• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1807/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2743/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal encargado de la apelación expresa sus dudas sobre la veracidad y credibilidad en el testimonio de la víctima, única prueba sobre el origen de las lesiones y lo hace argumentando sobre la falta de coherencia de la declaración de la víctima, pues carece de congruencia afirmar que el acusado la obligó a no incriminarle y, al mismo tiempo, afirmar que llegó al hospital privada de conocimiento y que al despertar narró que había sido una amiga que le causó las lesiones. Por otra parte, no contribuye a esa credibilidad en el testimonio el hecho de afirmar que el origen radicaba en la obligación a la prostitución ejercida por el acusado. Y al mismo tiempo, declarar que esa obligación no se produjo. En cuanto a la corroboración del testimonio expresado por el parte médico éste no tiene el sentido incriminatorio hacia el acusado pues lo que relata que es el carácter agresivo de la lesión. El tribunal concluye la motivación de su convicción absolutoria afirmando "que el testimonio de la víctima no aparece revestido de poder conclusivo suficiente para desvirtuar, más allá de toda duda razonable, la presunción constitucional de inocencia", con una motivación razonable sobre la base de lo documentado en el juicio y una vez conocida el contenido de la sentencia que revisa. La motivación es razonable del tribunal ha satisfecho las garantías del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al proporcionar una explicación razonable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10494/2019
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acceso a unas cámaras de seguridad: derecho a la intimidad. Validez de la filmación en espacio público sin intromisión. Su validez como prueba depende de su visionado en el acto de la vista oral. Se precisa autorización judicial cuando la grabación se lleve a cabo en espacios privados. Necesidad de control judicial: entrega inmediata a la autoridad judicial. Necesidad de que comparezca la persona particular que ha realizado la filmación. Exigencias para evitar la manipulación. El paso de tiempo no priva de forma absoluta a su validez como prueba. Licitud de la colocación de cámaras de vigilancia en comercios. Recae en el ámbito de la legislación y tratamiento por la Agencia de Protección de Datos. Salvaguarada por las normas de protección civil del derecho al honor. Requisitos de validez de las filmaciones aportadas por particulares. Abandono de la postura tradicional del derecho a la propia imagen como manifestación del derecho a la intimidad. Salvaguarda del derecho del particular a que no se difunda su imagen. Aunque no se ha planteado por la parte recurrente, la Sala aborda, por interés de ley, un problema de errónea subsunción de los hechos, respecto de los delitos de robo con violencia. Pese a la existencia de una pluralidad de sujetos pasivos, debe calificarse como un solo delito de robo con violencia con base en la doctrina de unidad natural de acción. Readaptación de las penas y extensión a los condenados no recurrentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10372/2019
  • Fecha: 05/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contenido de análisis cuando se alega en casación la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, particularmente cuando ha existido una previa resolución del recurso de apelación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante bastante. Parámetros jurisprudenciales de valoración de la declaración de la víctima. Persistencia en las declaraciones de la víctima, sin la concurrencia de importantes contradicciones. Corroboración otorgada por el informe pericial de la declaración de la víctima, que se calificó de fiable, y la testifical de las personas del entorno familiar que pusieron de relieve la existencia de episodios violentos previos. La inexistencia de lesiones no supone la minusvaloración de la credibilidad del testimonio. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Ha de basarse en documentos literosuficientes. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual por sí solo no permite la aplicación de la atenuante. Supuestos en los que una toxicomanía puede producir una anulación total de la responsabilidad criminal. La aplicación de una toxicomanía como eximente competa sólo es posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica. La atenuante de grave adicción es una atenuante funcional. Carácter no documental de los informes periciales. Continuidad delictiva en delitos contra la libertad sexual. Rechazo jurisprudencial en general a su aplicación. Inaplicabilidad al caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2512/2019
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interpretación del articulo 550.1 CP en relación a la expresión "actuación en el ejercicio de las funciones del cargo o con ocasión de ellas". En el presente caso y en atención al relato de la sentencia impugnada, que debe ser escrupulosamente respetado, conforme a las exigencias del recurso de casación por infracción de ley, no se menciona que la actuación del agente se hubiera producido en defensa de la ley o de la seguridad ciudadana, ya que lo único que se dice es que el agente se dirigió al grupo ante las increpaciones de que estaba siendo objeto. No puede afirmarse a partir de ese exiguo relato que se estuviera produciendo una grave alteración del orden o de la seguridad ciudadana ni tampoco que existiera una situación de grave e irreparable perjuicio. El agente intervino en el contexto de una discusión o enfrentamiento estrictamente privado por lo que su actuación quedó al margen de su función policial. Por tanto, no se cumplen las exigencias del tipo objetivo del delito de atentado. De otro lado, y en relación con el tipo subjetivo, tampoco se afirma en el juicio histórico que el agente fuera agredido por su condición policial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 2502/2018
  • Fecha: 03/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para admitir la remoción del abogado por pérdida de confianza no es preciso justificar en profundidad las razones de la pérdida pero sí dar, al menos, una explicación mínimamente razonable. En este caso la petición está huérfana de cualquier explicación mínimamente razonable y se sitúa en el campo del abuso del derecho.Si las defensas consideraban que el cambio de calificación podía suponer alguna merma del derecho de defensa, deberían haber hecho uso de las previsiones establecidas en el artículo 788.4 de la LECrim. Un solo acto, si se prueba brutal, cruel o humillante puede ser calificado de degradante si tiene intensidad suficiente para ello.En el caso la víctima fue objeto de sevicias, de un trato cruel y denigrante.El abuso de superioridad se produce por la actuación en grupo y por el aprovechamiento de la ausencia de vigilancia en el lugar. Para apreciar la reincidencia se requiere que consten en los hechos probados la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual.En este caso no se han cumplido con estas exigencias razón que obliga a dejar sin efecto la agravante aplicada a todos los condenados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 2478/2018
  • Fecha: 26/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es preceptiva la imposición de la pena de prohibición de aproximación cuando se trata de un delito de maltrato de obra ya que la cuestión se ha zanjado con la sentencia de Pleno núm. 342/2018, de 10 de julio, donde se concluye que el delito de maltrato de obra sin causar lesión del artículo 153 CP sí debe entenderse comprendido entre aquellos delitos para los que el apartado segundo del artículo 57 CP prevé la imposición preceptiva de la prohibición de aproximación; pues cuando el apartado primero del artículo 57.1 CP habla de los delitos «de lesiones», esta última expresión no puede interpretarse desde un punto de vista puramente gramatical -apegado, por otra parte, al texto del art. 147.1 y 2 CP- (el que, por cualquier medio o procedimiento, «causare a otro una lesión»), porque cuando el artículo 57.1 CP enumera los delitos en general no lo hace en relación con delitos concretos, sino atendiendo a las rúbricas de los títulos del Libro II del Código Penal. En todo caso, destaca esa resolución, tras la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, en el artículo 147 CP (primero del título III, «De las lesiones») se incluye, en su apartado tercero, el maltrato de obra sin causar lesión que, de esta manera, para el Código Penal, tras la reforma, es un delito «de lesiones»".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10588/2019
  • Fecha: 24/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contenido de análisis en casación, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La prueba de un único testigo puede ser bastante para desvirtuar la presunción de inocencia. El axioma antiguo de unus testis, nullus testis, ha sido superado y abandonado por obsoleto desde hace tiempo, aunque esto no significa que deba relajarse la cautela del análisis de sus manifestaciones. Validez de la declaración de la víctima para desvirtuar la presunción de inocencia. Debe fundarse en un análisis racional, y no en una especie de creencia ciega en la palabra del testigo. Existencia de un triple test, con tres parámetros de gran utilidad para valorar la prueba consistente en la declaración de la víctima. Se trata de parámetros y no de requisitos. Persistencia de la declaración de la víctima, en el presente caso, unida a la existencia de corroboraciones y de incredibilidad subjetiva. La calificación por el delito de lesiones no es correcta, pero se debe mantener por respeto al principio acusatorio. Correcta calificación jurídica del resto de los actos declarados probados. Inexigencia de una pluralidad de acciones para la apreciación del delito de lesiones. La alegación de infracción de ley se fundamenta, más bien, en una reinterpretación de la prueba. La prueba no admitida en instrucción debería haberse solicitado para el acto de la vista oral, para que su denegación hubiese podido constituir quebrantamiento de forma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10499/2019
  • Fecha: 24/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando ya existe un previo recurso de apelación, las alegaciones omitidas en la instancia sobre la concurrencia de una atenuante o de un subtipo atenuado o de una circunstancia similar, que resultara directamente de los hechos que el Tribunal había declarado probados, son posibles en ese recurso, pero si se prescinde de ellas, como ocurre con cualquier otra en la apelación, nada justifica su planteamiento per saltum en casación.Tampoco se justifica cuando se alega en casación una infracción de derechos fundamentales que no ha sido planteada en apelación. La Sala II ha excluido del recurso las alegaciones amparadas en el artículo 852 de la LECrim cuando se trata de recursos contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias provinciales. Por lo tanto, el hecho de que se alegue la vulneración de un derecho fundamental no justifica por sí mismo que se examine la cuestión nueva en casación. La Sala II ha admitido esa posibilidad cuando se trata de la prescripción o de otras cuestiones que deban apreciarse de oficio por los Tribunales. La prescripción es una institución de orden público que puede y debe ser apreciada incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales. Aunque las excepciones a la regla general han sido interpretadas con amplia generosidad, una vez generalizado el recurso de apelación, debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10301/2019
  • Fecha: 17/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los atestados policiales y los informes periciales no son, en principio, documentos a los efectos del artículo 849.2 LECrim. La doctrina sobre la embriaguez permite ser encajada en distintas situaciones: a) plena y fortuita que conlleva la eximente completa; b) si es fortuita, pero no plena puede determinar la aplicación de la eximente incompleta si hay afectación profunda las facultades psíquicas, intelectivas o volitivas; c) si no es habitual, ni provocada para delinquir podría supone la aplicación del artículo 21.2 CP; d) la atenuante del art. 21.7 CP se aplicará para los supuestos de embriaguez relevante que provoque una leve afectación. La adicción al juego puede considerarse una dependencia psíquica que, cuando es grave y determinada de modo directo e inmediato la comisión de hechos delictivos funcionalmente dirigidos a la obtención de fondos para satisfacer la compulsión al juego, permite -ordinariamente- la apreciación de una atenuante analógica del art. 21-6 en relación con el 2-12 CP. La primera característica de la confesión es que ha de suponer una colaboración activa y útil para el esclarecimiento de los hechos. No es válido entregarse a las autoridades, pero no confesar ni efectuar declaraciones; y tampoco una colaboración inocua por tratarse de la simple aceptación de unos hechos que van a ser descubiertos inevitablemente. El art. 120.4 CP ha sido interpretado por esta Sala casacional con gran amplitud, al punto de llegar a una cuasi-objetivación

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