• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO
  • Nº Recurso: 1098/2019
  • Fecha: 08/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El matrimonio entre denunciante y denunciada fue disuelto por sentencia judicial de divorcio y antes de liquidar el patrimonio ganancial, integrado por dos viviendas y residiendo la denunciada en una de ellas y estando alquilada a terceros la otra (repartiéndose ambos excónyuges, hasta la liquidación, los beneficios del alquiler). El denunciante, al rescindir el arrendatario el alquiler de la segunda vivienda, procedió a trasladarse y fijar su domicilio en la misma, cambiando la cerradura. La denunciada, a su vez, procedió a cambiar nuevamente la cerradura, impidiendo así la entrada al denunciante. El denunciante manifiesta que el cambio de la cerradura fue para desalojar de la vivienda, mientras que la denunciada indica que fue debido a que no tenía noticias de la arrendataria, ni recibía pago por el alquiler. La sentencia de primera instancia absuelve a la denunciada, al no probarse intención de impedir el acceso a la misma del denunciante. En apelación no se puede condenar al acusado absuelto, ni agravar sentencia condenatoria. Únicamente se podrá declarar la nulidad de la misma, pero dicha nulidad deberá ser solicitada expresamente en el escrito de apelación. En el presente caso no se ha hecho y, por ello, debe mantenerse la valoración probatoria realizada por el Juzgador de instancia, bajo los principios de contradicción e inmediación de los que se carece en apelación, no pudiendo intervenir (preguntas y aclaraciones) en la prueba practicada en primera in,
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL OLMEDO PALACIOS
  • Nº Recurso: 1218/2019
  • Fecha: 08/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se remarca en la sentencia que cuando se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, como sucede en esta caso, no se trata de comparar la valoración probatoria efectuada por el juzgador de instancia y la que sostiene la parte que recurre, sino de comprobar la racionalidad de aquella y la regularidad de la prueba utilizada y salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el órgano judicial que ha presenciado directamente la práctica de las mismas. Y en el supuesto enjuiciado, el hecho de encontrarse el acusado dentro del vehículo hurtado, y de arrojar las llaves del mismo al ser sorprendido por la Policía cuando se encontraba en el vehículo con el otro acusado, unido a la circunstancia de que su propietaria lo había dejado correctamente aparcado en el garaje comunitario de su domicilio apenas 48 horas antes, estima la Sala que permiten deducir razonablemente que el acusado se había previamente apoderado del turismo en dicho garaje, no resultando tal inferencia ni arbitraria ni ilógica, ya que reúne la conjunción de varios indicios que valorados conjuntamente y ante la falta de una explicación razonable de descargo por parte del acusado, permite inducir los elementos necesarios para integrar el tipo aplicado de hurto de uso y la intervención en el mismo del recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10086/2019
  • Fecha: 08/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para apreciar la atenuante analógica de confesión es necesario que aporte datos que supongan una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva. Conexión de antijuricidad: Ausencia de conexión de antijuricidad de prueba derivada de una observación y grabación de conversaciones personales o presenciales cuando no existía la disposición legal habilitante hoy recogida en los artículos 588 quater a al 588 quater e, de la LECRIM. Inexistencia respecto de confesiones autoinculpatorias voluntarias, en las que no existen factores que perturben o condicionen la soberana decisión del confesante. Exigencias temporales y procesales que muestren la voluntariedad de la declaración. Salud pública y organización criminal: Entre el artículo 369 bis por un lado y, por otro, el concurso de los delitos contra la salud pública (368 y 369) con el de organización criminal del 570 bis, concurre un concurso de normas que debe salvarse con la inaplicación de esta calificación, de conformidad con el artículo 8.4 del Código Penal. Dicho concurso no es apreciable respecto del grupo criminal del artículo 570 ter, habida cuenta que la actuación del grupo criminal no es susceptible de la agravación del artículo 369 bis. Por otro lado, el artículo 570 ter es perfectamente compatible con el delito contra la salud pública que no integre la agravación del artículo 369 bis.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10115/2019
  • Fecha: 08/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Alcance del recurso de casación frente a la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia. El recurrente formaliza un recurso de casación en la cual nuevamente reproduce el contenido de su impugnación en el recurso de apelación persiguiendo una tercera instancia sobre los hechos objeto del proceso. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, ya se trate de sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Penal, ya por las Audiencias provinciales. En ambos supuestos se generaliza la segunda instancia, respectivamente ante la Audiencia provincial o ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. La casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10299/2019
  • Fecha: 08/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de la Sala II no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. En relación con los delitos contra la libertad sexual para apreciar la continuidad delictiva, el legislador establece dos requisitos: 1) cuando afecte a un mismo sujeto pasivo, por lo que si estos delitos se dirigen contra varios sujetos, no cabrá aplicar la continuidad delictiva, salvo que proceda varias continuidades delictivas contra varios sujetos; 2) antes de proceder a decidir si se aplica o no la continuidad delictiva, habrá que atender a la naturaleza del hecho y del precepto infringido.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Albacete
  • Ponente: MARIA ROSARIO SANCHEZ CHACON
  • Nº Recurso: 28/2019
  • Fecha: 07/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena por un delito de detención ilegal en concurso medial con un delito de robo con violencia en las personas cometido en el domicilio de la víctima y con resultado de lesiones leves. Abuso sexual cometido en el curso de la inmovilización de la víctima del robo que es calificado como abuso sexual sin violencia o intimidación. Concurso medial entre la detención ilegal y el robo al mantenerse la privación de libertad más allá de la acción depredatoria. La víctima es abandonada por los autores completamente inmovilizada dentro del domicilio en que han cometido el robo. Delito leve de lesiones. Declaración y reconocimiento de la víctima como elemento de incriminación respecto de los tres acusados. Reincidencia. Atenuante de confesión que no se aprecia. Atenuante de reparación del daño que no se aprecia a pesar de la consignación parcial de la cantidad reclamada, porque el importe no le fue ofrecido a la víctima ni alcanza valores suficientes para la efectividad de la atenuante. Drogadicción que no consta que haya influido en la culpabilidad de quien la invoca. Penalidad. Sustitución de la pena de prisión por la medida de expulsión del condenado extranjero. No se acuerda por la duración de la prisión.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Alicante/Alacant
  • Ponente: EVA INMACULADA MARTINEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1119/2019
  • Fecha: 07/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se interpone recurso de apelación contra la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito leve de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Sostiene el recurrente, en esencia, que existe error en la valoración de la prueba, pues el denunciado no reconoció la titularidad de la cuenta desde la que se envía el correo ni haberlos enviado. Y respecto de los audios de whatsapp afirmó que no tenían como destinataria a la denunciante sino a la hermana de ésta. Para determinar la condena por injurias leves, la magistrada ha razonado de forma lógica y coherente tanto lo manifestado en el propio acto del Juicio por el denunciado, quien sí reconoció el correo electrónico desde el que se mandó los mensajes, e incluso se reafirmó en la Sala sobre lo que pensaba de la denunciaba. E igual razonamiento efectúa sin contradicción y totalmente fundamentado sobre los audios y quien componía el grupo de whatsapp al que van dirigidas las expresiones. Por lo que se refiere a la pena impuesta, alega el recurrente que infringe el principio de proporcionalidad y que debería haber sido impuesta en su mínima extensión. Siendo el propio denunciado el que optó por la pena, considerándose su duración adecuada, pues el reconocimiento espontáneo del acusado a que se refiere su defensa se traduce en una reafirmación en la ofensa, no puede hacerlo merecedor de una rebaja de sanción. Por lo que se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10737/2018
  • Fecha: 03/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Es conforme con nuestra doctrina valorar las declaraciones sumariales practicadas con las formalidades legales e introducidas en el plenario en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción. Ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del juicio oral (art. 714 LECrim), o ante la imposibilidad material de su reproducción (art. 730 LECrim), el resultado de la diligencia accede al debate procesal público ante el Tribunal, cumpliéndose así la triple exigencia constitucional de toda actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción. El reconocimiento fotográfico es una diligencia que ordinariamente se practica en sede policial, que permite orientar la investigación hacia determinadas personas, pero que, en ningún caso, constituye prueba de cargo suficiente para justificar una condena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10162/2019
  • Fecha: 03/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Prueba indiciaria. ADN. Modificación de las conclusiones provisionales por las acusaciones en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado: rigen los mismos principios que en el resto de procesos. Cabe su variación tras el desarrollo de la prueba con algunos específicos condicionantes. La defensa, ante esa alteración de la pretensión acusatoria, cuenta con la facultad de pedir la suspensión para una mayor preparación o aportación de otras pruebas. Análisis de la comunicabilidad de la alevosía y de la agravante de disfraz.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10004/2019
  • Fecha: 03/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El control de la inferencia de la tenencia destinada al tráfico a partir de las sustancias y objetos intervenidos, no es revisable en motivo por infracción de ley, sino a través de la conculcación del derecho a la presunción de inocencia.El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha advertido la irrelevancia a efectos constitucionales de la intensidad, periodicidad o habitualidad del uso privado del espacio si, a partir de otros datos como su situación, destino natural, configuración física, u objetos en él hallados, puede inferirse en él el efectivo desarrollo de vida privada.La garantía constitucional de su inviolabilidad no es extensible a "aquellos lugares cerrados que, por su afectación -como ocurre con los almacenes, las fábricas, las oficinas y los locales comerciales (ATC 171/198, FJ 2)-, tengan un destino o sirvan a cometidos incompatibles con la idea de privacidad". En concreto, el Tribunal Constitucional ha concluido "que una vivienda es domicilio aun cuando en el momento del registro no esté habitada (STC 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5)", pero no considera domicilio los locales destinados a almacén de mercancías.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.