• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3782/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Admitida la necesidad de que en la determinación del precio de venta al público de las mercancías intervenidas o decomisadas se tenga en cuenta el estado de conservación del tabaco, se hace difícil entender el enlace entre esa exigencia normativa y el contenido material del derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia ha concluido que en el interior de los dos contenedores que arribaron al puerto de Barcelona había 700.000 cajetillas de tabaco. Y ha proclamado esa inferencia a partir del examen de la prueba documental y testifical que fue sometida a contradicción durante el plenario.Basta la lectura del relato de hechos probados para descartar su encaje en la infracción de la norma de cuidado, del deber de diligencia que da vida al tipo imprudente. El acusado aprovechando su condición de apoderado de Agente de Aduanas, con la finalidad de importar una gran cantidad de tabaco, sin abonar la deuda aduanera y obtener un beneficio económico, simuló una importación más del material que habitualmente éste importaba, concretamente artículos de uso doméstico en plástico.La introducción irregular de mercancías se consuma desde que pasan la primera oficina aduanera situada en el interior del territorio aduanero de la Comunidad sin que hayan sido presentadas en ella. Pasaron cuatro días en los que la mercancía clandestina -ya en territorio español- estuvo a disposición del acusado, sin control de los agentes de Vigilancia Aduanera. Mal se puede hablar de tentativa de delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3487/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 24/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedieron a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 145/2019
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS, ante la alegación previa de la Administración demandada del incumplimiento por la entidad recurrente del requisito que establece el art. 45.2.d) LJCA para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, recuerda STS de Pleno de 5 de noviembre de 2008 (rec. 4755/2005), que aclaró definitivamente la necesidad de las entidades mercantiles de aportar el acuerdo corporativo al que hace referencia el citado precepto. En el presente caso, siendo necesario acreditar, no sólo el nombramiento como administrador único, sino también que, como tal administrador único, disponía de la capacidad interna necesaria para ejercitar acciones en su nombre de conformidad con los estatutos, resulta tal requisito no se ha cumplido por la recurrente ya que no consta acreditado en forma alguna que la firmante del acuerdo aportado sea, efectivamente, la administradora única de la sociedad. Y siendo un requisito subsanable, sin embargo la recurrente no ha procedido en consecuencia ante la causa de inadmisibilidad opuesta por la Administración en la contestación a la demanda, lo que obliga a declarar la inadmisibilidad del recurso sin necesidad de que por la Sala se tenga que abrir de oficio ningún trámite de subsanación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3288/2018
  • Fecha: 04/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.Si no constan los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por el abono de prisión preventiva, redención, indulto o expediente de refundición. El relato de hechos es parco en la descripción del previo antecedente en el que se basó la apreciación de la reincidencia.Todas las posibilidades son viables en abstracto, lo que implica que, computado el plazo de cancelación desde la fecha de la firmeza que se apunta, en todas las hipótesis salvo en la más grave que reconduce al plazo de diez años, el antecedente sería cancelable. La acumulación aglutina condenas que derivan de infracciones heterogéneas. De cara a la reincidencia solo serán efectivas las condenas por delitos incluidos en el mismo título del CP y de la misma naturaleza. En los casos en que no sea posible realizar ese análisis particularizado, necesariamente habremos de acudir como fecha de extinción a la de firmeza de la sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 1627/2017
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que no acogió una pretensión de responsabilidad civil letrada, derivada de un procedimiento judicial anterior de reclamación de daños, con ocasión de un accidente de circulación. La demanda se fundamentó en el hecho de que la letrada dejó prescribir la acción e interpuso la demanda cuando esa acción ya estaba prescrita, En el recurso de casación se hace supuesto de la cuestión, pues la Audiencia apreció con acierto una alteración de la causa de pedir, ya que la demanda se fundamentó en ese doble error (dejar prescribir la acción e interponer una demanda abocada al fracaso, al estar la acción prescrita). Esta concreta razón de pedir es indebidamente modificada al interponer el recurso de casación, porque lo que se achaca ahora a la demandada es la pérdida de la oportunidad de no haber recurrido la sentencia que declaró prescrita la acción, cuando esta afirmación jurídica nunca constituyó el fundamento de la negligencia profesional imputada. Una cosa es considerar que la acción había sido interpuesta con vulneración de la lex artis, y otra bien distinta no haberla recurrido, en cuyo caso la voluntad del litigante adquiere especial importancia. En cualquier caso, no puede reputarse esta responsabilidad por el hecho de dejar prescribir la acción; esa alegación fáctica no ha resultado probada, de forma que no existiría nexo causal entre su actuación y el daño pretendido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 3393/2017
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que estimó la acción declarativa y de nulidad de un decreto de adjudicación de un garaje instada por quien era su propietario, con título no inscrito cuando se decretó su embargo. Este propietario, una vez que inscribió, se personó en la ejecución impugnando el decreto de adjudicación e instando la nulidad de actuaciones que fue rechazada. El procedimiento de ejecución no crea efecto de cosa juzgada. La regulación de la ejecución permite en las diferentes fases la posibilidad de discutir la titularidad del bien embargado en el declarativo que corresponda, de hecho la tercería de dominio termina por auto que no produce efectos de cosa juzgada sobre su titularidad. La subasta no convierte en irreivindicable la adquisición de un bien cuando pertenece a un tercero y el adjudicatario solo queda protegido en su adquisición si se cumplen los requisitos que se exigen para las adquisiciones a non domino en el art. 33 (validez del acto adquisitivo) y 34 LH. En el caso, el adjudicatario no ha adquirido de forma irreivindicable porque la Audiencia ha considerado que el demandante debió haber sido llevado a la ejecución y no hubo oportunidad porque no se agotaron las posibilidades de notificación personal del ejecutado, que podía haber acreditado la transmisión del bien embargado. Además, cuando el adjudicatario inscribió, ya había accedido al registro la transmisión del verdadero titular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3177/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. La potencialidad lesiva propia de las armas de fuego descritas no es discutida, así como el resto de las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional, salvo su peligrosidad para la seguridad ciudadana; sin embargo del relato resulta, además de la pluralidad y aparente falta de almacenamiento seguro, la existencia de un arma corta disimulada en un mero tubo de acero, cuya ínsita peligrosidad determina la absoluta prohibición de su tenencia; tanto más cuando a su disimulada naturaleza, esa simple contextura, le impide tener integrado cualquier sistema de seguridad. Los informes de credibilidad no dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, manipulación o invención. Aunque el dictamen psicológico obtenga un resultado "indeterminado" sobre la credibilidad del menor, sin poder decidirse en un sentido o en otro, no es un elemento de prueba que pueda desvirtuar la convicción del Tribunal sentenciador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 4051/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La imparcialidad constituye el núcleo de la función de juzgar, pues sin ella no puede existir el "proceso debido" o "juicio justo. Este derecho presenta las características propias de un derecho de configuración legal en cuanto al modo y momento de su ejercicio. No cabe apreciar la lesión de este derecho si el recurrente tuvo ocasión de plantear tempestivamente la recusación y no lo hizo. Esta garantía de imparcialidad se concibe en favor de las partes procesales, pero también, y sobre todo, en interés público, por lo que han de tomarse en cuenta todos aquellos supuestos en que concurra una "sospecha razonable de parcialidad". El Tribunal nacional no puede concluir que el acusado sea culpable simplemente porque ha escogido guardar silencio. Solo en los casos en que la prueba existente en contra del acusado le coloque en una situación en la que le sea exigible una explicación, su omisión puede, como razonamiento de sentido común, permitir sacar en conclusión la inferencia de que no ha habido explicación y de que el acusado es culpable. La prueba ha de ser pertinente, esto es, relacionada con el objeto del juicio y con las cuestiones sometidas a debate en el mismo; ha de ser relevante, de forma que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone; ha de ser necesaria, es decir, que tenga utilidad para los intereses de defensa y ha de ser posible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3323/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa a los indicios probatorios demostrativos de tal delito al afirmar que ha marcado una serie de indicadores particularmente reveladores de la actividad criminal que analizamos. Indicadores tales como: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. Concluye que en el caso, conforme al resultado de las pruebas practicadas, no resulta razonable establecer como probado que el dinero invertido por el acusado en la adquisición de los bienes que relaciona el Tribunal proviniera del tráfico ilegal de drogas.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.