• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2715/2016
  • Fecha: 21/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que un notario demanda a varias compañías aseguradoras en reclamación por los perjuicios patrimoniales ocasionados por dos empleados desleales que se apropiaron de fondos de la notaría. Los empleados fueron condenados en la jurisdicción penal por delitos de apropiación indebida; también fueron condenados a satisfacer la correspondiente responsabilidad civil. En la vía civil se reclama a las aseguradoras la responsabilidad civil de los empleados. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia la confirmó en lo esencial. Recurre el notario demandante en extraordinario por infracción procesal y en casación y la sala estima el segundo de los recursos. Respecto del recurso extraordinario, la sala no aprecia que exista incongruencia ni falta de motivación de la sentencia, ni que se hayan infringido las normas sobre la distribución de la carga de la prueba. El recurso de casación resulta estimado en base a la interpretación de la póliza suscrita, ya que se declara que el notario tuvo constancia de la efectiva deslealtad de sus empleados cuando finalizaron unos informes encargados para controlar el estado de las cuentas de la notaría, situación que se produce durante la vigencia del seguro. La estimación de la casación determina la estimación de la demanda, con condena a las compañías, de forma mancomunada, al abono de la responsabilidad civil de los empleados, deducidas la franquicia y la cantidad pagada por estos en la ejecución penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3717/2016
  • Fecha: 21/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968. Recurso extraordinario por infracción procesal: inadmisión por plantear cuestiones jurídicas sustantivas. Recurso de casación: se estima. La cuestión se centra en si la Ley 57/1968 es o no aplicable en protección de la compradora demandante, una sociedad limitada. Dicha ley no resulta aplicable al presente caso al tratarse de una sociedad mercantil que compra una vivienda sin probar una finalidad residencial. De la jurisprudencia de esta sala se desprende que la aplicación de la Ley 57/1968 depende no de la condición de consumidor del comprador, sino de que la vivienda de que se trata esté destinada a domicilio o residencia familiar, finalidad que debe alegarse en la demanda y, tratándose de una sociedad mercantil como en este caso, probarse debidamente, supuesto no concurrente en el presente caso. Del documento de aval concertado entre la promotora vendedora y el banco recurrente no resulta ningún pacto expreso que amparase a todos los compradores de viviendas y en el contrato de compraventa no consta referencia alguna a la Ley 57/1968, de modo que tampoco hubo ningún pacto entre la promotora y la sociedad compradora para aplicar a la compraventa las garantías de dicha ley. En todo caso, un pacto de ese tipo no vincularía al banco que hubiera concertado con la promotora-vendedora una póliza colectiva únicamente para compraventas con la finalidad residencial establecida en dicha ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1662/2017
  • Fecha: 20/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario concertado para la adquisición de una licencia de auto-taxi. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al entender que se había vulnerado el deber de buena contractual y la prohibición de abuso del derecho. La sentencia de apelación consideró que la cláusula debatida podía ser examinada desde la perspectiva del control de incorporación y llegó a la conclusión de que no superaba dicho control. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima el recurso. Considera la sala que la cláusula litigiosa sí supera el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerla, al estar incluida en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensible, dada la sencillez de su redacción; además, se encuentra dentro de un epígrafe específico de la escritura pública, titulado "Tipo de interés variable", en un apartado propio. La sala considera que lo que realmente efectúa la Audiencia no es un control de incorporación, sino un control de transparencia (necesidad de que el adherente, consumidor informado, pueda tener un conocimiento real de las consecuencias económicas y jurídicas de las cláusulas); así, aplica su doctrina según la cual, los controles de abusividad y de transparencia solo proceden en los contratos con consumidores, lo que no se produce en este caso, al haberse acreditado que el préstamo se concertó para adquirir una licencia de taxi.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2590/2017
  • Fecha: 16/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de subordinadas y preferentes. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y la Audiencia la revocó, en el único sentido de no descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por la cliente demandante. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo y considera que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2505/2017
  • Fecha: 16/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones legales de asesoramiento e información en la comercialización de deuda subordinada. La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda y la Audiencia la confirmó; ambas sentencias mantienen que no procede descontar de la indemnización los rendimientos obtenidos por la cliente demandante. Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, la sala estima el mismo en el sentido de considerar que en toda relación obligacional se generan un daño -por el incumplimiento de la otra parte- y una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, han de compensarse unos con otros a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento; por ello, del montante indemnizatorio han de descontarse los rendimientos del producto financiero obtenidos por el cliente. La estimación de la casación comporta la estimación de la apelación y la estimación parcial de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1528/2017
  • Fecha: 15/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que declaró la nulidad de una cláusula suelo de un préstamo hipotecario concertado para adquirir una licencia de taxi. La resolución argumentó que, pese a no ser consumidores los prestatarios, la cláusula no superaba el control de inclusión al aparecer enmascarada entre un conjunto de cláusulas diversas y presentarse como una más del contrato, con el mismo tipo de letra que el resto y con la misma estructura en su redacción, por lo que pasaba desapercibida. La sala reitera su doctrina. La LCGC se refiere a la incorporación de las condiciones generales en dos preceptos: en el art. 5, para establecer los requisitos de incorporación y en el art. 7, para establecer cuándo no quedan incorporadas al contrato. En la práctica, se aplica primero el filtro negativo (art 7), y si se supera es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva (art 5.5 y 7). El primer filtro consiste en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración, independientemente de que las conociera y entendiera. El segundo hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica. La sencillez y claridad exigibles dependen del tipo y complejidad del contrato (la redacción no debe añadir complicación innecesaria a la propia complejidad de la relación contractual). La sentencia recurrida hace realmente no un control de incorporación, sino un control de transparencia material improcedente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3646/2016
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación del los padres del asegurado fallecido contra la aseguradora de este último pidiendo el cumplimiento de dos contratos de seguro de vida vinculados a sendos préstamos hipotecarios que estaban en vigor al producirse el siniestro. Desestimación en segunda instancia por infracción del deber de declaración del riesgo por parte del asegurado, cuestión jurídica a que se reduce el recurso de casación. Defectos del recurso por infracción procesal que determinan su desestimación por causa de inadmisión. Se mezclan de forma confusa cuestiones procesales heterogéneas (prueba y congruencia), que deben ser planteadas por separado, y se pretende revisar la prueba al socaire de un supuesto error patente sin cumplir los requisitos exigibles, en particular sin citar la concreta norma de prueba que se considere infringida. Además, se insinúa que se le atribuyeron indebidamente las consecuencias de la falta de prueba cuando la sentencia se sustentó en hechos probados por documentos, aunque el recurrente quiera restarles valor por una supuesta falsedad de la firma que no probó. La disconformidad de la parte recurrente con las conclusiones del tribunal sentenciador nada tienen que ver con una posible valoración errónea de la prueba practicada. Infracción del deber de declaración del riesgo: el asegurado ocultó datos sobre su salud por él conocidos (enfermedades infecciosas) de influencia decisiva para valorar el riesgo, y relacionados con la enfermedad que causó su muerte.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 139/2017
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente litigio los compradores de dos viviendas en construcción bajo el régimen de la Ley 57/1968 reclamaron de dos entidades avalistas colectivas la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio. La controversia se reduce en casación a determinar si las demandadas deben responder como avalistas de las cantidades anticipadas por los demandantes y previstas en el contrato pero no ingresadas en ninguna cuenta de la promotora. La jurisprudencia aplicable para resolver el recurso es la sintetizada por esta sala en STS 298/2019, de 28 de mayo, con cita de las SSTS 503/2018, de 19 de septiembre y 102/2018, de 28 de febrero. Conforme a la misma, "la responsabilidad de la entidad avalista no es la que incumbe como depositaria a la entidad de crédito no avalista, conforme al art. 1.2.ª de la Ley 57/1968, sino la derivada de dicha garantía". En consecuencia, la entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses y sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro. Además, su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato no depende de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria ni al carácter de la cuenta en que se ingresen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1427/2017
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda contra entidad financiera solicitando la nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés remuneratorio pactado incluida en contrato de préstamo hipotecario y la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación. La sentencia de primera instancia consideró que la cláusula era abusiva, por lo que declaró su nulidad y ordenó la restitución de las cantidades cobradas como consecuencia de su aplicación. El recurso de apelación interpuesto por la entidad prestamista fue estimado por la Audiencia Provincial, que consideró que el prestatario había tenido oportunidad de conocer el alcance y sentido de la cláusula, que en su demanda no había solicitado la realización del control de transparencia y que no había abusividad, porque no existía desequilibrio en las prestaciones y, como consecuencia, desestimó la demanda. La demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal por exceso de pronunciamiento, incongruencia de la sentencia y vulneración de las normas que regulan la prueba de interrogatorio de parte que se desestiman por la sala. También desestima el recurso de casación, centrado en la denuncia de que no se realizó correctamente el control de transparencia de la cláusula suelo, al confirmar que la información ofrecida por el prestamista a los prestatarios superó el control de transparencia ya que fue suficiente la información precontractual de la que dispuso. También se desestima el motivo referido a la condena en costas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2947/2016
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ley 57/1968. Pólizas colectivas para garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Falta de emisión de los certificados individuales. Responsabilidad de las entidades avalistas por el total de las cantidades anticipadas por los compradores correspondientes a pagos previstos en el contrato, aunque los correspondientes a reserva se hicieran en efectivo a la promotora y no se ingresaran por esta en cuenta abierta a su nombre en la entidad avalista o en otra entidad. La responsabilidad del avalista, aunque se trate de un aval colectivo, deriva del propio aval, y su efectividad a la hora de responder frente a los compradores de la totalidad de los anticipos más sus intereses, lo es sin límites cuantitativos y tal y como lo haría el promotor avalado. Solo requiere que se hayan hecho entregas a cuenta del precio de cantidades previstas en el contrato y que el promotor haya incumplido su obligación de entregar la vivienda. Su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato no depende de que se ingresen o no en una cuenta del promotor ni del carácter de la cuenta en la que se ingresen. El recurso debe ser estimado, porque la razón decisoria de la sentencia recurrida, consistente en condicionar la efectividad de las garantías colectivas a que los anticipos se ingresaran en una cuenta de la promotora, infringe dicha doctrina, ya que los pagos que los recurrentes hicieron en efectivo al firmar sus contratos estaban previstos en ellos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.