• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3164/2017
  • Fecha: 24/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que un abogado reclama de su cliente determinadas cantidades por servicios profesionales impagados. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que la demandada tenía la condición de consumidora y que, a falta de negociación individualizada, resultaba abusivo calcular el importe de los honorarios conforme a las Normas Orientadoras de los Colegios de Abogados. La Audiencia revocó la sentencia y, en consecuencia, estimó la demanda del letrado. Recurre en casación la demandada y la sala desestima el recurso. Parte la sala de que las normas colegiales sobre honorarios pueden tener un carácter orientativo, a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios, cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos o referencias; en el presente caso, no consta que el abogado informara a la clienta del montante de los honorarios, pero de ello no cabe deducir que la provisión de fondos constituyera dicho montante. En definitiva, la sala considera que la cuantificación de los honorarios no fue transparente, por lo que procede efectuar el juicio de abusividad, y concluye que si se tiene en cuenta el trabajo desempeñado, los intereses económicos en juego y que los honorarios se adaptan a las normas colegiales, de lo que cabe presumir que no son excesivos, no cabe considerar que la fijación de la retribución profesional, aunque no fuera transparente, resultara abusiva. Se confirma la sentencia de apelación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2146/2017
  • Fecha: 20/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Naturaleza del contrato: la compraventa es civil porque no se dan los elementos tipificadores de la mercantilidad, que son el elemento intencional de la reventa y el ánimo de lucro con ella. En el caso concreto (compraventa de acciones que supone la venta parcial de titularidad de una sociedad), el propio objeto excluye la mercantilidad del contrato. Interrupción de la prescripción. Resulta irrelevante que el CCom no cite entre las causas de interrupción las reclamaciones extrajudiciales, pues no es aplicable el régimen mercantil y, en todo caso, dichas reclamaciones, según la jurisprudencia de la Sala 1ª, tienen efecto interruptivo, al igual que el cruce de cartas entre acreedor y deudor. La ratio decidenci de la sentencia no se basa en una interpretación extensiva de los supuestos legales de interrupción de la prescripción, sino en la valoración probatoria de la existencia de reclamaciones extrajudiciales previas a la demanda judicial que tienen el valor interruptivo que le atribuye nuestro ordenamiento positivo. Intereses de demora: dies a quo. Debe aplicarse el régimen previsto en el CC y no el propio del CdeCo. En el caso, el día inicial del cómputo del devengo de los intereses de demora es aquel en que se produjo la primera reclamación de pago respecto de las cantidades adeudadas. Cuantía del procedimiento: las acciones acumuladas subjetivamente proceden del mismo título, por lo que se suma su valor y el acceso a la casación es por cuantía, no por interés casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1824/2017
  • Fecha: 20/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Grupo societario familiar. Existencia de un acuerdo en el que se regulaba el reparto entre los hijos del fundador de las participaciones sociales. Demanda, desestimada en ambas instancias, por la existencia de permutas, compraventas y donaciones de acciones y participaciones que se decían contrarias a dicho acuerdo. Falta de prueba de la ilicitud de la causa de los contratos de permuta y compraventa de acciones y participaciones sociales. Supuesto de la cuestión, al defenderse que se hicieron con el único fin de perjudicar a tercero (contrato en daño del tercero). Descartada la concurrencia de ilicitud en la causa, no cabe aplicar la doctrina sobre el contrato en daño de tercero. Validez y carácter vinculante del protocolo familiar como pactos parasociales: reconocimiento legal y jurisprudencial. Estos pactos, mediante los cuales los socios pretenden regular aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos para ello en la ley y los estatutos, son válidos si respetan ciertos límites legales. El frecuente problema de su eficacia cuando no se trasponen o ejecutan a través de los correspondientes negocios o mediante, en su caso, su incorporación a los estatutos sociales (como es el caso).Limitación a la transmisibilidad de las acciones y participaciones sociales. Imposibilidad jurídica de su perpetuidad. Límites a revisar en casación la interpretación de los contratos hecha en la instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 4005/2016
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Seguro con cobertura de invalidez permanente absoluta. Deber de declaración del riesgo. El cuestionario no ha de revestir una forma especial de la que deba depender su eficacia, admitiéndose también como cuestionario las declaraciones de salud que a veces se incorporan a la documentación integrante de la póliza. Validez formal como cuestionario de la declaración de salud incorporada a la documentación integrante de la póliza. El asegurado no puede justificar el incumplimiento de su deber de respuesta por la sola circunstancia de que el cuestionario sea rellenado o cumplimentado materialmente por el personal de la aseguradora o de la entidad que actúe por cuenta de aquella si está probado que fue el propio asegurado quien proporcionó las contestaciones a las preguntas sobre su salud formuladas por dicho personal. En el presente caso, no puede atribuirse al asegurado dolo o culpa grave porque no está probado que fuera él quien proporcionó las respuestas reflejadas en la declaración de salud de la póliza. Intereses del art. 20 LCS. El recargo por mora del asegurador no desaparece automáticamente por el hecho de que exista un proceso o deba acudirse al mismo, sino únicamente cuando se hace necesario acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar. Inexistencia de causa justificada: la aseguradora no dio razones sobre su retraso ni sobre por qué no le era imputable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1400/2015
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: error en la indicación del motivo que ampara la infracción alegada; se confunde la congruencia con la motivación. La cláusula de vencimiento anticipado en contratos de préstamo personal con consumidores: doctrina jurisprudencial sobre el carácter abusivo (deben estar claramente determinados los supuestos que pueden dar lugar al vencimiento de forma que no quede al arbitrio del prestamista, y debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo); efectos de la declaración de abusividad (a diferencia de los préstamos hipotecarios, en los personales su supresión no afecta a la subsistencia del contrato por lo que no opera la doctrina del TJUE sobre aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional cuando el contrato no pueda subsistir y su nulidad perjudique al consumidor, y no hay una norma legal que permita en ellos el vencimiento anticipado; es irrelevante que la cláusula no llegara a aplicarse en su literalidad porque el prestamista ha soportado un periodo amplio de morosidad antes de ejercitarla; en el caso, es abusiva la cláusula que permite la resolución por el incumplimiento de un plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias; se deja sin efecto y se estima la reclamación por el banco de las cuotas vencidas e impagadas. Cláusula suelo: control de transparencia. Cláusula de intereses de demora: doctrina jurisprudencial sobre el carácter abusivo y sus efectos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4221/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó una pretensión de nulidad por error en el consentimiento de un contrato swap, al apreciar que había caducado la acción, fijando como plazo inicial de ese computo, el momento en que podía entenderse que, racionalmente, la parte hubiera podido conocer la existencia del error. La sala reitera su doctrina jurispurudencial, iniciada con la sentencia 89/2018 de 19 de febrero: en los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. En el caso litigioso desde el vencimiento del contrato hasta la presentación de la demanda, no había transcurrido el plazo de cuatro años. Se estima el recurso y se devuelven las actuaciones al tribunal de apelación para que, descartada la caducidad de la acción de nulidad contractual, dicte nueva sentencia pronunciándose sobre las demás cuestiones planteadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3592/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la Audiencia la confirmó, desatendiendo la objeción formulada por el banco apelante de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo y considera que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia y la estimación del recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio. A estos efectos, declara la sala que, de acuerdo con las liquidaciones aportadas con la contestación a la demanda, la suma de los rendimientos obtenidos por las subordinadas y el capital rescatado tras la intervención del FROB fue superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de la deuda subordinada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 12/2019
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia. Juzgado Contencioso Administrativo y Juzgado de Primera Instancia. Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y posterior dirección de obra de la implantación del helipuerto en la cubierta de un hospital, celebrado durante la vigencia del RDLeg 3/2011. Naturaleza jurídica del ente ofertante de la contratación: a la entidad demandada no se le puede atribuir la condición jurídica de Administración Pública, al tratarse de una empresa pública, que actúa en el tráfico jurídico como sociedad mercantil participada por la Generalitat, sometida a sus estatutos y a la LSC, en la ejecución de un contrato privado. La jurisdicción competente para resolver esa cuestión litigiosa es el orden jurisdiccional civil al venir referido el asunto a contratos en los que a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público no participa una Administración Pública. No es de aplicación la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Las cuestiones sobre adjudicación de esos contratos, que son contratos privados que no están sujetos a regulación armonizada, y que se celebran por un poder adjudicador que no es Administración Pública, corresponden el orden jurisdiccional civil
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 1639/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación. No cabe fundarlo exclusivamente en la infracción de normas de derecho administrativo. Constituye jurisprudencia reiterada de esta Sala que las normas de naturaleza administrativa no pueden ser invocadas como infringidas en el recurso de casación civil, salvo que lo sea en concreta relación con una norma de Derecho privado de carácter sustantivo, dado que la función nomofiláctica que esta Sala debe desempeñar, al resolver recursos de esta naturaleza, no se extiende a las normas de Derecho administrativo. Contrato de seguro: concurrencia de causa justificada para la no imposición de los intereses moratorios. La oposición de la compañía de seguros se encontraba justificada, al ser existir cualificadas dudas sobre la obligación de asumir el siniestro acaecido (negligencia médica imputada a un servicio público de salud). En el expediente administrativo previo, se practicó prueba pericial médica, informe de la inspección médica, informes de los médicos que atendieron a la paciente, así como dictamen por parte del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que informaba sobre la desestimación de la reclamación por inexistencia de responsabilidad patrimonial. El Servicio Murciano de Salud dictó Orden posteriormente a la interposición de la presente demanda en la que desestimaba la reclamación patrimonial formulada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2459/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que, con carácter principal, se instaba la nulidad por error en el consentimiento de la adquisición de aportaciones financieras subordinadas de Fagor. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la Audiencia la confirmó. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria comercializadora del producto y la sala desestima los recursos. Respecto del recurso extraordinario por infracción procesal, la sala no considera que se haya producido una vulneración de las normas sobre la carga de la prueba, por lo que rechaza el recurso. Respecto del recurso de casación, la sala también lo desestima. En primer lugar, considera que la acción no está caducada, toda vez que el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error no pudo tener lugar hasta que la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros, que constituye el mercado español bursátil secundario oficial de negociación para la Deuda Corporativa o valores de renta fija integrado en Bolsas y Mercados Españoles, suspendió la negociación de las aportaciones subordinadas litigiosas el 30 de octubre de 2013 (la demanda se interpuso en 2016); no influye en esta decisión el hecho de que el demandante fuera cooperativista de la emisora, pues ello no quiere decir que conociera el producto o sus riesgos. En segundo lugar, considera la sala que no existe constancia de que el demandante fuera informado con antelación de los riesgos del producto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.