• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10719/2019
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS afirma que, además de no estar acreditada la incorporación de los jurados suplentes y su participación en la deliberación, la declaración de nulidad exigiría que la incorporación hubiese causado una material indefensión del acusado o una efectiva perturbación de la libre deliberación de los jurados titulares. La presencia de los jurados suplentes durante la deliberación constituye una irregularidad procesal por contravención legal. Sin embargo, para que pueda calificarse como una vulneración constitucional del derecho a un juicio con todas las garantías, con la drástica consecuencia de la anulación y repetición del juicio por otro Tribunal distinto, es necesario que esta irregularidad formal materialmente menoscabe la posición del recurrente respecto de su derecho a obtener un pronunciamiento imparcial. Asimismo, el TS recuerda su doctrina para que las declaraciones autoinculpatorias puedan ser valoradas como pruebas de cargo única para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, de conformidad con la doctrina constitucional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2962/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La indefensión con relevancia constitucional es tan sólo aquélla en la que la parte se ve privada injustificadamente de la oportunidad de defender su respectiva posición procesal, acarreándole tal irregularidad un efectivo menoscabo de sus derechos o intereses. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: a) que se funde en prueba verdaderamente documental; b) que evidencia el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo; c) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante. El ámbito de la casación se constriñe a las cuestiones que fueron planteadas en la instancia por las partes en sus escritos de conclusiones, pero no alcanza a cuestiones nuevas que, pudiéndose haber planteado temporáneamente, afloran en este trámite casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2897/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Error en la apreciación de la prueba: debe basarse en documento bastante que demuestre la equivocación del juzgador. Requisitos. Existencia de prueba de signo contrario que acredita que el recurrente tenía competencias y responsabilidad en el marco de sus atribuciones. Infracción de ley: su planteamiento en casación exige el pleno respeto a los hechos declarados probados. Uno de los delitos imputados es el de falsedad en documento mercantil cometido por particular, en el que la actuación del recurrente en su calidad de funcionario constituye inducción. El tipo penal del artículo 390 del Código Penal no es una agravación del 392 por la condición del sujeto, sino un delito distinto que exige que el autor sea un funcionario o autoridad. Concepto de documento mercantil. Elementos del delito de falsedad del artículo 392 del Código Penal. No es preciso un dolo superior al falsario. Homogeneidad entre los delitos del artículo 390 y 392 del Código Penal, con la agravante de ser el autor funcionario del artículo 22.7º. Delito de fraude a la Administración: se estima el recurso por no concurrir el ánimo de defraudar. La finalidad del pago era adelantar un pago para conseguir otro aparato distinto. El delito de fraude exige la connivencia y el uso de un artificio. Presunción de inocencia: contenido de estudio en casación. Deber de motivación: se satisface. Principio acusatorio: la falta de confección material por el recurrente carece de relevancia por la existencia de concierto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2624/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ataca por la acusación particular la absolución por un delito de apropiación indebida alegando que el razonamiento del Tribunal de instancia por el que se consideraba que las disposiciones realizadas por el acusado no tenían por finalidad buscar un beneficio económico en contra de la querellante es contraria a lógica. En particular, se hace valer que, cuando se realizaron esos actos, el poder del que disfrutaba el acusado se había extinguido por muerte de la poderdante. La vía del error de derecho o infracción de ley exige un respeto total al relato de hechos probados. El Tribunal de instancia consideró que, pese a que el día antes de la muerte de la poderdante, el acusado realizó una transferencia a su favor, no se había producido ningún desplazamiento ilegal ni concurría ánimo de lucro. Se estimaba que el acusado había obrado siguiendo las indicaciones de la poderdante, cuando estaba viva y en plenitud de facultades, y que, además, lo que se buscaba era evitar los cuantiosos impuestos vigentes en la Comunidad Andaluza. Falta de concurrencia del dolo específico. Los razonamientos se ajustan a la lógica según la percepción de la prueba que tuvo el Tribunal de instancia. Ámbito de revisión de las sentencias absolutorias en casación. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo al respecto. Sólo cabe cuando, sin modificar los hechos ni valorar la prueba, ha habido un error de subsunción
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3368/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto material del delito del artículo 307 ter del Código Penal son las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, sobre el que se proyecta la conducta dirigida a la obtención efectiva e indebida de tales prestaciones. La conducta desplegada por el sujeto activo, según la dicción del tipo penal, debe ir dirigida a obtener, para sí mismo o para un tercero, el disfrute o prolongación de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, provocando para ello un error, mediante la simulación, tergiversación u ocultación indebida de hechos (engaño), dando lugar con ello al resultado típico, esto es, la concesión efectiva de la prestación con el consiguiente perjuicio a la Administración Pública. Nos encontramos pues ante un delito de resultado, en el que la consumación solo se produce cuando se realizan todos los elementos del tipo, incluidas las condiciones especiales del autor y el resultado. A efectos de determinar las cantidades que deben computarse como defraudadas se considera que es la cantidad total de las prestaciones de la seguridad social percibidas, no solo las que se correspondan con el periodo simulado, dado que es la conducta de simulación descrita en el tipo penal la que ha permitido el acceso a las prestaciones sociales a las que no se tenía derecho sin la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2572/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de la casación no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Los elementos del delito de estafa son: 1) engaño previo bastante; 2) que desencadene un error en el sujeto pasivo; 3) acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo; 4) la conducta engañosa debe ser dolosa y con ánimo de lucro; 5) tiene que derivarse un perjuicio patrimonial para la víctima. Las "dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10496/2019
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La alevosía agrava el delito de homicidio cuando el dolo del autor abarca, no solo el hecho de la muerte, sino también el particular modo en que la alevosía se manifiesta, queriendo dar muerte a su víctima aprovechando una situación de indefensión en la que pueda encontrarse. Ni el relato histórico de la sentencia proyecta el aspecto subjetivo que precisaría la aplicación de la circunstancia de cualificación, esto es, el conocimiento y la voluntad del recurrente de aprovechar una situación de indefensión de su víctima para ejecutar con éxito la agresión, ni refleja tampoco el aspecto objetivo, en el sentido de que el ataque se ejecutara de un modo que asegurara el resultado homicida que se buscaba y que excluyera cualquier riesgo para el agresor proveniente de la defensa que pudiera hacer la víctima. Antes al contrario, el relato histórico refleja que las puñaladas se propinaron a pesar de que la víctima forcejeó con el acusado, mostrando con ello una capacidad de respuesta.La esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental que no tiene por qué afectar siempre a las facultades sensoriales o de percepción de la persona que la padece, si bien existe un residuo patológico llamado defecto esquizofrénico que afecta al que sufre la enfermedad,. En el supuesto concreto no hubo brote y tampoco se apreció un comportamiento anómalo derivado de la enfermedad, por lo que nos encontraremos ante una atenuante analógica del núm. 7.º del artículo 21 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10613/2019
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En los delitos contra bienes estrictamente personales, y más en casos de agresiones sexuales no puede admitirse un sistema operativo tan objetivable, que pagada una parte de la suma reclamada por el Fiscal pueda llegar a entenderse que existe el derecho de crédito de la atenuante del art. 21.5 CP El delito de abuso sexual es aquel en el que el sujeto pasivo atenta igualmente contra la libertad sexual de la víctima, pero sin violencia e intimidación y sin que medie consentimiento. En el delito de abuso sexual el consentimiento se encuentra viciado como consecuencia de las causas legales diseñadas por el legislador, y en el delito de agresión sexual, la libertad sexual de la víctima queda neutralizada a causa de la utilización o el empleo de violencia o intimidación. Debe haber condena de todos los que en grupo participan en casos de agresiones sexuales múltiples. La presencia de otra u otras personas que actúan en connivencia con quien realiza el forzado acto sexual forma parte del cuadro intimidatorio que debilita o incluso anula la voluntad de la víctima para poder resistir, siendo tal presencia, coordinada en acción conjunta con el autor principal, integrante de la figura de cooperación necesaria. La pena, en la medida en que se aleje del mínimo legal, se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la infracción de Ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2985/2018
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abuso sexual con penetración. El control casacional a la presunción de inocencia: el control de la estructura racional del discurso valorativo expresado en la sentencia. Suficiencia de la prueba de cargo. Requisitos de validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo suficiente. El delito de agresión sexual no precisa una negativa física al acto sexual, sino que puede ser gestual, e incluso el silencio provocado por el temor de la agresión física puede ser tenido en cuenta como expresión de una negativa, al tener que ubicarnos en el escenario del delito y considerar las dificultades que puede sentir una víctima de un abuso o agresión sexual al exteriorizar una negativa. El consentimiento previo en una relación no determina el consentimiento tácito o presunto respecto a actuaciones posteriores, ya que la víctima tiene derecho a prestar consentimiento a unos actos y no a otros. Recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la valoración de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10572/2019
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS examina los requisitos y elementos para la apreciación de los tipos penales de trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución con pertenencia a organización y destaca la forma en que deben valorarse las dificultades en la declaración de la víctima para expresar su victimización en estos casos. En este sentido afirma que el apartado 11 del artículo 177 bis del Código penal traslada al Derecho español la recomendación establecida por el artículo 26° de la Convención de Varsovia ("las Partes deberán prever, con arreglo a los principios fundamentales de su sistema jurídico, la posibilidad de no imponer sanciones a las víctimas por haber tomado parte en actividades ilícitas cuando hayan sido obligadas a ello"). Esta recomendación se encuentra también recogida por el artículo 8° de la Directiva 36/ 2011/ CE. El objetivo de esta protección es salvaguardar los derechos humanos de las víctimas, evitar una mayor victimización y animarlas a actuar como testigos en los procesos penales contra los autores. Resultaría manifiestamente contradictorio con este objetivo que la propia posibilidad de obtener los beneficios legales que tutelan a las víctimas se transmutase en una causa de invalidez probatoria de sus declaraciones inculpatorias.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.