• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10087/2020
  • Fecha: 16/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La declaración de la víctima, debidamente avalada por prueba testifical, documental y pericial, es prueba válida y apta para vencer la presunción de inocencia que ampara al acusado. Existió alevosía, consistente en una ataque sorpresivo con una navaja por la espalda. Concreción del marco punitivo en el concurso medial: el umbral mínimo se concreta tomando en consideración las circunstancias concurrentes e incluso los factores de individualización punitiva de la infracción más grave -a la que al menos debe adicionarse un día- y el umbral máximo sumando a la anterior cifra la pena en concreto que correspondería al otro delito, también una vez ponderados los factores de individualización judicial, no el máximo imponible antes de esa ponderación. Se estima parcialmente el motivo y procede a imponerse una pena acorde a la doctrina jurisprudencial expresada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 93/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS afirma que no es necesario que se pronuncien sobre el valor de todas las pruebas sino que expongan los elementos de convicción en que se sustenta la duda que conduce a la absolución. A tal efecto recuerda que el deber de motivación también deriva de la previsión especifica contenida en el artículo 120.3 CE y con esa exigencia no se pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de su racionalidad y de su corrección técnica. El citado precepto constitucional no excluye de su ámbito a las sentencias dictadas en el procedimiento del Tribunal del Jurado, si bien el hecho de que los jurados sean legos en derecho confiere al deber de motivación algunas singularidades. La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta". La expresión "sucinta" debe interpretarse como breve o compendiosa, aunque debe ser suficiente. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 364/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, lo que comprende el examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y el proceso de formación y obtención de la prueba. Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias; o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio nemo tenetur. Los elementos que integran la nota de organización son: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de comunicación no habituales; c) pluralidad de personas previamente concertadas; d) distribución diferenciada de tareas o reparto de funciones; e) existencia de una coordinación; f) debe tener, finalmente, la estabilidad temporal suficiente para la efectividad del resultado jurídico apetecido. El delito de pertenencia a grupo criminal es homogéneo con el delito de pertenencia a organización criminal; contiene las mismas exigencias típicas, aunque en menor número que las propias de aquel; y es menos grave. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 6529/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responde a la cuestión suscitada en el auto de admisión en el mismo sentido de lo ya resuelto en SSTS de 9 y 21 de julio y 11 de septiembre de 2020, en las que se analizaban supuestos idénticos. Se razonaba, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión planteada es: A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 168/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El art. 849.2 LECrim no autoriza una revisión genérica de la valoración de la prueba, como pretende la recurrente. La valoración de la declaración de la víctima, como prueba de cargo esencial, compete al Tribunal de instancia que, en el caso, se encuentra perfectamente razonada. Sobre la incongruencia omisiva denunciada, pese a no haberse solicitado la aclaración ante el Tribunal competente, se estima el motivo en aras a salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente. En el supuesto de autos, la duración de la tramitación de la causa ha sido de ocho años y en concreto siete ha durado la instrucción, cuando las diligencias de averiguación tan solo han consistido en tomar declaración a cinco testigos y a la imputada, lo que resulta un tiempo muy excesivo dada la ausencia de complejidad de la causa y de informes periciales que puedan dilatar el procedimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10596/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En una reiterada jurisprudencia, la Sala ha considerado que el testimonio de la víctima, prestado con las debidas garantías entre las que destaca la contradicción, puede constituir prueba de cargo suficiente en la que basar la convicción del juez para la determinación de los hechos del caso. Así constatamos las declaraciones de la víctima persistente en su contenido incriminatorio a lo largo del procedimiento; y la pericial sobre la credibilidad del testimonio de la víctima que proporciona al tribunal criterios de valoración racionales surgidos de un estamento ajeno a la estructura de depuración de hechos sometidos a enjuiciamiento. El relato fáctico refiere que la menor tenía 13 años de edad cuando ocurrieron los hechos y no hay referencia alguna de un error en la edad por parte del acusado o que tuviera alguna duda sobre este extremo. La condena por el delito del artículo 183.1, 2.3 y 4 b) del Código Penal determina una pena de 8 a 15 años de prisión. La continuidad delictiva permite la imposición de pena superior en grado, la pena procedente sería de 15 años a 22 años y 6 meses, cuya mitad superior, se sitúa en los 18 años y 9 meses que constituye el límite máximo de la penalidad imponible, pena que imponemos teniendo en cuenta los criterios de individualización expuestos en la sentencia, una pena superior a la impuesta a las otros dos condenados por el delito en función del papel desempeñado en los hechos de la condena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10184/2020
  • Fecha: 14/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena por delito de homicidio por el Tribunal del Jurado. Análisis de la prueba de indicios y contraindicios. Requisitos de la prueba indiciaria y su referencia secuenciada en la sentencia. Las instrucciones del Presidente del Tribunal del Jurado al Jurado una vez concluido el juicio. La formulación de preguntas por el Presidente del Tribunal a los testigos en un juicio de jurado. Momento de la incomunicación de los miembros del Jurado cuando las sesiones del juicio oral concluyen en viernes y la entrega del objeto del veredicto se produce el lunes. Inadmisión de testigos propuestos al inicio del juicio oral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10575/2018
  • Fecha: 14/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: STS "Caso Gürtel" (primera época, 1999-2005). Se confirma en líneas generales, la sentencia de instancia, con ajustes en penas y multas, precisiones concursales y apreciación del art. 21.4 CP. Se analiza la vulneración de derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, la entrada y registro en despachos profesionales. El derecho de secreto profesional e intimidad. La interceptación de las comunicaciones de algunos acusados con sus abogados en situación de prisión preventiva. Doctrina del TC y TS. Se analizan los elementos objetivos y subjetivos de los delitos, la autoría y la participación y los posibles concursos. Distinción entre error tipo y error de prohibición. Se analizan las penas impuestas y su motivación. Se valoran las atenuantes de los arts, 21.6, 21.4, y 21.7. Así como la eximente del art. 20.7 CP. Falta de la doble instancia penal en el recurso casación anterior a la reforma. Cosa juzgada. Alcance del principio acusatorio. Prescripción los delitos conexos. Pleno no jurisdiccional 26-10-2010. Prescripción de los delitos fiscales instrumentales con blanqueo. Art. 65.3 en relación al extraneus. Evolución jurisprudencial. La declaración del coimputado. Cooperador necesario en los delitos fiscales de asesores, gestores, economistas, abogados o cualquier profesional especializado, art. 65.3 CP. Participación a título lucrativo. Notas que caracterizan a este partícipe. Se condena a un partido político.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 344/2020
  • Fecha: 14/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación en el procedimiento seguido ante el tribunal del jurado, se dirige contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, revisando a su través tanto las respuestas que el órgano de apelación haya dado a las cuestiones que le fueron planteadas, como la misma actuación de este tribunal al tramitar y resolver dicho recurso. No se trata, pues, de una nueva oportunidad para dirigir el recurso contra la sentencia dictada por el tribunal del jurado que resolvió en la instancia tras el juicio oral, sino que el recurso de casación está orientado a la revisión de la actuación jurisdiccional del tribunal de apelación al tramitar y resolver esa clase recurso. Se considera que existe coautoría cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Lo que implica: a) la existencia de una decisión conjunta, que puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución, coautoría adhesiva. Incluso se ha admitido la sucesiva, que se produce cuando alguien suma un comportamiento al ya realizado por otro a fin de lograr la conclusión de un delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido parcialmente realizados por éste. Y, b) en segundo lugar, la requiere una aportación al hecho que pueda valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10148/2020
  • Fecha: 13/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prueba ha de ser pertinente, necesaria, relevante y ha de ser posible. Todo ello ha de ser acreditado por el recurrente cuando se alega en vía de recurso la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en su defensa. La fuerza a la que se refiere el artículo 178 CP ha de estar orientada a conseguir la ejecución de actos de contenido sexual y equivale a acometimiento, coacción o imposición material, al empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la víctima desenvolverse en su libre determinación, atendiendo a las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto. En cuanto a los daños morales, ha de tenerse en cuenta que se relacionan, de un lado, con los padecimientos de la víctima o del perjudicado derivados de las características del hecho delictivo, y, de otro lado, con las secuelas, especialmente de tipo emocional.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.