• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10205/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la "intimidación", vis compulsiva o vis psíquica, se compele a ceder a los lascivos propósitos del agente mediante la coacción psicológica ejercida sobre la víctima, y que suponga el anuncio de un mal inminente y grave, personal y posible, racional y fundado. El delito de agresión sexual requiere violencia (o intimidación), pero en modo alguno que se ocasionen lesiones. En la doctrina jurisprudencial la relevancia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad no responde a una regla general. No cabe hablar de exención completa, pues no anulan el conocimiento ni la voluntad. Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión no tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante. La prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10065/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17 CE): compatibilidad de los plazos de los artículos 520 y 497 de la LECr., si hay previa detención policial, sin orden judicial. Vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Incorporación del resultado de las escuchas obtenidas en otro procedimiento. Acuerdo de Pleno de 26 de mayo de 2009, sus fragmentos más relevantes a los efectos discutidos son los siguientes: "en los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10294/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derecho a un Tribunal imparcial: denuncias considerando que la Magistrada Presidente intervino en varias ocasiones, demostrando parcialidad. La imparcialidad del Juzgador es la primera de todas las garantías procesales. La imparcialidad del Magistrado Presidente de los Tribunales de Jurado, pese a no estar integrado en el colegio decisorio, está asegurada por la Ley Reguladora del Tribunal del Jurado. La exigencia de motivación no desaparece ni se debilita cuando se trata de una sentencia del Tribunal del jurado. Las alegaciones sobre vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, referentes a la inclusión de la palabra asesinato en el veredicto, la distinción entre testigos directos e indirectos, la referencia al cambio de color del cuchillo por la utilización de reactivos, al visionado del dispositivo de almacenamiento digital de la prueba preconstituida de la menor hija de acusado y víctima, siendo, en algunos casos innecesarias e improcedentes, no merman las posibilidades de defensa del acusado. Necesidad de motivación en las resoluciones judiciales. Peculiaridades en los casos de los Tribunales de Jurado: imposibilidad ed exigir el mismo grado que en los Tribunales profesionales. La dispensa a los jurados suplentes antes de la conclusión de la deliberación no supuso merma alguna de los derechos de defensa del acusado. Existencia de prueba bastante de la existencia de un hijo de la víctima, residente en Argentina, para el que se reconoce indemnización.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2561/2017
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No concurre irregularidad en el registro del despacho consistorial dada la menor o nula incidencia en el derecho a la intimidad personal o familiar porque el registro tiene que practicarse en un edificio público. El criterio de diferenciación entre el delito de falsedad en documento oficial y los de certificación falsa de radica en que en los últimos, la información mendaz documentada solo cumple la función de adverar o acreditar hechos sin otras finalidades. Por el contrario, en el delito de falsedad en documento oficial, la alteración se muestra de especial gravedad.Existe una especial gravedad, puesto que sin la certificación del recurrente sobre la antigüedad de la construcción y la inexistencia de expediente, la edificación no hubiera obtenido la calificación de obra nueva.La acción del recurrente, consejero de Urbanismo, consistió en haber autorizado el cambio de titularidad de una licencia de obras que se había concedido para la edificación en una finca perteneciente a su pareja , además de conceder una licencia de segregación, todo con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no autorizable.Comportamientos estos que son ajenos a una función de recomendación o advertencia técnico pública, integrándose en una esfera estrictamente decisional y, por ello, esencialmente diferente de la acción típica configurada en la redacción inicial del artículo 439 del Código Penal de 1995. No confluye un periodo desmedido, pero el excesivo tiempo justifica la atenuante simple.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1545/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o que supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia.El hecho de que no se hayan adoptado cautelas especiales -pedir avales o celebrar reuniones con todos los demás agentes constructivos- en absoluto equivale a que se haya llevado a cabo una contratación irreflexiva o absurdamente confiada, pues, las obras existían y era viable su realización. Existen supuestos en que se consideraron falsificación punible documentos recibidos por fax, no hallándonos ante documentos públicos, oficiales o mercantiles en los que pudiera ser relevante la individualidad física exacta del ejemplar resultante de la manipulación.Es de aplicación el concurso de normas entre los delitos de estafa y falsedad en documento privado, ya que debe tenerse en cuenta que en la configuración del delito de falsedad en documento privado, no solamente es necesaria una alteración mendaz de uno de los elementos del documento, sino que además es necesario que se produzca un perjuicio -o el ánimo de causarlo- en un tercero, perjuicio que precisamente coincide con el de la estafa por cuyo motivo es necesario aplicar el concurso de normas.Es coautora la acusada. Es autora de la falsificación del recibo, realizada para propiciar la obtención efectiva del lucro que da sentido a toda la actuación delictiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1529/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación, como manifestación del principio de contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso. La Jurisprudencia contempla que una vez zanjada definitivamente la responsabilidad de unos acusados, y puesto que ya no podría aportarle perjuicio penal un testimonio veraz y distinto del prestado con ocasión de su enjuiciamiento, su declaración ha de ser prestada en condición de testigo, si bien su testimonio debe ser valorado judicialmente en términos racionales y buscar las oportunas corroboraciones que presten una especial consistencia a su versión. El derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. La sentencia impugnada no individualiza la pena impuesta en los términos que exige el artículo 120 CE, 66 y 72 CP cuando el Tribunal sólo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Las dilaciones indebidas son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, mientras que el plazo razonable es un derecho más amplio.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DERQUI
  • Nº Recurso: 2206/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recuerda por la sala la reiterada doctrina jurisprudencial de que en la ponderación de las declaraciones personales se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, la que puede ser revisada en apelación, no aceptando las argumentaciones ilógicas, irracionales, o absurdas. Frente a la negativa del acusado de haber agredido a su cónyuge, reconociendo únicamente haber tenido una discusión con ella motivada por su intención de divorciarse, el Juez a quo considera probada la versión ofrecida por la denunciante, lo que se comparte por la Sala, ya que la misma se ajusta a los parámetros jurisprudencialmente establecidos para constituir prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia, sin que el hecho de que pueda existir una hipótesis alternativa, no impide que el Juez de lo penal opte por aquella que permite obtener una convicción fundada, con un mayor grado de certeza.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA
  • Nº Recurso: 84/2011
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los hechos por los que fue condenado en Francia y la falsificación de placas de matrícula por la que es imputado constituirían un delito continuado único y no un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro autónomo por las placas de matrícula, por la homogeneidad de la conducta y la identidad de precepto penal. El acusado fue condenado en Francia por depósito de explosivos, lo que no impide su condena de nuevo por ese delito porque no existe coincidencia de los periodos temporales en que se cometieron los hechos y hay indicios de que los explosivos no tenían una procedencia común, por lo que no se da la identidad objetiva exigible para la cosa juzgada. Se produjo la ruptura jurídica del delito permanente cuando fue imputado por el delito. El voto sostiene que el acusado estaba integrado en una organización encargado del depósito de armas. El depósito, como la integración en la organización, es un delito permanente que se consuma cuando aparecen todos los elementos del tipo. Es la situación antijurídica la que se mantiene por la conducta sostenida del agente; el injusto típico persiste y se verifica durante un lapso temporal, mientras que permanezca el depósito. La terminación del delito se produce cuando se levanta la situación antijurídica. El depósito es un concepto global que encuadra acciones plurales, no permite su fragmentación en los distintos objetos que lo componen, cuya variación no distorsiona la unidad de acto ni afecta de nuevo al bien jurídico
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10022/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Principio acusatorio: nadie puede ser condenado por delito y hechos distintos de aquéllos por los que ha sido acusado y no haya podido defenderse. Es preciso que haya identidad entre el hecho objeto de acusación y el que es base para la condena de forma que el hecho debatido en juicio constituya supuesto fáctico de la calficación de la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y practicar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa. Eso no impide la alteración del relato de hechos imputados por las acusaciones, siempre que se refieran aspectos accesorios. El escrito de conclusiones definitivas es el que delimita los hechos objeto de acusación. Derecho a la libertad religiosa: yihadismo e islamismo. Delito de adoctrinamiento activo con fines terroristas: introducción en la legislación española. Finalidad del precepto. No es punible la mera expresión ideológica de doctrinas integristas radicales. Sólo se sanciona un adoctrinamiento activo de colaboración cuando tenga por finalidad la incorporación de nuevos miembros. El artículo 577 del Código Penal recoge un amplio catálogo de formas de colaboración. Individualización de las penas: consideración de las circunstancias personales y de las circunstancias objetivas. Presunción de inocencia: estudio en casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Improcedencia de descontextualizar los elementos de prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10006/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS desestima el recurso del recurrente y recuerda que cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, o la tutela judicial efectiva, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Asimismo, recuerda que la dispensa de declarar prevenida en el artículo 416 de la LECRIM alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan: a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto; b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso. Añdiendo que no queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa quien habiendo estado constituido como acusación particular ha cesado en esa condición.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.