieran hacer los conocedores de la materia, sino con la forma en que son expuestas. Al margen de que lo revelado en esos epígrafes reproducidos por el demandado pudiera ser ya conocido en esa especialidad de Historia del Derecho, lo relevante es que, sin perjuicio de las pertinentes citas de las fuentes de las que se tomó este conocimiento, la forma en que se expuso difería de lo ya existente y no constituía un lugar común. La labor de dirección de quien dirige un trabajo universitario de investigación de doctorado, que ha podido contribuir de alguna forma al trabajo elaborado por el alumno, por las ideas, orientaciones y sugerencias que haya hecho en esa dirección del trabajo, no justifica por sí una presunción de que la autoría total o parcial del trabajo corresponde al director del trabajo de investigación, a menos que esas partes del trabajo ya estén publicadas antes por el director.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 870/2017
  • Fecha: 16/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Comprador que demanda la nulidad de los contratos de promesa y compra y de un préstamo hipotecario, así como indemnización de daños y perjuicios, todo ello, porque las naves adquiridas eran inútiles para su destino (falta de suministro eléctrico, por ausencia de estaciones transformadoras) y la tasadora del banco no hizo referencia a ello. La demanda se dirigió contra banco, tasadora y vendedora. La demanda fue estimada en ambas instancias y declaró la nulidad porque el comprador-consumidor (notario) no tenía por qué conocer lo que faltaba, y porque la tasación no fue adecuada. Incumplimiento de sus obligaciones por parte de la sociedad de tasación al no percatarse ni indicar la inexistencia de suministro eléctrico definitivo, por ausencia de las estaciones transformadoras, máxime cuando su necesidad constaba en el proyecto básico y constituía un condicionante de la licencia de obra. Influencia de la deficiente tasación en el contrato de compraventa: cuando se otorgó la escritura de compraventa en unidad de acto con la de préstamo hipotecario, la parte compradora confiaba en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la vendedora, lo cual se acreditó como incierto. La profesión de notario del demandante no conlleva la inexcusabilidad del error. Influencia de la tasación en la pretendida nulidad del contrato de préstamo hipotecario. De las consecuencias de dicho error no puede desligarse el banco demandado. Indemnización de daños y perjuicios.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.