• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3177/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. La potencialidad lesiva propia de las armas de fuego descritas no es discutida, así como el resto de las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional, salvo su peligrosidad para la seguridad ciudadana; sin embargo del relato resulta, además de la pluralidad y aparente falta de almacenamiento seguro, la existencia de un arma corta disimulada en un mero tubo de acero, cuya ínsita peligrosidad determina la absoluta prohibición de su tenencia; tanto más cuando a su disimulada naturaleza, esa simple contextura, le impide tener integrado cualquier sistema de seguridad. Los informes de credibilidad no dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, manipulación o invención. Aunque el dictamen psicológico obtenga un resultado "indeterminado" sobre la credibilidad del menor, sin poder decidirse en un sentido o en otro, no es un elemento de prueba que pueda desvirtuar la convicción del Tribunal sentenciador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 4051/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La imparcialidad constituye el núcleo de la función de juzgar, pues sin ella no puede existir el "proceso debido" o "juicio justo. Este derecho presenta las características propias de un derecho de configuración legal en cuanto al modo y momento de su ejercicio. No cabe apreciar la lesión de este derecho si el recurrente tuvo ocasión de plantear tempestivamente la recusación y no lo hizo. Esta garantía de imparcialidad se concibe en favor de las partes procesales, pero también, y sobre todo, en interés público, por lo que han de tomarse en cuenta todos aquellos supuestos en que concurra una "sospecha razonable de parcialidad". El Tribunal nacional no puede concluir que el acusado sea culpable simplemente porque ha escogido guardar silencio. Solo en los casos en que la prueba existente en contra del acusado le coloque en una situación en la que le sea exigible una explicación, su omisión puede, como razonamiento de sentido común, permitir sacar en conclusión la inferencia de que no ha habido explicación y de que el acusado es culpable. La prueba ha de ser pertinente, esto es, relacionada con el objeto del juicio y con las cuestiones sometidas a debate en el mismo; ha de ser relevante, de forma que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone; ha de ser necesaria, es decir, que tenga utilidad para los intereses de defensa y ha de ser posible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3074/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso y se absuelve del delito de falsedad documental. Se aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. Precisa la sentencia que la actuación de la acusación particular no fue inútil o superflua, ya que como el propio Tribunal reconoce su actuación fue loable a lo largo de todo el proceso, y como la recurrente apunta, la condena ha llegado amparada en gran medida por esta labor, puesto que las periciales que han servido para cuantificar el daño o incluso para identificar la falsedad documental que ha sido objeto de condena. No cabe excluir las costas de la acusación particular. La excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal y el art. 103 LECrim.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3564/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda que son frecuentes las ocasiones en que se aprecia en casos de abuso sexual de menores la equiparación entre el abuso de la minoría de edad y la intimidación. En realidad, en los abusos a menores de trece años el empleo de violencia o intimidación suelen ser innecesarios, dada la superioridad manifiesta del mayor de edad que realiza el abuso. Por ello la norma penal establece una presunción iuris et de iure sobre la ausencia de consentimiento de cualquier acción sexual realizada con un menor de trece años, por estimar que la inmadurez psíquica les impide la libertad de decisión necesaria, por lo que estas acciones son constitutivas en cualquier caso de un delito de abuso sexual. La transformación en agresión sexual exige la concurrencia adicional de fuerza o intimidación en sentido propio, pues constituiría una duplicidad punitiva valorar repetidamente la minoría de edad como determinante absoluta de la tipicidad de las acciones sexuales realizadas, y adicionalmente como elemento que califica de violento o intimidativo un comportamiento que en sí mismo no reviste dicha caracterización. La violencia o intimidación empleadas en los delitos de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3323/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa a los indicios probatorios demostrativos de tal delito al afirmar que ha marcado una serie de indicadores particularmente reveladores de la actividad criminal que analizamos. Indicadores tales como: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. Concluye que en el caso, conforme al resultado de las pruebas practicadas, no resulta razonable establecer como probado que el dinero invertido por el acusado en la adquisición de los bienes que relaciona el Tribunal proviniera del tráfico ilegal de drogas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10437/2019
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ratificó la condena por un delito de homicidio y de robo con violencia, con las agravantes de abuso de superioridad y cometer el delito por la orientación sexual de la víctima. En cuanto al abuso de superioridad, requiere para su apreciación en primer lugar de la existencia de una desproporción efectiva y real entre la parte agredida y la agresora que determine un desequilibrio a favor de esta última; en segundo lugar que ese desequilibrio se traduzca en una disminución de las posibilidades de defensa ante el ataque concreto que se ha sufrido; y en tercer lugar que el sujeto activo conozca y se aproveche de ese desequilibrio y de sus efectos para la ejecución del concreto hecho delictivo. En el caso, se valoraba que la víctima estaba dormida, y que se ve atacada por la espalda y que hubo un concierto entre los dos, se arman con piedras y atacan a la víctima de forma sorpresiva y en el estado en que se encontraba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3146/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de difusión de pornografía infantil. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La prueba pericial informática. La prueba sobre la "difusión" del contenido pedófilo infantil. Análisis de la conducta descrita del artículo 189.1.b) del Código Penal. Jurisprudencia de la Sala: análisis de conceptos básicos sobre la pornografía infantil y doctrina sobre la aplicación de las modalidades agravadas. Aplicación del subtipo agravado previsto en el artículo 189.3.b) cuando los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio. El artículo 190 del Código Penal: condena de un Juez o Tribunal extranjero a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2592/2018
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La presunción de inocencia, además de constituir criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en Sentencia. Una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia. La Jurisprudencia exige, para la aplicación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, que se analice el caso concreto, siendo necesario fijarse en el perjuicio efectivo que para el acusado haya podido suponer el retraso en el pronunciamiento judicial. La doctrina de esta Sala exige distinguir situaciones, huyendo del simple automatismo cuando se quiere aplicar la agravación a parientes que no son los estrictamente mencionados en el precepto (tíos) o asimilados (relaciones afectivas con el progenitor)
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 3405/2018
  • Fecha: 25/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS absuelve al recurrente por falta de prueba de cargo al negar validez al testimonio de la víctima (hermana del acusado) prestado en sede de instrucción. En el caso concreto, afirma que la madurez del testigo para ejercer por sí mismo el derecho de renunciar a declarar es susceptible de ponderación judicial (con independencia de la edad) a cuyo efecto debe acudirse a parámetros de observación que permiten valorar el grado de madurez del testigo para que pueda ejercer personalmente la dispensa de declarar en cada caso concreto. Asimismo, advierte de la necesidad de nombrar un defensor que, en nombre del testigo menor, le represente en su opción de dispensarse de declarar recogida en el artículo 416 de la LECRIM, cuando se aprecie en ambos progenitores un conflicto con respecto a los intereses del menor representado. En este sentido, el artículo 26 de la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la Víctima niega que esa representación pueda ejercerse por el Ministerio Fiscal, debiendo nombrarse un defensor judicial. En caso de incumplirse las previsiones referidas, debe declararse la nulidad e imposibilidad de que se incorpore el testimonio sumarial. Imposibilidad que se hace extensiva a los testimonios recabados en sede sumarial como prueba testifical preconstituida, máxime cuando tampoco en ella se permitió ejercer el derecho de dispensa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3209/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa al derecho a la presunción de inocencia. La idea de que las contradicciones en el testimonio que puedan prestar varios testigos han de conducir, siempre y en todo caso, a una sentencia absolutoria, por imperativo del derecho constitucional a la presunción de inocencia, no se sostiene. El juicio de autoría no exige, como presupuesto de legitimidad, que los testigos sean contestes en sus respectivas versiones acerca de cómo sucedieron los hechos objeto de enjuiciamiento. Es el Tribunal a quo ante quien se practican las pruebas quien ha de valorar esas contradicciones. Cuestión distinta es que la opción por uno u otro relato esté o no apoyada por elementos corroboradores que afiancen la inferencia probatoria proclamada por el órgano sentenciador. Asimismo, y respecto del caso concreto, afirma que esos dos testigos -el lesionado y su novia- no comparecieron en juicio. El hecho de no resucitar sus declaraciones, lejos de ser censurable, constituye un criterio del Tribunal a quo que viene impuesto por el canon constitucional del derecho a la presunción de inocencia y no puede ser reprochable la supuesta omisión del deber del Tribunal de valorar una prueba testifical que sólo constaba en las diligencias previas, inicialmente incoadas para la investigación del hecho.

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