Resumen: En el caso concurren elementos que excluyen la infracción del principio de igualdad y justifican la diferente pena impuesta al recurrente y al coacusado al que se refiere. Así, respecto de este último, el Tribunal argumentó que, además de carecer de antecedentes penales de todo tipo, no había quedado probado que fuera el responsable último de la importación de la mercancía; que tenía por encima otras personas a cuyas órdenes respondía con su actuación; que en juicio reconoció los hechos esenciales y su responsabilidad en ellos, y que ha facilitado información corroborativa de la investigación policial en algunos de sus extremos, singularmente en relación a las personas de quienes recibía órdenes o instrucciones, aún no juzgadas.Por el contrario, en relación con el recurrente, el Tribunal tuvo en cuenta, entre otros aspectos, que el hecho se cometió mediante el concierto de varias personas y que éste daba instrucciones y, además, que trató de mantener una distancia que dificultase su identificación y posteriormente su condena.El acta de inspección de la mercancía solamente puede acreditar la fecha en la que se llevó a cabo y el resultado consignado de la misma. El Tribunal no ignora dicha acta ni la incorpora a la sentencia de forma equivocada en cuanto a esos extremos. Pero no demuestra si el recurrente participó o no en la operación. Se ha negado el valor documental de las resoluciones de otros tribunales en cuanto a la realidad de los hechos consignados en las mismas.
Resumen: Se estima el recurso de casación presentado en el que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si es discriminatorio el límite de 75 años que se establece para la adscripción al Turno de Oficio y si los Colegios Profesionales, en este caso, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ostentan potestad normativa al efecto. La Sala concluye que la falta de justificación objetiva del límite de edad y la finalidad que perseguía el Colegio, impiden determinar su proporcionalidad en relación con esa finalidad, que se desconoce, lo que les lleva a considerar discriminatorio por razón de edad el art. 1.4.d) de las Normas reguladoras del Turno de Oficio, aprobadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, y ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE y de la STC 29/12- que el establecimiento de una edad máxima -75 años- en el Turno de Oficio (no obstante las excepciones que se establecen) es discriminatoria por razón de edad al desconocerse el objetivo, impidiendo hacer un juicio de valor sobre la adecuación de esa restricción y su proporcionalidad. Asimismo, afirma que los Colegios de Abogados -ex art. 22 de la Ley 1/96 - son competentes para la regulación y organización del Turno de oficio, y, por tanto, para el establecimiento de la fijación de límites máximos de edad, siempre que el objetivo perseguido sea legítimo y el límite proporcionado.
Resumen: El delito de apropiación indebida lo cometerá quien, habiendo recibido cantidades que por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí, bien para las necesidades de sus negocios. El delito se consuma cuando se llega al "punto sin retorno", es decir, cuando el promotor incumpla definitivamente la doble alternativa prevista por la ley: entregar la vivienda o devolver el dinero que debería haber garantizado. Cuando el promotor incumple tales obligaciones de abrir la cuenta especial y dedicarla a la obra comprometida, y la dedica o la confunde con otros patrimonios de otras promociones, y ante la petición de devolución de lo recibido a cuenta o acredita el destino de ese dinero a la ejecución de la obra comprometida -aunque no acabada- o puede concurrir el delito por el que se ha condenado por la Audiencia.
Resumen: Delito contra la salud Pública. El TS estima el recurso al considerar insuficiente la eficacia probatoria de un testigo (principal prueba de cargo) que, sin haber sido declarado judicialmente como protegido, recibió tal tratamiento procesal. En este sentido, recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para poder erigirse en prueba de cargo, la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos. El primero de ellos que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto; el segundo, que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en su caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio; y el tercero, que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por sí sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. En el caso concreto, destaca que "ninguna resolución a tal efecto fue dictada por el Juez de instrucción en la fase de investigación ni por el órgano de enjuiciamiento al recibir las actuaciones. por lo que se vio vulnerado el derecho de defensa de la recurrente.
Resumen: Se aplica la agravante de especial vulnerabilidad de la víctima porque el autor se aprovechó de las intensas relaciones entre las familias de víctima y ofensor para realizar el delito. Se analiza el concepto de acto sexual para calificar la conducta como abuso sexual. Atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En la individualización de la pena se establece una doble subida penológica por la concurrencia del subtipo agravado y la continuidad delictiva.
Resumen: La denegación de pruebas testificales se trata de un motivo entablado per saltum. No se reclamó en el previo recurso de apelación por la denegación de la segunda de las solicitudes aludidas. Ello, por sí, constituiría causa de inadmisión. No pueden introducirse en casación razones de impugnación no hechas valer en apelación. Solo es viable una queja contra la sentencia de instancia si antes se ha defendido en la apelación. El silencio sobre ese extremo en la segunda instancia (aunque no es propiamente tal en rigor en el proceso de jurado) lo expulsa del debate de forma definitiva. La convicción de la Sala debe entenderse lógica, racional y conforme a las máximas de experiencia, por cuanto el hecho de que la Sala dé valor prevalente a aquellas pruebas frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Antes, al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el tribunal de las manifestaciones y pruebas de descargo del acusado. Y en este caso, no existe prueba de la versión exculpatoria del acusado; resulta inverosímil.
Resumen: La infracción de ley es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. Para apreciar un trastorno metal transitorio es preciso que la alteración en el estado de ánimo hubieran resultado anuladas. El error de hecho no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba. La expresión "no sé lo que hecho", desprovista de cualquier otro tipo de colaboración por el acusado, no determina sin más la aplicación de la atenuante de confesión.
Resumen: La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados y los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria. Frente a la parca fundamentación de la sentencia recurrida obra de la mayoría, contrasta el minucioso examen que realiza el voto particular del miembro del tribunal discrepante, de toda la prueba practicada, llegando a la conclusión de que no pudo quedar desvirtuado el derecho de los acusados a la presunción de inocencia.Una vez realizado un reconocimiento fotográfico dudoso -que se produce casi nueve años después de los hechos-, con las repercusiones que ello ha de tener en la memoria del testigo y en la propia fisonomía del reconocido, debió procederse con la mayor celeridad posible a la práctica de un reconocimiento en rueda. La exhibición de una sola fotografía al testigo no cumple con los requisitos exigidos para la realización de una diligencia de reconocimiento fotográfico, y es susceptible de viciar reconocimientos ulteriores en rueda, pues ya no sabemos si el testigo reconoció en rueda al sujeto de los hechos o a la persona que posteriormente vió en fotografía (en grabación videográfica en este caso).Cuestión que no ha sido preguntada al testigo en el plenario, siendo la carga de la prueba de la acusación y no de las defensas, ya que el acusado goza del derecho a la presunción de inocencia.
Resumen: El TS examina el artículo 434 del Código Penal (atenuación derivada de la reparación o colaboración del acusado). Afirma que se trata de una atenuación cualificada, cuyos efectos sobre la pena se equiparan a los previstos para las que con carácter general se recogen el artículo 21CP, cuando operan como muy cualificadas. Integran esta atenuación cualificada dos conductas previstas de manera alternativa. De un lado, la reparación efectiva a íntegra del perjuicio causado; de otro la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Bastará para su apreciación con que concurra una de ellas, no siendo necesario el concurso de ambas. Respecto a la reparación del daño, las expresiones «efectivo e íntegro» descartan los supuestos de reparación parcial, quedando relegados al ámbito de la atenuante genérica los supuestos en que ésta implique contribución parcial pero relevante a la disminución del daño. Ha de ser «efectivo», lo que descarta la virtualidad a estos efectos de un compromiso de futura devolución.
Resumen: Determinar si cabe derivar la responsabilidad solidaria al menor de edad en aquellos supuestos en que su actuación como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes, que constituya el hecho causante de la responsabilidad solidaria, se ha llevado a cabo por medio de su representante, ya sea legal o voluntario.