Resumen: En esta sentencia se recuerda la doctrina sobre las diligencias de reconocimiento fotográfico, reconocimiento en rueda y reconocimiento en el acto del juicio, ratificando la doctrina de que la auténtica prueba es la de reconocimiento en juicio que puede sanar las deficiencias producidas en los reconocimientos previos. También se aborda los criterios probatorios para afirmar la intención homicida. No se aplica el subtipo atenuado de menor entidad de la violencia o intimidación en un supuesto de tirón, en el que la autora forcejea posteriormente con la víctima una vez que ésta pretende evitar el robo.
Resumen: Delito de homicidio en grado de tentativa. El nuevo recurso de casación tras la reforma operada por la LO 41/2015. La segunda instancia penal. La revocación de pronunciamientos absolutorios. Garantías del acusado en la segunda instancia. El principio acusatorio: extensión y límites. El delito de homicidio y el delito de lesiones: base fáctica, calificación jurídica y homogeneidad. El delito de lesiones con deformidad.
Resumen: El Ministerio Fiscal interpone recurso invocando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) considerando que el hecho fue un homicidio doloso en grado de tentativa y que su calificación como lesiones imprudentes fue una decisión arbitraria del tribunal de instancia. El TS hace un detallado estudio de los argumentos de la sentencia impugnada y concluye afirmando que no fue inmotivada, ni ilógica o irracional. Asimismo, recuerda que este motivo de casación solo es apto para anular las sentencias cuando no hay motivación o cuando ésta es arbitraria o irracional y, en este sentido, recuerda que en las sentencias absolutorias o que no estiman pretensiones de condena las exigencias de motivación no son las mismas que en el caso de sentencias condenatorias. En este sentido afirma que las exigencias de motivación no son iguales en caso de sentencias condenatorias que cuando la sentencia es absolutoria o se trata de una sentencia condenatoria, en relación con las pretensiones desestimadas, al no estar en juego los mismos derechos en unas que en otras, de forma que en las primeras la exigencia de motivación es reforzada o más intensa que en las segundas.
Resumen: Indefensión: se alega que el auto de transformación solamente se dictó por el delito de lesiones, sobreseyéndose la acusación por el delito de tortura, falsedad documental y detención ilegal. Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y de la proscripción de la indefensión. Concepto de indefensión: necesidad de que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa. No basta con la realidad de un defecto procesal. El auto de transformación se dicta en función de los hechos que han sido objeto de imputación, sobre los que ha girado la instrucción de las diligencias previas y que deben ser perfectamente conocidos por el imputado. En el procedimiento abreviado, antes de 2002 no había una resolución judicial de imputación, quedando entonces la declaración como imputado con doble filtro: el escrito de calificación y la apertura de juicio oral. Tras la reforma del 2002, el auto de apertura determina el carácter definitivo de los hechos objeto de debate. En el caso, el auto de transformación marcó el objeto del proceso, expulsando aquellos hechos de los que no había indicios de su comisión. Aunque este auto fue impugnado y recurrido por el Abogado del Estado fue desestimado. Hay, por eso, en el caso presente, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la proscripción de la indefensión. Se estima, por ello, el recurso cuyas consideraciones se extienden a los restantes acusados que se encuentran en la misma situación.
Resumen: Contenido de estudio del derecho a la presunción de inocencia, cuando se invoca en casación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante. La valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima. Su valoración le corresponde exclusivamente al Tribunal de instancia. Importancia primordial de la percepción inmediata de la prueba testifical. Parámetros establecidos por la Sala II como criterios de valoración de la declaración de la víctima. La deficiencia en uno de los parámetros no implica la invalidación de la prueba en su totalidad. Verosimilitud de la declaración de la víctima: se refiere a su estructura lógica y su apoyo en datos objetivos. Corroboraciones periféricas: concepto. Persistencia en la declaración: inexistencia de modificaciones esenciales en la versión de los hechos. Existen casos en los que las discordancia son aparentes. Debe tratarse de una incongruencia intrínseca al propio proceso descriptivo. Vulnerabilidad de la víctima: se estima el recurso. Fuera de la edad, no consta ninguna circunstancia que denote especial vulnerabilidad. La incidencia de los hechos en el desarrollo psicológico de las víctimas se desprende de su propio tenor. Delito de atentado: elementos. El motivo no respeta la declaración de hechos probados. Carencia de base fáctica para la eximente incompleta de alteración en la percepción. Dilaciones indebidas: inexistencia de paralizaciones. Insuficiente motivación de la pena del delito de atentado.
Resumen: Delito de lesiones en el ámbito familiar (art. 148.1 y 4 del CP). Delito de detención ilegal (art. 163.1 del CP) Delito de amenazas en el ámbito familiar (art. 171.4 del CP.). Delito de maltrato de obra en el ámbito familiar (art. 153.1 del CP.). Delito de maltrato de obra (art. 153.1 y 3 del CP.). Delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar (art. 173.2 y 3 del CP.). El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control casacional del respeto a la presunción de inocencia. La declaración de la víctima como prueba de cargo suficiente. Denegación de diligencia de prueba. La habitualidad de los actos de violencia física o psíquica a que se refiere el artículo 173 CP. La calificación de una relación de pareja como análoga relación de afectividad a la conyugal. La circunstancia agravante de género. Abuso de superioridad. Error en la valoración de la prueba. Incongruencia omisiva. El derecho a la tutela judicial efectiva y motivación de las resoluciones judiciales. Revocación de pronunciamientos absolutorios. La intangibilidad de las resoluciones judiciales.
Resumen: Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el Jurado y concretada por quien lo presidió en la sentencia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. Desde esta perspectiva, el control que corresponde al TS cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Compatibilidad entre el subtipo agravado de lesiones por el empleo de instrumento peligroso (artículo 148.1 CP) y la alevosía. Si bien, pueden producirse zonas de confluencia entre la alevosía y el uso de instrumento peligroso que comprometan el bis in ídem. Así será en el caso de que ese aseguramiento de la ejecución que caracteriza aquella y que determina el incremento de desvalor de la acción por el mayor peligro que supone para el bien jurídico, se alcance precisamente por el empleo de un instrumento cuya potencialidad lesiva elimine las posibilidades de reacción de la víctima, por ejemplo, el empleo de un arma. Pero no cuando la situación de indefensión que se aprovecha en la ejecución tenga orígenes diferentes.
Resumen: Se aplican los artículos arts. 237 y 242.1, 2 y 3 del Código Penal en relación con el art. 16 del Código Penal. Se suprime la aplicación del apartado 3º por no quedar claramente concretado en los hechos probados la concurrencia de armas. Determinación de la pena en los casos de tentativa y agravantes. Recorrido a la hora de fijar la pena. Se analiza el Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016 relativo a la unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en el ámbito del recurso de casación. Limitación de acceso a la casación invocando precepto procesal penal. Teoría sobre la comunicabilidad de la agravante de disfraz a los partícipes.
Resumen: Homicidio intentado, diferencia con lesiones. No hay desistimiento voluntario. Se alcanzó un grado de ejecución que, de no mediar asistencia médica urgente, hubiera determinado la muerte, y no hubo un acto positivo para tratar de enervar el riesgo creado. Cuestiones planteadas ex novo en la casación. Atenuante de confesión. No concurre: el acusado omitió un dato sustancial, el empleo de un arma en la agresión, uno de los factores que apuntalan la calificación de los hechos como delito de homicidio intentado y no lesiones. Reparación del daño. No incluye la fianza personal, suma destinada a garantizar la disponibilidad y presencia del acusado en el proceso, de manera que quien la constituyó la pierde si una vez requerido, no presenta al afianzado que hubiere eludido el llamamiento judicial sin alegar justa causa que se lo hubiera impedido. Función aseguradora que perdura incluso hasta después de sentencia, si esta resulta condenatoria, y hasta el momento en que el acusado, ya penado, se presente para el cumplimiento de la pena. En definitiva, no es una suma de la que al comienzo de la vista el penado pudiera disponer. Por lo que ninguna virtualidad cabe otorgar a las manifestaciones del letrado ofreciendo el importe de la fianza personal para reparar el daño, más allá que la de un mero ofrecimiento, de otro lado incierto, que queda fuera del ámbito de aplicación de la atenuante del 21. 5 CP. Rebaja penológica de la tentativa.
Resumen: El recurrente, mediante precio, acordó con dos mujeres, que trabajaban en un club, trasladarse a su domicilio con la finalidad de llevar a cabo prácticas sexuales. Una vez allí, y sin su conocimiento ni consentimiento, les suministró, dentro de una bebida que él preparó, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo les causó lesiones. En cuanto al derecho al Juez ordinario, y la competencia territorial, la defensa del recurrente no cuestionó la competencia del Juzgado de instrucción, o la de la Sección de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos, en los momentos procesales oportunos. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, aunque su recepción tenga lugar con posterioridad a la expiración de los mismos. El hecho de suministrar la droga a las mujeres vino precedido de su posesión con finalidad de proporcionarla a terceros. La tenencia en esas condiciones supone ya el riesgo para la salud pública que se trata de evitar mediante la pena correspondiente a este tipo delictivo. Para la consumación habría bastado la tenencia con ofrecimiento a las mujeres, aunque éste fuera rechazado. Se aplica el subtipo atenuado, pues aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta de droga que el recurrente tenía en su poder, de los hechos resulta que no podía ser muy alta, dadas las circunstancias concurrentes. Es cierto que la utilización de la misma merece un especial reproche, pero éste queda comprendido en el delito de lesiones.
