• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 4301/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Considera, con fundamento en los antecedentes del caso, que el swap se concertó el 26 de abril de 2007 y vencía en febrero de 2019, habiéndose interpuesto la demanda el 21 de septiembre de 2016, por lo que, con aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa al cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad en los contratos de swap, no puede apreciarse la caducidad de la acción. La Sala tiene en cuenta que en el recurso de casación se solicita la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial, pero no se analizan las cuestiones relativas a la nulidad, error, vicio en el consentimiento, déficit de información, por lo que debe entenderse que lo solicitado es la devolución a la Audiencia para que se pronuncie sobre el resto de las cuestiones no resueltas, puesto que la sentencia recurrida se limitó a apreciar la caducidad de la acción. Por ello, se casa la sentencia recurrida, procediendo la devolución de los autos a la Audiencia Provincial para que se pronuncie, con urgencia, sobre el fondo del litigio, que ha quedado imprejuzgado, en aras a preservar la necesaria "doble instancia".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 469/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interpretación del art. 61.3 LCTT de Mercancías, sobre los pactos de las partes a efectos de superar el límite indemnizatorio previsto en la ley para las indemnizaciones a cargo del transportista por pérdida o avería de la mercancía. Las partes pueden establecer máximos distintos de los que resultan de las fórmulas legales de cálculo, siempre contra el pago de un suplemento del precio y siempre que estos pactos se incorporen a la carga de porte, aunque también pueden pactar una superación de los límites indemnizatorios sin necesidad de que el pacto conste en la carta de porte. Lo que la ley permite con este pacto es un aumento del límite indemnizatorio, pero no su supresión. Es decir, no cabe pactar una responsabilidad ilimitada del transportista, sino que deberá ser un aumento cuantificado,adecuado entender que el aumento de la responsabilidad, mediante la superación a través de un pacto de los límites legalmente previstos, debe ir acompañado en todo caso de un aumento del precio. La duda de si ese aumento de límite debe ir necesariamente acompañado de un aumento del precio se disipa por el pleno de la sala: la finalidad de una mejor distribución de riesgos determina que no sea lógico incrementar el riesgo de una parte (con una mayor indemnización) sin contraprestación (subida de precio). En el caso, no se trataba de un pacto para superar el límite indemnizatorio sino que hacía responsable al transportista de todos los riesgos
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3578/2016
  • Fecha: 11/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda dirigida por el asegurado contra su compañía de seguros exigiéndole el pago de la suma prevista para caso de invalidez en dos seguros de accidentes que se encontraban en vigor al producirse el siniestro, consistente en un síndrome de descompresión tras inmersión en cámara hiperbárica determinante de una incapacidad permanente total para la profesión habitual. La demanda, estimada en primera instancia, fue desestimada en apelación por infracción del deber de declaración del riesgo -dolo del asegurado- al considerar la sentencia recurrida que el asegurado-demandante ocultó a sabiendas su profesión de buceador y que con ello impidió que la compañía valorase adecuadamente el especial riesgo que derivaba de su desempeño profesional.El demandante interpone recurso de casación en el que impugna la apreciación de dolo del asegurado. La sala lo estima porque no se le presentó ningún cuestionario que pudiera justificar la aplicación del art. 10 LCS. Al resolver sobre el recurso de apelación, confirma la sentencia de primera instancia porque la calificación de accidente se funda en la valoración de una prueba de testigo-perito que la sala no encuentra razón para modificar además de que la calificación del INSS como enfermedad profesional no es incompatible con que su causa más inmediata fuese un accidente, apreciando que no existe prueba de que la descompresión sufrida no fuese un accidente. Confirma también la indemnización por mora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 1132/2019
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestiman los recursos interpuestos por el grupo hospitalario que había sido condenado por la responsabilidad médica apreciada en los facultativos responsables del parto y de la atención a un recién nacido y por fallos organizativos en la gestión de los historiales clínicos. La previa sentencia penal absolutoria no produce cosa juzgada en el proceso civil, salvo declaración de inexistencia del hecho o prueba de no autoría, que es diferente de la falta de pruebas concluyentes para sustentar una condena penal. En el caso, la sentencia penal declara los hechos existentes, la participación de las médicas y las secuelas, aunque estima que no hay elementos de juicio para apreciar negligencia penal, lo que no impide su consideración como ilícito civil. La reserva de la acción civil en la segunda instancia penal es intrascendente porque la sentencia fue absolutoria. No hay error en la valoración de la prueba sobre la relacion de dependencia. El recurso de casación se fundamenta en la aplicación indebida del art. 15 CE, que ha sido lesionado por el daño antijurídico sufrido, pero su invocación no constituye título habilitante para que el TS aborde la responsabilidad civil cuestionada y que se ha apreciado con fundamento en el CC y en la LGDCU. Se estima el recurso de casación del demandante, en la medida la sentencia recurrida podría interpretarse como imposibilidad de reclamación de gastos futuros, imposibilidad que no es conforme con la ley y la doctrina de la sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3285/2017
  • Fecha: 06/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Esencialidad del error: se refiere a la gravedad o trascendencia que todo error, por su carácter excepcional, debe tener para que pueda ser tomado en consideración; no procede un planteamiento meramente subjetivista, sino una interpretación objetivadora que vincula la esencialidad al hecho de que las circunstancias que han determinado la contratación estén presentes en el contrato, aunque no exige necesariamente que se expresen materialmente en el mismo cuando pueda entenderse que fueron tenidas en cuenta; en el caso, los compradores no habrían contratado de haber conocido la notoria privación de vistas al mar o, al menos, no habrían celebrado el contrato en los mismos términos. Provocación del error por la entidad vendedora al publicitar la vivienda. Objetividad de la oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de viviendas. Error excusable: parámetros de valoración de la diligencia exigible a quien sufre el error y actuación del otro contratante. Buena fe negocial. En el caso, no estamos ante sucesos futuros o actos imprevisibles de terceros sobre los que no cabe alegar error. Petición de la vendedora, como consecuencia de la nulidad del contrato, del importe económico correspondiente a un arrendamiento por el tiempo que se ha poseído el inmueble: cuestión nueva; no cabe su decisión de oficio (los efectos de la nulidad se aplican de oficio cuando se refiere a la restitución de frutos (devolución de la cosa con los frutos propios de la misma).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3604/2017
  • Fecha: 04/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. La parte recurrida, al contestar al recurso, acepta la argumentación de la parte recurrente, sobre el hecho de que la acción estaba vigente en el momento de su ejercicio, si bien solicita la devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial para que se pronuncie sobre las demás cuestiones que fueron objeto del recurso de apelación. La Sala rechaza que proceda dicha devolución, en la medida que el recurso de apelación se refiere al propio contenido literal del contrato y no a la efectiva información dada a los clientes sobre su contenido, y además hace referencia a un argumento incompatible con la doctrina jurisprudencial, según la cual el plazo para el ejercicio de la acción de nulidad arranca de la finalización de los efectos del contrato, pues lo que sostiene la parte recurrida es que el posible error padecido en la contratación quedó subsanado mediante una especie de confirmación contractual que se deduciría de la aceptación, sin reacción alguna, de determinadas liquidaciones negativas. La sentencia de primera instancia se manifiesta con toda claridad respecto de la falta de información suministrada a los recurrentes sobre el producto financiero objeto de contratación y sobre el inadecuado perfil de los mismos para asumirlo. Por ello, procedía la declaración de nulidad por error en el consentimiento, tal y como hizo la sentencia de primera instancia, que se confirma, previa casación de la recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2680/2017
  • Fecha: 03/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contrato de opción de compra sobre finca gravada con hipoteca, en el que el concedente se obligó a cancelar la carga antes de la elevación a público del contrato de compraventa. Se discute si esta obligación estaba condicionada al previo ejercicio de la opción. Interpretación de los contratos: es función de los tribunales de instancia y ha de prevalecer en casación salvo que sea contraria a alguna de las normas legales o manifiestamente ilógica, irracional o arbitraria. Solo se estará al sentido literal cuando los términos del contrato sean claros y no dejen duda sobre la intención de los contratantes. Es la intención de las partes, proyectada sobre la totalidad del contrato, y no su literalidad, el elemento de interpretación prevalente. Perfección y consumación del contrato de opción: para que produzca efectos, la opción debe ejercitarse tempestivamente. La consumación se produce mediante la celebración del contrato de compraventa. Las obligaciones de las partes son diferentes en la primera etapa (hasta el ejercicio de la opción) y en la segunda. Aquí, la obligación de cancelar la carga debía cumplirse después de ejercitada la opción, pero antes de la elevación a público de la compraventa. La opción se entiende ejercitada y el concedente incurrió en incumplimiento al no haber cancelado la carga. El optante puede elegir entre resolución o cumplimiento, en ambos casos con indemnización de daños (en el caso, mediante el pacto de devolución de doblada del equivalente a "arras")
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3104/2017
  • Fecha: 03/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se solicita la nulidad de un contrato marco de productos y servicios financieros por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia desestimó la misma al entender que no había concurrido dicho error. La Audiencia estimó en parte el recurso y la demanda declarando la abusividad de las previsiones sobre comisiones y gastos, y su subsiguiente nulidad. Recurre la entidad bancaria en casación y en extraordinario por infracción procesal y la sala estima este último recurso. Declara la sala que la parte demandante había ejercitado, con carácter principal, una acción de nulidad contractual por vicios del consentimiento, por infracción de la normativa MiFID, y subsidiariamente, una acción indemnizatoria; sin embargo, fue la Audiencia quien introdujo la mención a la legislación sobre condiciones generales de la contratación y consumidores y realizó un control de oficio sobre la abusividad de las cláusulas de comisiones y gastos del contrato de administración de valores sin que ello hubiera sido objeto de debate previo. Por esta razón, la sala considera que se vulneró el principio de audiencia bilateral, por lo que estima el recurso extraordinario, asume la instancia y rechaza el recurso de apelación, ya que únicamente procede examinar la impugnación relativa a la nulidad parcial, la cual no es posible cuando se esgrime el error como vicio del consentimiento. Se confirma la sentencia desestimatoria de la primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2716/2017
  • Fecha: 03/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que no incluyó en el activo de la sociedad de gananciales un derecho de crédito, a cargo del cónyuge socio, por el porcentaje de beneficios destinados a reservas de la sociedad durante la vigencia del régimen económico. La sala reconoce la existencia de jurisprudencia contradictoria de audiencias acerca de la cuestión controvertida (si tienen carácter ganancial los beneficios destinados a reservas de una sociedad de capital de la que es socio uno solo de los cónyuges) y resuelve declarando que estos beneficios no adquieren el carácter ganancial ya que pertenecen a la sociedad de capital, cualquiera que sea su origen (voluntario, legal o estatutario) y están sujetos a la voluntad social exteriorizada en la junta, al margen de la voluntad individual de sus socios y sometidas a un concreto régimen societario. Por el contrario, los dividendos cuyo reparto se acordó en junta general durante la vigencia de la sociedad de gananciales sí tienen carácter ganancial, aunque su percepción se produzca una vez disuelta ésta. No obstante, en el ámbito de sociedades familiares o controladas por un cónyuge como socio único o mayoritario, pueden adoptarse acuerdos para que los beneficios se destinen a reservas con la finalidad de hurtar el derecho del otro cónyuge a participar sobre los mismos, en concepto de frutos de bienes privativos. Un comportamiento de este tipo puede ser considerado fraude de ley (art. 6 CC)
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3034/2017
  • Fecha: 03/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera, de un lado, la doctrina que declaró la ineficacia frente a los clientes de la exención de los "pasivos contingentes" en la transmisión del negocio bancario celebrado entre Bankpime y Caixabank y, de otro, la doctrina que reconoce legitimación pasiva a la empresa que comercializa el producto de inversión para soportar la acción de nulidad del contrato por el que el cliente obtuvo el producto y , en caso de condena, restituir al cliente la prestación consistente en el precio que este pagó por la adquisición del producto. La transmisión por Bankpime a Caixabank de su negocio bancario como unidad económica y, como elemento integrante de dicha transmisión, la sustitución de Bankpime por Caixabank en la posición contractual que aquel ostentaba frente a cada uno de sus clientes del negocio bancario, justifica que estos clientes pudieran ejercitar contra Caixabank las acciones de nulidad contractual, por error vicio, respecto de los contratos celebrados por Bankpime antes de la transmisión del negocio bancario, sin perjuicio de las acciones que Caixabank pueda ejercitar contra Bankpime para quedar indemne frente a esas reclamaciones, conforme a lo previsto en el contrato celebrado entre ambos bancos. La Sala casa la sentencia, asume la instancia, rechaza la caducidad de la acción y la necesidad de que fuera demandada Bankpime y confirma la sentencia de primera instancia.

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