• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10402/2019
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La alevosía no puede resultar del hecho de que, alcanzada la víctima, el recurrente comience a golpearla en la cabeza hasta hacerla caer al suelo y, una vez allí, sin solución de continuidad, continúe golpeándola de la misma forma hasta causarle la muerte, pues se trata de un caso de continuidad en la agresión sin cambios cualitativos respecto de la forma no alevosa en que se inició. No siendo los hechos probados suficientemente expresivos respecto de la situación en la que se inicia esta segunda fase de la agresión, hemos de entender que la situación de indefensión a la que se hace referencia en la sentencia es una consecuencia de los primeros golpes propinados, que conducen a la víctima hasta el muro, aprovechando entonces que cae al suelo y que queda atrapado entre los agresores y el muro, para continuar la agresión hasta el final. Esos hechos no permiten la apreciación de la alevosía, pues la agresión no se inicia de forma alevosa y la ausencia de posibilidades de defensa es una consecuencia de la misma agresión, sin que concurra solución de continuidad ni un cambio cualitativo relevante. En el caso, la agresión se ejecutó por dos personas contra una y en unas circunstancias en las que pudieron conducir al agredido, golpeándolo, hasta un muro, donde, atrapado entre éste y los agresores, cayó al suelo, continuando aquellos con la agresión, aprovechando, por lo tanto, la situación de inferioridad existente desde un principio. Es de apreciar, pues, abuso de superioridad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10798/2019
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua en el tiempo. Por ello resulta obligado tomar la misma como punto de partida a la hora de examinar las distintas fechas en que fueron cometidos los hechos enjuiciados en otras causas penales cuyas condenas se pretenden acumular.En lo que se refiere a la fecha de las sentencias a que ha de atenderse para realizar el cómputo, debe estarse a la de las sentencias iniciales y no a la de la firmeza que eventualmente podría alcanzarse días, semanas o meses después. Aunque lógicamente y con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando si los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permiten llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. Operando de esta forma se evitará que el sistema de bloques punitivos acabe siendo un obstáculo formal para que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles en orden a la reducción de la pena a cumplir. Cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2925/2018
  • Fecha: 18/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa a la validez de la diligencia de intervención telefónica, de su correcta aportación al juicio oral y de su valoración. En este sentido, afirma que la aportación de las cintas íntegras al proceso y la efectiva disponibilidad de este material para las partes junto con la audición o lectura de las mismas en el juicio oral lo que le dota de los principios de oralidad o contradicción, salvo que, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición, se renuncie a la misma, bien entendido que dicha renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. No existe ningún precepto que exija la transcripción ni completa ni de los pasajes más relevantes, ahora bien, si se utilizan las transcripciones, su autenticidad, solo vendrá si están debidamente cotejadas bajo la fe del Secretario Judicial. En el caso concreto, el TS confirma que en el acto del juicio todas las cintas que pudieron ser escuchadas, lo fueron a propuesta del Ministerio Fiscal, y fueron efectivamente escuchadas, sin que los recurrentes formulasen protesta alguna al respecto, por lo que la prueba fue rectamente practicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10613/2019
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En los delitos contra bienes estrictamente personales, y más en casos de agresiones sexuales no puede admitirse un sistema operativo tan objetivable, que pagada una parte de la suma reclamada por el Fiscal pueda llegar a entenderse que existe el derecho de crédito de la atenuante del art. 21.5 CP El delito de abuso sexual es aquel en el que el sujeto pasivo atenta igualmente contra la libertad sexual de la víctima, pero sin violencia e intimidación y sin que medie consentimiento. En el delito de abuso sexual el consentimiento se encuentra viciado como consecuencia de las causas legales diseñadas por el legislador, y en el delito de agresión sexual, la libertad sexual de la víctima queda neutralizada a causa de la utilización o el empleo de violencia o intimidación. Debe haber condena de todos los que en grupo participan en casos de agresiones sexuales múltiples. La presencia de otra u otras personas que actúan en connivencia con quien realiza el forzado acto sexual forma parte del cuadro intimidatorio que debilita o incluso anula la voluntad de la víctima para poder resistir, siendo tal presencia, coordinada en acción conjunta con el autor principal, integrante de la figura de cooperación necesaria. La pena, en la medida en que se aleje del mínimo legal, se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la infracción de Ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10548/2019
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abuso sexual, con penetración, a menor de dieciséis años (art. 183.3 C.P.) Delito de prostitución y corrupción de menores (art. 188.1 C.P.). Delito de quebrantamiento de medida cautelar. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito de control, a través del recurso de casación, de la actividad probatoria desplegada en la instancia. El control de la estructura racional del juicio de autoría. La validez de la declaración de la víctima como prueba de contenido incriminatorio. La prueba indiciaria. La responsabilidad civil ex delicto. La determinación del importe de la indemnización. El daño moral indemnizable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1807/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2743/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal encargado de la apelación expresa sus dudas sobre la veracidad y credibilidad en el testimonio de la víctima, única prueba sobre el origen de las lesiones y lo hace argumentando sobre la falta de coherencia de la declaración de la víctima, pues carece de congruencia afirmar que el acusado la obligó a no incriminarle y, al mismo tiempo, afirmar que llegó al hospital privada de conocimiento y que al despertar narró que había sido una amiga que le causó las lesiones. Por otra parte, no contribuye a esa credibilidad en el testimonio el hecho de afirmar que el origen radicaba en la obligación a la prostitución ejercida por el acusado. Y al mismo tiempo, declarar que esa obligación no se produjo. En cuanto a la corroboración del testimonio expresado por el parte médico éste no tiene el sentido incriminatorio hacia el acusado pues lo que relata que es el carácter agresivo de la lesión. El tribunal concluye la motivación de su convicción absolutoria afirmando "que el testimonio de la víctima no aparece revestido de poder conclusivo suficiente para desvirtuar, más allá de toda duda razonable, la presunción constitucional de inocencia", con una motivación razonable sobre la base de lo documentado en el juicio y una vez conocida el contenido de la sentencia que revisa. La motivación es razonable del tribunal ha satisfecho las garantías del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al proporcionar una explicación razonable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10494/2019
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acceso a unas cámaras de seguridad: derecho a la intimidad. Validez de la filmación en espacio público sin intromisión. Su validez como prueba depende de su visionado en el acto de la vista oral. Se precisa autorización judicial cuando la grabación se lleve a cabo en espacios privados. Necesidad de control judicial: entrega inmediata a la autoridad judicial. Necesidad de que comparezca la persona particular que ha realizado la filmación. Exigencias para evitar la manipulación. El paso de tiempo no priva de forma absoluta a su validez como prueba. Licitud de la colocación de cámaras de vigilancia en comercios. Recae en el ámbito de la legislación y tratamiento por la Agencia de Protección de Datos. Salvaguarada por las normas de protección civil del derecho al honor. Requisitos de validez de las filmaciones aportadas por particulares. Abandono de la postura tradicional del derecho a la propia imagen como manifestación del derecho a la intimidad. Salvaguarda del derecho del particular a que no se difunda su imagen. Aunque no se ha planteado por la parte recurrente, la Sala aborda, por interés de ley, un problema de errónea subsunción de los hechos, respecto de los delitos de robo con violencia. Pese a la existencia de una pluralidad de sujetos pasivos, debe calificarse como un solo delito de robo con violencia con base en la doctrina de unidad natural de acción. Readaptación de las penas y extensión a los condenados no recurrentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10372/2019
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contenido de análisis cuando se alega en casación la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, particularmente cuando ha existido una previa resolución del recurso de apelación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante bastante. Parámetros jurisprudenciales de valoración de la declaración de la víctima. Persistencia en las declaraciones de la víctima, sin la concurrencia de importantes contradicciones. Corroboración otorgada por el informe pericial de la declaración de la víctima, que se calificó de fiable, y la testifical de las personas del entorno familiar que pusieron de relieve la existencia de episodios violentos previos. La inexistencia de lesiones no supone la minusvaloración de la credibilidad del testimonio. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Ha de basarse en documentos literosuficientes. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual por sí solo no permite la aplicación de la atenuante. Supuestos en los que una toxicomanía puede producir una anulación total de la responsabilidad criminal. La aplicación de una toxicomanía como eximente competa sólo es posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica. La atenuante de grave adicción es una atenuante funcional. Carácter no documental de los informes periciales. Continuidad delictiva en delitos contra la libertad sexual. Rechazo jurisprudencial en general a su aplicación. Inaplicabilidad al caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2512/2019
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interpretación del articulo 550.1 CP en relación a la expresión "actuación en el ejercicio de las funciones del cargo o con ocasión de ellas". En el presente caso y en atención al relato de la sentencia impugnada, que debe ser escrupulosamente respetado, conforme a las exigencias del recurso de casación por infracción de ley, no se menciona que la actuación del agente se hubiera producido en defensa de la ley o de la seguridad ciudadana, ya que lo único que se dice es que el agente se dirigió al grupo ante las increpaciones de que estaba siendo objeto. No puede afirmarse a partir de ese exiguo relato que se estuviera produciendo una grave alteración del orden o de la seguridad ciudadana ni tampoco que existiera una situación de grave e irreparable perjuicio. El agente intervino en el contexto de una discusión o enfrentamiento estrictamente privado por lo que su actuación quedó al margen de su función policial. Por tanto, no se cumplen las exigencias del tipo objetivo del delito de atentado. De otro lado, y en relación con el tipo subjetivo, tampoco se afirma en el juicio histórico que el agente fuera agredido por su condición policial.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.