• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10379/2020
  • Fecha: 22/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En casación no cabe una revaloración de la prueba. Hay prueba de cargo sobrada. Está racionalmente valorada por la sentencia de instancia y ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia refutando uno por uno los argumentos que a juicio del recurrente debilitaban la convicción. No hay vulneración de la presunción de inocencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 2965/2018
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la exigencia de motivación de las sentencias. Distinción entre apropiación indebida y administración desleal. Criterios jurisprudenciales. Aplicación art. 65.3 en la apropiación indebida del art. 252. Concepto administrativo de hecho. Delito falsedad contable art. 290 CP. Notas características. Indiferente que las cuentas blanqueadas sean o no posteriormente aprobadas por la Junta General. Delito administración desleal art. 295 CP. Prescripción delito contable. Delito conexo con la apropiación indebida. Prueba pericial. Valoración del tribunal de distintos informes. Atenuante dilaciones indebidas. Doctrina de la Sala. Atenuante de "cuasi prescripción". No se aprecia. Ámbito de intervención del responsable civil subsidiario y posibilidad de impugnación cuestiones penales. Evolución jurisprudencial. Posibilidad en casación de revocar sentencias absolutorias o de agravar la calificación jurídica de la sentencia de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 4073/2018
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la práctica del registro la presencia obligada en el inmueble lo es del titular de la vivienda donde se lleva a efecto el registro autorizado judicialmente, como así ocurrió. Tampoco es posible plantear una indefensión por la inexistencia de notificación de los autos por los que se acordó el secreto de las actuaciones, habida cuenta que es consustancial a la propia esencia del contenido de estas resoluciones que no sean conocidas. No existió, por ello, indefensión material, y la propia esencia del secreto, suficientemente motivado tal cual se estaban llevando a cabo las diligencias era evidente que no podía llegar a conocimiento de las partes, sino cuando su objetivo se hubiera cumplido y las partes puedan llegar ya a conocimiento de lo actuado, pero nunca antes. Las escuchas telefónicas acordadas deben reputarse válidas, de cuya audición se desprende sin género de duda que se trata de los recurrentes. El recurso se estima en lo referente a la pena de multa. Existe un derecho a conocer las razones de la extensión de la pena impuesta, y por qué en todo el arco de la pena, incluida la pena de multa. En el caso, no se ha fijado parámetro alguno de imposición de la pena de multa y no se articulan razones acerca de su imposición. Por otro lado, la droga ocupada, sin tener en cuenta el excipiente (o sustancia utilizada para cortarla), no llega ni mucho menos a los 90 gramos, por lo que no se debió tener en cuenta la agravante de notoria importancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 42/2019
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Existe falta de claridad en los hechos probados cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica; bien por omisiones parciales que impidan su comprensión; bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impidan saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos construido de tal forma que conduzcan a la duda acerca de si el Tribunal los está declarando probados o no. Siendo necesario además que los apuntados defectos supongan la imposibilidad de calificar jurídicamente los hechos. En el caso de la estafa procesal, contemplada como supuesto agravado en el artículo 250.1.7ª, el engaño va dirigido al Juez o Tribunal mediante la manipulación de pruebas u otro fraude procesal análogo, con la finalidad de provocar en él un error llevándole a dictar una resolución perjudicial para la otra parte o para un tercero. Existe un concurso aparente de normas entre la estafa y la falsedad en documento privado, que se resuelve aplicando solamente el tipo de la estafa, en tanto que éste último se requiere que se haga con la intención de perjudicar a otro, tal aserto concursa de forma normativa con el delito de estafa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10156/2020
  • Fecha: 21/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso, lo que ha ocurrido, en realidad, es una simple transmisión espontánea de información entre autoridades policiales. No se ha producido una cooperación policial internacional en el desarrollo de una investigación propiamente dicha, más allá de la mera transmisión de información, la cual permitió a la policía española preparar un dispositivo de vigilancia que condujo a la identificación de los vehículos por su matrícula y a la posterior detención de los acusados, con la consiguiente incautación de la droga, tal como se declara probado. Ello explica que no haya sido necesaria la solicitud de cooperación policial prevista en el artículo 39 del Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen. El artículo 46 del mismo Convenio prevé la posibilidad de que, en casos particulares urgentes, se produzca intercambio de información entre las autoridades de policía interesadas. Desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de reforma de la LECrim., la colocación de dispositivos de geolocalización, en cualquiera de sus variedades actuales o futuras, precisa autorización judicial. La misma solo podrá ser otorgada cuando "concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada". La medida deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10164/2020
  • Fecha: 20/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de integración en organización de un grupo terrorista del artículo 572.2 del Código Penal, en relación con el artículo 571, en su redacción dada tras la LO 2/2015, de 30 marzo, constituye una categoría de delitos de los que se denominan permanentes, por cuanto se mantiene la antijuridicidad y agresión al bien jurídico a lo largo de todo el tiempo en el que, por la voluntad del autor, se renueva la acción típica. Como requisitos del delito se ha señalado, en primer lugar y como sustrato primario, la existencia de la propia banda armada u organización terrorista que exige una pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y establecimiento de una cierta relación de jerarquía y de subordinación. La organización tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden democrático constitucional. Como sustrato subjetivo, requiere un carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, acerca del resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo. El elemento diferencial entre el delito de integración en organización terrorista de la mera colaboración con ella radica en un componente asociativo ilícito, marcado por la asunción de fines y la voluntad de integración en la organización.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 110/2019
  • Fecha: 20/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos, declarando el derecho de los trabajadores de la empresa Adecco ETT SAU, legalmente cedidos a la empresa Airbus Operations SL, en los centros de Getafe-Madrid, Illescas-Toledo y Puerto Real-Cádiz, que prestaron servicios en el año 2017 a percibir el importe de los beneficios que cobraron los trabajadores de la empresa Airbus Operations SL en el mes de mayo de 2018 cuando se cumplieran los requisitos establecidos para dichos trabajadores. Argumenta la Sala IV: 1) Que no cabe apreciar la inadecuación de procedimiento, ya que no se alegó en el acto de juicio y la demanda cumple las exigencias del art.153.1 LRJS; 2) Que no se ha causado indefensión a la ETT por quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, al no estarse en presencia de una demanda vaga, ni haberse incluido a lo largo del procedimiento hechos que concluyen con una sentencia que no tiene que ver con lo demandado, además de que no se pide la nulidad de la sentencia; 3) Que sí tiene la obligación la ETT de satisfacer la paga aunque no esté incluida en el convenio colectivo de ETT, ya que tras la Ley 29/1999, se equipara retributivamente a los trabajadores puestos a disposición respecto de los contratados directamente por las empresas usuarias, lo que incluye, también, las retribuciones que surjan de cualquier acuerdo colectivo o decisión general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 5731/2019
  • Fecha: 20/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto de admisión precisó la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en: determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Cuestión ya resuelta en SSTS de 16-7-20, rec. 2196/19; 22-7-19, rec. 5312/20; dos de 23-7-20, recursos 4657/19 y 2452/19; 29-7-20, rec. 5160/19; 30-7-20, rec. 5628/19, etc. Tal y como se resolvió en la de 29-7-20, se razona que la designación de Letrado por el turno de oficio, tras la asistencia jurídica gratuita otorgada en vía administrativa, es un nombramiento para la defensa y dirección técnica del proceso, pero no se extiende, ni puede extenderse, a la representación de la parte, siendo la jurisprudencia de la Sala clara y reiterada, con mención de la STS de 30-6-11, RIL nº 76/09 y otras posteriores. Así, en respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo formulada, se reitera que: La designación de letrado de turno de oficio ante órganos unipersonales no excluye la exigencia legal, artículos 22.3 LO 4/2000; 23 Y 24 LEC y 23.1 LJCA, de otorgamiento de la representación mediante poder notarial o conferido apud acta por comparecencia personal o electrónica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 81/2019
  • Fecha: 16/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se describe el caso de un cliente al que se limita el crédito comercial que tenía con empresa suministradora de embalajes y cartones y para eludirlo y mantener el envío de mercancías, en concierto con agente comercial de esta empresa, realizan los pedidos utilizando el nombre de empresas terceras, pero utilizando los envíos en provecho propio, en reventa o a título de comisionistas; además emiten diversos pagarés a nombre de de estos terceros con supuestos sellos de estas empresas aunque contra cuenta corriente propia del primer acusado. Aunque se reciben las mercancías solicitadas a nombre de tercero y el acusado recibe el importe de las mismas en sus diversas modalidades de comercialización, no abona las mismas a la suministradora; asimismo los pagarés son devueltos. Estafa: existencia de engaño bastante. Salvo engaño burdo, la falta de autoprotección no enerva la tipicidad de la estafa. Falsedad documental. Se lesiona de pleno el bien jurídico que el tipo falsario funcionalmente tutela, especialmente la función probatoria, en cuanto el documento se ha creado para acreditar o probar algo, y la función garantizadora, en cuanto sirve para asegurar que la persona identificada en el documento es la misma que ha realizado las manifestaciones que se le atribuyen en el propio documento. Atenuante de Confesión. Se desestima. Tardía e irrelevante. Responsabilidad civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3959/2018
  • Fecha: 16/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recursos formulados por el condenado y el Ministerio Fiscal. Concurso de normas: se alega que la exhibición de material pornográfico está absorbida por el delito de abusos sexuales. No procede: son dos conductas con sustantividad propia producidos en momentos diferentes. No procede la absorción porque se trata de fases diferentes del iter delictivo, con bienes jurídicos diversos. Presunción de inocencia: existencia de prueba de cargo bastante,constituida por las declaraciones de los menores ratificadas por las de otros testigos. Los tocamientos fugaces no consentidos en partes de significado sexual constituye siempre abuso sexual. Recurso del Ministerio Fiscal: se absuelve de unos hechos por considerarse que no constituyen delito de abusos sexuales, sino de coacciones. Se estimaba que no existía ánimo libidinoso característico de los delitos de carácter sexual. Elemento subjetivo en los delitos contra la libertad sexual: la tipicidad del delito de abuso sexual no exige un elemento subjetivo distinto del dolo de atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima. No se exige la acreditación del ánimo tendencial de pretender obtener satisfacción sexual. La conducta descrita constituye abuso sexual. Cabe la condena por resultar una cuestión estrictamente jurídica, que no precisa de una valoración de la prueba. Todo tocamiento doloso en zona erógena es abuso sexual. Incorrecta imposición de la pena de multa para el delito de exhibicionismo de material pornográfico.

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