Resumen: La doctrina del TEDH permite la revisión de sentencias absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Es decir cuando se limita a corregir errores de subsunción y a fijar criterios interpretativos uniformes para garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones judiciales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la unidad del ordenamiento penal y procesal penal, sin alterar ningún presupuesto fáctico; pero no procede la condena ex novo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia cuando la condena requiere entrar a examinar y modificar la convicción sobre los hechos, dado que ello exigiría la celebración previa de una comparecencia del acusado para ser oído, eventualidad que no está prevista actualmente en la sustanciación procesal del recurso de casación, por lo que habría que establecer un trámite específico para ello, alterándose en cualquier caso la naturaleza del recurso de casación.
Resumen: Se analiza el valor de la declaración del coacusado. Se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Un año para dictar sentencia y 5 años para la tramitación de la causa. Se rebaja la pena impuesta. Se trata sobre el principio Acusatorio. Se concluye la homogeneidad de los delitos de lesiones dolosas e imprudentes. Se analiza e interpreta el delito de lesiones imprudente.
Resumen: El recurso de revisión es un recurso excepcional, al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. Supone, en definitiva, una derogación para el caso concreto del principio preclusivo de la cosa juzgada y persigue fundamentalmente mantener, en la medida de lo posible, el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y las de la seguridad jurídica. El actual artículo 954.1.c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la revisión de la sentencia firme cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. En el caso, está documentalmente acreditado que sobre los mismos hechos y personas se han dictado dos sentencias firmes, la primera de ellas absolutoria y la segunda condenatoria. Se cumplen, pues, los presupuestos exigidos en el artículo 954.1.c de la LECrim, lo que determina la procedencia de la revisión. La misma ha de traducirse en la anulación de la sentencia dictada en segundo lugar, pues el principio non bis in ídem impide un segundo enjuiciamiento de las mismas personas por los mismos hechos.
Resumen: Derecho al secreto de las comunicaciones: requisitos y presupuestos para su restricción. No caben las investigaciones meramente prospectivas. Concepto de sospechas objetivadas que legitiman la intervención. Imposibilidad del análisis descompuesto de la información de la autorización judicial. Necesidad de motivación de la resolución de interferencia. Admisión de la motivación por remisión al oficio policial. Derecho a la presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se alega en casación. No cabe un análisis disgregado de la prueba practicada. Validez como prueba de la declaración de la víctima. Validez de las declaraciones tomadas mediante comisión rogatoria y sin contradicción. Excepciones a la prueba no practicada en la vista oral. Prueba preconstituida y validez de las declaraciones sumariales. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: sentencias Gani contra España y Al-Khawaja y Tahery contra el Reino Unido. Contradicción en el caso de personas residentes en el extranjero. Utilización, como regla general, al sistema de asistencia judicial internacional: videoconferencia. Principio de no indagación dentro de la Unión Europea. Elementos del delito de blanqueo de capitales: elemento característico es la entrada en el ciclo económico. Delito de prostitución coactiva. Discusión sobre el carácter laboral de los servicios sexuales. Complicidad y organización criminal. Individualización de la pena. Indefensión por denegación de preguntas. Incongruencia omisiva.
Resumen: El tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. El único límite a esa función viene determinado por la inmediación. No es posible revocar una sentencia condenatoria en la que el tribunal de apelación reconoce que existe válida prueba de cargo, alegando una supuesta, inexistente y en cualquier caso injustificada motivación ilógica e irracional, dudando de la credibilidad de la víctima por unas pretendidas contradicciones que ni siquiera se especifican, y sustentando la absolución del acusado en lo declarado por un amigo suyo directamente implicado en los hechos, y desconociendo la existencia de otras muchas pruebas objetivas de cargo de naturaleza testifical, documental e incluso pericial; y todo ello cuando el órgano ad quem no ha presenciado la prueba desarrollada ante el órgano de enjuiciamiento. La rehabilitación en casación en contra del reo de una previa condena luego suprimida o atenuada en apelación, no tropieza con obstáculo alguno derivado de la jurisprudencia constitucional y del TEDH a tenor de la cual la revocación de una sentencia absolutoria por razones probatorias exigiría la audiencia del acusado en la fase de recurso, y en su caso, la reproducción de prueba. En este supuesto no nos enfrentamos a una decisión de condena que adoptaría ex novo esta Sala Segunda por vía de recurso.
Resumen: Nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim, sino que el recurso de casación puede interponerse fundándose en la infracción de un precepto constitucional. Cuando se alega infracción a la presunción de inocencia, la función casacional Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, pero sí se puede verificar que el de instancia contó con suficiente prueba acusatoria. La prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. La coautoría exige dos elementos: uno subjetivo, conforme al cual toda participación en un hecho delictivo ha de ser consciente y querida; y otro objetivo que se concreta en la ejecución conjunta del hecho criminal. No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización del mismo se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común. Se diferencia la coautoría de la cooperación, o de la participación; el carácter, subordinado o no, del partícipe de la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción.
Resumen: El tratamiento médico consiste en la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en medicina con finalidad curativa. El relato fáctico refiere un hecho generador de las lesiones "el empleo de una fuerza excesiva y desproporcionada" que fue la causa de la caída al suelo y las lesiones en ojo, región auricular y extremidades y codo, de las que sanó a los 153 días y que requirieron para su sanidad además de una asistencia la prescripción de medicamentos, antiinflamatorios y corticoides, respecto de los cuales hemos dicho que integran el concepto de tratamiento médico, pues no son paliativos sino curativos.El acusado al darle alcance al agente se revolvió contra él y le propinó un empujón y, a continuación, una patada al agente en el costado izquierdo. No se trata de desobedecer una orden, ni resistirse a la acción policial, sino de acometer al agente de policía que le perseguía. El artículo 105 del Código Penal exige en su imposición un razonamiento específico para asegurar la observancia de las finalidades de la pena, y en este punto el tribunal carece de una explicación razonable y mínima que justifique la imposición de la medida de seguridad. La medida de seguridad es una consecuencia jurídica al delito y su imposición requiere de una motivación específica, artículo 120 de la Constitución, máxime cuando se trata de subvenir a necesidades de resocialización que son impuestas por un tiempo temporalmente extenso.
Resumen: Los supuestos en los que sean varios los acusados y cada uno de ellos haya consumado una penetración y, con intercambio de roles, haya participado en actos de violencia o intimidación tendentes a lograr que el resto de acusados pudieran consumar sendas penetraciones que por sí mismas integren un delito de violación, no pueden considerarse integrantes de un delito continuado, tanto porque su naturaleza permite apreciar la individualidad de cada una de las agresiones, como porque se trata de acciones ejecutadas por distintos sujetos activos. La jurisprudencia sostiene la imposibilidad de construir la continuidad delictiva cuando los sujetos activos se van turnando en la penetración sexual de una misma víctima. En definitiva, concluye esa resolución, que una correcta calificación de los hechos hubiera determinado la condena por tres delitos independientes de agresión sexual.
Resumen: El TS recuerda que la complicidad requiere el concierto previo o por adhesión, la conciencia de la ilicitud del acto proyectado, el denominado "animus adiuvandi" o voluntad de participar, contribuyendo a la consecución del fin ilícito, y finalmente la aportación de un esfuerzo propio de carácter secundario y auxiliar, para la realización del empeño común. En el caso concreto, la intervención del recurrente fue la de un simple auxiliar eficaz para el éxito de la empresa criminal. Su aportación al hecho no fue ni esencial ni decisiva, por lo que pudo ser fácilmente reemplazable. Su colaboración fue mínima, esporádica y escasa, propia de un cómplice. La actuación concreta consistió en conducir el vehículo que trasladó a los compañeros al lugar donde se perpetraron los robos, armados con objetos peligrosos y portando unos pasamontañas para ocultar sus rostros. Pero una vez que dejó a sus compañeros en el lugar se marchó de allí. Ni se quedó realizando labores de vigilancia, ni permaneció en el lugar para facilitar la huida de sus compañeros después de perpetrar los hechos.
Resumen: Recurso formulado por dos personas. Se estima el de una de ellas. Intervenciones telefónicas acordadas en otro procedimiento. No se vulnera ningún derecho fundamental, cuando, en el curso de unas intervenciones telefónicas acordadas lícitamente para la investigación de unos hechos, se desvelan otros relacionadoas con otro delito. Doctrina del hallazgo casual. Correcta inferencia del ánimus necandi: correcta calificación de los hechos como asesinato. La deducción de la actuación inductora de la recurrente se basa en la acreditación de que la acusada dirigió a las víctimas amenazas referidas a los hechos que luego sucedieron. Discusión doctrinal sobre la punibilidad de la inducción. La inducción requiere la causalidad psíquicamente actuada, esto es, determinar o mover a una persona a que ejecute un hecho delictivo concreto, aunque estuviera su ánimo más o menos predispuesto. No cabe la inducción, en los denominados supuestos de omnimodo facturus, cuando la persona estuviese decidida desde el primer momento a cometer el delito. Posibilidad de cooperación psicológica. Se descarta en el caso la inducción, por la posibilidad de que el inducido se encontrase decidido a actuar de cualquier manera. No cabe la condena por amenazas, por inexistencia en el hecho probado, sino en la fundamentación jurídica. No cabe tampoco la complicidad "psicológica". Se estima el recurso de la recurrente por la debilidad de los elementos de convicción tomados en consideración para estimar la inducción