• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1931/2017
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La acción de arrancar el vehículo con la finalidad primordial de huir, aunque se pusiese en grave riesgo la vida de una persona sin importar sus resultados, merecía indudablemente la consideración de hecho de la circulación y por tanto quedaba en cualquier caso cubierta por el seguro obligatorio, fuese cual fuese la decisión final. Por tanto, la aseguradora resultaba obligada en todo caso, ya fuese dolo eventual o imprudencia grave: no contaba con causa justificada para eludir su obligación. La incertidumbre fáctica (dolo eventual o culpa) no acarreaba ninguna consecuencia sobre la obligación de indemnizar con cargo al seguro obligatorio.La indemnización acordada ha de ser incrementada con los intereses del art. 20 LCS. Durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50%. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento. Esta interpretación favorable a la existencia de tramos y tipos diferenciados, es conforme con la intención del legislador, expresada en la Exposición de Motivos de la Ley 30/1995, en cuyo apartado 6º justifica la reforma relativa al artículo 20 de la LCS .
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2737/2019
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta en el hecho probado que la acción del recurrente de "encañonar" con el arma al agente lo fue con ánimo de entorpecer la labor policial, y es lo que le permite la huida y deja inmóvil al agente que no tiene otra opción que dejarle huir. Pero no puede quedar fuera del examen casacional la referencia a que el arma fuera real, ya que se da por probado el empleo del arma, pero con una ausencia específica de descripción; pero lo que es más importante es que existe una "descripción fáctica insuficiente" del hecho probado en cuanto al uso del arma que permitiría aplicar el subtipo agravado del art. 551 CP. Y ello, porque es preciso que se refleje en los hechos probados la característica del arma para deducir la nota de "instrumento peligroso". En los casos en los que se describa que lo utilizado fue un arma real no hay absorción de la conducta de encañonar el arma con el atentado del art. 550 CP. El nº 1 del art. 551 CP actual señala que el atentado se cometa "haciendo uso de armas".Es decir, no que se agreda con armas, sino que el atentado en una de sus modalidades comisivas se lleve a cabo "con el uso de armas", pero sin que sea preciso que se activen, sino solo que "se empleen" por el uso, lo que admite la "mera exhibición".La expresión "uso de armas" debe entender y englobar la mera exhibición.Se aplica el subtipo agravado por la mera exhibición, sin ser preciso que se emplee el arma activándola, ya que el texto solo habla de "uso".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3958/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las declaraciones testificales en el Plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia. Estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro. Esta Sala admite como manifestaciones espontáneas supuestos de declaración no provocada seguida de la aportación de un dato fáctico esencial desconocido por la fuerza, que se comprueba seguidamente como válido. La posición en el juicio de los testigos adquirentes de droga es extremadamente delicada, como nos enseña la experiencia del foro, pues delatar al vendedor le va a acarrear seguras y graves represalias, no sólo por lo que en sí supone de imputación delictiva, sino por los riesgos que corren, de verse inmersos en problemas judiciales, los eventuales vendedores que decidan no suministrarle alguna dosis en ocasiones futuras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3915/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El artículo 803 ter a. 2 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite prescindir de la intervención de los terceros afectados en el procedimiento cuando existan hechos de los que pueda derivarse que la información en que se funda la pretensión de intervención en el procedimiento no es cierta, o que los supuestos titulares de los bienes cuyo decomiso se solicita son personas interpuestas vinculadas al investigado o encausado o que actúan en connivencia con él.El recurrente fue citado personalmente a juicio donde se decidió el destino del bien cuya propiedad reclamaba, se le hizo saber la necesidad de que en caso de comparecer habría de efectuarlo con asistencia letrada, así como que podría resolverse, en todo caso, sobre el decomiso que había sido solicitado por el Ministerio Fiscal. Es evidente pues que el recurrente ha gozado de plenas posibilidades de intervención y de contradicción en la causa y que si no ha intervenido ha sido por causas exclusivamente a él imputables.No cabe duda de que el permiso de circulación es un documento armonizado de la Unión Europea que sirve para identificar al titular de cualquier tipo de vehículo. Ningún precepto legal contiene regla alguna que dé fuerza preponderante y absoluta a los documentos públicos sobre los demás medios de prueba.El documento público admite prueba en contrario, no siendo en este sentido prevalente sobre los demás medios de prueba.No se emplean conceptos que para su comprensión se necesiten conocimientos de derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3487/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no solo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La prueba podía ser en verdad pertinente. Pero desde luego, su necesidad es muy cuestionable. La presencia de otras periciales analizando la sustancia convierte esta hipotética indagación en una diligencia totalmente prescindible.Un auto no firmado no equivale a inexistencia de una decisión judicial. Lo realmente determinante no es que la intervención telefónica (o cualquier otra decisión jurisdiccional) aparezca en un escrito rubricado por un juez, sino que lo haya decidido un Juez de forma racional y motivada.La firma no es lo que confiere vida jurídica a la decisión. Eso no significa que no sea importante; y que no se deba extremar el cuidado. la mayoría de los cinco autos no firmados por el Instructor sí recogen una diligencia consecutiva firmada por el Letrado de la Administración de Justicia que minimiza en alguna medida aquella omisión -ausencia de firma del Instructor-: no es que la subsane o sirva para suplirla, pero sí acredita que el Letrado da fe de que el Auto fue dictado por el Instructor y por ello se procede a ejecutar lo resuelto.El silencio del acusado sirve como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 3253/2018
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ha admitido la posibilidad de que los hechos probados sean complementados por constataciones de hecho formuladas de forma terminante en la fundamentación jurídica, pero se ha negado que el relato fáctico, en los elementos esenciales del delito que motiva la condena, pueda configurarse mediante afirmaciones fácticas surgidas de procesos argumentativos contenidos en la fundamentación jurídica. Del principio acusatorio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica. El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3425/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El alegato en vía de informe no diluye el carácter de cuestión nueva de la pretensión: los informes han de ajustarse a las peticiones oficial y expresamente plasmadas en las conclusiones (art. 737 LECrim) que no pueden ser alteradas en ese trámite postrero, sin perjuicio de la libertad de expresar todo lo que pueda convenir a la mejor defensa de los intereses encomendados. Aquéllas -conclusiones definitivas- son las pretensiones oficiales a las que debe dar contestación la sentencia. Es principio tradicional de la casación la prohibición de suscitar cuestiones que antes no hayan sido planteadas en la instancia. Obedece tal axioma a la necesidad de garantizar la contradicción y enlaza con el principio de buena fe procesal. No obstante, esa premisa general (rechazo de planteamientos novedosos) admite salvedades que la jurisprudencia agrupa en dos grandes categorías: a) La invocación de derechos fundamentales se ha considerado una primera excepción. La apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas es un problema de legalidad; y no de vulneración del derecho fundamental (derecho al plazo razonable) con el que está relacionada (STC 142/2012, de 2 de julio). El derecho se viola por el proceso, no por la sentencia. b) La inaplicación de preceptos penales sustantivos favorables al reo cuya procedencia fluya de los hechos probados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 3259/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante, actúa y continúa realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca. El conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de riesgo permitido es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento, al permitir admitir el dolo cuando el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3726/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente, mediante precio, acordó con dos mujeres, que trabajaban en un club, trasladarse a su domicilio con la finalidad de llevar a cabo prácticas sexuales. Una vez allí, y sin su conocimiento ni consentimiento, les suministró, dentro de una bebida que él preparó, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo les causó lesiones. En cuanto al derecho al Juez ordinario, y la competencia territorial, la defensa del recurrente no cuestionó la competencia del Juzgado de instrucción, o la de la Sección de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos, en los momentos procesales oportunos. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, aunque su recepción tenga lugar con posterioridad a la expiración de los mismos. El hecho de suministrar la droga a las mujeres vino precedido de su posesión con finalidad de proporcionarla a terceros. La tenencia en esas condiciones supone ya el riesgo para la salud pública que se trata de evitar mediante la pena correspondiente a este tipo delictivo. Para la consumación habría bastado la tenencia con ofrecimiento a las mujeres, aunque éste fuera rechazado. Se aplica el subtipo atenuado, pues aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta de droga que el recurrente tenía en su poder, de los hechos resulta que no podía ser muy alta, dadas las circunstancias concurrentes. Es cierto que la utilización de la misma merece un especial reproche, pero éste queda comprendido en el delito de lesiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3323/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda su jurisprudencia relativa a los indicios probatorios demostrativos de tal delito al afirmar que ha marcado una serie de indicadores particularmente reveladores de la actividad criminal que analizamos. Indicadores tales como: a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico; e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones; f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; o g) la existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. Concluye que en el caso, conforme al resultado de las pruebas practicadas, no resulta razonable establecer como probado que el dinero invertido por el acusado en la adquisición de los bienes que relaciona el Tribunal proviniera del tráfico ilegal de drogas.

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