Resumen: Respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Los elementos que conforman el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, concorde pacífica jurisprudencia, los siguientes: 1º La existencia de unas acciones o palabras por las que se enaltece o justifica. Enaltecer equivale a ensalzar o hacer elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo. Justificar quiere aquí decir que se hace aparecer como acciones lícitas y legítimas aquello que sólo es un comportamiento criminal. 2º El objeto de tal ensalzamiento o justificación puede ser alguno de estos dos: a) Cualquiera de las conductas definidas como delitos de terrorismo de los arts. 572 a 577. b) Cualquiera de las personas que hayan participado en la ejecución de tales comportamientos. Es necesario que se pondere en la resolución judicial, si la conducta desarrollada por el acusado, integra una manifestación del discurso del odio, que incita a la violencia. La jurisprudencia reciente no exige en el menosprecio a la víctimas un peligro contra los bienes jurídicos personales a consecuencia del discurso del odio.
Resumen: No se considera comprendido en el tipo del art. 368 Código Penal la acción de tráfico cuando por la mínima cantidad de la droga transmitida, atendida la cantidad o la pureza de la misma, no quepa apreciar que entrañe un riesgo efectivo de futura lesión para la salud pública, por lo que la antijuridicidad de la conducta desaparece. Cuando la cantidad de droga es tan insignificante, que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno en la salud, carece de antijuridicidad material por falta de un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido por el tipo. Desde el punto de vista de la antijuridicidad material lo que se requiere es que el hecho no sólo infrinja una norma sino que además produzca la lesión de un bien jurídico.
Resumen: El acusado y las otras personas que le acompañaban actuaron de manera conjunta apoyándose recíprocamente en la acción emprendida contra los vigilantes sin efectuar objeción alguna frente a la conducta protagonizada por los demás ni tratar de evitar la acción de los otros y sin desistir voluntariamente de su acción. Tal actuar pone de manifiesto no solo la participación directa de cada uno de ellos en los hechos, sino también su conformidad con la acción desplegada por sus compañeros en orden a atacar a los vigilantes con la finalidad de arrebatarles el dinero que transportaban utilizando al efecto pistolas que dispararon contra ellos. De esta manera todos partícipes ostentaban el co--dominio del hecho y, por tanto, dominaban las acciones comunes y necesarias hacia el cumplimiento del tipo penal. Al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales.
Resumen: La facultad del Tribunal, valorando razonada y razonablemente la pertinencia de las pruebas en el momento de la proposición y su necesidad en el momento de la práctica, a los efectos de evitar diligencias inútiles así como indebidas dilaciones, no vulnera el derecho constitucional a la prueba, sin perjuicio de la posibilidad de revisar en casación la razonabilidad de la decisión del Tribunal, en orden a evitar cualquier supuesto que pudiere generar efectiva indefensión a la parte proponente de la prueba. A los efectos de esta revisión es determinante que la parte recurrente argumente de modo convincente, que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable en caso de haberse aceptado y practicado las pruebas objeto de controversia. El prevalimiento típico exige una relación de superioridad del sujeto activo con respecto al pasivo que debe ser aprovechada por el primero para la realización del acto atentatorio a la libertad sexual. En tanto que el primero puede ser constatado de forma objetiva, el segundo, el aprovechamiento de la situación, ha de ser inferido de forma racional por el órgano jurisdiccional y debe expresarlo en la sentencia. La atenuante de confesión supone un reconocimiento de la vigencia de la norma y un aquietamiento a las previsiones de penalidad previstas en el ordenamiento para su conducta. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado.
Resumen: Abuso de superioridad y abuso de confianza son circunstancias diferentes y no intercambiables. Y el art. 183 4.d) contempla el abuso de superioridad; no el de confianza. Se concluye en la resolución que la confianza con la familia, y especialmente con la madre, no proporcionaba al procesado una autoridad singular reforzada, más allá de la que puede corresponder a cualquier adulto frente a un menor. El prevalimiento de una situación de superioridad exige algo añadido a la pura diferencia de edad; y es, por otra parte, algo distinto de la relación de confianza.La relación de superioridad ha de basarse en circunstancias reales (autoridad del padrastro, o del maestro o profesor...) y no imaginarias o ficticias. Esta debe ser preexistente y real, no una ficción o un engaño o añagaza urdida por el autor. En último término, ese ardid que movió a la menor a someterse al acusado, no es más que otra manifestación de su inmadurez, de la diferencia de edad que ya contempla el art. 183 CP y que no añade nada distinto: que el adulto engañe a la menor, manipulándola, es una muestra de la diferencia de madurez ya contemplada por el tipo penal. Voto particular: afirma que del relato fáctico resulta que, con independencia de la edad, que ya haría de aplicación el tipo penal de los abusos sexuales, concurre una situación de superioridad, la derivada de la consideración de jefe espiritual del núcleo familiar integrado por la madre y la hija, de la que se aprovecha para las relaciones sexuales
Resumen: No toda modificación de conclusiones es admisible. El objeto del proceso, delimitado por el hecho punible y la persona o personas a quienes formalmente se les atribuye, ha de permanecer invariable.No cabe una alteración subjetiva que aboque a la introducción de nuevos responsables penales o civiles, ni tampoco una mutación de identidad sustancial del hecho. La modificación de conclusiones no puede en principio variar el objeto procesal sustituyendo unos hechos por otros distintos desde el punto de vista naturalístico, es decir, hecho entendido como suceso o acontecimiento; pero sí aquellos elementos factuales no sustanciales o su valoración jurídica. Cualquiera que fuera el motivo, la acusación pública no solicitó ni provisional ni definitivamente indemnización a cargo de la recurrente. La responsabilidad civil da respuesta a una acción distinta de la penal, aunque acumulada al proceso por razones de utilidad y economía procesal, con la finalidad de satisfacer los legítimos derechos (civiles) de las víctimas. Sin embargo, las acciones civiles no pierden su naturaleza propia por el hecho de ejercitarse ante otra jurisdicción, lo que implica que en su regulación el derecho civil resarcitorio de la infracción penal cometida desplace al derecho penal. Ello da entrada a al principio de rogación previsto en el artículo 216 de la LEC,que rige en relación al ejercicio de acciones civiles. De tal manera no cabe un pronunciamiento que exceda de las peticiones formuladas por las partes.
Resumen: Derecho a un juez imparcial. Motivación del Auto que acuerda el secreto de las actuaciones. Entrada y registro: Motivación del Auto que lo acuerda e incidencias en su práctica: Falta de identificación de los agentes en que se delega la práctica del registro. Vulneración de los arts. 334 y 569 LECR. Intervención de terceros en la redacción del acta. Falta de foliado y sellado de los papeles y documentos intervenidos. Entrega de efectos intervenidos a los Inspectores de sanidad por parte del Letrado de la Administración de Justicia. Grabación con cámara oculta. Validez como prueba. Se analiza el delito de intrusismo: el bien jurídico. Los elementos típicos. Valor de un título académico expedido o reconocido en España. Acto médico: diagnóstico, prescripción de medicamentos. Medicina alternativa.Terapia de autovacunas. Delito de estafa. El elemento del engaño es la carencia de título académico de licenciado en medicina. Afectación a la salud. Concurso del delito de estafa e intrusismo.
Resumen: La presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio. Para la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, se exige que la paralización sea manifiestamente desmesurada, durante varios años. La indemnización fijada por daños morales sólo puede ser objeto de control en el recurso de casación cuando resulta manifiestamente arbitraria y objetivamente desproporcionada. El artículo 24 CE consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria.
Resumen: Delito de prevaricación administrativa: concepto de resolución. Responsabilidad del extraneus. Malversación: no consta perjuicio patrimonial a la Administración. Falsedad en documento oficial y mercantil. Principio acusatorio: no se ve afectado ante una condena a particular con apoyo en el artículo 392 CP que abarque documentos oficiales, cuando en la instancia solo se le acusó en relación a mercantiles; el precepto equipara a efectos de punición los documentos mercantiles a los oficiales, homogeneidad que permite extender la consideración a éstos sin desbordar los contornos del principio acusatorio. Como tampoco lo hace, por el mismo motivo, la inclusión en la tipicidad respecto a este delito del nº 2 del artículo 390, cuando no existe en ninguno de los supuestos mutación fáctica esencial. La unidad de acción desplaza la continuidad, al tratarse de documentos todos elaborados en relación a un único expediente y con una única finalidad.
Resumen: Se tratan cuestiones de autoría y complicidad. Se califica de complicidad la contribución en la realización de los hechos de las recurrentes, dado su conocimiento anterior, el asentimiento con la acción homicida y la previa ejecución de su contribución (accesoria) aunque se proyectara sobre actos posteriores a dar muerte a la víctima. Se resuelve sobre la responsabilidad civil: es de recordar que el sistema de cuotas incide en cada uno de los obligados respecto a los demás, también obligados, pero no respecto a los perjudicados, quienes pueden exigir la totalidad de lo debido a cualquiera de ellos, dado el carácter solidario de la responsabilidad frente a los perjudicados, sin perjuicio de que una vez satisfecha la deuda por el reclamado, éste se convierta en acreedor de los demás en la cuota-parte que a cada uno de ellos hubiera sido asignada. La responsabilidad civil se hará efectiva primero mediante el patrimonio del autor, y subsidiariamente, de las cómplices, por partes iguales y mediante el mecanismo de solidaridad entre ellas frente al perjudicado, todo ello conforme ordena el art. 116 del Código Penal.