• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2743/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal encargado de la apelación expresa sus dudas sobre la veracidad y credibilidad en el testimonio de la víctima, única prueba sobre el origen de las lesiones y lo hace argumentando sobre la falta de coherencia de la declaración de la víctima, pues carece de congruencia afirmar que el acusado la obligó a no incriminarle y, al mismo tiempo, afirmar que llegó al hospital privada de conocimiento y que al despertar narró que había sido una amiga que le causó las lesiones. Por otra parte, no contribuye a esa credibilidad en el testimonio el hecho de afirmar que el origen radicaba en la obligación a la prostitución ejercida por el acusado. Y al mismo tiempo, declarar que esa obligación no se produjo. En cuanto a la corroboración del testimonio expresado por el parte médico éste no tiene el sentido incriminatorio hacia el acusado pues lo que relata que es el carácter agresivo de la lesión. El tribunal concluye la motivación de su convicción absolutoria afirmando "que el testimonio de la víctima no aparece revestido de poder conclusivo suficiente para desvirtuar, más allá de toda duda razonable, la presunción constitucional de inocencia", con una motivación razonable sobre la base de lo documentado en el juicio y una vez conocida el contenido de la sentencia que revisa. La motivación es razonable del tribunal ha satisfecho las garantías del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al proporcionar una explicación razonable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2496/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El CP de 1995 ha castigado siempre el delito de agresión sexual con penetración, cuando afecta a víctimas especialmente vulnerables con pena de prisión de 12 a 15 años. Pena que, en caso de continuidad delictiva, desde el 1-10-2004 que entró en vigor la LO 15/2003 puede llegar hasta los 17 años y 6 meses. Precisamente esta última norma modificó el art. 74 CP para permitir la elevación penológica del delito continuado hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. En ambos casos el plazo de prescripción es el mismo, 20 años. Y ese mismo plazo de 20 años es el que determinaba la prescripción del delito según la legislación vigente a la fecha de los hechos, el CP de 1973, a partir de que la LO 8/1983 modificó el art. 69 para permitir la elevación de la pena del delito continuado hasta el grado medio de la pena superior en grado. Cualquiera que sea la legislación porla que optemos, el delito no ha prescrito. Rechazó el Tribunal sentenciador que el tiempo transcurrido hasta que la víctima denunció los hechos afectase a la credibilidad. Criterio razonable a partir de las circunstancias que rodearon los distintos acometimientos, que se sucedieron durante varios años cuando el afectado todavía no había alcanzado la suficiente madurez. Los distintos informes explicaron como las rutinas traumáticas que le fueron impuestas de manera continuada hasta los 16 años, quedaron contenidas y bloqueadas en su psiquismo hasta que se produjo un suceso que provocó su eclosión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1807/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2676/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS, después de recordar su doctrina relativa la deber de motivación en relación con la determinación de la extensión de la pena afirma que, en el caso concreto, la pena ha sido correctamente impuesta por el Tribunal. No se trata de aplicar primero la regla del art. 66.1.2ª por la concurrencia de la atenuante cualificada, y después la regla 1ª del citado artículo por la concurrencia de una atenuante simple, sino que el Tribunal debe tener en cuenta el total de las atenuantes concurrentes y su entidad, para rebajar la pena en uno o dos grados, y para individualizarla, por aplicación del art. 66.1.2ª. Dentro de la argumentación jurídica existen elementos de donde se puede deducir la individualización en relación a la bajada de la pena en un solo grado, aunque sea implícitamente, así como en relación a la concreta fijación de las penas, donde expresamente se hace referencia al total de la cantidad defraudada y a las múltiples falsificaciones llevadas a cabo, por lo que teniendo en cuenta que corresponde al tribunal de instancia la individualización de la pena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 2931/2018
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El caso examinado consistió en que el denunciante fue fotografiado, sin su consentimiento, por una tercera persona mientras practicaba actos de carácter sexual (art. 197.1 y 6 CP) y, después, la acusada le exigió la entrega de 60.000 euros con la amenaza de que, de no hacerlo, haría llegar las fotos a su familia (Art. 171.2 CP). El TS afirma que la relación entre los arts. 197.7 -actual art. 197.6- y 171.2 es la propia de un concurso de normas a resolver conforme a la regla de especialidad. Y en este caso, la ley especial -art. 171.2- deroga a la ley general -art. 197.7-. El legislador ha querido agravar, mediante la aplicación del art. 197.7 -actual art. 197.6-, aquellas conductas en las que la vulneración del derecho a la intimidad esté filtrada por un propósito lucrativo. Quien obtiene o cede imágenes que comprometen la intimidad de la persona afectada y lo hace a cambio de dinero, incurre en un tipo agravado que suma a la ofensa del bien jurídico protegido, el especial reproche de la motivación económica. Sin embargo, el art. 171.2 del CP entra en juego cuando a la vulneración de la privacidad sigue un atentado a la libertad, al sosiego, al equilibrio anímico de la víctima, a la que se amenaza con difundir las imágenes si no se aviene a pagar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10286/2019
  • Fecha: 09/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, aun cuando fuera la única prueba disponible, como es frecuente que acaezca en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada. El tiempo de paralización de un procedimiento como consecuencia de una declaración de sobreseimiento parcial y provisional, no puede luego invocarse a efectos de integrar el fundamento material de la atenuante de dilaciones indebidas. Nuestra jurisprudencia refleja además que tampoco resulta oportuna la minoración penológica si no se aprecia una negligencia en la actuación procesal del Juez o una disfunción atribuible a la Administración de Justicia. El artículo 21.6 CP exige como base para su apreciación que la paralización sea indebida, no justificada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10492/2019
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No hay obstáculo para que si comparece en el juicio, acompañado de abogado, se permita la personación de la víctima "apud acta" incorporándose con plenitud de derechos y sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas. La determinación del ámbito de competencia del Tribunal del Jurado se obtiene por la aplicación combinada de los arts. 1 y 5 de la LOTJ, interpretados conforme al acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 9 de marzo de 2017. Si nos centramos en la relación funcional entre los delitos contra la libertad sexual y contra la vida por los que B. ha resultado condenado, sería de aplicación el apartado 6 del citado acuerdo, según el cual, « en los casos de relación funcional entre dos delitos (para perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad) si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al art. 5.2.c) de la Ley del Tribunal del Jurado, se estimará que existe conexión conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos». Y si a lo que atendemos es a la unidad de designio, cobra especial valor el párrafo segundo del apartado 5: « cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente en unidad temporo- espacial y uno de ellos sea competencia del Tribunal del Jurado, se considerarán delitos conexos por analogía con lo dispuesto en el art. 5.2 de la LOTJ, por lo que, si deben enjuiciarse en un único procedimiento, el Tribunal del Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10372/2019
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contenido de análisis cuando se alega en casación la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, particularmente cuando ha existido una previa resolución del recurso de apelación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante bastante. Parámetros jurisprudenciales de valoración de la declaración de la víctima. Persistencia en las declaraciones de la víctima, sin la concurrencia de importantes contradicciones. Corroboración otorgada por el informe pericial de la declaración de la víctima, que se calificó de fiable, y la testifical de las personas del entorno familiar que pusieron de relieve la existencia de episodios violentos previos. La inexistencia de lesiones no supone la minusvaloración de la credibilidad del testimonio. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Ha de basarse en documentos literosuficientes. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual por sí solo no permite la aplicación de la atenuante. Supuestos en los que una toxicomanía puede producir una anulación total de la responsabilidad criminal. La aplicación de una toxicomanía como eximente competa sólo es posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica. La atenuante de grave adicción es una atenuante funcional. Carácter no documental de los informes periciales. Continuidad delictiva en delitos contra la libertad sexual. Rechazo jurisprudencial en general a su aplicación. Inaplicabilidad al caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2891/2018
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quedó acreditado que Fórum ofrecía al público la venta de sellos asegurando que se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma Fórum los adquiriría. Aseguraba una rentabilidad durante ese plazo superior a la que ofrecían las entidades bancarias. Los clientes ignoraban que el dinero que entregaban a la sociedad se destinaba, entre otros fines, a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, llegando a desviarlo hacia el patrimonio personal de los acusados. Ignoraban que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos y que estaba en situación de insolvencia. Se analiza la intervención en operaciones para ocultar el origen del dinero que los autores de la estafa desviaban a su favor. Las cuentas anuales estaban falseadas pues no reflejaban que el activo no podía hacer frente a las deudas. Se analizan en la sentencia los concursos entre los diferentes delitos, la vulneración del bis in ídem, las diversas formas de autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales, la responsabilidad del auditor de cuentas, la aplicabilidad del art. 14 del Código Penal, la justicia Universal y el delito de blanqueo, la responsabilidad civil y el decomiso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2519/2018
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa. Recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El delito de estafa: elementos del delito. El engaño bastante. Doctrina jurisprudencial sobre el subtipo agravado previsto en el artículo 250.1.6 del Código Penal (LO 5/2010). El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la valoración de la prueba: requisitos de prosperabilidad. El concepto de documento a efectos casacionales. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, por falta de claridad en los hechos declarados probados y predeterminación del fallo (art. 851.1 LECrim.). Autoría y participación. Coautoría.

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