• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10022/2020
  • Fecha: 30/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, consiste, en este caso, una vez en nuestro país las personas violentadas, son obligadas a ejercer la prostitución en diversos lugares, en este caso en la calle, dentro de un polígono industrial, a modo de lugares en donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, con tal de obtener el beneficio para el cual las mujeres han sido traídas como si fueran seres cosificados, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras tales personas se encuentren en condiciones de ser explotadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 164/2019
  • Fecha: 30/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Asociaciones cannábicas. La Sala de instancia consideró concurrente el error vencible de prohibición, por lo que se impone una pena inferior en un grado. Doctrina jurisprudencial sobre el error: diferentes hipótesis. La esperanza en que su actuación podría ser tolerada o la confianza en que algunos órganos judiciales aceptarían la tesis de la irrelevancia penal es una actuación nada prudente, casi temeraria. Es patente es la contradicción con la legalidad de la actividad desplegada. Importancia en el posible error de la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando la constitucionalidad del artículo 83 de la Ley 1/2016. No significa la liberalización de las asociaciones cannábicas. Necesidad de colaboración con la Administración. Inexistencia del error de tipo. Presunción de inocencia: la asociación no era más que una fachada para la legalidad a una actividad de cultivo y para dar visos de legalidad. Error en la apreciación de la prueba: los documentos no son literosuficientes. Dilaciones indebidas: se estima, dada el plazo de tiempo transcurrido para dictar sentencia. Infracción de ley: ilegalidad de las asociaciones cannábicas, conforme a numerosas resoluciones del Sala II. Doctrina del consumo compartido: requisitos jurisprudenciales. Influencia de la sentencia del Tribunal Constitucional: son legales las asociaciones cannábicas, cuando tengan por finalidad informar o elaborar estudios, pero no cuando se introducen estos fines en los Estatutos como pantalla.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10313/2020
  • Fecha: 30/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En un hospital morían inexplicablemente pacientes ingresados de una muerte rápida de origen desconocido, pero de etiología violenta, homicida, razón por la cual, en la investigación policial, se colocó, con autorización judicial, una cámara y pudo detectarse la presencia de la acusada, auxiliar de clínica, en momentos previos a los fallecimientos. Se dictó veredicto de culpabilidad exclusivamente respecto de uno de los asesinatos consumados, que es el que es objeto de este recurso de casación. Se recure la instalación de cámaras ocultas de vídeo-vigilancia. Se desestima al haberse considerado que: a) La investigación era por graves delitos. b) la medida que afectaba derechos fundamentales, fue autorizada judicialmente. c) La adopción de tal medida cumplía los requisitos de necesidad, proporcionalidad, especialidad e idoneidad, bajo un juicio de comparación de los bienes jurídicos en juego. d) La colocación de cámaras de vigilancia en el pasillo de distribución a las habitaciones del hospital, es una medida que invade de forma menos trascedente la intimidad de las personas, pues no se afectan lugares de mayor intensidad, lo que precisaría una mayor exigencia en el control de su necesidad. e) En el caso, la autoridad judicial valoró todas esas circunstancias. Se analiza la suficiencia de la prueba y la proporcionalidad de la pena impuesta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10254/2020
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derecho de defensa: incumplimiento por el Juzgado de hacer saber al procesado si el Letrado designado había aceptado la defensa y de darle traslado de las actuaciones. Todas las actuaciones se llevaron a cabo con el Abogado de oficio, con el que el recurrente manifestaba no haber tenido nada más que una ligera entrevista antes del juicio oral. Se alega indefensión. Se desestima el motivo: la indefensión con repercusión constitucional debe ser una mengua efectiva y material, no simplemente formal, de las posibilidades defensivas de una de las partes. La denegación de la asistencia letrada no conlleva sin más una vulneración del derecho de defensa. Es necesario que la falta de letrado de oficio solicitado, en atención a las circunstancias concurrentes del caso, haya producido al solicitante una real y efectiva situación de indefensión material. Obligación de los órganos judiciales de velar para evitar la indefensión. Se requiere proporcionar asistencia letrada real y operativa. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el derecho de defensa. Sin embargo, este derecho no ampara maniobras dilatorias del acusado. Limtaciones al cambio o nombramiento de letrado defensor. Inexistencia del deber de comunicar la aceptación por el defensor designado. La situación denunciada deriva de la propia conducta de descuido del recurrente. Su defensa no hizo valer alegación alguna en el acto de la vista oral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 8316/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responde a la cuestión suscitada en el auto de admisión en el mismo sentido de lo ya resuelto en SSTS nº 968, 1055, 1153, 1321 y 1390/20, en las que se analizaban supuestos idénticos. Se razonaba, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión interpretativa planteada es: A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 163/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico. Siendo así, resulta que la cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada en las sentencias no es una cuestión que atañe solo al derecho a la tutela judicial efectiva, afecta principalmente al derecho a la presunción de inocencia. Para exigir responsabilidad penal al administrador de la persona jurídica en cuyo seno se ha cometido el delito no basta con que el mismo ostente un cargo, sino que además habrá de desarrollar una acción u omisión contributiva a la realización del tipo por el que se le haya condenado, o dicho de otro modo, debería realizar algún acto de ejecución material que contribuya al resultado típico. El delito de desobediencia prevista en el art. 556 CP supone una conducta, decidida y terminante, dirigida a impedir el cumplimiento de lo dispuesto de manera clara y tajante por la autoridad competente. La sentencia recuerda que la Sala ha mantenido la sanción por delito de apropiación indebida de dinero.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 4264/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Habiéndose apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y declarado que la cuestión planteada en el recurso, que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consistente en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta, la Sala declara que conforme a pronunciamientos precedentes sobre cuestión análoga, ha de entenderse que a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio no excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta y demás medios que el ordenamiento jurídico establece al efecto, pues para actuar en nombre de otro en un proceso resulta imprescindible el consentimiento expreso e inequívoco del representado, consentimiento habitualmente conferido a través del instrumento del poder notarial o, en su caso, mediante poder apud acta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 5616/2019
  • Fecha: 29/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La doctrina moderna más destacada define al sujeto pasivo del delito como el titular del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito o como aquel a quien se debe la condición jurídica negada por el delito o la persona que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal. Entendemos que el término "persona agraviada", en una interpretación teleológica y amplia del término contenido en el artículo 228 CP, incluye tanto a los titulares o beneficiarios de la prestación económica debida, como al progenitor que convive con el hijo o hija mayor de edad y sufraga los gastos no cubiertos por la pensión impagada, y ello porque los mismos, tal y como ha reconocido de forma reiterada la Sala Civil del Tribunal Supremo, tienen un interés legítimo, jurídicamente digno de protección. No existe duda de que el progenitor conviviente con el alimentista es una de las personas que soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminal, llevada a cabo por el otro progenitor que impaga la pensión alimenticia a los hijos, por lo que debe ser considerado agraviado a los efectos de tener legitimación para formular la preceptiva denuncia e instar así su pago en vía penal. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que es posible la subsanación del defecto procesal, mediante la asunción por parte del alimentista mayor de edad y en sede judicial de la denuncia formulada por su progenitor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 228/2019
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interdicción de la indefensión. Prueba testifical: juicio que dura varios días. La indefensión ha de ser material y no formal. Ha de producir una merma real en las posbilidades de defensa. Incomunicación de los testigos. Alcance. Razón de ser. Acomodación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la realidad presente. Posibilidad de que los testigos conozcan las declaraciones de otros testigos en días previos. Su quebrantamiento no determina la nulidad de la prueba. Su incidencia se limita al valor que pueda conceder al testimonio el Tribunal. Presunción de inocencia: doctrina jurisprudencial y alcance de análisis cuando se invoca en casación. No procede una sustitución de la valoración de la prueba por el órgano de instancia por la propia. Triple comprobación. La prueba de cargo ha de ir referida al sustrato fáctico. Existencia de prueba de cargo bastante. Error en la apreciación de la prueba: requisitos para su éxito. Necesidad de que el error incida sobre un dato decisivo y con transcendencia en el fallo. Por otra parte, se ha de basar en un documento y su contenido no ha de estar contradicho por otra prueba de signo contrario, como sucede en el caso objeto de enjuiciamiento. La vía del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. Apropiación por el recurrente de cantidades amparándose en la confianza de los socios del Club. Delito continuado. Elementos del delito de apropiación indebida
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 423/2019
  • Fecha: 28/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El relato de hechos contenido en la sentencia es perfectamente coherente e inteligible. La sentencia es clara en los hechos probados, los que relata de forma precisa en los aspectos relevantes sobre los que correspondía decidir, llegando a continuación a la conclusión de que dichos hechos son subsumibles en los tipos penales por los que el recurrente ha resultado condenado. El mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles. El perjuicio consistió en utilizar la información obtenida por este medio para desplegar toda una labor de acoso frente a la denunciante a quien remitió ingentes y extensos mensajes en los que le dirigía quejas sobre sus relaciones de pareja. El delito de acoso previsto en el artículo 172 ter 1 exige implícitamente una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que quede patente, que sea apreciable, esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas, que no se perciban como algo puramente episódico o coyuntural, pues en ese caso no serían idóneas para alterar las costumbres cotidianas de la víctima. El recurrente de forma obsesiva remitía a la denunciante multitud de mensajes, al no asumir la ruptura de su relación. Esta actitud fue desplegada por el acusado en un dilatado espacio temporal -diez meses-.Y desde luego la víctima vio alterado de modo grave el desarrollo de su vida cotidiana.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.