Resumen: Estima parcialmente el recurso interpuesto contra sentencia de condena por delito de atentado cometido sobre agentes de la autoridad. La conducta se desarrolla dentro de un domicilio ocupado por el acusado sin ninguna cobertura legal ni contractual, en el momento en que los agentes de policía acuden con el fin de desalojar la vivienda. Inviolabilidad domiciliaria. No se acoge en la medida en que no consta que la vivienda constituya el domicilio del acusado. Acceso al interior del inmueble consentido por el propio acusado. Durante la diligencia el acusado se opone a salir del inmueble y lanza sobre los agentes una silla que impacta en uno de ellos. Acometimiento. La Audiencia modifica el relato de hechos en aquello que declaraba la sentencia de instancia que un perro habría mordido a uno de los agentes instigado para ello por el acusado. La mordedura se estima casual en la alzada y por tanto rebaja la antijuridicidad de la conducta atribuida al acusado. Revocación parcial para rebajar la pena impuesta en primera instancia.
Resumen: La sentencia, objeto de recurso por parte del acusado, al que se condena como autor de un delito de lesiones leves en el ámbito de la violencia de género, es plenamente conforme a derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el Juicio Oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta. En la presente causa la práctica totalidad de la prueba que se practicó fue testifical. En materia de valoración probatoria y cuando se alega como motivo de la apelación el error del juzgador de instancia, el tribunal "ad quem" está sujeto a importantes limitaciones que derivan, precisamente de la ausencia de inmediación. En resumen, la segunda instancia, cuando se trata de revisar la valoración probatoria realizada por el juzgador de instancia, se limita a constatar que esta suficientemente motivada, como suceden el caso que nos ocupa, y que lo mismo no resulta arbitraria, injustificada o injustificable. La cuestión de la credibilidad de una u otra versión es un tema sometido al principio de inmediación. La testigo, aunque sea denunciante o perjudicada lo es en plenitud y con todas las consecuencias, como establece rotundamente la jurisprudencia, salvo que existan hechos o circunstancias que pongan en duda su sinceridad, lo que aquí no acontece, pues su relato se ve corroborado por el parte de lesiones, dato objetivo compatible con su versión, y ademas por una testigo directa. Se desestima el recurso.
Resumen: Conforme a la doctrina actual, se descarta una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas. En el caso, el Tribunal aprecia falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia y la omisión de un razonamiento suficiente y coherente, para avalar la decisión recurrida. Así en la resolución apelada, se dice: -que el apelante y apelado se enzarzaron en una pelea -que cayeron al suelo agarrados los dos -que el Sr. Isidro estaba encima del Sr. Ildefonso -que fue una pelea dura -que las gafas del Sr. Ildefonso salieron volando Ante ello, no resulta razonable entender que la acción del apelado absuelto en la instancia, no es el origen de las lesiones del apelante, cuando éste sufrió lo que se recoge en los hechos probados, que obviamente él no se causó así mismo.
Resumen: Se considera en la alzada que la exigencia de motivación, y por consiguiente, de claridad se satisface suficientemente en la resolución recurrida, en tanto que a partir de la misma se pueden conocer los motivos y argumentos por los que se ha considerado probados los hechos, a partir del conjunto de la actividad probatoria desarrollada y efectivamente valorada. La propia recurrente en la parte final de su recurso refiere que en la sentencia se valoran las declaraciones prestadas en el plenario por acusados y testigos. A pesar de las versiones contrapuestas, las lesiones, objetivadas a partir de documentos, constituyen un poderoso elemento de corroboración distinto de la sola versión de los denunciantes, suficiente para lograr la convicción del juzgador. La resolución de instancia decide fijar una cantidad a tanto alzado, que estima repara el perjuicio causado. Para la valoración de los daños y perjuicios, derivados del daño personal no existe en este caso baremo o sistema vinculante alguno. Sin embargo en aquellos supuestos en los que quien ejercita esta pretensión no alega y prueba la existencia de un daño emergente material o de un lucro cesante, ha de entenderse que pretende únicamente la reparación de un daño moral o el "precio del dolor". Se considera adecuado establecer las cuantías del baremo de circulación incrementadas en un 20% en consideración al carácter doloso de la acción, que incrementa el daño de afección causado
Resumen: Se recuerda en la alzada que al Juez de instancia compete apreciar las pruebas practicadas en el juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia y las conclusiones fácticas a las que así llegue habrán de reputarse correctas salvo cuando se demuestre un manifiesto error o cuando resulten incompletas, incongruentes o contradictorias. El Juzgador de primer grado es el que por su apreciación directa y personal de la actividad probatoria, está en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, sin que sea lícito sustituir su criterio por el legítimamente interesado y subjetivo de la parte, sin un serio fundamento. Es frecuente que concurran versiones contradictorias de denunciante y acusado. Ambas versiones aparentan ser veraces, puesto que se exponen con seguridad, sin titubeos ni contradicciones y son en si mismas coherentes. Sin embargo, la acusación prueba algo más y lo que acredita es que el denunciante sufrió ciertas lesiones que, en contra de lo que refiere la recurrente, son compatibles con su versión, por lo que concurre un elemento de corroboración que advera la versión de la acusación, por lo que procede ratificar la apreciación probatoria.
Resumen: S considera en la alzada que os hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito leve previsto en el artículo 173.4 del Código Penal o presuntamente de algunos de los delitos previstos en los artículos 171.4 y 172.3 del referido texto penal, pero sin que esa valoración suponga pronunciamiento alguno, sino que simplemente que podían seguirse las actuaciones por delito leve, lo que resulta a la vista de las diligencias practicadas y en concreto, de la declaración de la perjudicada y de las grabaciones aportadas, se extraía una relación conflictiva y de desacuerdo de la pareja, dentro de la cual el denunciado profería frases o expresiones que podrían constituir un delito de vejaciones injustas dentro del ámbito de la violencia de género, sin desprenderse indicios de la comisión de hecho delictivo grave o menos grave.
Resumen: Se analiza en el presente caso el atropello de un peatón en un paso de cebra regulado por semáforos que no funcionaban correctamente y se encontraban en verde para la conductora del autobús y apagado para el peatón, que según resulta de los partes médicos no sufrió otras lesiones que las recogidas en el artículo 147.1, por lo que la cuestión pues se reduce a determinar si los hechos pudieran ser enmarcados en un delito de imprudencia grave. Pero el modo de producción del accidente y circunstancias antes referidas no queda acreditada la concurrencia de los elementos necesarios para constituir el ilícito penal de imprudencia grave. El deber de previsión o de cuidado por parte de la conductora no alcanza la entidad requerida como para considerar que su conducta sea penalmente reprochable, no pudiendo en este ámbito exacerbarse los deberes objetivos de cuidado, debiendo ser dirimida la cuestión en el orden civil o en el orden administrativo pues el incorrecto funcionamiento del semáforo pudo ser la causa principal y eficiente del atropello. También se sostiene que no existe omisión del deber de socorro porque ni el menor estaba en una situación de peligro manifiesto y grave ya que se levantó por sus propios medios, estaba consciente y rechazó avisar a los servicios de urgencias ni la conductora lo dejó desasistido pues lo montó en el autobús y avisó a la Policía Local reiterando a los agentes que estaba bien y que no necesitaba atención médica.
Resumen: Confirma la condena impuesta por un delito de atentado cometido sobre agente de la autoridad. La conducta típica se describe como acometimiento del acusado dirigido sobre dos agentes de policía que están practicando su detención y sobre los que habría dirigido sendos codazos liberatorios que no llegaron a impactar físicamente sobre los agentes al realizar éstos movimientos de elusión. Invocado el error en la valoración de las pruebas por parte del acusado recurrente la sentencia recuerda la doctrina constitucional sobre la inmediación de las pruebas personales y los únicos supuestos que admiten una modificación de los hechos a partir de una distinta valoración de las pruebas. Denunciada la aplicación errónea del tipo penal del atentado, la sentencia entra en el examen de la frontera entre los tipos penales del atentado y la resistencia, y se alinea con la jurisprudencia que realiza el delito de atentado con actos de acometimiento físico o resistencia activa grave a la acción policial, y limita el tipo penal de resistencia a las conductas de resistencia no grave y oposición meramente pasiva a esa misma acción policial.
Resumen: La Sala confirma la condena del menor, descartando que la condena basada en la declaración de la víctima, como principal prueba de cargo, sea contraria a la presunción de inocencia. Al respeto, recuerda la jurisprudencia del TS que reiteradamente ha establecido que el testimonio de la víctima es prueba válida y suficiente, si bien en su apreciación han de tenerse en cuenta los diversos elementos establecidos para enjuiciar su credibilidad. En concreto, (a) la ausencia de incredulidad subjetiva; (b) la verosimilitud; y (c) la persistencia en la incriminación. La sentencia también se refiere a la vigencia del principio de proporcionalidad en la determinación de la medida y a la determinación del quantum de la responsabilidad civil.
Resumen: Confirma la condena impuesta por Juez Penal por delito de atentado contra agentes de la autoridad en concurso con delito leve de lesiones producto del acometimiento padecido por los agentes de policía. Juicio celebrado en ausencia de las dos acusadas que reclaman la nulidad del juicio por esa circunstancias. Se identifican presentes todos los presupuestos procesales para autorizar la celebración en ausencia de las acusadas. Audiencia atribuida a la voluntad de ambas acusadas de no acudir al juicio.