• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2149/2018
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio si: a) el hecho base está totalmente probado; b) el hecho constitutivo del delito debe deducirse de estos hechos base; c) el órgano judicial ha de expone los indicios y el razonamiento; d) este razonamiento ha de apoyarse en las reglas del criterio humano o de la experiencia común. El ámbito de control constitucional por el recurso de amparo es respetuoso con el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria en orden a la fijación de los hechos, sólo considera insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. Los límites de nuestro control no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible una expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10152/2019
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las declaraciones introducidas en el plenario por la vía del artículo 714 LECrim son declaraciones respecto de las cuales el Tribunal sentenciador no ha gozado de inmediación, por lo que es aconsejable que cuenten con alguna corroboración procedente de circunstancias periféricas u otros medios probatorios.Cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, la comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Se ha avalado el valor probatorio de las declaraciones prestadas en fase de instrucción, cuando se producen retractaciones, siempre que se incorporen al plenario y sean sometidas a contradicción. Ha admitido esta Sala el valor probatorio de afirmaciones que no han sido ratificadas a presencia judicial, supeditado a que se trate de manifestaciones prestadas de manera espontánea, libre y directa, de un lado; y de otro a que sean introducidas en el debate contradictorio que supone el juicio oral a través de la declaración de las agentes que directamente las percibieron.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10376/2019
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de asesinato. El TS desestima el recurso interpuesto contra la sentencia dictada pro el Tribunal de apelación. A tal efecto, recuerda la función del Tribunal de Casación al afirmar que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10213/2019
  • Fecha: 14/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS, después de recordar su doctrina, estima el recurso y considera que en el caso, es incuestionable que se comete el delito de quebrantamiento de condena como medio necesario para amenazar verbalmente a su víctima. Que podría el acusado haberla llamado telefónicamente, cierto, pero en el caso, no se produjo así. Dicho de otra manera, no es posible amenazar verbalmente a su ex pareja sin acercarse a ella, y siendo ello así, la necesidad del medio (el delito cometido de quebrantamiento) se torna en evidente. El intérprete penal no puede operar al margen de la realidad de los hechos. Y, asimismo, afirma la existencia del concurso medial entre los dos primeros delitos (allanamiento de morada y lesiones agravadas) que fue rectamente aplicado por el Tribunal de instancia y confirmado por el Tribunal de revisión. A tal efecto, afirma que no es posible la contemplación abstracta de la cuestión, lo que haría imposible la estimación del fenómeno jurídico, sino en concreto, eso es, se ha de analizar si de la especifica situación fáctica del delito medio resulta imprescindible para posibilitar o asegurar la comisión de otro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10291/2019
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de la acusación particular impugnando la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas. Requisitos de la atenuante de dilaciones indebidas. Carácter indeterminado de sus pautas. Penas proporcionales a los hechos y establecidos dentro de la horquilla. Se solicita la apreciación del delito de lesiones con deformidad por las secuelas resultantes. Límites a la revocación en casación de una sentencia absolutoria o al agravamiento de una sentencia condenatoria. Doctrina jurisprudencial y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso, inexistencia de hechos que justifiquen una consideración autónoma del delito. Concepto de grave enfermedad como presupuesto fáctico del delito de lesiones con deformidad. Inexistencia de un concepto jurisprudencial uniforme. Indefensión material: debe entrañar una disminución real y efectiva de las posibilidades defensivas. Quebrantamiento de forma por denegación de prueba: requisitos. Presunción de inocencia: alcance de estudio en casación. Declaración de la víctima: suficiencia como prueba de cargo. Delito de aborto: posibilidad de comisión mediante autoría mediata. Concurre: dominio del hecho de quienes ejercen amenaza o coacción psicológica sobre la embarazada para obtener un consentimiento viciado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 879/2018
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aún habiéndose suprimido la facultad de corregir moderadamente a los hijos por el legislador, eso no impide que los menores no puedan ser corregidos por sus padres, ya que es uno de los deberes y obligaciones impuestos a los padres por nuestro Codigo Civil en el art. 154. Es cierto que en algunos supuestos como una simple e inocua bofetada, un cachete, un azote, un estirón de pelo, realizados en un determinado contexto, en una situación aislada y puntual, un sector de Audiencias Provinciales considera que no debieran tener relevancia penal. Ya se llegue a tal conclusión por la vía del concepto dogmático de "insignificancia" de la acción, ya por la vía de la causa de justificación del art. 20.7 CP, ya por la vía del concepto de "adecuación social". Siempre esa posibilidad de corregir está supeditada a la proporcionalidad, razonabilidad y moderación. Por tanto debe descartarse como línea de principio que ese mencionado derecho a corregir a los hijos implique siempre que pueda golpeárseles y aplicarles castigos físicos. La sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico. El principio de mínima intervención no es un principio de la interpretación del derecho penal, sino de la política criminal y que se dirige fundamentalmente al legislador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10369/2019
  • Fecha: 20/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La entidad de la violencia o intimidación es esencial a la hora de determinar la minoración, pero no basta por sí misma para aplicar la rebaja en grado que contemplamos, sino que hay que examinar las otras circunstancias del hecho, indeterminadas en la propia norma y, por tanto, de muy variada condición, entre las que nuestra jurisprudencia ha destacado: el lugar donde se roba; el número de sujetos que impulsan la acción o la forma de actuación del grupo; el número de personas atracadas y su situación económica, física o personal, incluyendo sus posibilidades de defenderse; las circunstancias espaciotemporales; o, incluso, el valor de lo sustraído, que también confiere al hecho mayor o menor contenido antijurídico. Desde una consideración casuística general, la jurisprudencia ha excluido la aplicación del subtipo atenuado en supuestos en los que, entre otros elementos concurrentes, se ha desplegado la acción a partir de amenazas graves, tales como amenazas de muerte en lugares solitarios, amenazas reiteradas, amenazas con armas, o pluralidad de atracadores, o acorralamiento y cacheo de la víctima, además de en supuestos de violencia con agresión lesiva, zarandeo de la víctima, detención ilegal o supuestos de concurrencia con agresión sexual. Por el contrario si se ha entendido oportuna la atenuación indicada, en supuestos de tirones de escasa violencia y sorpresivos, con ausencia de riesgo lesivo, amenazas de entidad mínima, leves forcejeos tras apropiaciones al descuido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1877/2018
  • Fecha: 19/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Con respecto a la anomalía psíquica del sujeto como causa de exención completa o incompleta de la responsabilidad criminal, la jurisprudencia ha consolidado el criterio según el cual no basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del CP está basado en estos casos en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anomalías psíquicas. La jurisprudencia, en la exégesis del art. 16.2 CP, ha venido distinguiendo entre la necesidad de un denominado "arrepentimiento activo", o acciones positivas tendentes a neutralizar los actos ejecutivos ya totalmente realizados, impidiendo con ello la producción del resultado, y la suficiencia de los meros actos omisivos, de interrupción de la ejecución del ilícito, para permitir la aplicación del citado artículo, según que nos encontremos ante lo que se ha venido a denominar "tentativa acabada" o "inacabada". Así, mientras que en la "inacabada" bastaría con la interrupción de la ejecución, en la "acabada" se requeriría la realización de actos positivos impeditivos del resultado. La aplicación del baremo en los casos de delitos dolosos tiene valor orientativo, y se hace lógico un incremento derivado de la presencia de dolo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1827/2018
  • Fecha: 11/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La acusada fue contratada para prestar servicios de asistencia a persona de 84 años de edad. Convivía con la misma y la suministró de manera continuada benzodiacepinas con el fin de apoderarse de objetos y de usar sus tarjetas. Robo con violencia y lesiones continuadas. La intoxicación por benzodiacepinas como violencia. Los actos aislados de suministro de la sustancia deben ser analizados en su conjunto, pues es lo que origina la intoxicación. El resultado lesivo se califica igualmente como un solo delito, pues los actos aislados de suministro de sustancia carecen en principio de actitud lesiva y solo un proceso acumulativo genera el menoscabo corporal que padeció y mantuvo la víctima en ese dilatado tiempo. El reposo como tratamiento. Los apoderamientos en el cajero a través de la utilización del pin, en cuanto se efectuaron, bajo la misma situación de violencia son robo y no estafa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10427/2019
  • Fecha: 11/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aelga falta de acreditación de la concurrencia de violencia o intimidación. El relato de hechos probados describe actos ostensibles de violencia e intimidación para vencer la resistencia y la falta de consentimiento explícita de la víctima. Error en la apreciación de la prueba: requisitos que han de concurrir para su prosperabilidad. El documento señalado no acredita error y debe ponerse en relación con el resto de la prueba practicada. Denegación de la práctica de una prueba sobre el perfil psicológico de la víctima: doctrina constitucional sobre vulneración del derecho a utilizar medios de prueba pertinantes. No es un derecho de carácter absoluto. Requisitos formales y materiales del motivo por denegación de diligencia de prueba propuesta en tiempo y forma. La denegación de la diligencia de prueba fue correcta: la víctima compareció al acto de la vista oral, donde prestó declaración. Aspectos como su pertenencia a una familia desestructurada o que estuviera en la vía pública consumiendo alcohol no son relevantes. No se enjuician los hábitos personales de la víctima. Los dictámenes sobre credibilidad son herramientas auxilares del Tribunal, pero no despojan a éste de su facultad valorativa de la prueba. Contradicción en los hechos declarados probados: requisitos. En el caso, realmente se alega es disconformidad con la valoración probatoria. Deber de motivación y derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia impugnada cumple con el estandar de motivación necesaria.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.