• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 5731/2019
  • Fecha: 19/12/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Se trata de matizar o corregir el criterio sentado en la STS de 30 de junio de 2011 8(Rec. interés de Ley 76/2009) sobre interpretación no rigorista de presupuestos procesales (acreditación de representación) en atención a las circunstancias concretas como pueda ser la la dificultad acreditada de comunicación del Letrado designado de oficio con su representado,ampliándose un plazo suplementario para subsanación, dada la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 8/2018
  • Fecha: 17/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Error judicial en relación con dos juras de cuentas. Entiende el demandante que en dos decretos el Letrado de la Administración de Justicia erró al no tener en cuenta que concurrieron varios demandados y varios letrados en defensa del ahora demandante. En los referidos decretos, en uno de ellos se redujo la minuta por excesiva, de forma notoria, y en el otro se mantuvieron los honorarios, al no considerarse excesivos por la escasez de la fundamentación de la impugnación. La demanda de error judicial, en relación con los decretos mencionados, es inadmisible, porque se ha excedido del plazo de tres meses y porque el error judicial solo se pueden afectar a resoluciones judiciales, y los decretos del Letrado de la Administración de Justicia no tienen tal condición. En cuanto a la providencia de inadmisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones contra auto el recaído en fase de apelación en procedimiento de ejecución de título judicial (el título era uno de los decretos que aprobaban los honorarios), se rechazar la demanda al no concurrir error judicial en la resolución de la Audiencia Provincial, que se ha limitado a la aplicación de la normativa sobre la oposición a la ejecución de títulos judiciales. La solicitud de declaración de error judicial exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquella se dirige, sino que esta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o dictada con arbitrariedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 311/2019
  • Fecha: 13/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Parte el Alto Tribunal de la doctrina fijada al resolver su recurso nº 339/19, respetuosa con la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado «y «por esta misma causa» del artículo 294.1 LOPJ efectuada por la STC 85/19, de 19 de junio, pese a lo cual centra el problema es que en este procedimiento no se está ejercitando propiamente una acción de responsabilidad patrimonial, petición que ya fue desestimada por resolución que devino firme, sino una solicitud de revisión de oficio de dicha resolución al amparo del art. 62.1 a) y 102 de la Ley 30/1992. Por ello, recoge la doctrina de la sala relativa a la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, precisando que en el caso examinado se alegó el supuesto del art. 62.1 a) y, en concreto, la vulneración, por la resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva, del derecho a la presunción de inocencia y el art. 24 CE, considerando aplicable al caso la doctrina establecida en la reciente STC 130/2019, de 13 de noviembre, razón por la cual estima en parte el recurso de casación condenando a la administración a que, tras la admisión de la solicitud de revisión de oficio, tramite el correspondiente procedimiento, dictando la resolución que en derecho proceda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2181/2018
  • Fecha: 12/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La invocación de la garantía constitucional de presunción de inocencia permite al Tribunal de casación constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada; d) una prueba racionalmente valorada. El relato de hechos probados no recoge mención alguna el valor de las sustancias con las que se comerció. Si la sentencia no incluye elementos suficientemente nítidos para establecer el "valor de la droga objeto del delito", el motivo habrá de ser estimado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1968/2018
  • Fecha: 11/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda que la conducta de lesiones leves tipificada como falta al tiempo de la comisión de los hechos, no ha sido despenalizada por la LO 1/2015. Ha pasado a tener la consideración típica de delito leve, con mayor extensión de la pena de multa prevista, pero sometido a una condición de perseguibilidad, la denuncia del agraviado. Aún sustanciada por conexidad en el interior de un proceso por delito, estamos ante la tramitación de una falta, donde la actividad típica que sancionaba se encuentra ahora sometida al régimen de denuncia previa, donde por voluntad del legislador solo cabe pronunciamiento condenatorio en relación con la responsabilidad civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10192/2019
  • Fecha: 10/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de agresión sexual. Modificación del recurso de casación tras la generalización por la Ley 41/2015 del recurso de apelación. La sentencia recurrida es la dictada por el órgano de apelación, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia. La segunda instancia penal confiere al órgano de apelación plena jurisdicción para resolver cuantas cuestiones se planteen. El órgano de apelación puede corregir y revisar la valoración del de instancia. No cabe, por ello, el tratamiento de cuestiones nuevas que no plantearon en apelación, con la excepción de la infracción de precepto penal que beneficie al reo e infracciones de preceptos constitucionales que produzcan indefensión. Presunción de inocencia: validez como prueba de la declaración de la víctima, que, en el caso, está refrendada por otras pruebas como la pericial biológica practicada. Parámetros jurisprudenciales para medir la credibilidad de la declaración de la víctima. Inexistencia de contradicciones relevantes en las declaraciones de la denunciante, que dio, además, una explicación suficiente de ellas, a raíz de la lectura de su declaración anterior. Diseño de los deltios contra la libertad sexual: la existencia de volencia o intimidación supone la primera diferencia entre los delitos de agresión sexual y de abuso sexual. No es necesario que la violencia ni la intimidación sean especialmente intensas, pero han de estar orientadas a la ejecución de actos de carácter sexual. La intimidación reviste numerosas formas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2128/2018
  • Fecha: 05/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La necesidad de motivar las sentencias viene también referida a los pronunciamientos absolutorios, por una triple razón: De un lado, porque la obligación constitucional de motivar las sentencias contenida en los artículos 24.2 y 120.3 de la Constitución, no excluye las sentencias absolutorias. De otro, porque la tutela judicial efectiva también corresponde a las acusaciones en cuanto al derecho a una resolución fundada. Y de otro, porque la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -recogida en el artículo 9.3 de la CE-, afecta a todas las decisiones del Poder Judicial, tanto a la condenatorias, como a las absolutorias.Esta literosuficiencia documental no confluye en los documentos que se aportan, sino que los mismos sirven de base para replantear la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, a partir de las convicciones que el recurrente quiere extraer de los mismos. Los documentos muestran la aportación de 112.000 euros por los perjudicados a los que los documentos se refieren, así como lo que el recurrente aseguró a los cuentapartícipes que él mismo aportaría sin que lo hiciera, en todo caso, ni muestran el engaño captatorio, ni reflejan que no se pudieran hacer las inversiones prometidas a los perjudicados, de suerte que ni prueban la realidad de la estafa, ni siquiera desvanecen las dudas que el Tribunal de instancia refleja en su sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2145/2018
  • Fecha: 04/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El título inicial del que surge la obligación de entregar la parte proporcional del premio correspondiente a la denunciante es la copropiedad del cupón premiado, que atribuye a los copropietarios del derecho al reparto del premio a partes iguales, si no se hubiese pactado otra cosa. El título final, una vez cobrado el premio por el recurrente, es la comisión o mandato tácito, pues ha de entenderse que el recurrente cobró el billete en representación de los cotitulares como costos del cobro mandatario de los mismos, recibiendo la totalidad del premio con la obligación de entregar su parte a cada uno de los copropietarios del billete.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2195/2018
  • Fecha: 03/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Requsitos de legalidad constitucional para proceder a realizar escuchas telefónicas. La negativa a una primera intervención no impide una segunda petición, cuando se han practicado diligencias complementarias. Motivación suficiente del auto de intervención telefónica, basada en la información suministrada por un confidente y que se confirmó mediante seguimientos y vigilancias. Valor de la información suministrada por un confidente. Características de los indicios que refrendan o apoyan la adopción de una medida de interferencia. Se requiere que el auto permita constatar que el Juez disponía de datos objetivos sobre la posible existencia de un delito. Validez de la remisión al oficio policial. Inviolabilidad del domicilio: concepto de titular, doctrina en el caso de varios titulares. Contenido del derecho a la presunción de inocencia. Existencia de prueba de cargo bastante, basada en las declaraciones de los agentes y los resultados de los registros domiciliarios y las intervenciones a compradores. Atenuante de drogadicción: circunstancia funcional. Falta de acreditación de afectación alguna al consumo de droga. Requisitos de la atenuante. La simple adicción no basta. Error en la apreciación de la prueba: requisitos, supuestos en los que se permite que se fundamente en un informe pericial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 5628/2019
  • Fecha: 03/12/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. La Sala Tercera del TS considera necesario un pronunciamiento a fin de reafirmar, reforzar o completar o, en su caso, cambiarlo o corregirlo, el criterio que sobre la cuestión fijó esta Sala en la sentencia de 30 de junio de 2011 (RC 76/2009) en la que se afirmó la posibilidad de mantener un criterio interpretativo del art. 23 LJCA basado en el principio pro actione, que evite un excesivo rigorismo en la aplicación del requisito de acreditar la representación (habilitando, por ejemplo, un plazo suplementario para la subsanación de este defecto procesal en atención a las circunstancias concretas derivadas de la dificultad acreditada de comunicación del Letrado designado de oficio con su representado. Ello, a la vista de pronunciamientos judiciales contrarios a esta doctrina.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.