• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1824/2017
  • Fecha: 20/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Grupo societario familiar. Existencia de un acuerdo en el que se regulaba el reparto entre los hijos del fundador de las participaciones sociales. Demanda, desestimada en ambas instancias, por la existencia de permutas, compraventas y donaciones de acciones y participaciones que se decían contrarias a dicho acuerdo. Falta de prueba de la ilicitud de la causa de los contratos de permuta y compraventa de acciones y participaciones sociales. Supuesto de la cuestión, al defenderse que se hicieron con el único fin de perjudicar a tercero (contrato en daño del tercero). Descartada la concurrencia de ilicitud en la causa, no cabe aplicar la doctrina sobre el contrato en daño de tercero. Validez y carácter vinculante del protocolo familiar como pactos parasociales: reconocimiento legal y jurisprudencial. Estos pactos, mediante los cuales los socios pretenden regular aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos para ello en la ley y los estatutos, son válidos si respetan ciertos límites legales. El frecuente problema de su eficacia cuando no se trasponen o ejecutan a través de los correspondientes negocios o mediante, en su caso, su incorporación a los estatutos sociales (como es el caso).Limitación a la transmisibilidad de las acciones y participaciones sociales. Imposibilidad jurídica de su perpetuidad. Límites a revisar en casación la interpretación de los contratos hecha en la instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1400/2015
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: error en la indicación del motivo que ampara la infracción alegada; se confunde la congruencia con la motivación. La cláusula de vencimiento anticipado en contratos de préstamo personal con consumidores: doctrina jurisprudencial sobre el carácter abusivo (deben estar claramente determinados los supuestos que pueden dar lugar al vencimiento de forma que no quede al arbitrio del prestamista, y debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo); efectos de la declaración de abusividad (a diferencia de los préstamos hipotecarios, en los personales su supresión no afecta a la subsistencia del contrato por lo que no opera la doctrina del TJUE sobre aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional cuando el contrato no pueda subsistir y su nulidad perjudique al consumidor, y no hay una norma legal que permita en ellos el vencimiento anticipado; es irrelevante que la cláusula no llegara a aplicarse en su literalidad porque el prestamista ha soportado un periodo amplio de morosidad antes de ejercitarla; en el caso, es abusiva la cláusula que permite la resolución por el incumplimiento de un plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias; se deja sin efecto y se estima la reclamación por el banco de las cuotas vencidas e impagadas. Cláusula suelo: control de transparencia. Cláusula de intereses de demora: doctrina jurisprudencial sobre el carácter abusivo y sus efectos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3337/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declaración de mejor derecho para ostentar un título nobiliario y, si la legislación ordinaria lo permite, a llevar como primer apellido el suyo unido con el otro. Subsidiaria o alternativamente, interesaba que se declare la vacancia o caducidad definitiva del título nobiliario por haber fallecido el II Marqués sin hijos y descendientes habidos en constante y legítimo matrimonio y se declare la nulidad de las cartas de sucesión en el Marquesado a favor de la demandada. Se desestimó la demanda. Recurrida en apelación por ambas partes, la Audiencia estimó solo el recurso de la demandada. Su ratio decidendi se basó en la falta de relación de consaguinidad entre el demandante y el último poseedor legítimo del título lo que excluye la aplicación del principio de propincuidad para la determinación del mejor derecho a poseer el título. El demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación que se desestimaron. El primero, porque declarar la incompetencia de la jurisdicción civil para resolver la pretensión subsidiaria o alternativa no afecta a los principios de rogación, congruencia o al deber de motivación, ni hay error en la valoración de la prueba; el segundo, porque el objeto del proceso es determinar si existe derecho por el demandante y si es preferente, si no se acredita el derecho del demandante, la demanda ha de ser desestimada con independencia del derecho de la demandada, que se presume existente por la concesión administrativa de la sucesión
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2362/2017
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad de proceso de ejecución hipotecaria. No cabe plantear en un recurso extraordinario por infracción procesal la vulneración de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, en este caso nulidad de un proceso de ejecución hipotecaria por vulneración de preceptos de la LEC, debiendo acudirse al recurso de casación. Aunque la nulidad de la ejecución hipotecaria se solicite en un proceso posterior, el régimen para decidir si procede la nulidad pretendida es el que rige la nulidad de las actuaciones. Actos de comunicación procesal: notificaciones. No hay infracción de norma procesal ni indefensión material del deudor ejecutado que tras recibir personalmente la notificación de la demanda y el requerimiento de pago en el domicilio señalado para notificaciones en la escritura de constitución de la hipoteca, y mantenido en la posterior escritura de novación, no se personó en el procedimiento ni recogió el aviso de correo de la notificación remitida por el juzgado a la misma finca, en que se notificó la demanda, relativa al señalamiento para subasta, por lo que posteriormente este trámite se notificó mediante edictos. No existe indefensión cuando la falta de intervención en el proceso es imputable al propio interesado que pretende que se anulen las actuaciones por defectuosa práctica de los actos de comunicación, cuando, además, había tenido conocimiento del litigio por la previa notificación personal de la demanda ejecutiva y del requerimiento de pago.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1391/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se pedía la nulidad por abusiva de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda, pero fue revocada por la Audiencia al entender que, en este caso, se superaban los controles de incorporación y transparencia. Recurre en casación el cliente demandante y la sala acoge el recurso. En primer lugar, rechaza los motivos relativos a que la cláusula no supera el control de incorporación, ya que esta pretensión no fue formulada en la instancia y nos encontraríamos, por tanto, ante una casación "per saltum". En segundo lugar, estima los motivos que se refieren al control de transparencia material; en esencia, mantiene que no es correcto el juicio que realiza la Audiencia relativo a que la cláusula estaba redactada de manera clara y sencilla, era comprensible y el notario advirtió de su existencia, ya que, en realidad, lo que se estaba concertando era un préstamo fijo con un interés variable solo al alza; por ello, se concluye que la cláusula no era transparente y esa falta de transparencia provocó un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, en contra de las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con cláusula suelo en el caso de bajada del índice de referencia. Se declara la nulidad de la cláusula y se condena a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2378/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso, ejercitada una acción de nulidad por falta de transparencia de una cláusula suelo en un préstamo hipotecario suscrito por una sociedad mercantil y, como fiadores solidarios, por tres personas físicas con vinculación funcional con aquella, que fue desestimada en la primera instancia, la sentencia de segunda instancia -consciente de que los demandantes no son consumidores- declara la nulidad de la cláusula por contravención de la buena fe contractual (con fundamento en la remisión que hace la exposición de motivos de la LCGC a la nulidad contractual, considera que el predisponente ha hecho un uso abusivo de su posición de dominio contractual y ha impuesto una regulación contraria a las expectativas legítimas de los adherentes). En los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no proceden los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación. Doctrina jurisprudencial, en relación con las cláusulas suelo, sobre la buena fe contractual, las denominadas estipulaciones sorprendentes que desnaturalizan el contrato en relación con el nivel de la información y diligencia del empresario adherente, y el abuso de posición dominante por el predisponente. Estimación del recurso de casación: sentencia que reconduce su argumentación a la buena fe contractual para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2494/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que una sociedad limitada instó la nulidad de la cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario cuya finalidad era la financiación de una actividad empresarial. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la Audiencia estimó el recurso de apelación, al considerar que, aunque la demandante no era consumidora, la condición general litigiosa no superaba el control de incorporación, porque la prestataria no pudo ser consciente de la carga económica que implicaba. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria demandada y la sala estima el segundo de los recursos. Declara la sala que en la demanda inicial del procedimiento se ejercitó en exclusiva una acción individual de nulidad de una cláusula contractual por abusividad, sobre la base de que la prestataria era consumidora, pero en ningún momento se hizo mención al control de incorporación, ni se postuló su aplicación; por esta circunstancia, la sentencia recurrida altera la causa de pedir y, como consecuencia de ello, resulta incongruente. Al asumir la instancia, la sala declara que el recurso de apelación no puede ser discutido, ya que la demandante carecía de la condición legal de consumidora pues este pronunciamiento quedó firme; de ello resulta la improcedencia de los controles de transparencia y abusividad, según tiene declarado la jurisprudencia de la sala. La desestimación determina la confirmación de la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2232/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Solicitud de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario (no consumidor). Estimación de la demanda en ambas instancias por no superar el control de incorporación y abuso de la posición contractual de la prestamista que frustró las legítimas expectativas de la prestataria al contratar un interés variable. Se aduce en el recurso por infracción procesal que la sentencia recurrida declaró la nulidad por causa distinta de la alegada, lo que implica incongruencia. El principio de justicia rogada se suele identificar como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte y se configura legalmente como una exigencia para el tribunal.La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas (correlación entre el principio de justicia rogada y el de congruencia). En la demanda se ejercitó acción individual de nulidad por falta de transparencia (material) y consiguiente abusividad. Vista la remisión que, en relación con los contratos entre profesionales, hace la exposición de motivos de la LCGC a las normas contractuales generales, es posible su aplicación pero debe pedirse, lo que no se hizo. La AP alteró la causa de pedir. Asunción de la instancia. Prestataria no consumidora: improcedente control de transparencia y abusividad. Se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2830/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Prohibición de pacto comisorio: el ordenamiento rechaza los pactos comisorios por los que el acreedor, en caso de incumplimiento, pueda apropiarse definitivamente de los bienes dados en garantía, que entrarían en el ámbito del fraude de ley. Doctrina jurisprudencial: la prohibición del pacto comisorio no se contrae a los contratos de garantía típicos, sino que es también aplicable a los negocios indirectos que persigan fines de garantía. De no ser así el principio de autonomía de la voluntad permitiría crear negocios fraudulentos sobre los que, descubierto el fraude, habría de aplicarse la prohibición tratada de eludir. Un préstamo o un contrato simulado que disimula un préstamo, que incluye un pacto comisorio, por el cual si no se devuelve una cantidad determinada (del verdadero préstamo) el contratante (prestamista) hace suya la propiedad de una cosa también determinada, incurre en nulidad ipso iure. Venta a carta de gracia y venta en garantía (tratamiento como negocio simulado o fiduciario). En el caso: no hay compraventa con pacto de retroventa simulada en función de garantía, al no estar acreditado un pacto verbal de retro ni la existencia de una deuda disimulada sobre la que la compraventa actúe en garantía; el préstamo supuestamente garantizado estaba ya vencido a la fecha de la compraventa y su importe fue retenido como parte del precio de la compra, que cumple así una función solutoria y no de garantía. El recurso altera la base fáctica de la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1154/2017
  • Fecha: 03/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión controvertida gira en torno a la clasificación del crédito que los demandantes tienen frente a la sociedad concursada, por su condición de fiadores solidarios de un préstamo hipotecario. Cuando se afianzó el préstamo, los fiadores tenían la consideración de personas especialmente relacionadas con la sociedad (uno era socio con una participación superior al 10% y la otra era su cónyuge). Sin embargo, cuando los fiadores pagaron al banco acreedor, ya no tenían esa cualidad, por pérdida de la condición de socio. Aunque el crédito hipotecario tenía la condición de crédito con privilegio especial, el crédito de los fiadores debe clasificarse optando por la calificación menos gravosa para el concurso (art. 87.6 LC). El momento relevante es, a estos efectos, aquel en que se afianzó el crédito. Se entiende que el crédito nació con el afianzamiento y no más tarde con el pago del crédito afianzado. Aunque el fiador asuma la condición de acreedor frente a la sociedad deudora principal, no nace una nueva deuda social, sino que la existente persiste, aunque ahora los legitimados para reclamarla sean los fiadores, al menos en cuanto al importe de la deuda satisfecha y sus intereses (distinto podría ser el crédito por indemnización de daños y perjuicios al que legitima la acción de reembolso, que en este caso no consta que se haya ejercitado). Se confirma la sentencia que acordó la subordinación del crédito satisfecho por los fiadores.

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