Resumen: Las declaraciones testificales en el Plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro. Esta Sala admite como manifestaciones espontáneas supuestos de declaración no provocada seguida de la aportación de un dato fáctico esencial desconocido por la fuerza, que se comprueba seguidamente como válido. La posición en el juicio de los testigos adquirentes de droga es extremadamente delicada, como nos enseña la experiencia del foro, pues delatar al vendedor le va a acarrear seguras y graves represalias, no sólo por lo que en sí supone de imputación delictiva, sino por los riesgos que corren, de verse inmersos en problemas judiciales, los eventuales vendedores que decidan no suministrarle alguna dosis en ocasiones futuras.
Resumen: Delito de estafa. Elementos del delito. El engaño bastante. El recurso de casación tras la reforma operada por la LO 41/2015, de 5 de octubre. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: límites a la valoración de la prueba practicada en la instancia. La credibilidad de los testigos.
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
Resumen: En el caso enjuiciado, puede deducirse el ánimo homicida, en función del instrumento utilizado, un vehículo de motor, mecanismo apto para acabar con la vida de una persona mediante su atropello. La víctima se encuentra en una esquina que hace chaflán, prácticamente al lado de la pared del inmueble que bordea tal esquina, de manera que de ser alcanzada, hubiera sido empotrada entre el morro del vehículo y la pared, cuyo aprisionamiento es potencialmente letal. Por si fuera poco, la velocidad con que iba a ser acometida era la adecuada para un desarrollo mortal. Únicamente puede salvarse por la maniobra de su amiga, que la empuja hacia fuera de la trayectoria del móvil, con lo que salva milagrosamente su vida. Se califica la acción del intento de atropello con dolo de muerte, como constitutivo de un delito intentado de homicidio en concurso ideal, del art. 77.1 del Código Penal, con un delito de lesiones dolosas, causadas con instrumento peligroso, tipificadas en los arts. 147 y 148.1º del Código Penal. Al no existir más que una víctima, a la que se causan lesiones como consecuencia del intento de atropello, el delito de lesiones dolosas no puede calificarse aparte, sino que tal consecuencia es la correspondiente a la causación de lesiones mediante el hecho calificado de homicidio intentado, no pudiendo tener el autor dolo de matar y de lesionar a la misma persona y al mismo tiempo; en otras palabras, no hay un concurso de delitos, sino un solo delito (homicidio intentado).
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedieron a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto.
Resumen: El TS, ante la alegación previa de la Administración demandada del incumplimiento por la entidad recurrente del requisito que establece el art. 45.2.d) LJCA para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, recuerda STS de Pleno de 5 de noviembre de 2008 (rec. 4755/2005), que aclaró definitivamente la necesidad de las entidades mercantiles de aportar el acuerdo corporativo al que hace referencia el citado precepto. En el presente caso, siendo necesario acreditar, no sólo el nombramiento como administrador único, sino también que, como tal administrador único, disponía de la capacidad interna necesaria para ejercitar acciones en su nombre de conformidad con los estatutos, resulta tal requisito no se ha cumplido por la recurrente ya que no consta acreditado en forma alguna que la firmante del acuerdo aportado sea, efectivamente, la administradora única de la sociedad. Y siendo un requisito subsanable, sin embargo la recurrente no ha procedido en consecuencia ante la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración en la contestación a la demanda, lo que obliga a declarar la inadmisibilidad del recurso sin necesidad de que por la Sala se tenga que abrir de oficio ningún trámite de subsanación.
Resumen: La Sala inadmite el recurso. La causa de inadmisibilidad aducida por la Abogacía del Estado por incumplimiento del requisito establecido en el art. 45.2.d) LJCA se expresó en términos claros e inequívocos en su escrito de contestación a la demanda y la inadmisibilidad del recurso fue, asimismo, la petición principal, formulada de forma expresa, contenida en dicho escrito y reiterada en el de conclusiones, por lo que correspondía a la parte actora rebatirla. Sin embargo, recibidos por ella ambos escritos, de contestación a la demanda y de conclusiones, a pesar de que pudo hacer uso de la posibilidad de subsanación que le brindaba el art. 138.1 LJ nada hizo, sino que mantuvo a lo largo del proceso hasta su culminación por sentencia una total pasividad, incluso en la segunda demanda (que presentó tras ampliarse el recurso a la resolución expresa, cuando ya conocía la objeción opuesta por la demandada), y en el trámite de conclusiones en los que también guardó silencio al respecto. Por ello esta Sala no tenía por qué abrir de oficio ningún trámite de subsanación, encontrándose plenamente habilitada, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, para declarar la inadmisibilidad del recurso por esta causa directamente en la sentencia, de forma congruente con lo planteado por la Administración demandada en su contestación y conclusiones.
Resumen: Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.Si no constan los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por el abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. El relato de hechos es parco en la descripción del previo antecedente en el que se basó la apreciación de la reincidencia.Todas las posibilidades son viables en abstracto, lo que implica que, computado el plazo de cancelación desde la fecha de la firmeza que se apunta, en todas las hipótesis salvo en la más grave que reconduce al plazo de diez años, el antecedente sería cancelable. La acumulación aglutina condenas que derivan de infracciones heterogéneas. De cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. En los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.
Resumen: El concepto de engaño bastante, no puede servir para desplazar al sujeto pasivo del delito todas las circunstancias concurrentes desplegadas por el ardid del autor del delito, de manera que termine siendo responsable de la maquinación precisamente quien es su víctima, que es la persona protegida por la norma penal ante la puesta en escena desplegada por el estafador. Únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese caso, el engaño no es bastante.La entidad financiera hizo las comprobaciones que pudo realizar. Exigió que se justificara documentalmente la existencia de la entidad prestataria y el cargo en virtud del cual el acusado contrató. No podemos entender que la diligencia del perjudicado fuese inexistente, aunque pudo haber sido más exigente, pero no en términos que este aspecto neutralice el engaño bastante desplegado por la acusada ahora recurrente.El responsable civil subsidiario tiene limitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penales.No es posible estimar vulnerada la presunción de inocencia o el principio in dubio pro reo a la responsabilidad civil derivada del delito que se rige por las reglas del derecho civil, y que en este caso resultaron debidamente aplicadas al haber actuado el acusado como legal responsable de la entidad condenada como responsable civil.
Resumen: Alcance de la legitimación en casación del responsable civil subsidiario: la doctrina del Tribunal Supremo no ha sido siempre lineal. Ha oscilado entre una postura muy restrictiva, según la cual el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria, que se agota en la impugnación de los daños y perjuicios. Otra postura apunta a una ampliación, para evitar la indefensión, a todos los extremos que afecten a la consideración antijurídica del hecho fuente de su responsabilidad. En todo caso, se le niega para las cuestiones de hecho. En el caso, el recurrente plantea cuestiones que exceden de su ámbito de legitimación. En los hechos probados, se pone de manifiesto la connivencia en la estrategia de defraudación del recurrente en su calidad de empleado de la entidad condenada. La responsabilidad civil subsidiaria se vertebra en dos notas: una relación de dependencia entre el autor del delito y el principal y que el autor actúe extralimitándose dentro de sus funciones. La determinación de la responsabilidad civil subsidiaria no está influenciada por el derecho a la presunción de inocencia. Requisitos de la vía del error en la apreciación de la prueba. La conformidad en sentencia es un punto de partida inmodificable para la responsabilidad civil. El responsable civil subsidiario sólo puede impugnar las circunstancias que determinan el alcance de su responsabilidad.