• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 4813/2019
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito revolving mediante uso de tarjeta por considerar usurario el interés remuneratorio, fijado inicialmente en el 26,82% TAE y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda. Aunque eran admisibles los controles de incorporación y transparencia, en este caso había que estar a la acción ejercitada: nulidad del crédito por usurario. La referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving (+20%), según el Banco de España. Una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso, en el que el tipo de interés fijado en el contrato supera en gran medida el índice tomado como referencia, ha de considerarse como notablemente superior a dicho índice. Para determinar su carácter usurario han de tomarse además en consideración las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito: particulares sin acceso a otros tipos de crédito y peculiaridades (gravosas) del crédito revolving (deudor "cautivo"). El ordenamiento no puede proteger la concesión irresponsable de créditos al consumo, a tipos de interés muy superiores a los normales, por ser una práctica que facilita el sobreendeudamiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4149/2017
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación de indemnización por el conductor del vehículo responsable del siniestro, por los daños y perjuicios sufridos en accidente de circulación en el que fallecieron su esposa y tres hijos, como consecuencia de la falta de control del vehículo, dado su estado de somnolencia. El actor reclama a la aseguradora como perjudicado por el fallecimiento de sus familiares pero no solicita ninguna indemnización por las lesiones. En primera instancia se desestimó la demanda por considerar que el seguro obligatorio no cubría al conductor responsable del siniestro. En segunda instancia, se estimó el recurso al considerar que la doctrina sentada en la STS 1/04/2009 para un accidente acaecido en el año 1997, fundamento de la sentencia de primera instancia, no era aplicable ya que la norma vigente (art. 5.1 TR LRCSCVM) excluye de la cobertura del seguro obligatorio solo a los "daños directos" como son las lesiones y fallecimiento del propio conductor pero no alcanza, como antes, a los daños indirectos, como los morales por el fallecimiento de terceros producido en el mismo siniestro y, en el presente caso, el actor-conductor no reclama por sus lesiones, sino por los daños indirectos. La aseguradora interpone recurso de casación y la sala, tras interpretar la nueva redacción del art. 5.1 LRCSCVM, concluye que el seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de vehículos de motor no cubre al conductor asegurado por la muerte de sus familiares causada por su propia conducta
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2769/2017
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima los recursos interpuestos contra la sentencia que, a su vez, desestimó la demanda de los herederos del asegurado sobre la indemnización del seguro de vida, porque el fallecimiento tuvo lugar después del impago de la prima y cuando ya había transcurrido el mes de gracia. Ni en la demanda ni en el recurso se alegó la regla especial del art. 95 LCS para el impago de la prima en seguros de vida a partir de la segunda anualidad, por lo que se resuelve solo sobre el art. 15 LCS. La aseguradora acreditó la presentación, por dos veces, del recibo en el banco domiciliatario y su devolución por falta de fondos. La actora no ha acreditado que la devolución se debiera a una causa de entidad bastante para justificar el impago, de forma tal que no fuera jurídicamente imputable al tomador del seguro. Tampoco existía una cláusula contractual que obligara a la aseguradora a avisar del impago. Se aplica la jurisprudencia según la cual (i) basta la acreditación de que el recibo fue cargado y devuelto para que se entienda como momento del impago el del vencimiento de la prima, sin que sea exigible acreditar culpa del deudor; (ii) si el siniestro se produce cuando la cobertura está suspendida, el seguro no despliega efectos entre las partes; (iii) la suspensión de la cobertura no opera frente al tercero que ejercite la acción directa del art. 76, pero no es este el caso, porque esa norma es específica del seguro de responsabilidad civil y es inaplicable a los seguros de personas
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 636/2017
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de repetición del Consorcio tras hacerse cargo de los daños derivados de un siniestro que el conductor titular del vehículo decía cubierto por las aseguradoras codemandadas, pese a que estas no se hicieron cargo del mismo. Según el Consorcio, el siniestro sí estaba cubierto por la proposición o solicitud de seguro concertada con una y por hallarse la póliza contratada con la otra compañía en el plazo de gracia del mes tras su vencimiento. En ambas instancias se condenó a esta segunda compañía, pero la sentencia se casa y se desestima la demanda. Se plantea un problema juridico-sustantivo: si el mes de gracia previsto en el art. 15.2 LCS para los casos de impago de la prima se aplica también (y de forma automática) cuando la cobertura pactada finaliza por oposición de la aseguradora a la prórroga del contrato. Ámbito de aplicación de los arts. 15 y 22 LCS. El seguro está sujeto a un plazo determinado. No es aplicable la prórroga (cobertura adicional) de un mes del art. 15 LCS cuando el seguro no se renueva por voluntad de la aseguradora. En este caso, la compañía había comunicado su voluntad contractual de no renovar el contrato suscrito, desencadenando la misma plena eficacia jurídica, al haber sido emitida y puesta en conocimiento del asegurado dentro del plazo legal, por lo que la producción del siniestro, fuera del ámbito temporal pactado y no renovado por la prórroga de su vigencia, determina que el recurso deba ser estimado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1999/2016
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso interpuesto frente a una sentencia que desestimó la demanda dirigida por la esposa del asegurado fallecido frente a la aseguradora con la que habían concertado un seguro que cubría el fallecimiento por accidente. La sentencia recurrida argumentó que las condiciones generales incluían una cláusula limitativa de derechos, que aparecía destacada, que excluía la indemnización en determinadas circunstancias que se dieron en el accidente y que esa cláusula reunía los requisitos exigidos por el art. 3 LCS porque en las condiciones particulares, donde aparecía la firma del asegurado, se incluía una cláusula de remisión a las condiciones generales, en la que se recogía la aceptación expresa del asegurado de la existencia, conocimiento y conformidad de las cláusulas limitativas contenidas en dichas condiciones generales. La sala estima el recurso de casación y, con remisión a la doctrina fijada en la sentencia 402/2015 en la interpretación del art. 3 LCS, declara que si bien se cumple el requisito de que la cláusula limitativa aparezca destacada, no se cumple el otro requisito que debe concurrir referido a la aceptación por escrito, porque cuando la condiciones particulares se remiten a las cláusulas limitativas que aparecen en las condiciones generales, estas últimas también deberán ser firmadas. Aplicación de los intereses del art. 20 LCS, en atención al canon de razonabilidad de la oposición y la ausencia de causa justificada
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 2679/2017
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Accidente de circulación. Reclamación a la aseguradora responsable de indemnización por la agravación de unas secuelas y por la situación de incapacidad permanente absoluta sobrevenida. Falta de contestación a la comunicación efectuada por el lesionado. Intereses del artículo 20 LCS desde dicha comunicación. No existió una conducta diligente por parte de la aseguradora respecto de la reclamación efectuada por el demandante en virtud de un siniestro a cuya indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el demandante le correspondía y, de hecho, ya había indemnizado inicialmente en virtud de sentencia dictada en juicio de faltas respecto de los que se pudieron acreditar en aquel momento. En concreto, no se dio cumplimiento a la exigencia de la norma que le imponía la obligación de contestar afirmativa o negativamente a la reclamación efectuada y siempre de forma motivada. En consecuencia, los intereses del artículo 20 LCS se aplicarán a las indemnizaciones procedentes por la agravación de las secuelas y por la situación de incapacidad permanente absoluta desde la fecha en la que se reclamó a la aseguradora mediante burofax por las consecuencias sobrevenidas del siniestro. Se casa parcialmente la sentencia de la Audiencia, que había excluido del régimen de intereses del art. 20 LCS la indemnización por incapacidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 3677/2017
  • Fecha: 02/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda ejercitando acción de anulabilidad por dolo y, subsidiariamente, acción de indemnización de daños y perjuicios con respecto al contrato de gestión de cartera así como del resto de los contratos de productos estructurados por asesoramiento doloso, culposo y deficiente del banco por falta de información. En primera instancia se desestimó la demanda, pese a reconocer que los contratos suscritos eran productos financieros complejos, puesto que el demandante tuvo cabal conocimiento de las concretas consecuencias patrimoniales derivadas de las operaciones suscritas, al menos desde el 20/05/2009, por lo que la acción por vicios del consentimiento se encontraba caducada. Tampoco prosperó la acción subsidiaria, por incumplimiento de las obligaciones precontractuales y contractuales de informar, puesto que el actor recibió, en tiempo y forma adecuada información objetiva, clara y suficiente sobre los verdaderos riesgos inherentes a la contratación de los depósitos estructurados y eventual lesión del capital invertido. La Audiencia confirmó la de primera instancia con los mismos argumentos. Interpuesto recurso de casación sobre el dies a quo del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción, la sala lo estima al apreciar que es a partir del 20/05/2014 cuando vence el contrato de 20/05/2009, se producen las liquidaciones finales y se entiende consumado el contrato (STS 160/2018 de 21 marzo). Desestima el resto de motivos basados en la existencia de dolo y error.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3282/2017
  • Fecha: 26/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió la reclamación económica de un cooperativista que había causado baja por el reconocimiento de una situación de incapacidad laboral permanente. Consideró, entre otras razones, que la liquidación de su baja debía comprender tanto las cantidades por las aportaciones obligatorias al capital social como por el retorno cooperativo. La sala argumenta que de la regulación del régimen económico de las cooperativas resulta una clara diferenciación entre la naturaleza y el régimen jurídico del derecho de reembolso y del derecho de retorno. El derecho al reembolso de las aportaciones al capital se genera ex lege como consecuencia de la baja del socio. Las distintas razones a las que puede responder dicha baja condicionan la posibilidad de realizar descuentos y el plazo para su abono. El órgano competente para esta decisión es el órgano de administración. En el caso litigioso (baja justificada) no caben descuentos y el plazo máximo para su abono, 3 años, se ha rebasado. Se estima la reclamación. El retorno es la parte de los excedentes netos del ejercicio económico (y en su caso los beneficios extracooperativos y extraordinarios) que la asamblea general decide distribuir entre los socios. Es diferente de los anticipos laborales. En el caso, no consta la existencia de excedentes ni el acuerdo de la Asamblea General, por lo que se revoca la sentencia de apelación y se desestima esta reclamación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3164/2017
  • Fecha: 24/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que un abogado reclama de su cliente determinadas cantidades por servicios profesionales impagados. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que la demandada tenía la condición de consumidora y que, a falta de negociación individualizada, resultaba abusivo calcular el importe de los honorarios conforme a las Normas Orientadoras de los Colegios de Abogados. La Audiencia revocó la sentencia y, en consecuencia, estimó la demanda del letrado. Recurre en casación la demandada y la sala desestima el recurso. Parte la sala de que las normas colegiales sobre honorarios pueden tener un carácter orientativo, a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios, cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos o referencias; en el presente caso, no consta que el abogado informara a la clienta del montante de los honorarios, pero de ello no cabe deducir que la provisión de fondos constituyera dicho montante. En definitiva, la sala considera que la cuantificación de los honorarios no fue transparente, por lo que procede efectuar el juicio de abusividad, y concluye que si se tiene en cuenta el trabajo desempeñado, los intereses económicos en juego y que los honorarios se adaptan a las normas colegiales, de lo que cabe presumir que no son excesivos, no cabe considerar que la fijación de la retribución profesional, aunque no fuera transparente, resultara abusiva. Se confirma la sentencia de apelación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2146/2017
  • Fecha: 20/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Naturaleza del contrato: la compraventa es civil porque no se dan los elementos tipificadores de la mercantilidad, que son el elemento intencional de la reventa y el ánimo de lucro con ella. En el caso concreto (compraventa de acciones que supone la venta parcial de titularidad de una sociedad), el propio objeto excluye la mercantilidad del contrato. Interrupción de la prescripción. Resulta irrelevante que el CCom no cite entre las causas de interrupción las reclamaciones extrajudiciales, pues no es aplicable el régimen mercantil y, en todo caso, dichas reclamaciones, según la jurisprudencia de la Sala 1ª, tienen efecto interruptivo, al igual que el cruce de cartas entre acreedor y deudor. La ratio decidenci de la sentencia no se basa en una interpretación extensiva de los supuestos legales de interrupción de la prescripción, sino en la valoración probatoria de la existencia de reclamaciones extrajudiciales previas a la demanda judicial que tienen el valor interruptivo que le atribuye nuestro ordenamiento positivo. Intereses de demora: dies a quo. Debe aplicarse el régimen previsto en el CC y no el propio del CdeCo. En el caso, el día inicial del cómputo del devengo de los intereses de demora es aquel en que se produjo la primera reclamación de pago respecto de las cantidades adeudadas. Cuantía del procedimiento: las acciones acumuladas subjetivamente proceden del mismo título, por lo que se suma su valor y el acceso a la casación es por cuantía, no por interés casacional.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.