Resumen: La prueba practicada y referida por el Tribunal es suficiente para la condena para entender la expuesta como prueba de cargo. Al fin y al cabo hay una aprehensión de droga en cantidad relevante en poder del recurrente, lo que habilita la inferencia de la preordenación al tráfico por el quantum de la droga aprehendida, como especifica con claridad en la sentencia el Tribunal. No se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, ya que el TSJ ha llevado a cabo su proceso de análisis del grado de motivación suficiente de la sentencia. Inexistencia de apreciación de la atenuante del art. 21.2 CP, ni como analógica, consta solo que era consumidor, pero no su afectación a su capacidad y voluntad al momento de perpetrar el delito, que es lo determinante a los efectos de la aplicación de la atenuante.
Resumen: La Sala, con remisión a pronunciamientos precedentes, estima el recurso de casación y, consecuentemente, el recurso contencioso-administrativo. Tras la STC 8/2017 de 19 de enero, tomando en consideración la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. Esta corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos debe accederse a la pretensión indemnizatoria. Ahora bien, ello no significa que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o sobreseimiento libre), de lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos, sino que habrá de atemperarse a las circunstancias de cada supuesto y sin que tenga efecto retroactivo. Precisa que si con la tramitación del proceso penal se han ocasionado daños no imputables directamente al hecho de la prisión provisional acordada, su cauce procesal solo puede fundarse en la vía de la cláusula general del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
Resumen: La actora solicitó el 11/5/17 la prestación a favor de familiares a raíz del fallecimiento de su padre el 8/7/03, con el que convivía; prestación que le fue denegada por estar casada. La actora había solicitado abogado de oficio para la presentación de demanda de separación, siendo designado letrado el 21/1/03 y dictándose sentencia firme de separación el 28/1/04, sin que la actora percibiera ayuda económica alguna por parte de su marido. En suplicación se confirma la sentencia de instancia que reconoció a la actora la prestación reclamada. La Sala IV revoca dicha sentencia para denegar la prestación por entender, con remisión a anteriores resoluciones, que en el momento del hecho causante a situación de la actora era la de separada "de hecho", y tal situación no es equiparable a la "situación legal de separación" a la que el artículo 176.4 LGSS atribuye igualdad de efectos al divorcio. Rechaza la Sala el argumento de que la actora había solicitado la designación de abogado de oficio antes del fallecimiento de su padre por no ser ello relevante ni otorgar a la actora la condición de separada legalmente en el momento del hecho causante.
Resumen: El razonamiento que tiene que seguir una sentencia cuya condena se base en indicios ha de estar basado en la experiencia común, una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes. Los límites del control en casación no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado, concretamente en la decisión judicial condenatoria, pero tomando en cuenta el conjunto de la actividad probatoria. Para que un desistimiento voluntario (se arrepiente de colaborar con la actividad delictiva ya iniciada) alcanzase eficacia exoneradora le serían exigibles acciones contrarias que neutralicen su aportación. El principio in dubio solo es invocable en casación en su faz normativa, es decir, si se produce una condena pese a mostrar el Tribunal de enjuiciamiento sus dudas.
Resumen: El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de fecha 31/1/2006 señaló:"La Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial". Cuando se trate de la recogida de huellas, vestigios o restos biológicos abandonados en el lugar del delito, la Policía Judicial, por propia iniciativa, podrá recoger tales signos. Cuando, por el contrario, se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal y, por tanto, la colaboración del imputado, el consentimiento de éste actuará como verdadera fuente de legitimación de la injerencia estatal que representa la toma de tales muestras. En estos casos, si el imputado se hallare detenido, ese consentimiento precisará la asistencia letrada. En aquellas ocasiones en que la policía no cuente con la colaboración del acusado o éste niegue su consentimiento para la práctica de los actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten precisos para la obtención de las muestras, será indispensable la autorización judicial. Salvo irracionalidad o arbitrariedad, el cauce del artículo 849.2 LECrim no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa.
Resumen: La declaración del coimputado es prueba de cargo cuando, aun siendo única, su contenido se corrobora por elementos que den verosimilitud y fiabilidad a la declaración del coimputado. La jurisprudencia ha aplicado la llamada teoría de las desviaciones previsibles, al examinar la cuestión de la comunicabilidad de la responsabilidad por la muerte o las lesiones producidas a la víctima del acto depredatorio por uno de los integrantes del robo. No se excluye el carácter de coautor en los casos de desviaciones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre que dichas desviaciones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, es decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar imprevisibles para los partícipes. En el ámbito del dolo eventual se considera que actúa con dolo el que conoce el peligro jurídicamente desaprobado que crea con su conducta para el bien jurídico protegido y, a pesar de ello, decide continuar con la ejecución de tal conducta que somete a la víctima a riesgos sumamente relevantes que el agente no tiene seguridad alguna de poder controlar o neutralizar, sin que sea preciso que persiga directamente la causación del resultado.
Resumen: Se analiza la suficiencia de la prueba para respetar el derecho a la presunción de inocencia en cuanto a la concurrencia del engaño en la estafa y en relación con el asesinato: si quedó acreditado el carácter sorpresivo del ataque, pues la única herida con signos de vitalidad era la de la cabeza, y si las apreciadas en las manos son heridas de defensa, demostraría como sostiene la defensa, que se defendió; que también considera la defensa que no está probado que cometiera el asesinato para ocultar otro delito, ya que afirma que vendió el vehículo con el consentimiento de su pareja.
Resumen: Heridas que tardan en curar 139 días, de los cuales 63 son hospitalarios por necesidad de ingreso de la víctima en centro psiquiátrico. En primer lugar, el TS recuerda la función del Tribunal de casación al conocer del recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal de apelación. Y, en segundo lugar y respecto del caso concreto, la sustantividad de las lesiones o su absorción en el delito de violación dependen de la naturaleza de las mismas como algo inevitable o consecuencia normal del yacimiento o como independientes y con sustantividad propia por la violencia ejercida. Su apreciación es por ello muy circunstancial y ha de operar caso a caso en función de las concretas lesiones producidas y su modo de causación. No se estimará absorbida la lesión si la violencia ejercida para doblegar o vencer la resistencia de la persona atacada superó los límites mínimos necesarios para entender que concurrió la violencia contemplada en la descripción del tipo objetivo de la agresión sexual, sancionando independientemente aquello que exceda.
Resumen: Delito de estafa. Correcta aplicación. Negocio jurídico criminalizado. Simulación de un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo se pretende aprovecharse de las prestaciones de la otra parte. Engaño antecedente y causal: elemento esencial del delito de estafa. La condición de bastante solamente quiebra en supuestos muy concretos de engaños burdos o groseros. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Necesidad de que sean literosuficientes. Motivación de las resoluciones judiciales: derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a una contestación fundada en la legalidad. Aplicación en el ámbito casacional: verificación de la existencia de contenido argumental de la resolución recurrida y de su razonabilidad. Requisitos del vicio formal de incongruencia omisiva. Necesidad de que el que lo alega solicite la complementación o aclaración a tenor del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desestimación implícita. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Requisito previo es la comisión del delito por una persona física integrante de la organización. Sistema de autorresponsabilidad como principio inspirador de le responsabilidad de las personas jurídicas. Exclusión de las denominadas empresas "pantalla". Se acuerda la disolución en estos casos, dada su finalidad puramente delictiva y como consecuencia accesoria. Se estima el motivo por inexistencia de toda actividad mercantil de las empresas, utilizadas de forma puramente instrumental.
Resumen: El recurso se desestima. El Tribunal de Apelación relaciona la prueba practicada ante el Tribunal de instancia, prueba que considera legalmente obtenida, lo que no es además cuestionado por el recurrente, así como suficiente y racionalmente valorada. En definitiva, la sentencia dictada por el Tribunal ofrece contestación al recurrente sobre todas y cada una de las cuestiones suscitadas por su parte, ofreciendo explicación coherente y clara de lo ocurrido, explicación que, además, viene amparada por el resultado de los medios probatorios practicados. El control que le corresponde realizar a este Tribunal sobre la eventual vulneración del derecho a la presunción de inocencia se extiende a verificar si se ha dejado de someter a valoración la versión o la prueba de descargo aportada, exigiéndose ponderar los distintos elementos probatorios, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, requiriendo solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo, como, en efecto sucede en el caso que nos ocupa.
